CABARET

 

Una de las primeras películas "de grandes" que me dejo ver mi papa fue Cabaret, inolvidable musical de Bob Fosse, protagonizado por Liza Minnelli, Michael York y Joel Grey. Debo ser justa, yo era muy chica y no entendí nada del dramatismo de esa película ni buena parte del argumento. Tuvieron que pasar más de 10 años para que una Graciana más adulta comprendiese la película. Pero cuando era todavía chica amé de todos modos, y con locura, sus números musicales, con la inocencia infantil de haberme deslumbrado con algo muy bello, aun sin comprenderlo.

Hay algo indescriptible en esos personajes maquillados como muñecos, en el ritmo atrapante de las canciones y en el tono oscuro de la escenografía. Y en el clima sórdido en el que se desarrollan las escenas musicales. Y la certeza intuida del divorcio entre lo que se ve en el escenario y lo que le sucede a los personajes fuera de él.

Un poco como lo que vimos estos días en el Poder Judicial y sus alrededores.

 

 

Digo esto y lo primero que viene a mi cabeza es la foto de Elisa Carrió emperifollada y al mismo tiempo demudada, porque no pudo asumir como presidenta de la comisión bicameral del Congreso encargada de controlar al Ministerio Público Fiscal. Lo primero para decir es que este año la presidencia de la Comisión le correspondía a los Senadores, ya que la saliente presidenta —Graciela Camaño—  pertenece a la Cámara de Diputados y el acuerdo es que la presidencia se alterne entre diputados y senadores. Cosa que señaló Pichetto al ser consultado sobre lo sucedido. O sea que la historia de esa presidencia comenzó con el planteo de una excepción a la norma que pidió para sí misma la diputada Carrió.

Una notoriamente despechada Elisa dijo: "No necesito este cargo para ser nada, tengo el poder y la autoridad suficiente para ser fiscal de la Nación sin necesidad de ocupar un cargo". Alguien debería ser caritativo y  recordarle a la diputada que el cargo "fiscal de la Nación" existe y hoy lo desempeña interinamente el doctor Eduardo Casal. Y que ocupar ese cargo legalmente no requiere tanto poder y autoridad como un modo de designación previsto por la ley y que en el caso de la diputada Carrió no se ha cumplido.

La furia absurda e inmadura de Carrió busco rápidamente canales de drenaje. Y se desató contra Germán Garavano, Ministro de Justicia, a propósito de las declaraciones del ministro y con los jueces que dictaron la absolución de Menem en la causa por la venta de armas. El borrador del pedido de juicio político de Carrió contra Garavano es cuanto menos curioso. Comienza diciendo: "Este juicio político no es por dichos sino por hechos." Y pasa a imputarle conductas que no resultan siquiera novedosas. Primero la actuación, por demás reprochable por cierto, del ministro en la causa AMIA. Pero que refiere a hechos ocurridos y hechos públicos en marzo de este año, es decir hace mas de siete meses... Otro motivo alegado es la supuesta relación espuria de Garavano, la familia Mahiques, Angelici y Sergio y Javier Fernández. Y señalo de nuevo, ninguno de los hechos denunciados son nuevos o poco conocidos. Por qué denunciarlos ahora y no en su momento escapa a la comprensión de cualquiera que lea el pedido. También denuncia a Garavano por tener de asesora ad honorem a la ex procuradora de la provincia de Buenos Aires, Maria del Carmen Falbo, citando como antecedente una resolución de Sandra Arroyo Salgado de junio del 2016. En conclusión, de la lectura del borrador, que por cierto es un cocoliche indigerible e incoherente, solo se observa una manifiesta voluntad caprichosa de pelear con Garavano.

Intuyo que la verdadera razón de tanto enojo no es ninguna de las malamente enunciadas que expresa Carrió. Es el enojo porque todos en el Congreso afirman que Cambiemos operó en contra de la posibilidad de que asumiese la presidencia de la Bicameral de Ministerio Público. Y ello tiene más que ver con los planes futuros que el gobierno tiene para el Ministerio Publico, que incluyen retirar el pliego de Weinberg de Roca, quien fuese propuesta por Mauricio Macri para dicho cargo y cuya nominación no ha logrado reunir los votos suficientes para ser aprobada. Y también la certeza de que el nuevo fiscal que intentará designar el gobierno probablemente si será alguien cercano a Angelici. A eso se refería Elisa Carrió cuando dijo en sus días de paroxismo “El Presidente va a tener que elegir entre la línea Angelici o Carrió: elige o cae". La remoción de sus cargos en la AFIP a personas reputadas como informantes de Carrió no mejoró las cosas, por cierto.

Voy a señalar que no pretendo defender a Garavano, a quien considero un mal ministro, pero sí señalar que lo que pasó en el escenario de los medios no tiene nada, pero nada que ver con lo que sucede cuando esos personajes se bajan del show. Y también señalar que la poco feliz frase de Elisa Carrió respecto a que lo dicho sobre la exigencia de la renuncia de Garavano al Presidente Macri "era broma" y que pensaba posponer el pedido de juicio político al ministro en cuestión “para distender", me hace preguntarme algo: la República de la que habla tanto Carrió, ¿admite malos ministros, designaciones irregulares de jueces e impunidad en la causa AMIA para distender? Cosas veredes, Sancho, que non crederes...

