CADENA DE VALOR

 

Mientras Mauricio Macri se dedica a organizar su retiro hacia nuevos horizontes, los eslabones de las cadenas de valor que declamó durante su gestión se van soltando en simultáneo con la desarticulación de su cadena de mandos. El ejemplo mayor de esto último ha sido el protocolo sobre aborto no punible aprobado por el Secretario de Salud Adolfo Rubinstein después de la intervención de los organismos competentes en la materia, y publicado en el Boletín Oficial del Estado (Resolución 3158/2019 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social), que Macri ordenó derogar el mismo día. Idas y vueltas cuya confusión es inexplicable desde el sentido común.

En ese contexto, otra confusión racionalmente inexplicable es la que se relaciona con el tema tratado en mi nota “Farmanegocios” del domingo pasado en El Cohete. En ella me refería a la presentación el pasado 7 de noviembre, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología y ante representantes de las asociaciones de pacientes y familiares que integran la Red APTA, de un Plan Nacional de Investigaciones Clínicas para los próximos diez años que se decía sería aprobado por un DNU presidencial antes del 10 de diciembre. Cuando la cuestión tomó estado público, el secretario Lino Barañao salió a negar que existiera dicho Plan y sostuvo que no se firmaría ningún DNU como el mencionado (http://www.periferiaciencia.com.ar/noticia.php?n=509).

Una de las asistentes a esa reunión me hizo llegar dos observaciones: el subsecretario de Planeamiento de la Secretaría, Jorge Aguado, no estuvo en la reunión. Pero Aguado, a pedido del Presidente, había encargado el diseño de ese plan a una persona que lo había desarrollado y presentado. Y el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo —según ella entendía— no se destinaría a subsidiar investigaciones de los laboratorios privados, sino que el BID sólo había pagado el sueldo de Anne Blanchard, la persona que sí había presentado en la Secretaría de Ciencia y Tecnología el Plan ante la Red APTA, y había afirmado que esa iniciativa tenía origen presidencial y que Macri firmaría el DNU antes del cambio de gobierno.

Anne Blanchard es CEO de Blanchard y Asociados, una Organización de Investigación por Contrato (Contract Research Organization o CRO) dedicada a tercerizar investigaciones de la industria farmacéutica (https://ar.linkedin.com/in/anne-blanchard-82a7b77). La Secretaría de Ciencia y Tecnología la contrató con fondos del BID para el diseño de un Plan de ensayos clínicos, y ella lo presentó afirmando que la iniciativa tenía origen presidencial. Blanchard no habló en nombre de Barañao –que negó estar al tanto de lo dicho en la reunión— sino que con la letra propia de su Plan-por-contrato habló en nombre de Aguado (y de Macri). Y si el BID sólo pagó (hasta ahora) el sueldo de la persona que diseñó el Plan de investigaciones clínicas que habría de financiar, y esa persona trabaja para la industria farmacéutica, luego el BID ya comenzó a subsidiar las investigaciones de los laboratorios privados.

 

 

Pero el problema mayor de toda esta cuestión nunca fue si se iba a firmar ese DNU antes del final de gestión. Aún en ese caso, la iniciativa no tenía chances de prosperar. El problema reside en todo lo que ha avanzado la gestión de Macri, durante sus cuatro años, en instalar en diversos niveles profesionales, institucionales y de la sociedad en general, las razones para desarrollar las investigaciones clínicas que postuló Blanchard: “Fuente laboral u oportunidad de crecimiento de empleo calificado fortaleciendo competencias e infraestructura; Fuente de Inversión y oportunidad de desarrollo de fuentes de financiación para la actividad; Fortalecimiento en la conexión cooperativa para la participación de Argentina en estudios de Investigación Clínica Global; y Fortalecer el acceso y generación a la información de salud, mejorando la infraestructura y calidad de procesos. Su desarrollo prevé un potencial altísimo para impulsar el crecimiento de la actividad, con apoyo de las cámaras empresariales, las universidades, las asociaciones civiles”.

A las cámaras empresariales de la industria farmacéutica (nacional y extranjera) no hay que convencerlas, ya que ellas son las principales interesadas y promotoras de ese deseo de expansión. Con las universidades hay fuertes presiones para cambiar su perfil tradicional de subordinación de los intereses al bien común, en el sentido privatista que en Estados Unidos comenzó a desplegarse con el gobierno de Reagan. Y con la Red APTA se buscaba el apoyo de las asociaciones civiles. Una clara estrategia  de negocios. Pero ni una palabra sobre los pacientes, sujetos primarios de esas investigaciones, sin los cuales esos negocios son la pura nada.

El de Blanchard (ver el documento en la nota “Farmanegocios”) es un plan ya adelantado por Macri el 18 de abril de 2017, en la presentación de un Compromiso Federal para la Modernización del Estado, cuando sostuvo: “Hemos tenido siempre una participación importante en investigación farmacológica-clínica que genera trabajo, mucho trabajo de calidad en nuestro país, y veníamos perdiendo peso relativo en la investigación mundial… Y ayer se nos planteó que si nosotros mejorábamos el funcionamiento del Estado, en este caso el Anmat, ese nivel de inversión se podía triplicar, y estamos hablando de pasar de 3.000, 4.000 millones de pesos, a más de 12.000 millones de pesos. Pero lo más importante es que podemos multiplicar por seis la generación de empleo, estamos hablando de miles de puestos de trabajo de altísima calidad. ¿Y todo con qué? Con que el Anmat deje de tardar para aprobar un estudio clínico 160 días hábiles. Y trabajando en conjunto el Anmat se ha comprometido a tardar menos de 70 días hábiles, y si no logran esos 70 días tiene aprobación automática esta investigación clínica.” (ver la nota “Cuestión de vida o muerte”, de Horacio Verbitsky, en Página12, 28/05/17).

Pero el Plan y la presentación de Blanchard tenían un complemento agregado al del Presidente: acordada la asociación entre un gobierno neoliberal como el de Macri y la industria farmacéutica, la táctica siguiente era (es)  lograr el apoyo de las universidades (especialmente las públicas por su volumen y credibilidad social) y la sociedad civil. En este último caso, la Red APTA era una candidata ideal a sumar. Pero una de las presentes, Florencia Braga Menéndez, supo percibir los intereses en juego y cuestionarlos en la reunión cuando escuchó que les decían: “La idea (del Plan) es que ustedes se lo apropien”.

Por eso es que aunque Barañao negara el Plan, lo cierto es que toda su gestión –y la de Macri— lo confirmaban. El 7 de marzo de 2017, cuarenta días antes del anuncio presidencial sobre el cambio facilitador en ANMAT, Barañao había recibido en audiencia a Carlos Manuel Peralta, Director de Asuntos Científicos, Iván Daniel Stigliano, Gerente Médico, y Fabiana Dircie, Gerente de Asuntos Corporativos, todos por la filial argentina del laboratorio suizo Novartis (7° lugar mundial, con 33.000 millones de dólares de ingresos en 2018). Un año después, en abril de 2018 firmaba un acuerdo de cooperación de su Ministerio con ese laboratorio y el Hospital Italiano. Esa iniciativa financiaría la capacitación de investigadores argentinos en los centros de investigación de Novartis, que también sería anfitrión de la “Semana de la Innovación” para vincular a los investigadores argentinos con el sector privado. Y el 6 de junio, a pedido de Barañao, y con la presencia de Adolfo Rubinstein como ministro de Salud, Macri recibía a Paul Ashley Hudson, CEO mundial de Novartis, y a otros ejecutivos nacionales y regionales de la empresa que “le informaron sobre la marcha de sus planes de inversión en el país y ratificaron la decisión de continuar trabajando para fortalecer el campo de la investigación biomédica y la capacitación científica”.

 

 

Una semana después, el 13 de junio, Barañao recibió en audiencia a Rodolfo Néstor Civale, Vicepresidente y Gerente General, y a César Rengifo, Vicepresidente de Mercados Emergentes de Occidente, ambos del laboratorio  GlaxoSmithKline (9° lugar mundial con 24.038 millones de dólares de ingresos en 2018), para conversar sobre los avances del programa Trust in Science (Confiar en la Ciencia). Y el 25 de octubre Macri recibió, con Barañao y Carolina Stanley, a Ian Thomson, Vicepresidente Senior, y otros ejecutivos del laboratorio AMGEN (10° lugar mundial con 22.849 millones de dólares de ingresos en 2018), que el día anterior había dado apertura a su nueva filial en Argentina, anunciando una inversión de 100 millones de dólares.

El foco excluyente de las investigaciones clínicas para Macri y Barañao ha sido el de los negocios. Los pacientes y la protección de sus derechos como sujetos de investigación son invisibles. En abril de 2018, en el Medical Innovation Day-Impulsando la Investigación Clínica en la Argentina, organizado por la compañía farmacéutica Janssen de Johnson & Johnson (4° lugar mundial, con 36.256 millones de dólares de ingresos en 2018), Barañao decía: "Sostenemos que la investigación es capaz de generar gran cantidad de ingresos para el país, por eso hemos entablado convenios con todo el mundo, ya que la calidad de la ciencia argentina es reconocida internacionalmente. En ese sentido, creemos que resulta absolutamente posible la creación en nuestro país de toda una cadena de valor asociada a la investigación clínica".

Para quienes trabajamos en ética de la ciencia y la tecnología, el valor de nuestro foco primario que es el paciente como sujeto moral y de derechos, no se encadena, sino que se libera. No estamos en contra de los negocios, sino de los negocios no-éticos. No estamos en contra de las investigaciones, sino de las investigaciones no-éticas. No estamos en contra del desarrollo tecno-científico, en todo lo que suma al progreso moral del vivir humano, sino en contra de ese desarrollo cuando, por ejemplo, conduce a la catástrofe ecológica. Ya dedicaremos otra nota a este foco.

 

 

 

 

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