CALESITA SUPREMA

 

“Rájese. Lo agarraron a Guerrero y le prendieron el ventilador contra usted”. No se intimidó. Cortó el teléfono y siguió trabajando. Unas horas más tarde agentes de la División Bancos de la Policía Federal irrumpieron en las oficinas. Se llevaron documentación. También a él. Eduardo Saiegh tenía 37 años y era uno de los fundadores del Banco Latinoamericano de Inversión (BL). Lo tuvieron desaparecido y lo torturaron. Finalmente arregló para que lo blanquearan. Le costó su patrimonio.

La semana pasada nos referimos a la lógica del “stop-motion” que adquieren las causas de lesa humanidad que ponen la lupa sobre los empresarios responsables. No es excepción este caso, en el que un empresario fue víctima de su propia clase. A exactos 40 años de los hechos, Saiegh denuncia que la Corte Suprema duerme su caso a la espera de que sus avanzados años y sus numerosos problemas de salud acaben con la causa que hecha luz sobre las oscuras prácticas del Banco Central y el poder financiero.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) auspicia una “resolución amistosa” con el gobierno, que ponga fin a una parte del reclamo.

 

 

Represión y desapoderamiento

En Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad identificamos distintas actitudes empresariales frente al proyecto dictatorial y especialmente frente a los métodos represivos ilegales. Importantes empresarios nacionales y extranjeros participaron activamente de la “lucha antisubversiva” con plena adhesión ideológica. Otros participaron por motivos económicos, por ejemplo para sacarse de encima el “elemento sindical”. En algunos casos tomaban la iniciativa y empleaban mecanismos privados de represión. Sin embargo, el Ejército consideró que otros alentaban la subversión, por distintos motivos. Algunos fueron víctimas, como Saiegh.

En Economía, sistema financiero y dictadura y en La dictadura del capital financiero, Bruno Nápoli, Celeste Perosino y Walter Bosisio sintetizaron años de trabajo en la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Allí estudiaron numerosos casos de secuestros organizados desde la CNV y también desde el Banco Central. Haciendo especial hincapié en las prácticas de lo “fraguado”, sostuvieron que “la represión” era un gran aparato estatal de poder para desaparecer, que contaba con “iniciativas represivas privadas”.

Eduardo Saiegh y sus hermanos proyectaron el banco en 1975. Eduardo era un destacado arquitecto que realizaba obras para el Estado, empresarios y sindicatos. Fundado en 1976, el directorio estaba compuesto por generales, empresarios y economistas, peronistas y radicales. Entre estos últimos estaba Bernardo Grinspun, luego ministro de Economía de Ricardo Alfonsín. En septiembre de 1977 Saiegh comentaba a la revista Competencia que su banco se orientaría al crédito productivo y a la mediana empresa. También se refirió a la nueva ley de entidades financieras replicando lo sostenido ante la Comisión Asesora Legislativa, el órgano que reemplazó al Congreso: “Si el país quiere desarrollarse en serio tiene que contar con entidades capaces de enfocar su capacidad de financiamiento a los grandes objetivos nacionales (…) Y en este sentido, creemos que un poco la Ley no ha respondido satisfactoriamente a nuestras expectativas.”

 

 

 

El banco creció pero para 1980, cuando comenzaron a sentirse los primeros coletazos del modelo económico orientado a las finanzas fáciles, la apertura comercial y al endeudamiento perverso, varias grandes compañías se mostraban incapaces de afrontar las deudas. Una de ellas era Austral. William Reynal controlaba a la aerolínea con sus acciones y a través de una empresa llamada Makin S.A. Las acciones de Makin en Austral estaban caucionadas en el banco de Saiegh.

La circunstancia no podía ser más propicia para las prácticas de rapiña dirigidas desde el Ministerio de Economía, el Banco Central y la CNV, que contaba con el brazo armado de los comisarios de la División Banco de la Policía Federal bajo órdenes del ministro del Interior, Albano Harguindeguy. El presidente del BCRA era Adolfo Diz y su vicepresidente, Alejandro Reynal, era el primo del principal accionista de Austral. Al frente del Ministerio de Economía se encontraban José Alfredo Martínez de Hoz y Walter Klein. La CNV la manejaba Juan Alfredo Etchebarne, quien dirigía los interrogatorios de empresarios secuestrados para desapoderarlos.

La compañía aérea se estatizó en septiembre de 1980. Pero para presentar la operación sin costo y llevarla a buen puerto tenían que hacer desaparecer sus deudas. Saiegh entonces negociaba la llegada del Credit Lyonnais francés a su banco para afrontar los problemas financieros. Esta operación complicaría todo. Debía frustrarse. Su secuestro vino entonces a satisfacer varios intereses porque de yapa, mientras Saigeh era torturado, la inversión del Credit Lyonnais fue reorientada para salvar el banco Tornquist, propiedad de Francisco Capozzolo, amigo de Harguindeguy.