Creo con honestidad que Carrió no va a romper su alianza con Macri, al menos mientras Macri tenga poder. Porque es la primera vez en su vida que Carrió está cerca del poder, y puede sentir que lo ejerce y que la prensa le presta atención. Tensiona la alianza hasta que descubre que Macri podría prescindir de ella y recula en chancletas, bochornosamente. Cierto grave trastorno narcisístico parece tener más incidencia en su conducta que la República que, a luces vista, le importa muy poco.

Otros que nos tuvieron mirando absortos el espectáculo del Kit Kat Club —el mítico cabaret de Cabaret— fueron los jueces de la Corte Suprema. Todo empezó con la remoción de Lorenzetti como presidente de la Corte, inesperada sobre todo para el propio Lorenzetti. Pocos días después el CIJ, que es el centro de información judicial que publica las sentencias, dejó de funcionar. Muchos reclamamos por eso, porque las publicaciones del CIJ son una herramienta de trabajo para muchos de nosotros. Hace unos días Rozenkrantz, actual presidente de la Corte, dictó una resolución envenenada exigiendo la restitución de material a dicha oficina y señalando bastante explícitamente que Lorenzetti la había vaciado. La respuesta no tardó en llegar y fue una nota también ponzoñosa de Lorenzetti diciendole a Rozenkrantz: "El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea”. El jueves pasado ambos ministros de la Corte fumaron una tensa pipa de la paz y se generó una estructura que administrará el CIJ.

Alguien debería recordarles a los ministros de la Corte que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Porque en épocas de profundo desprestigio del Poder Judicial, ver a la Corte Suprema convertida en un conventillo vergonzoso fue un espectáculo difícil de digerir para buena parte de los abogados en particular y de los ciudadanos en general. Un papelón innecesario.

Nobleza obliga a decirlo: Carrió se sumó encantada al conventillo al denostar a María Bourdin, ex directora del CIJ. Voy a señalar esto: al CIJ conducido por María Bourdin se lo puede criticar por mil cosas ciertas como la editorialización de los comentarios a los fallos de la Corte, o la publicación sesgada de sentencias, por dar dos ejemplos. Pero es absolutamente repudiable que la agresión de Carrió a Bourdin haya sido, nuevamente por alusiones a aspectos que no tienen nada que ver con su carácter de funcionaria pública, sino en todo caso a temas que hacen a su vida personal. y que por cierto y además, me consta, son falsas. Y que implican un acto de violencia contra la familia de Bourdin. Irresponsables comentarios. Irrespetuosos también. Y tan llenos de una violencia machista por la condición de mujer de María Bourdin, que merecería que las asociaciones y colectivos de mujeres hicieran público su repudio a los dichos de Carrió. Yo lo hago. Repudio expresamente las machistas agresiones de Carrió hacia María Bourdin. Porque me parece intolerable que hoy en la Argentina dejemos pasar esas cosas. Y porque como mujer no estoy dispuesta a tolerar esos comentarios.

En medio de tanto lío, los miembros de Iniciativa Justicia también fuimos a la Corte Suprema. Hubo una amenaza de bomba y nosotros nos reíamos, preguntándonos si la amenaza sería Carlos Beraldi, que quedó adentro del Palacio de Tribunales con las hojitas firmadas.

Fuimos porque estamos hartos de filtraciones de escuchas telefónicas de las que nadie se hace cargo. Que comenzaron a producirse cuando Macri trasladó la Oficina de Escuchas desde el Ministerio Publico, en el marco de la batalla contra Gils Carbó, a la Corte Suprema. Darle esa función al Poder Judicial era sin duda un dislate absoluto. Incapaz de garantizar la cadena de custodia de las escuchas, escuchamos las charlas de muchos en TV. Denuncias cruzadas, sorteos dudosos y la intimidad de las personas, derecho de rango constitucional, vulnerada por el propio Poder Judicial.

Por eso desde Iniciativa Justicia pedimos que la Corte Suprema ordene la intervención de la Oficina de Escuchas. Que la Bicameral de Organismos de Inteligencia designe tres interventores con conocimientos técnicos y solvencia ética y profesional en la materia. Que ordene una auditoria exhaustiva sobre sus convenios y funcionamiento. Porque nos preocupó enterarnos de que la Oficina de Escuchas había suscripto, por ejemplo, convenios con la AFIP. Si una investigación requiere de escuchas, el juez las ordena. Si necesita información de la AFIP, la requiere. En el caso concreto. No hay razón para que desde la Oficina de Escuchas se monte una suerte de SIDE paralela con datos reservados,  que ningún juez pidió para ninguna causa. También nos preocupó mucho la noticia periodística que daba cuenta del sistema de designación casi endogámico y claramente despótico del personal de esa Oficina. Y también pedimos que los resultados de dicha auditoria se hagan públicos.

