Cabalgando los negocios

Con ministros como Aranguren, ¿quién necesita amigos?

 

La sociedad política entre el presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía Juan José Aranguren se basa en los negocios. La resolución 21/2016 de la Secretaría de Energía dispuso que se licitaran grandes cantidades de centrales. La familia presidencial y los aportantes a la campaña proselitista de PRO se han beneficiado con las licitaciones de esas centrales. Por eso a Macri no le preocupa que su ministro deje su fortuna de 88 millones de pesos en el exterior aduciendo que no tiene confianza en el país que gobiernan. Según el presidente, Aranguren “dejó su actividad privada donde le iba muy bien, donde estaba muy bien remunerado para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas”. Pese a los tarifazos, los cortes de electricidad van en aumento pero cuentan con blindaje mediático, al igual que los negocios que aquí se describen.

Aranguren concedió a la empresa UGEN Energy la instalación de una central térmica generadora con capacidad instalada de generación termoeléctrica de 150 megavatios en la localidad de Barker, partido de Benito Juárez, lindero de Tandil, donde nació Macri. Esa misma planta había pretendido emplazarse en Tandil, donde la empresa arribó a mediados de noviembre de 2016, pero debió retirarse por el rechazo de la población. A la velocidad del rayo cambió el emplazamiento por Barker.

UGEN Energy es propiedad de MSU, lo mismo que UENSA, adjudicataria de una central similar en Villa María, Córdoba. MSU son las iniciales de Manuel Santos Uribelarrea, padre e hijo. Según su página institucional http://www.msu.com.ar/en/index.php, el Grupo MSU está entre las principales empresas agropecuarias de Sudamérica. Opera campos en 265.000 hectáreas de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una producción que se aproxima al millón de toneladas anuales de granos, además de ganadería.

El 17 de enero de enero de 2017 el apoderado de UGEN, Jorge Campagnolo, informó al intendente de Benito Juárez, Julio César Marini, que la usina se instalaría en un predio de 10 hectáreas sobre la ruta provincial 80, del que adjuntó el boleto de compraventa. Pero apenas ocho días después comunicó a Marini que “el predio en cuestión se encuentra dentro de un proceso sucesorio”, por lo cual lo reemplazaría por otro, de 12,5 hectáreas, del que también adjuntó el boleto de compraventa.

 

 

 

Hasta aquí, nada sorprendente. Todo cambia cuando se sabe que el nuevo terreno fue adquirido a la familia presidencial. Más específicamente a la Sociedad Anónima Financiera y de Inversión Cabalgando, que dirigen la tía y la prima hermana del presidente Macri, Graciela Quintans de Blanco Villegas y Luciana Blanco Villegas. La empresa adjudicataria “pertenece a la familia sojera Uribelarrea, aportantes a la campaña de Macri y objetados por la tala de bosques nativos”, sostiene Mauro Jáuregui, militante activo de la asamblea en Barker consultado por El Cohete a la Luna. Ciudadanas y ciudadanos del lugar presentaron una acción preventiva de daños. “El inicio de las obras se ejecutó sin haber obtenido el previo y obligatorio Certificado de Aptitud Ambiental, tampoco cuenta con las habilitaciones de la Autoridad del Agua, carece de inscripción como generador de residuos especiales, no cuenta con el permiso de Descarga de efluentes gaseosos, tampoco contrataron el seguro ambiental obligatorio y la zonificación que pretenden aplicar aún no fue convalidada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires”, describieron en la demanda presentada en septiembre de 2017. “Además no se respetó el procedimiento de audiencias públicas y/o registro de oposiciones que corresponde por imperio de la ley 11.723 y su decreto reglamentario”. El juzgado federal de Azul con competencia sobre la localidad de Barker se declaró incompetente, por esta razón se apeló y fue elevado a la cámara federal de Mar del Plata que todavía no resolvió.

Una vez obtenidas las licitaciones, las sociedades energéticas de los Uribelarrea consiguieron un crédito por 230 millones de dólares, sindicado por los bancos Galicia y la filial argentina del ICBC de China, con participación del banco Macro, del Banco Hipotecario (de Eduardo Elsztain, donde comenzó su impresionante carrera Marcelo Mindlin) y del Banco de Crédito y Securitización (BACS, cuya mayoría accionaria pertenece al Hipotecario).

