Caballo que alcanza, gana

 

El 2020 llegó a su final con el alivio de un triple triunfo. Entre vítores y esperanza, como si fueran corredores de cuadreras con dudosas largadas, el sprint de la semana final trajo alivio al pueblo trabajador. Vacuna, aceiteros y la ola verde trajeron fiesta en las calles con sirenas y aplausos por la llegada de la Sputnik V, abrazos en las puertas de las cerealeras mostrando el orgullo unitario de los Aceiteros, un enorme estallido de júbilo en la madrugada feminista del día 30 llena de bailes, lágrimas de emoción y cánticos fervorosos.

Bienvenida la grieta con los representantes del cinismo político y su complicidad con el horror del pasado. Se especuló con un triunfo ajustado en el Senado y terminó fácil. Cuando el reclamo se masifica, con una lenta acumulación de años de debate y organización, cuando se construye colectivamente en código movimientista, sin reconocer más liderazgos que la propia fuerza, el proceso histórico termina derribando todas las vallas.

La demanda de justicia se vuelve imparable cuando el clasismo opresor se hace cotidiano y quienes tienen plata quedan fuera del castigo y del análisis mientras las que son pobres están condenadas a la clandestinidad y la muerte. No hay condena para las escalas sociales más altas que abortan en clínicas privadas con todas las garantías. La fuerza del colectivo verde seguirá permeando las viejas estructuras del campo popular. Género y juventud vs. vejez y patriarcado fueron las alianzas obvias de la pelea en el Senado.

 

 

La votación de la IVE, de 38 votos a 29, no deja ninguna duda sobre el impacto de la “ola verde” en el corazón de la derecha más reaccionaria. Las iglesias y los feudos provinciales deben registrar que con amenazas y malos recuerdos este mundo ya no se sigue sometiendo. El 2020 padeció una etapa donde el poder se imponía sobre la construcción atávica del miedo al castigo. La vacunación 2021 con la pos pandemia y la nueva división internacional del poder da lugar a un nuevo comienzo.

 

La potencia del reclamo unido

Gran victoria de la Huelga Nacional en la Industria Aceitera y de Exportación de Granos. Las cámaras patronales accedieron a pagar un salario inicial de 93.647,51 pesos desde el 1° de enero de 2021 para los obreros y empleados aceiteros bajo el Convenio 420/05. Además se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de 70.178 pesos que se abonará en dos cuotas durante enero y febrero como participación en las ganancias y otro bono excepcional de 90.000 en cuotas para los declarados esenciales y que trabajaron durante la vigencia del ASPO. Se incluye una cláusula de revisión para agosto de 2021.

Para Carlos Zamboni, el abogado obrero de la Federación Aceitera hay cuatro razones que lo explican: “1) Sin dudas el conflicto social más importante del año, queda por verse si será un hito que indicará un camino para el futuro inmediato, si se transforma en un conflicto de época. 2) La pandemia demostró la esencialidad del trabajo, pese a los gurúes del trabajo y las nuevas tecnologías. Sin obreros/as, médicxs, choferes, marinos... sin la clase obrera en las fábricas, en el transporte, el mundo no funciona. Es la centralidad de la relación capital-trabajo. 3) La huelga demuestra fuertemente la potencialidad del poder obrero, de su fuerza estratégica. Y que el método de luchar con la huelga está más vivo que nunca, que su efectividad es indiscutible. 4) Finalmente, es una muestra del debate que viene, ¿cuál es la salida de la crisis? En aceiteros entendemos que es una política de ingresos basada en el derecho a un salario conforme a las necesidades; y para eso va a ser necesaria la unidad de los trabajadores, el conflicto, la huelga.”

 

 

Acuerdos similares a la Federación Aceitera alcanzaron el Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA) y la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), el tridente de lucha en unidad que logró doblar el brazo de empresas acostumbradas a dar batalla contra los trabajadores en todo el mundo y con todos los métodos. El triunfo de la huelga de 21 tensos días, de dura factura, estuvo sostenido sobre las espaldas de los propios trabajadores, con las patronales resignadas al acuerdo buscando mejor ocasión, y permite sentir el alivio de quedarnos con el saque. Se frenó el más fuerte intento del poder concentrado para obligar a la devaluación e imponer su modelo agroexportador con bajos salarios y pocos derechos.

El acuerdo salarial de la rama siderúrgica de la UOM da la pauta de lo por venir: el 39,6% de aumento sobre el conformado lleva el salario promedio siderúrgico en la planta Siderca de Campana a 110.000 pesos, superando lo conseguido en Aceiteros. En 2015 el salario era de 2.400 dólares y ahora están debajo de los 1.000, insoslayable dato computado por los voraces paritarios capitaneados por Paolo Rocca para poner la firma. Buen salario para lo que se está pagando en el mercado laboral, muy por debajo de lo que dejó el dólar de Cristina, que aproxima la idea de la amplia franja que hay que recorrer para llegar a aquel estándar. Desde lejos, Antonio Caló prepara el año electoral de la UOM montado sobre un triunfo que obtuvieron seccionales siderúrgicas que miran con desprecio su gestión.

