"Caen como moscas"

 

Pachamama ¡Kusilla Kusilla! es la invocación propiciatoria que los jujeños formulamos en el mes de agosto cuando abrimos un pozo en la tierra en cada hogar y acompañados por familia y amigos ofrendamos a la Pachita comida, coca, cigarrillos y alcohol, luego de sahumar nuestros bienes. Con una ceremonia espiritual se agradece a la madre tierra por la vida, los alimentos que brinda y se invoca como fuente de fecundidad y amparo para un buen vivir.

Este año las reuniones populares para honrar la Pacha están prohibidas por disposición de Gerardo Morales con multas incluidas para los desobedientes. El gobernador ya había pospuesto y suspendido por decreto las celebraciones del Día del padre y Día del amigo, con el teórico fin de evitar las reuniones, mantener el aislamiento obligatorio en esta pandemia.

Pese a las prohibiciones y multas, Morales no pudo evitar la aparición y propagación del brote de coronavirus que se extiende hoy imparable por Jujuy y suma ya 3.344 casos y 83 víctimas fatales.

Pero la fe popular es rebelde y las familias en este aciago agosto, sin invitados y casi en secreto, continúan con sus ofrendas a la madre tierra, pidiéndole más que nunca que nos proteja de una enfermedad que se extiende dramáticamente ante el desborde de un Estado provincial que nos ha dejado desamparados.

 

La culpa siempre es de otros

Desde el inicio de la pandemia, Morales adoptó como forma de contención una política sanitaria punitiva y persecutoria sobre los ciudadanos jujeños. Todas las regulaciones sobre la circulación de las personas, uso del barbijo, reuniones sociales, tiene previsto también una sanción monetaria o hasta penas de prisión por su incumplimiento. Impuso además un férreo control de la policía para hacer cumplir la normativa, y hasta pretendía que los comerciantes controlen al resto de los ciudadanos, escaneando sus documentos por medio de una aplicación que luego la justicia frenó.

El supuesto de esa política sanitaria es que los responsables de cualquier posible contagio serían los descuidados ciudadanos a quienes había que “vigilar y castigar”. También, fiel a su prédica polarizante, durante los 120 días en que prácticamente no hubo casos "autóctonos”, Morales siempre buscaba a alguien a quien culpar por los pocos registros que aparecían. Sucesivamente sus adversarios fueron: los extranjeros, especialmente bolivianos, los trabajadores jujeños de temporada en otras provincias y los estudiantes que querían regresar o los camioneros que entraban a Jujuy. Cualquiera de ellos era un potencial enemigo porque podía traer “el bicho” a Jujuy, como lo bautizó en sus repetidas intervenciones televisivas del COE, Comité Operativo de Emergencia.

Ese modelo reglamentarista, punitivo y polarizador, le sirvió al gobernador para exhibir como un éxito ante el país la ausencia de contagios en Jujuy, abrir actividades de manera pionera y exhibirse como el paladín nacional en la contención del coronavirus.

Pero pasaron cosas, como dijo un oscuro ex gobernante argentino adepto a las reposeras. El virus entró a Jujuy entre el 3 y 4 de junio pasado cuando Morales viajó a la puna a pueblos limítrofes con Bolivia, precisamente para asegurarse que no ingresen al país ciudadanos extranjeros que nos traerían la enfermedad.

Según declaró luego el propio gobernador al presidente Alberto Fernández, policías que integraban su custodia en esa gira se habrían contagiado cuando cruzaron a Bolivia a comprar o contrabandear hojas de coca. Y así como en la película Alien, el gobernador terminó trayendo a Jujuy el virus que tanto quería evitar junto a su comitiva oficial.

El 16 de junio se detectó como positivo a uno de esos policías que residía en San Salvador de Jujuy y contagió a su hermana residente en Perico. Así se disparó la caída de fichas de dominó de los contagios, teniendo como vehículo inicial al personal policial que viaja cumpliendo funciones por toda la provincia. Entre la policía hasta el momento hay 140 casos positivos y 5 fallecidos.

De los 3.255 casos detectados en todo Jujuy hasta hoy, 3.245 aparecieron a partir de ese 16 de junio.

 

Los contagios institucionales

A partir de esa fecha, la difusión del brote de Covid-19 tuvo una característica: se dio de manera predominante en espacios institucionales. Los contagios se produjeron en ámbitos donde las personas debían concurrir obligatoriamente a cumplir funciones compartiendo espacios comunes bajo la órbita del Estado o de empresas privadas. Y éstos no se encargaron de brindar las medidas de protección adecuadas y verificar el estado de salud de sus trabajadores.

El acecho del gobierno de Morales sobre el comportamiento de los ciudadanos y su continua prédica culpabilizante resultaron no sólo antidemocráticos sino sanitariamente desacertados.

Quienes dependen directamente del Estado y fueron descuidados por su empleador resultaron los primeros contagiados y difusores del virus: policías y trabajadores de la salud. Luego los abandonados por su empleador privado: obreros de la minería y el azúcar, las dos principales industrias de Jujuy.

Hasta el 13 de julio --dado que luego el gobierno dejó de informar a qué rama de actividad pertenecían los casos--, el 30 % de los contagiados eran trabajadores de la salud, cifra que triplica la media nacional. Enfermeros y médicos exigían desde el inicio de la pandemia EPP, es decir Equipos de Protección Personal, que muy pocos recibían.

Para esa fecha, cuando aún era posible discriminar el origen de los contagios, 55% eran trabajadores de la salud y obreros, gran cantidad del resto eran policías. Pero Gerardo Morales insistía en que los contagios se daban por las juntadas entre amigos y compañeros de trabajo. Esta semana, se hizo el cuarto ruidazo de los trabajadores de la salud que siguen reclamando al Estado por medidas de protección y testeos.

Desde el Colegio de Enfermeros de Jujuy recolectan firmas para pedir al presidente Alberto Fernández que Nación asuma la situación sanitaria: "Mandamos una carta al presidente pidiéndole el envío de alguien que pueda hacerse cargo, porque evidentemente el gobierno provincial no puede, con 3 mil personas está colapsado el sistema público y también el sistema privado. Ya no hay camas, en la parte privada ya no quedan respiradores, en la pública creo que quedan cuatro. Ahora la gente se está muriendo en la casa", expresó la presidenta de la institución, Celina Castellón.

Organismos de derechos humanos de la provincia, organizaciones sociales, políticas y gremiales solicitarán al gobernador que inicie de manera urgente gestiones destinadas a procurar la ayuda de las Brigadas Médicas Cubanas, por medio de los Ministerios de Salud, Relaciones Exteriores y la Embajada de Cuba en Argentina. Se trata de una solución real y concreta, utilizada por países centrales en el mundo, como China e Italia. Resulta una solución solicitada por otras provincias como Tierra del Fuego. Sabemos que Cuba no da lo que le sobra, pidamos lo que comparte de manera humilde y solidaria, explicaron.

Trabajadores de las minas y el azúcar

En la minera Exar que extrae Litio en la puna, el último reporte confirmó unos 200 contagios de Covid-19. Los obreros denunciaron condiciones de hacinamiento y falta de protocolos sanitarios que no mantenían los empresarios, quienes luego del brote no los dejaban retornar a sus casas en la puna y en la capital jujeña.

El gobierno provincial terminó denunciando penalmente a Exar por considerarla "penalmente responsable de la cadena de contagios masivos, resultante de la expresa y temeraria decisión de la empresa de no cumplir la normativa sanitaria de prevención de la enfermedad”. Cosa extraña ya que el gobierno tiene participación en la empresa a través de JEMSE, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado.

A quien no denunció penalmente, a pesar de la gran cantidad de contagios, es al Ingenio Ledesma. Aunque es el Estado el que tampoco controló el cumplimiento de protocolos sanitarios en esos establecimientos industriales.

El retorno del familiar

La leyenda del familiar es conocida en las ciudades con ingenios azucareros: un gigantesco perro negro, con quien los dueños del ingenio tienen un trato para aumentar su fortuna, alimentándolo con un obrero en cada zafra. Tal vez el mismo que salió en las noches de apagón en Ledesma, cuando el ingenio de los Blaquier prestó camionetas a los militares para que secuestren y desaparezcan personas. Hoy el familiar es el coronavirus.

Libertador General San Martín es la ciudad aledaña al Ingenio Ledesma, sus habitantes dependen directa o indirectamente de la actividad del ingenio, muchos trabajan en la planta de azúcar, en la de papel, de alcohol o de jugos y frutas de la empresa. Solo en Libertador hay 730 casos de coronavirus que ascienden a más de 1.000 en todo el departamento de Ledesma (el equivalente a un partido de la Provincia de Buenos Aires), la región con más contagios en Jujuy.

Muchos de esos casos provienen de trabajadores del Ingenio y sus contactos estrechos. En el Ingenio hay 236 contagiados entre su personal y de acuerdo al SOEAIL (Sindicato de Obreros y Empleados de Azúcar del Ingenio Ledesma) hay al menos 9 fallecidos.

Ante la propagación de casos, el gremio viene demandando sin éxito el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las plantas de producción y el pasado martes 4 de agosto convocó a un paro total de actividades. Además, presentó una denuncia penal contra el directorio de los Blaquier “por el delito de propagación de la enfermedad peligrosa y contagiosa”. La reacción del Estado provincial se limitó a convocar a una conciliación obligatoria.

También hoy el sufrido pueblo de Libertador está atemorizado. Los muertos por Covid-19, no confirmados ya ascenderían a más de 30. Muchos están aislados en sus casas como única respuesta sanitaria de un gobierno que no brinda atención médica. Lo mismo sucede con residentes de San Salvador, San Pedro, Perico que directamente no están siendo atendidos por el sistema sanitario.

La situación se repite en los relatos: ante la aparición de síntomas o cuando son contactos estrechos de un positivo, llaman al SAME (las ambulancias del Sistema de Atención de Emergencias) pero no les contestan; llaman al número 0800 previsto por el COE pero no reciben respuesta; acuden a los hospitales locales pero no los atienden. Acceder al servicio de salud pública es un martirio.

Desde la semana pasada se conocen brutales testimonios de abandono de parte del Estado en toda esa zona de Libertador General San Martín, también en San Pedro y otras localidades.

El pasado sábado 1 de agosto una mujer embarazada de 28 semanas de Libertador había registrado contacto con un caso positivo, estaba aislada en su casa y comenzó a presentar un agudo cuadro respiratorio. Su pareja y su hermana llamaron al SAME y al COE pero no recibieron respuesta. Recién a último momento la trasladaron a San Salvador y la internaron en el Hospital Materno Infantil: era demasiado tarde. Luego de una leve mejoría, pese a los esfuerzos de los médicos, ella y su bebé fallecieron. Fue diagnosticada para Covid positivo post mortem. Desde el hospital comunicaron a los familiares que no pudieron informar el diagnóstico porque no encontraban un teléfono de contacto.

También en Libertador, un hombre de edad mayor que estaba en aislamiento comenzó a presentar graves síntomas respiratorios. Su hijo y su madre llamaron al sistema sanitario sin conseguir atención médica, el hombre ya había sido diagnosticado positivo en una clínica privada. Desesperado, el hijo-- que trabaja en una funeraria--, consiguió que su empleadora le preste un auto. Así, cumpliendo todos los protocolos de una pompa fúnebre para poder pasar los controles policiales logró llevar a su padre al Hospital San Roque en San Salvador donde afortunadamente salvaron su vida.

La situación es grave. El viernes pasado el comisario Pablo Calisaya de la Unidad Regional 4 del departamento Ledesma hizo un crudo relato al ser consultado por Radio 2. “Durante el fin de semana tuvimos una cantidad importante de personas que fallecieron en sus hogares”, dijo. “Tenemos 14 personas desde el día sábado (1 de agosto) en que comenzamos a tener casos de fallecimientos en domicilios”. Aunque aún el gobierno no ha confirmado si las muertes fueron producto del virus, la aparición de un número inusual en las casas es reveladora.

 

La muerte en casa

Otra de las zonas rojas, así determinadas por la provincia, es la ciudad de Perico por la gran de cantidad de contagios. Allí los contagios comenzaron por contacto estrecho con el denominado Caso uno: uno de aquellos policías que se trasladaron con el gobernador a La Quiaca.

Perico está ubicada a 15 kilómetros de la capital. El sábado pasado una mujer falleció en su casa sin recibir asistencia médica. Había ido al Hospital Zabala por un accidente doméstico, con leves síntomas de Covid. La testearon y le informaron que era negativa. A su regreso, esa misma tarde, el cuadro empeoró: murió a la madrugada sin llegar siquiera a recibir atención médica ante los llamados desesperados de parientes y hasta de sus vecinos. Cuando ya estaba muerta, le informaron a la familia que era positiva y que se habían equivocado de caso. La odisea de sus deudos sin embargo no terminó: murió a las dos de la mañana pero recién lograron que el cuerpo sea retirado con una ambulancia a las 15:30, varias horas después.

El cementerio de esa ciudad está colapsado: recibieron 36 personas que perdieron la vida. La encargada de la necrópolis de Perico es Claudia Tejerina. Dijo que “no cuentan con lugar para brindar el servicio fúnebre a personas con Covid”. Según el protocolo, los fallecidos deben ser enterrados únicamente en fosas. La necropólis tiene cien años. Y poco espacio disponible. “La emergencia obligó esta semana a los panteoneros a cavar fosas a mayor velocidad. Tuvimos muchos ingresos”, dijo Tejerina. “Estuvimos recibiendo cinco o seis fallecidos por día, la semana que paso y hoy entraron dos. Esperamos una respuesta de la gestión municipal para dar respuesta a la gente”.

Un trabajador municipal lo explicó a su modo: “Esta fiero, peligroso el tema, caen como moscas. Pobrecitos después de haber sufrido por la enfermedad, no tienen espacio para su sepultura. La semana que pasó, feo, feo estuvo. Sufre mucho la gente”.

 

Política del abandono

“Está colapsado el sistema público… En algunos lugares", reconoció finalmente Gerardo Morales, esta semana, en un informe televisado del COE desde Libertador. Parecía un relator más que el encargado de un gobierno. Ni aún en estas condiciones parece capaz de dejar de lado la soberbia, asumir los problemas y pedir ayuda de manera decidida a La Nación. La ausencia de una política sanitaria ha quedado expuesta ante el número de contagios y de fallecidos: hoy la provincia modelo, sin casos autóctonos, es la tercera en contagios y letalidad de todo el país. Libertador General San Martín, San Pedro, Perico y San Salvador de Jujuy son las localidades más graves. Hoy, domingo 9 de agosto, finaliza la fase 1: Morales dará a conocer cómo continúa la administración. Distintos profesionales de la salud advierten que a pesar del costo político, es necesario que el gobierno ponga un infectólogo a la cabeza del COE. La provincia tiene profesionales. Podrían asesorar. Pero no pasa.

Sergio Barrera Ruíz es vicepresidente del Consejo Médico de Jujuy. “El gobernador agradece al Consejo Médico permanentemente, pero no llama para pedir consejo”, dice. “El Consejo tiene un Comité con quince infectólogos y podemos aportar. ¿Entonces por qué agradece si no nos escucha y concentramos a tres mil médicos en la provincia?”

Y agrega: “Cuando escuché (a Morales) decir que la responsabilidad es centros vecinales y empresas, dije: ahora es sálvese quién pueda. Cuando no había casos, la responsabilidad era de él, Morales capitán del barco, ahora que todo está mal, ¿la responsabilidad es de la gente?"

Hay que pasar agosto, dicen los viejos. Eso piden ahora muchas y muchos jujeñas recluidos en sus hogares, mientras un caluroso viento norte sopla en las ciudades, en los valles, quebrada y puna, aguardando que se lleve lejos esta nueva peste que azota estas tierras al igual que la desidia y el abandono de siempre.

 

 

 

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