 

 

Según el boleto de compraventa que figura en el expediente, UGEN Energy pagó 800.000 dólares por la adquisición de las 12,5 hectáreas. Como informó en El Cohete a la Luna su director, Horacio Verbitsky, “el Grupo Agropecuario Blanco Villegas integra la cúpula de los mayores propietarios del país, con 26.381 hectáreas en la provincia de Buenos Aires”. Son “propietarios de las sociedades Cabalgando, Quequén Grande, Agropecuaria San Juan de Deane, Las Tijeretas, Los Aperos, El Tinglado, El Jilguero, El Patacón, La Cebadilla, La Reserva y cuatro condominios. Jorge Alberto fue presidente de la Unión Industrial, por su armaduría de kits importados, instalada en el paraíso subsidiado de Tierra del Fuego. También fue concesionario de FIAT cuando los Macrì dirigieron su operación y presidió el Banco Comercial. Difícil encontrar mejor paradigma de la oligarquía diversificada que describe en sus trabajos teóricos Eduardo Basualdo”. Jorge Alberto Blanco Villegas murió en 2011, cuando su hija Luciana tenía 20 años y estudiaba Economía e Historia en la Universidad Nacional de Buenos Aires, carreras que abandonó para atender junto con su madre los negocios familiares, entre ellos la cabaña ganadera Huaca Curú. Igual que el primo Mauricio, Luciana idealiza el campo. “Desde chica fue una gran parte de mi vida. Mi papá todos los viernes esperaba a que saliera del colegio e íbamos al campo hasta el domingo. Ya es una tradición que me gustaría continuar”, dijo en 2014 cuando Huaca Curú obtuvo el premio a la Gran Campeona Hembra (sic) Angus Argentina, Medallita. La cabaña también se especializa en las razas Polled Hereford y Braford. Luciana le dedicó el premio a la memoria de su padre.

 

 

 

En Benito Juárez, donde también existe preocupación por los daños ambientales al autorizarse las obras sin el debido estudio de impacto ambiental, el trámite por el Concejo Deliberante pasó sin inconvenientes a pesar de que en el expediente elevado para su aprobación —según expresó una concejala— solamente figuraba el boleto de compraventa.

 

 

Otro negocio similar se cerró en los vecinos partidos de Pilar y Escobar, donde se autorizó la instalación de una usina en cada municipio, en una zona evidentemente urbana y residencial, donde hay escuelas, sanatorios, polideportivos. Esto produjo la reacción popular que hizo posible que se dicte una medida cautelar de clausura para las dos y un fiscal con competencia en esa jurisdicción inició una investigación penal. “Tan sólo un mes después de que el Gobierno abra licitaciones para crear plantas energéticas nació Araucaria Energy SA. Forma parte del Grupo StoneWay. Araucaria también era un grupo inversor en negocios agropecuarios y financieros, con activos por 280 millones de dólares. “Con un capital ínfimo, un contador público y un joven de 20 años ganaron cuatro multimillonarios contratos entregados por el Estado”, informó Ezequiel Orlando en el sitio web El Destape (https://goo.gl/ekGLMk).

Araucaria Energy SA se presentó para cinco contratos de los que ganó cuatro, en Matheu, Lujan, Las Palmas y San Pedro. Como no contaba con el dinero contrató al abogado Norberto Quintana, del estudio Holland & Knight. Hermano del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el estudio jurídico de Norberto emitió miles de millones de dólares en bonos de deuda de las provincias de Buenos Aires, Chubut y Salta. Esa relación de negocios con Quintana hizo que el gobierno de María Eugenia Vidal convalidara en tiempo récord el cambio de zonificación que había realizado el concejo deliberante de Pilar.

 

 

“Primero sorprende la celeridad y la convalidación de algo irregular como lo es convertir en industrial una parcela que está rodeada de zona residencial con escuelas, hospitales. Segundo, que este cambio de zonificación se realizara sin las obligatorias audiencias públicas”, señaló el abogado Fabián Maggi, representante legal de ciudadanos de Barker y Pilar. “Nunca en todos estos años que llevamos trabajando en cuestiones ambientales vimos una convalidación express, tan rápida, sobre expedientes que llevan años y tienen graves irregularidades”. Para Maggi, el Estado garantiza a esos amigos un negocio extraordinario, ya que pagará durante 10 años un precio muy superior al de la región por la energía que se compromete a adquirir. Cita para ello un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPEC), según el cual el precio medio pactado es de 21 US$/kW-mes, cuando por energía generada con la misma tecnología se pagan 8,5 US$/kW-mes en Chile y 6 en México. Queda clarísimo a quien vino a arreglarle los despelotes el eficaz Juanjo Aranguren.

 

 

 

 

 

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