El secuestro se produjo el 31 de octubre de 1980. Saiegh fue sacado de sus oficinas por un grupo de tareas, sin orden judicial y sin mediar forma legal alguna. Se llevaron todo tipo de papeles, sin inventario. A Saiegh le dijeron que, como al empleado Guerrero, le prenderían “el ventilador” para que acuse a todo el directorio del banco. Pero se rehusó. Para salvarse debió pactar con los comisarios. Además debió poner en garantía todo su patrimonio frente al BCRA, que luego de provocar corridas contra sus depósitos liquidó el banco sin control judicial y ejecutó el compromiso. La deuda de Austral desapareció.

Recién el 4 de noviembre los diarios informaron que un banquero había sido detenido: “Vicepresidente de un banco, preso por acusaciones de un empleado infiel”. El 7 de noviembre un juez ordenó su liberación. El 25 en la revista Somos se leyó: “Evidentemente el BCRA ha adquirido know-how para liquidar entidades sin hacer mucho ruido…”. De acuerdo a los datos de la Oficina de Derechos Humanos de la CNV, desarticulada durante el macrismo, 143 empresarios y financistas fueron secuestrados en aquellos años, once de los cuales permanecen desaparecidos.

 

 

 

 

 

El tortuoso camino de la injusticia

La principal persona denunciada por la mafiosa operación es Alejandro Reynal. Una vez liquidado el BL, renunció al BCRA y fundó su propio banco, el Merchant Bankers Asociado (MBA). El MBA estuvo involucrado en sucesivas renegociaciones de la deuda externa y Reynal fue nombrado en 2007 al frente de ArteBA por el entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. De ese cargo tuvo que desistir por las denuncias en su contra. Aun así, Reynal es un intocable.

En el relato de Saiegh se combinan las necesidades. Por un lado que se investigue y se traten en un debate oral y público las violaciones que sufrió, agravadas por pertenecer a la comunidad judía. Por el otro, que le devuelvan su patrimonio y lo resarzan por años de injusticias. En el Banco Nación se guardan 500.000 dólares pertenecientes al BL, que “custodia” el BCRA, que tiene al banco como “liquidado” sin que nunca le pudiera hacer decretar la quiebra. El camino judicial que siguió Saiegh tiene dos carriles: el comercial y el penal. Ambos están conectados de manera perversa.

En lo comercial, las acciones de Saiegh apuntan a desarmar los sucesivos pedidos de quiebra del BL pedidos por el BCRA y a recuperar su patrimonio. En 1984, luego de lograr revertir una quiebra decretada por un juez, inició un juicio comercial contra las autoridades monetarias. En estas causas se acumularon expedientes producidos internamente en el BCRA y en el Ministerio de Economía. Este último dictaminó la ilegalidad de lo actuado contra el BL, lo que permitió levantar la primera quiebra. En el BCRA los informes internos aseguraron que el banco tenía patrimonio positivo. Años después la Procuración del Tesoro dictaminó a favor de lo reclamado por Saiegh. Pero el BCRA jamás aceptó sentarse en las comisiones de acuerdo y volvió a pedir la quiebra. La causa que Saiegh inició contra el BCRA se encuentra hoy en Cámara de Apelaciones, esperando un fallo en materia penal, luego de que un juez decidiera que el empresario desposeído no tenía legitimidad para intervenir.

En lo penal, la primera denuncia data de 1982 y es por secuestros, torturas y extorsión contra los civiles de la dictadura, entre ellos Martínez de Hoz y Reynal. A Saiegh lo acompañaba el profesor Julio Maier. En 1991 el juez Martín Irurzun procesó a Reynal por extorsión pero le dio la excarcelación. Luego la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal revocó la resolución por cuestiones formales. Eran los años de impunidad de los crímenes del terrorismo estatal. Aun así, ocho años después, en una causa paralela por extorsión y desapoderamiento, Saiegh consiguió que Reynal fuera nuevamente procesado. La decisión corrió por cuenta del juez Gabriel Cavallo. Pero la Cámara de Apelaciones esta vez lo sobreseyó por prescripción del delito.

Entonces, antes de finalizar el milenio, la DAIA presentó su caso en la Audiencia Nacional de Madrid ante el juez Baltasar Garzón, quien de inmediato lo reconoció como paradigma del terrorismo estatal y el antisemitismo.