Sally Bowles, protagonista de la película Cabaret, siguió bailando también en Comodoro Py. Esta semana tuvimos dos fallos inexplicables, al menos desde la óptica del derecho. Uno de ellos de autoría del doctor Martín Irurzun, que resolvió enviar la causa por los aportes ilegales de Cambiemos al juzgado con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires. La alquimia por la cual Irurzun convirtió la falsedad ideológica de documentación y el posible lavado de activos en un delito electoral escapa a la lógica de esta abogada. Es como si el triple crimen de General Rodríguez donde fueron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, tan vinculado por los medios de comunicación al financiamiento electoral del Frente para la Victoria, hubiese sido investigado por un juez electoral. Así de ridículo. Así de absurdo. Así de grosera la maniobra de encubrimiento y protección de Cambiemos. Y así de real también.

Otro fallo que no puedo dejar de mencionar es la sentencia firmada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la cual denegaron la excarcelación de Hernán Gómez y de Rafael Llorens, ex funcionarios de Planificación, con prisión preventiva por la causa de las fotocopias del cuaderno de Centeno. El argumento usado para que ambos continúen presos es, para los jueces de Cámara, que aun no han analizado el auto de procesamiento, actualmente apelado y que de ese análisis podría resultar la necesidad de realizar nuevas pruebas. O sea que Gómez y Llorens deben seguir presos porque al juez y al fiscal no se les ocurrieron nuevas pruebas que producir y que por ahí a Bruglia y a Bertuzzi, si se les ocurre alguna cuando traten el tema... Y la mejor parte: también consideran que tanto Llorens como Gómez deben seguir presos... ¡porque aun no apareció el dinero! El nivel de arbitrariedad es inconmensurable. Me cuesta aceptar que el Poder Judicial argentino admita esas sentencias.

A ver si nos entendemos: ni el fiscal ni el juez de la causa de las fotocopias del cuaderno de Centeno han logrado encontrar el dinero, y la consecuencia es que dos personas deberán seguir presas sin que haya ni un solo elemento que las vincule al destino final del supuesto dinero. La causa que investiga Bonadío es un escándalo. Lo que el Poder Judicial argentino está haciendo con la libertad de las personas es más que un papelón, mucho más. Es arbitrario, la negación del estado de derecho.

En el gran cabaret que muchos convirtieron a la justicia federal de Comodoro Py, hay cosas que no cambian. Una de ellas es Bonadío encubriendo a amigos del menemismo. Pasó con la causa AMIA y también con la causa de las fotocopias del cuaderno de Centeno. Un ejemplo es Ezkenazi, a quien fotografiaron cenando alegremente con Bonadío. Otro ejemplo es el caso de José Luis Manzano. En las fotocopias figura una reunión de Baratta, Lazarte y Manzano en las oficinas de este último. El día 23/04/2010. Nadie lo ha llamado a declarar.

 

 

Les dejo un acertijo que me hicieron y que no he podido aún resolver. Hay un empresario famoso, padre de un famoso político, que figura en las fotocopias de los cuadernos de Centeno. Dos desayunos en su casa de Barrio Parque. El que devele la incógnita habrá logrado investigar con mayor efectividad esa causa que lo que hasta ahora han logrado los funcionarios judiciales.

Mientras cerraba esta nota me enteré de que la justicia busca detener a Pablo Moyano por ser parte de una asociación ilícita. Siempre que imputan a alguien de asociación ilícita recuerdo la crítica de grandes penalistas a esa figura penal, tan indeterminada que su constitucionalidad resulta cuanto menos dudosa. También me acuerdo que la figura de la asociación ilícita fue incorporada a nuestro código penal en 1921 y tiene su antecedente en los intentos de criminalizar las huelgas y la sindicalización. En nuestro país la pena inicialmente prevista era muy leve. Fue en 1974 que la pena se agravó, como consecuencia de la violencia política. Sigue siendo un delito difuso, de difícil caracterización y que es usado como instrumento para que en la instrucción se niegue la excarcelación, aunque luego no se llegue a ninguna condena. No conozco la causa por la que se ha solicitado la prisión preventiva de Pablo Moyano. No sé si está bien o mal. Pero si sé que de un tiempo a esta parte, la conducta que califica para ser imputado de miembro de una asociación ilícita es la de ser opositor al gobierno de Mauricio Macri.

Hace muchos años, en el debate por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, explicábamos que ser opositor no da derechos por fuera de la Ley. Hoy tenemos que explicarle al Poder Judicial que ser opositor no quita garantías constitucionales.

Soy abogada. No sé ser otra cosa. Yo que ame —y amo— la película Cabaret, detesto profundamente al Poder Judicial convertido en un Kit Kat Club. No puedo admitirlo. Ni aceptarlo. Ni conformarme. Y creo, desde las entrañas, que la ausencia de Justicia, de garantías y de leyes es tal vez una de las heridas más irreparables que puede sufrir una sociedad democrática.

 

 

Escribo esto con bronca. Con dolor. Y sin resignación posible. En este país donde Milagro Sala lleva más de mil días presa.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí