Buen nombre y honor

 

Tras varios años, las conjugaciones burocráticas pretendieron ensamblarse como cancerberas de la Historia:

Regístrese y notifíquese.

Con esas palabras y su firma al pie, el juez federal Walter López da Silva buscó cerrar una causa judicial que se inició en Bahía Blanca hace más de una década. En septiembre de 2012, un tribunal bahiense que acababa de condenar a una veintena de genocidas de la última dictadura ordenó –como parte del mismo fallo– investigar a la cúpula directiva del diario La Nueva Provincia de la época. Semanas después se conocieron los fundamentos de aquel veredicto: los jueces concluyeron que el medio realizó “aportes esenciales” en operaciones psicológicas y una “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra”, que contribuyeron al éxito del terrorismo de Estado que hasta entrado el siglo XXI sus páginas defendían activamente.

Pero el último día de mayo de 2023, el juez López da Silva decidió sobreseer al empresario y ex funcionario menemista Vicente Massot, único superviviente del grupo directivo de La Nueva Provincia del segundo lustro de los ’70 y el primero de la década siguiente. La fórmula de rigor implicó que se incluyese “la expresa declaración de que la formación de la presente (causa) no afecta el buen nombre y honor del que (Massot) hubiera podido gozar”.

Es una expresión de rutina, una disculpa de la Justicia para quienes padecieron los rigores de un proceso penal sin que finalmente hayan podido acreditarse motivos para ello. En este caso, resulta inevitable que suene a una extralimitación, porque es una obviedad que el juicio último no corresponderá al firmante sino a la propia Historia.

 

 

 

Tiempo al tiempo

En un súbito arrebato garantista, el magistrado se preocupó por “la situación de indefinición” que en materia penal experimentó Massot hasta este sobreseimiento, próximamente apelado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos que hace una década, en mayo de 2013, había solicitado por primera vez la detención del empresario que todavía prefiere llamarse periodista. La detención, vale aclararlo, nunca se concretó.

Massot era por entonces el hombre fuerte del sudoeste bonaerense, aunque hacía ya muchos años que residía en Capital Federal. En los meses siguientes a la imputación, La Nueva Provincia cambió de nombre, frecuencia de aparición, tamaño de impresión y, al menos en los papeles, propietario. Actualmente se llama La Nueva y aparece sólo sábados y domingos. En los días previos al 24 de marzo de 2021, el ahora bisemanario publicó una nota editorial en que ensayaba una autocrítica por su actitud durante la dictadura. Sin embargo, aún no ha cumplimentado lo ordenado en 2015 por el fallo de uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, para que imprima la rectificación de lo (des)informado en 1976 respecto de las detenciones y muertes de nueve víctimas.

En lo relativo a la situación procesal de Massot, el tiempo de indefinición judicial transcurrido desde entonces no es achacable a la querella, las víctimas o la fiscalía que lo acusó. La última oportunidad en que la Justicia analizó pruebas fue en 2016, ya que el expediente pasó por diferentes instancias y durmió en la Cámara de Casación Penal y la Corte durante varios meses por estación, hasta que cada una decidió no intervenir por no tratarse de una resolución de fondo, sino de las apelaciones por una falta de mérito, limbo legal en que se entiende que no existen elementos para procesar pero tampoco para sobreseer. Sin que haya aparecido otra novedad que el tiempo transcurrido, el sobreseimiento apareció.

La posición de la fiscalía es que la elevación de la causa a juicio oral y público hubiera sido la oportunidad de dar, de cara a la sociedad y con todas las garantías, el debate que omitió y pretendió clausurar la resolución del juez López da Silva, quien por cierto escribió cosas peores que las disculpas veladas hacia el buen nombre y honor de Massot. Por ejemplo, la palabra “subversión” sin las comillas que la ubiquen en el léxico falaz de la época. O que La Nueva Provincia podía tener legítimo temor de ser víctima de las víctimas de la dictadura que apoyaba.