 

La salud es una cuestión de Estado

El personal de guardia junto con el de las terapias intensivas, de ambulancias que trasladan contagiados y quienes manipulan muestras de coronavirus en los laboratorios conforman el primer grupo de riesgo a quienes están destinadas las 23.100 dosis iniciales de la vacuna rusa en la Ciudad de Buenos Aires. Fabiana Geliberti se recibió de médica en 1993 y desde 1995 forma parte del Hospital Argerich, en La Boca. Especializada en gerontología y cuidados paliativos, integró el grupo de los primeros cinco trabajadores y trabajadoras que recibió en CABA la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. “Fue un alivio. La palabra es alivio”, definió la médica, en diálogo con Tiempo Argentino.

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud señaló que “no hay espacio para la especulación política” y se pronunció en apoyo a la campaña de vacunación que inició con la llegada de la vacuna. La segunda ola amenaza con ser peor y la sociedad ha bajado la guardia. Sólo los países que muestran firmeza frente a la pandemia están transitando la peste con costos atenuados. Uruguay se cerró al turismo, que es su principal fuente de divisas. Cuba hace lo mismo, Francia e Inglaterra meten toque de queda y nosotros seguimos discutiendo el pecado de ser jóvenes como si fuesen ajenos a la puesta en marcha de las aperturas.

La vicepresidenta puso en cuestión la distribución de los recursos de salud y reavivó un debate que planteó el propio Juan Perón y pretendió ejecutar Aldo Neri durante el gobierno de Alfonsín. No es fácil porque para los sindicatos es un salto sin red. Los aportes de los trabajadores están en la base del poder que concentró la medicina privada.

 

 

El sistema de salud contó con una inversión histórica del Estado, que multiplicó varias veces los recursos y aportes del sector privado. Pero el peso del riesgo y del agotamiento recayó sobre los hombros de cientos de miles de profesionales y trabajadores de la salud que se ocuparon a destajo, muchas veces en condiciones degradantes y peligrosas, y en demasiados casos a cambio de un salario que está lejos de cubrir la canasta básica. Dejaron en el camino más de 400 vidas de médicos, enfermeras y ambulancistas, que hoy están ocultos tras los números generales de fallecidos.

Con la desregulación menemista de los ‘90 se adivinaba el colapso: las prepagas se llevaron la “crema”, los asociados a las obras sociales sindicales con mejores salarios y los trabajadores más sanos, que son los que menos salud consumen. Dejaron en las obras sociales y en el sistema público a los de menos recursos, con más cargas familiares y a los mayores, que son los que requieren mayor atención y originan más gastos.

Una casta burocrática negocia sus propios beneficios con tercerizadas y grandes monopolios de la salud y los enfermos y los más viejos son rechazados del sistema privado junto a los trabajadores de bajos ingresos, una fórmula que baja la recaudación y aumenta los gastos. Que el resultado sea hospitales desbordados y sindicatos fundidos no puede sorprender a nadie. La reforma se ve venir, sólo hay que descubrir las jugadas de los rivales para anticiparse.

 

Luchas globales, problemas federales

Empieza el 2021 y los desafíos están sobre la mesa. Se aproximan nuevas batallas de cuyo resultado final dependerá el rumbo de la historia. Sesenta mil trabajadores de Google lograron crear un sindicato de empresa tras años de organizarse en secreto. De un universo de 260.000 empleados, efectivos algunos y la mayoría tercerizados, cuentapropistas y monotributistas, decidieron enfrentar al gigante informático y discutir tanto condiciones laborales como discriminación y acoso sexual. Enormes huelgas obreras y campesinas conmueven a la India. Medidas de lucha transnacionales obligaron a ceder salarios con cuentagotas al gigante Amazon de Jeff Bezos. Ya no es mala palabra la sindicalización.

Nada diferente sucede con los trabajadores jujeños de Mina El Aguilar que marcharon desde la boca del socavón en el altiplano hasta la plaza central de San Salvador para exigirle a Gerardo Morales que arbitre los medios para seguir extrayendo minerales. La multinacional Glencore declaró agotada la mina y despidió a 600 trabajadores. Ahí nomás los municipales del SEOM jujeño realizaron un paro activo con movilización a Pampa Blanca, contra el oficialismo encabezado por el intendente Bruno Monzón que pretende despedir y anular derechos aplicando contratos con vencimiento y liquidación irregular de haberes. Parecido a lo que pasa con los estatales de Chubut, que lanzaron una huelga hasta el 11 de enero por el cobro de los salarios y el aguinaldo.

