Bullrich apunta cañones a La Garganta

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, parte de su gabinete y el jefe de la Prefectura Nacional Argentina realizaron una conferencia de prensa para atacar a la organización social La Garganta Poderosa e intentar desacreditar a sus integrantes.

Este ataque tiene la clara intención de deslegitimar a la organización territorial que viene denunciando un recrudecimiento de la violencia por parte de la Prefectura Naval Argentina en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires y la falta de respuesta estatal. Es también una reacción al juicio oral que se está llevando a cabo en este momento ante el TOC 9 contra seis agentes de la Prefectura acusados por las violaciones a los derechos de Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, quienes fueron privados de la libertad, llevados a la vera del Riachuelo y torturados allí, en septiembre de 2016. Las pruebas de esos hechos son contundentes y los testigos relataron la reiteración de estas prácticas de hostigamiento a los jóvenes de esos barrios y su recrudecimiento en las últimas semanas.

Al mismo tiempo la ministra Bullrich envió un mensaje de amedrentamiento a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), del Ministerio Público Fiscal, acusándolos de tener una mirada anti institucional y de estar cooptados por La Garganta Poderosa. Esto no busca otra cosa que atacar y tratar de disciplinar a la instancia de investigación especializada del MPF.

Los hechos de violencia reiterados que incluyen golpes, amenazas, insultos, hostigamientos y causas armadas han sido denunciados en la mencionada Procuvin, en Atajo y en la Comisión de violencia institucional de la Defensoría General de la Nación. Todas estas instancias están obligadas a investigar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

Una vez más, el Poder Ejecutivo Nacional elige el camino de respaldar el accionar violento de las fuerzas, como ocurrió de manera reiterada en otros casos graves de violencia institucional, como en la muerte de Rafael Nahuel, también responsabilidad de la Prefectura Nacional Argentina. Al mismo tiempo, persiste en su intento de desarticular todo tipo de control —político, judicial y social— sobre el accionar de las fuerzas de seguridad a su cargo.

Por este camino, las autoridades avalan que las fuerzas de seguridad se comporten como barras bravas o grupos de choque en zonas y barrios donde el reclamo es justamente que se bajen los niveles de violencia estatal y social. Así, en lugar de reducir la violencia, la incrementan.

Una vez más, y de manera alarmante, la ministra de Seguridad insiste en contraponer la seguridad y el trabajo policial con el respeto por los derechos humanos. Además, en esta oportunidad buscó asociar a una organización social con el narcotráfico, lo que para este gobierno constituye “el principal problema que tiene la Argentina” y al que utiliza para la construcción de enemigos internos. Esta maniobra, muestra también el enfoque de la política del gobierno contra el narcotráfico: incrementando la violencia en los barrios.

Este ataque a La Garganta busca deslegitimar los testimonios de las y los habitantes de los barrios populares que denuncian los abusos de las fuerzas de seguridad y e intentar poner en duda los procesos judiciales existentes. Es difícil exagerar la alarma que produce que la autoridad civil a cargo de todas las fuerzas de seguridad federales no se dedique a controlar el desempeño de las fuerzas sino a intentar amedrentar a las organizaciones sociales.

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