Con el impulso dado a las causas de lesa humanidad bajo el gobierno de Néstor Kirchner, Saiegh logro la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos dirigida por Eduardo Luis Duhalde. Experimentaba entonces el camino de la CIDH. Duhalde, en un expediente interno que le llegó desde el Ministerio de Economía, reconoció el caso como de lesa humanidad. De esta manera la Procuraduría del Tesoro de la Nación dictaminó que el Poder Ejecutivo Nacional debía dar una resolución al caso para lograr cerrar las denuncias en la justicia comercial.

Sin embargo no se llegó a ningún acuerdo. En 2008 el empresario consiguió que interviniera la embajada de Estados Unidos. Las largas negociaciones se encuentran documentadas en las fuentes que filtró Wikileaks. Los eventuales costos que insumiría una negociación de este tipo, con los precedentes que sentaría, fueron evaluados en los cables como motivos de las demoras. El resarcimiento debía conseguirse por tribunales.

Saiegh volvió a explorar el camino penal pidiendo la revisión de los sobreseimientos por prescripción dictados en la década anterior. Luego de pasar por varios juzgados la causa recayó en el despacho de María Servini de Cubría. Caratulada como “Martínez de Hoz, José Alfredo; Reynal, Alejandro y otros s/Delitos de Lesa Humanidad”, la jueza ordenó al fiscal Eduardo Taiano llevar adelante la investigación. Dos años más tarde, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se sumó a la querella.

Saiegh, quien por entonces peleaba porque se le diera una custodia especial, consiguió entonces que la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentara también como querellante en la causa, denunciando a las empresas de Reynal. Su presentación fue validada en otro juzgado, junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) del Ministerio Público Fiscal, lográndose que la carátula original se ampliara a enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, el sobreseimiento de Reynal nunca se consiguió levantar y las investigaciones no pudieron llegar a buen puerto. El ex funcionario y financista ni siquiera fue llamado a indagatoria.

Cuando Saiegh acudió a la Cámara de Apelaciones su caso fue llevado a la Justicia Correccional. Allí un tribunal ad hoc integrado por el polémico Mario Filozoff –que luego se jubiló– consideró que no se trataba de hechos de lesa humanidad y que ni siquiera se podía alegar una persecución especial como judío. Este último dato fue saludado en una editorial de La Nación, que calificó el fallo como “ejemplar”. Al mismo tiempo, el entonces gobierno nacional cambiemita bajó a la SDHN de la querella.

 

 

Espera cortesana

Las quejas de Saiegh fueron escuchadas finalmente en la Cámara de Casación. Los jueces de la Sala II, Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, consideraron que se trataba de delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, y ordenaron levantar el sobreseimiento. Además pidieron que se investigara el caso como “empresa criminal conjunta” y reclamaron celeridad.

De inmediato Saiegh le reclamó a Servini de Cubría que indagara y detuviera a Reynal. Pero Servini alegó que la iniciativa la tenía que tomar el fiscal Taiano. Además, como Reynal se quejó con tres recursos ante la Corte Suprema de Justicia, consideró prudente esperar una resolución de los supremos antes de avanzar.

Pero los supremos no resuelven, pese a que el procurador ante la Corte rechazó el año pasado todos los planteos de Reynal. “La Corte es una calesita”, se queja Saiegh. Su abogado, Ezequiel Dupraz, explica que se ha llegado al extremo de que su presidente, Carlos Rosenkrantz, devuelve el expediente pidiendo un informe que demora cinco meses en bajar un piso antes de recomenzar la circulación. En ningún caso se discuten los hechos sino los recursos, de manera que una decisión de la Corte recién permitiría volver al juzgado para profundizar en las actuaciones. Esta semana Saiegh debía ser convocado para reconocer en fotos a sus posibles captores y torturadores pero volvieron a suspenderle la audiencia.

Mientras tanto, en materia de la justicia comercial, el empresario desapoderado aspira a cerrar las causas en negociaciones “amistosas” con el Estado, que ahora empuja la CIDH. Asegura que parte del dinero recuperado financiará un fondo para la reconversión de pequeñas y medianas empresas.

De las denuncias de Saiegh se sobreentiende que una “mano larga” hace girar la calesita y otra agita la sortija, a la espera de que –como explica– se cierre la causa por simples razones biológicas. Alimentan sus convicciones la intervención de las autoridades del BCRA ante la jueza de Casación, Ángela Ledesma, en 2016, haciéndole saber que un fallo en beneficio del empresario podía ser muy perjudicial para el BCRA. La nota la firmaba Marcos Moiseeff, entonces subgerente general jurídico y hoy síndico de la entidad monetaria.

A Saiegh también le trae mala espina la vigencia de la intocable y dictatorial Ley de Entidades Financieras.

 

 

 

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