 

 

El gobierno enfrenta más lockout patronales que huelgas obreras. Un delito patronal contra un derecho constitucional. Si agregamos las huelgas provocadas como la de los aceiteros para no afrontar el costo del lockout abierto, las empresas resienten la economía del país buscando disputar sus ganancias sin ningún miramiento. El todopoderoso Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, vende Edesur de apuro al grupo Vila-Manzano. La excusa es que el negocio energético no promete ganancias para los próximos años. La realidad es que durante el macrismo se permitió todo y ahora vienen las investigaciones.

El “paro” de las agropecuarias para defender la dolarización del maíz que se produce y consume en la Argentina pone más leña al fuego. El periodista Mariano Martín señaló con acierto la idea de que “en una huelga el trabajador pone en juego su salario, su sustento, como acto defensivo o frente a una expectativa de mejora”. “Dejemos de llamarle paro a un lockout patronal que no le ocasiona pérdida alguna al que lo hace”, propuso.

 

La Coopi se defiende

En este mapa de batallas el gobierno cordobés de Juan Schiaretti, peronista de discurso y neoliberal como el mejor, avanza aceleradamente para destruir una de las experiencias colectivas más desarrolladas: la Cooperativa Integral de Servicios Públicos de Carlos Paz. De más de medio siglo de vida y recuperada con la democracia por una conducción pluralista, nacida de la experiencia de las juventudes políticas en tiempos de Alfonsín, tiene a su cargo la provisión de agua corriente, gas y telefonía para la creciente población serrana.

 

 

Desde que asumió su segunda gobernación, Schiaretti no ha dejado de hostigar a la cooperativa con el claro propósito de privatizar el servicio y cederlo a los poderes económicos que él mismo representa. No es sólo el servicio de agua de lo que se pretende despojar a la Coopi con fecha 26 de febrero de 2021; seguirá el servicio de cloacas como en estos días ocurre con el servicio de gas: los mismos gobernantes liquidan una empresa solidaria, estatal y cooperativa, de capital no lucrativo y totalmente superavitaria.

La destrucción de la Coopi podría dejar a 400 familias sin trabajo digno, empleos precarizados en un municipio que no garantiza salarios ni condiciones laborales aceptables y deterioro de la economía local, ya que los usuarios son los dueños de la cooperativa. Las movilizaciones populares en la villa serrana hacen albergar la esperanza de que esta experiencia comunitaria de probada eficacia pueda sobrevivir al instinto político carroñero del gobernador.

 

Palo y palo por nuestros derechos

La nueva fórmula de movilidad jubilatoria se convirtió en ley y se restauró el cálculo que permitió durante ocho años mejorar el poder de compra de los adultos mayores llevándolo al tope de la región. El gobierno de Mauricio Macri lo hizo descender a las últimas posiciones y ahora se impone retomar la senda de la recuperación. Entre los argumentos del oficialismo se sostiene que el 70% de jubilados que ganan la mínima superaron la inflación de este año (los que ganan algo más perdieron mucho). En el camino quedan los puntos perdidos durante el gobierno anterior, que descompaginaron los ingresos de 17 millones de ingresos familiares con un durísimo costo social. La fórmula discutida abarca a siete millones de jubilados además de diez millones de AUH y otras prestaciones. Las actualizaciones serán trimestrales. Nada alcanza en un país con la mitad de su población bajo el índice de pobreza.

La última sesión parlamentaria del año marca la reacción política de un gobierno recién inaugurado luego de un año de hostigamiento sin tregua. No hubo devaluación, no hubo concertación, no hubo ruptura política al interior del Frente gobernante: el futuro queda abierto para transitar los cambios.

El reacomodamiento de los poderosos grupos económicos da la impresión de que con el 2021 llega un nuevo escenario plagado de desafíos y prometedor de fuertes tensiones. Quienes desde las representaciones sindicales no tengan poder organizado, decisión política de luchar por los derechos de sus representados, empezando por el salario, o representación legítima de las bases --al decir de CFK--, deberían buscarse otro laburo. El país que viene requiere un movimiento obrero comprometido y presente. Enfrente, el poder derrotado en las urnas no está dispuesto a retroceder, aunque sus contradicciones se vayan agudizando.

Con la capital del mayor imperio del mundo envuelta en un escándalo sin precedentes con pretensiones de golpe de Estado, en nuestro país los reclamos por la libertad de los presos políticos sube de tono y empieza a colar por los ministerios implicados donde los máximos funcionarios parecen no funcionar como se debe. El sueño de una mesa de concertación donde se sienten todos se va convirtiendo en un reducido escritorio donde se reunirán los vencedores a imponer las condiciones para definir el devenir de todos los argentinos. Cuando las brutales bestias del mercado sean puestas en caja, recién será posible convocar al Consejo Económico y Social, con todos los sectores populares que dieron esta dura batalla del año que se fue.

 

 

 

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