Cacería & campaña
Morales extiende la persecución a todo abogado que se anime a desafiar su reinado
Miércoles 12. La policía del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, allanó más de 20 domicilios en Humahuaca y San Salvador bajo la figura penal de la sedición y el secuestro de personas. Los concejales aludidos por el Ejecutivo y su Poder Judicial emitieron un comunicado en el que reclamaron la libertad de las personas del pueblo que fueron apresadas y advirtieron sobre la escalada de violencia del gobernador Morales.
Por la noche, el intendente de La Quiaca, Blas Gallardo, le explica a El Cohete que está viajando a Jujuy de madrugada porque el gobernador no depositó el dinero suficiente para pagar los salarios de los empleados municipales y hay una especie de conato golpista en su condado. “Estoy en Buenos Aires por la cuestión de las tierras de nuestras comunidades y otros problemas por resolver. Me ausenté y no nos depositaron la coparticipación de los sueldos. Los concejales opositores quisieron hacer una sesión para lograr una eventual suspensión de mis funciones. Intentaron entrar con la policía a mi despacho de la intendencia e hicieron una sesión exprés para suspenderme”.
Jueves 13. Una patrulla de policías jujeños vestidos de civil, sin el uniforme reglamentario, irrumpió en la casa del docente Iván Blacutt sobre la ruta provincial 35, a la altura del kilómetro 3,5, del Barrio Finca La Colorada. Un video registró el momento de la detención. Al cierre de esta edición, su pareja confirmó que estaba bien de salud. De noche, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación difundieron filmaciones del 20 de junio donde, según ellos, Blacutt habría incurrido en presuntos delitos usando “un palo de dimensiones muy importantes”. En una de las imágenes se puede ver a un hombre con barbijo oscuro arrojando una piedra. Los fiscales enunciaron una decena de delitos que van desde “resistencia a la autoridad” a “estrago” y “estrago agravado”, porque aseguran que al haber utilizado fuego podrían haber quemado la Legislatura, donde existen “archivos” y “una biblioteca”.
A las 18:44 del jueves, los promotores de la persecución penal contra Milagro Sala admitieron que secuestraron 14 teléfonos celulares de su domicilio, y que esperan “conseguir resultados positivos de las pericias”. Pese a ello, no lograron probar y ni siquiera afirmar en la conferencia de prensa que las personas que incendiaron autos y rompieron ventanillas de vehículos fueran cercanas a Milagro. Uno de los cronistas preguntó sobre “infiltrados de la policía”, pero negaron tal versión y solo admitieron que investigan el accionar de una subcomisaria que ingresó a la Universidad Nacional de Jujuy y de tres agentes policiales que cometieron “excesos” en la represión y las detenciones en Humahuaca.
Mediodía. La familia del abogado Alberto Nallar aseguró que fue detenido en plena calle, a pasos de su casa, y que se desconocía su paradero. Nallar realizó varias denuncias contra Morales y su sesgo autoritario. Explicó las consecuencias de la reforma de la Constitución para las comunidades originarias de La Puna. Ejerció la abogacía y la libertad de expresión en calles, rutas y en manifestaciones públicas, como avala la Constitución Nacional. Morales lo acusó por el delito de sedición y se lo llevó la policía. Poco antes de que le secuestraran el teléfono celular logró hablar con su ex mujer y su hija.
Desde un teléfono desconocido para el receptor de la llamada, conversó con un amigo penalista para que asuma su defensa. Entonces su colega Juan Gabriel Martín, quien volvía de Salta, inició la búsqueda de Nallar en el Departamento Central de Policía. Allí le dijeron que estaban realizando los estudios médicos antes de ingresarlo al penal de Gorriti. En la medianoche del jueves le otorgaron la prisión domiciliaria. ¿El delito del abogado? Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación –vaya nombre de la Inquisición– lo señalan como “instigador de un motín popular”.
Nallar en el Departamento de Policía.
Minutos más tarde, la abogada Alicia Chalabe confirmó a este cronista que había una orden para apresarla, no sólo a ella sino también a la artista Marina Vilte y a otros abogados: Ariel Duarte, René Casas y Roberto Alemán. El tiempo del terror es demasiado veloz. Por eso, la abogada Alejandra Cejas estaba con uno de sus colegas amenazados con prisión por la Justicia de Morales. A esa misma hora, la abogada Mariana Vargas, quien denunció que un defendido suyo estuvo preso desde el 23 de junio hasta al jueves 6 de julio acusado de filmar con un celular un operativo de seguridad policial en la vereda de la residencia del gobernador y su esposa Tulia Snopek, respondió que se encontraba bien aunque con angustia. “Se están presentando los hábeas corpus por nuestros colegas y me parece que necesitamos una intervención que garantice las libertades democráticas que no tenemos en Jujuy, necesitamos que se discuta en el país”, resumió Vargas.
A esa hora, nadie podía asegurar si la cacería humana de Morales se extendería a más abogadas, abogados, maestras, docentes de la educación media y superior, dirigentes sindicales del Estado y referentes de derechos humanos. Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos emitieron un comunicado en solidaridad con los detenidos.
Desde Abuelas repudiamos los allanamientos desatados por la Justicia y la Policía de Jujuy en el marco de la persecución que viene desarrollando el Gobierno provincial, contra quienes rechazan la reforma constitucional en reclamo de sus derechos. 🧵
— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) July 13, 2023
Ante la amenaza latente, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, presentó un habeas corpus por todos los abogados mencionados, incluido Nallar, a quien acusarían por los delitos de sedición e instigación a cortar rutas contra la reforma de la Constitución de Jujuy, que fuera aprobada en un día y medio y con el recinto vallado.
La @SDHArgentina presentó un habeas corpus preventivo a favor de abogados y abogadas de Jujuy para resguardar su libertad ante el intento del gobierno provincial de detenerlos por defender a personas que fueron reprimidas y detenidas durante las protestas
La presentación fue…
— Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) July 13, 2023
Teniendo en cuenta la gestualidad televisada de los acusadores fiscales de Jujuy, parecería que desistieron de detener a más abogados en un día agitado para su gobernador, de gira por Buenos Aires promoviendo con cinismo la Universidad de Pergamino con un mate en la mano.
Necesitamos una universidad que tenga fuertes vínculos con el sector productivo y del trabajo. Por eso, con @horaciorlarreta estamos convencidos de que se necesita una segunda reforma universitaria, para que los alumnos ingresen al mundo laboral con experiencia y capacitados. De… pic.twitter.com/vSx435tYx6
— Gerardo Morales (@GerardoMorales) July 13, 2023
Ya era noche y el intendente Blas Gallardo estaba en la ruta llegando a La Quiaca. Morales y sus concejales lo quieren echar con la excusa de los salarios impagos, aunque el responsable de no girar la coparticipación se llame Gerardo Morales.
Las abogadas Chalabe, Cejas y Vargas, entre otras mujeres jujeñas, al igual que trabajadores docentes y maestras primarias, seguían en situación de alerta. Vendrán horas de incertidumbre para los detenidos, nueve en total, con más de 20 pedidos de detención todavía pendientes, y abundarán las denuncias de violaciones de las garantías constitucionales.
Gerardo Morales quebró el pacto democrático de 1983 y está llevando a la práctica una supresión sistemática de los otros por su identidad política, cancelando derechos adquiridos, promoviendo la ejecución de condenas de hasta 25 años de prisión con multas que superan los 2 millones de pesos, y hostigando con su Justicia y su Policía a los adversarios. Todo empezó con Milagro Sala hace más de 2.500 días. No es nuevo el fenómeno monstruoso.
La imagen del abogado Alberto Nallar ingresando al Penal de Gorriti no se produjo en el Congo Belga: Jujuy forma parte de la Argentina. Las graves violaciones a los derechos humanos con personas torturadas en penales jujeños, tres jóvenes sin uno de sus ojos producto de las balas de goma policiales, y más 160 pedidos de habeas corpus tendrán severas derivaciones para el Estado Nacional, no para Morales y su séquito.
Justo un día antes de la cacería del jueves, el PJ local con Rubén Rivarola a la cabeza sesionó en la Legislatura jujeña y se quejó por los cortes de rutas. Con una tibieza vergonzante dirimieron la idea de Morales de crear una Comisión Investigadora con nueve legisladores sobre los sucesos del 20 de junio. Poco antes, el secuaz de Rivarola, Guillermo Jenefes, le dio espacio en su canal privado a Morales para “restablecer el orden”.
La persecución en Jujuy, más allá del Poder Judicial y la Policía como caras visibles, cuenta al parecer con absoluto respaldo de los poderes Ejecutivo y Legislativo. ¿La democracia? Ojalá la respuesta no llegue demasiado tarde.
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