Bullrich, el FBI y el desierto genético

 

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cosechó sopapos desde su propio espacio político, luego del intento de imponer el sistema informático del FBI como standard nacional en materia de genética forense.

Menos de una semana después del infructuoso Simposio Internacional de ADN Forense organizado por el Ministerio de seguridad y el FBI (y a 10 días del contundente revés electoral del oficialismo), la ciudad Autónoma de Buenos Aires salió a desmarcarse abiertamente de Bullrich.

El gobierno porteño se sumó a las 16 provincias que ya emplean el sistema de registro y análisis de huellas genéticas GENIs desarrollado por científicos del CONICET y la Fundación Sadosky.

Con la firma de un convenio por el secretario de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y Presidente de la Fundación Sadosky, Lino Barañao, y el vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli, se terminó de sepultar la iniciativa estadounidense que impulsaban Bullrich y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El mendocino fue el primer y único mandatario en zambullirse por completo en la maniobra del FBI. A fines de 2018 puso en marcha un laboratorio que costó a la provincia 14 millones de pesos y que funciona con el software CODIs y la asistencia del FBI.

La Pampa y Córdoba también instalaron en forma parcial laboratorios CODIs. Y en su campaña por imponer a todo el país y el FBI a toda Sudamérica, Bullrich hizo instalar el sistema de la agencia de investigaciones estadounidense en laboratorios de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional.

Enmascarado como avance tecnológico con standards de calidad internacionales, el CODIs es un verdadero caballo de Troya. Consolidaría el sueño oficialista de enajenar antes de partir un eslabón central de la política criminal argentina. Esta cesión de soberanía supone la entrega de preciosos datos personalísimos de ciudadanos argentinos a los mecanismos de control global de la potencia.

La ministra malhablada, que no sabe detenerse ni siquiera en la derrota, siguió impulsando desde el búnker el dispositivo informático de sus mandantes.

La semana pasada simuló un encuentro internacional de especialistas para impulsar el lobby del FBI en contra de la iniciativa desarrollada por científicos y tecnólogos argentinos, que tenía el respaldo de dos tercios de las provincias.

El evento resultó más parecido a un sketch del grupo de comediantes británicos Monty Python que a un cónclave de científicos.

El impulso ministerial deriva de la firma de un acuerdo desproporcionado entre Bullrich y el FBI (una ministra debería suscribir acuerdos con sus homólogos en jerarquía institucional, no con agencias subestatales) de 2017, sufrió un primer revés en junio con la incorporación de la provincia de Buenos Aires al GENIs.

La incorporación de CABA al GENIs debería ponerle fin a la inercia de la funcionaria. Llamarla a asumir que, salvo la deshonrosa excepción de Mendoza (que llegó a modificar inconstitucionalmente el esquema legal provincial para encastrar al FBI), ningún actor político nacional de peso está dispuesto a participar de una cesión de soberanía tan alevosa.

La Capital Federal se dotará así de su propia base de datos genéticos con finalidad forense y la interconectará con los registros del resto de las provincias que poseen el GENIs.

El registro de la ciudad fue consagrado por la legislatura porteña mediante la Ley 4.114 del año 2011.

La norma cuida que la información genética de esta base de datos tenga carácter reservado y que sea de acceso restringido a las autoridades judiciales competentes en materia de prevención e investigación de delitos.

El desaire a Bullrich desde sus propias filas es signo de nuevos vientos que, más temprano que tarde, terminarán integrando a un registro nacional a la propia provincia de Mendoza.

Cornejo entonces deberá rendir cuentas de la impunidad con que dispuso de fondos públicos para beneficio de una estrategia de vigilancia hemisférica que pone en riesgo la privacidad de datos de sus conciudadanos y enajena parte significativa del proceso judicial argentino.

 

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