Calles inseguras, negocios seguros

 

Día a día se plasma en el territorio la lucha estratégica por imponer (y resistir) las políticas propias de la doctrina de la seguridad que desplazó a la de defensa, con su amplio espectro de “nuevas amenazas” identificadas en la Declaración de Seguridad Hemisférica en las Américas (Monterrey, 2003). El 9 de octubre, efectivos de la Agrupación XII Comahue de Gendarmería Nacional con asiento en Neuquén capital se desplegaron sobre la ruta nacional 22 a la altura de Cutral Co y Plaza Huincul, se levantó el piquete de protesta popular por el crimen de un niño de 8 años perpetrado dos días antes y se sofocó el conflicto. Esa misma agrupación actuó ilegalmente contra una comunidad mapuche y en favor de los intereses de YPF en Añelo, por lo que su regreso con aplausos es un perdón político al castigo de la Justicia federal.

El mismo día, a la misma hora, Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad de la Nación, inició actividades públicas en San Martín de los Andes, que llevó después a Bariloche para profundizar y ampliar la militarización de la ciudad andina.

 

 

La discusión pública entre funcionarios nacionales y neuquinos jamás toca el núcleo duro de la seguritización de los conflictos de la región, que legitima la militarización como forma de afrontarlos. A través de la prensa mostraron diferencias coyunturales y acaso tácticas, pero no de fondo, alejándose totalmente del camino y el reclamo de la familia de la joven víctima de femicidio de Plottier y los padres de Luciano, el niño asesinado en Cutral Có. Los dos homicidios perpetrados con menos de un mes de diferencia, en localidades vecinas, desataron reclamos populares que fueron utilizados para incorporar la fuerza nacional en tareas propias de la policía provincial.

En San Martín de los Andes Burzaco visitó el Centro de Equinoterapia del Escuadrón 33 próximo a inagurarse. Lo acompañó la intendenta Brunilda Rebolledo (Movimiento Popular Neuquino) y el equipo interdisciplinario del municipio que participa del proyecto que busca reinsertar social y políticamente a la Gendarmería en un medio más favorable que la convulsionada ruta 22, a unos 300 kilómetros al noreste. Se hizo un tiempo para la política partidaria; estuvo en el local de Cambiemos con ex funcionarios, dirigentes y concejales y diputados electos, según registró en tono amable la prensa local.

No dijo absolutamente nada de Plottier ni de su intendente Andrés Peressini, quien aseguró tener firmado un convenio de colaboración con Gendarmería cuyo texto no se conoce. Desde Bariloche reiteró que hace uno dos años analiza con el gobernador Omar Gutiérrez “instalar a Gendarmería cerca de la zona petrolera”. Gendarmería ya custodia obras de infraestructura en la región, por lo que lo que debemos interpretar que lo está realmente en discusión es una presencia de otra magnitud, con otras misiones y funciones de naturaleza diferente a las ya implementadas.

 

 

Burzaco, el mensajero

Neuquén conoció y padeció un Plan Integral de Seguridad (PIS) cuando el entonces gobernador Jorge Omar Sobisch (MPN) buscaba ocupar el lugar de la derecha en vistas de las elecciones presidenciales de 2007. Ese plan fue diseñado y elaborado con el asesoramiento de Burzaco, que culminó junto con el mandato de Sobisch y el asesinato del maestro Carlos Fuentealba el 4 de abril de 2007, durante un corte de la ruta 22 a la altura de Arroyito.

Neuquén contrató en forma directa a la Fundación FUNDAR Justicia y Seguridad, presidida por Burzaco desde su armado en 2003, para el “asesoramiento técnico, asistencia en la confección de un mapa del delito y aportes en la redacción de un paquete de reformas legales para contener la comisión de ofensas menores” (Decreto 1508/04). A la vez, por otro decreto contrató los servicios del especialista “para asesoramiento y soporte técnico en temas de seguridad en diversas áreas” del Ministerio de Seguridad y Trabajo”.

La creación del miedo a los “nuevos enemigos internos” y los negocios corrieron juntos para hacer gastos secretos, sin licitaciones públicas, para comprar helicópteros, cámaras de seguridad, una central única de emergencias 911, centenares de patrulleros. El plan también puso foco en los jóvenes en conflicto con la ley penal, aunque la fuerte movilización local impidió el proyecto de reforma de la Ley 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

 

 

Campo Maripe, un freno

Según la posición política que se adopte respecto al territorio, un mismo espacio puede ser nombrado y concebido de diferente manera. La formación geológica Vaca Muerta ocupa tres millones de hectáreas. En la última década, con la implementación de la técnica de la hidrofractura para la extracción de hidrocarburos, el área Loma Campana, en Añelo, pasó a estar en el epicentro económico, financiero y político.

Así, la ocupación tradicional de la gente mapuche que está documentada desde 1927 se transformó en un actor sin lugar en la agenda de las fracciones del poder hegemónico. El espacio tradicional del lof Campo Maripe coincide con el área petrolera Loma Campana; concesiones estatales a las petroleras fueron adjudicadas como si fueran tierras de nadie.

El 21 de junio de 2017, unos 60 gendarmes dirigidos por el Comandante en Jefe San Emeterio, de la Agrupación Comahue, ingresó al territorio de Campo Maripe, cortó dos entradas, interrumpió el paso a los miembros de la comunidad durante diez horas y dijo hacerlo con la orden de un juez federal que jamás mostró. Al día siguiente ocurrió lo mismo en la zona también conocida como Fortín Vanguardia, a unos 5 kilómetros de Añelo.

La Justicia federal hizo lugar a un hábeas corpus en favor de la comunidad y ordenó a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, que se abstenga “de intervenir, sin orden escrita emanada de autoridad competente y sin perjuicio de sus funciones como fuerza de prevención general, dentro del territorio ocupado por la comunidad Campo Maripe y de limitar la libertad corporal y ambulatoria de ninguno de sus miembros”.

La sentencia de septiembre del año pasado de la Cámara Federal de General Roca —firmada por Ricardo Guido Barreiro, Alejandro Adrián Silva y Marcelo Walter Grosso— confirmó que ese despliegue de Gendarmería configuró abuso de autoridad y de poder, violatoria tanto de la Ley de Gendarmería como la Ley de Seguridad Interior. Este antecedente es insoslayable en el debate actual por militarizar las rutas.

La Justicia federal probó que Gendarmería actuó sin orden judicial para proteger los intereses de YPF. El 19 de junio de 2017 el Comandante Principal Jorge Elías Mariani recibió una orden impartida telefónicamente por el Comandante General Luis Héctor Lagger, para realizar el operativo por orden del ministerio de Seguridad de la Nación. Es más, antes de iniciar el operativo, el 21 de junio Mariani recibió un llamado telefónico de Pablo Noceti, jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, quien le ratificó que la orden de intervenir “emanaba del ministerio de Seguridad”. El fallo precisó que “YPF logró que Noceti, un alto funcionario administrativo de la cartera ministerial de la que depende la Gendarmería, impartiera una orden a sus subordinados para que intervinieran en el lugar y así facilitar labores petroleras. De esta manera sacrificaron libertades individuales en aras de resguardar un interés económico corporativo”.

 

 

Seguridad para los negocios, inseguridad para el control

El gobernador de Neuquén es tratado como “socio estratégico” por el mundo de los negocios y las finanzas. Este año recibió en la Residencia Oficial de la Costa al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Edward Charles Prado.

 

 

El año pasado, directivos de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) se reunieron el jefe del Ministerio Público Fiscal José Gerez para tratar las condiciones de la seguridad patrimonial en Vaca Muerta. También se reunieron con Manuel Arévalo, secretario general del Sindicato del Petroleros Jerárquicos de Neuquén. Este año hicieron una nueva ronda de reuniones de la que participaron Elizabeth Urbanas, subsecretaria Adjunta para Asia y América del Departamento de Energía de Estados Unidos, y Richard Steffens del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Como alumno disciplinado, Burzaco enumeró en Bariloche las manifestaciones locales de los ejes de seguridad y desarrollo moldeados por la administración Bush y profundizadas por la de Obama. Una propuesta democrática debería analizar a los gobiernos y las burocracias estatales de las provincias productoras de hidrocarburos en el fortalecimiento de un tipo de gobernabilidad afín al modelo imperial; a esas provincias como escenarios de construcción de amenazas o riesgos (reales o potenciales) influidos por los lineamientos estadounidenses que involucran la conflictividad y la pobreza con la lucha antiterrorista. El ritmo y la intensidad de las variantes de la securitización del conflicto cotidiano no deja mucho margen a las sociedades locales.

 

 

 

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