La línea general del fallo continúa a la del subrogante Claudio Pontet, un abogado de la matrícula que en 2015 firmó la declaración de falta de mérito hacia Massot. Pontet llegó a la causa no sin cuestionamientos, luego de que una maniobra de la corporación judicial local lograra desplazar a Álvaro Coleffi, secretario de Juzgado que actuó como magistrado subrogante y fue hasta ahora el único que se atrevió a llamar al empresario a prestar declaración indagatoria luego de allanar La Nueva Provincia. Nunca se lo perdonaron.

 

 

 

La Nueva Provincia, ¿víctima de sus víctimas?

Una de las acusaciones contra la cúpula directiva que Massot integraba involucra la concreción de operaciones de acción psicológica destinadas a instalar versiones falaces de episodios de la represión clandestina, distorsionando los hechos o justificándolos, en el marco de lo que desde fines de la década del ‘60 estaba tipificado en reglamentos castrenses.

López da Silva llega a meterse con el filosófico debate entre estructuralismo y post-estructuralismo, al entender que la hipótesis de la acusación implicaría “necesariamente pensar a la población toda como pasiva y acrítica”. Queda claro que cuando el juez piensa en la “población toda” excluye de ese colectivo a las víctimas, que no fueron pocas en el sudoeste bonaerense. Pero además su razonamiento se enfoca –en todo caso– en el grado de efectividad final, no en la implementación de la acción.

Para López da Silva, el “marco de violencia política” que el país vivía hacia 1975 originó “un estado de excepción que culminó con un golpe militar que no fue resistido por una parte de la sociedad sino más bien aceptado, en algunos casos con resignación y en otros con entusiasmo”. En este imaginario plebiscito post-datado, el pueblo aparecería como corresponsable de lo que se gestaba en su contra. Siempre por iniciativa propia, sin estar influenciado por el multimedio más importante de la zona.

Por otra parte, en su resolución del miércoles 31 el juez López da Silva hizo suyas las palabras que en un fallo anterior expresó la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que sostuvo ya no sólo que el grupo directivo de La Nueva Provincia no era autor de operaciones de acción psicológica, sino que resultaba víctima de ellas. Esas acciones habrían funcionado “acentuando sus miedos” respecto de la posibilidad de “creerse blanco de la subversión”, lo que para los magistrados bahienses se basaba en circunstancias objetivas. “La subversión armada era un peligro actual, real y palpable, por lo que la acción psicológica militar sobre ella sólo tendría que acentuar el miedo sin necesidad de convencer”, escribieron los camaristas y repitió López da Silva. Parece equivalente a suponer que La Nueva Provincia fue una víctima dentro de una guerra salvaje entre dos demonios.

Similar razonamiento se aplica sobre los memorándums en que el espía de la DINA chilena Enrique Arancibia Clavel describe pedidos de Massot para realizar “una campaña en los medios que controla sobre la penetración soviética en América Latina” y refiere que los une “una antigua amistad”. Ni la práctica ni el lazo de afecto reconocido por Arancibia Clavel alcanzarían, desde la óptica de López da Silva, para suponer que Massot conociera la verdadera identidad del espía de la dictadura de Augusto Pinochet, a la que el diario familiar consideraba modelo de represión.

 

 

 

 

 

 

El caso de los obreros gráficos

El sobreseimiento de Massot también alcanza a la imputación por un hecho concreto de la represión dictatorial: el secuestro y homicidio de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, en junio de 1976.

El año anterior, Heinrich y Loyola habían sido actores destacados en el conflicto del sector con la patronal de La Nueva Provincia, que comisionó a Vicente Massot “todo trato con el personal”.

Durante 1975 los reclamos derivaron en que el diario no se publicase o lo hiciera con un entintado deficiente, prueba de que en esos días no lograron suplir el oficio de los obreros en lucha. Tanto Heinrich como Loyola habían estado entre los principales apuntados por acciones de inteligencia, que los consideraban parte del “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental”.

 

 

 

Aquel conflicto sindical de 1975 se incluye además dentro de otro aspecto de la investigación, vinculado con el crecimiento que el grupo empresario registró tanto en materia de hegemonía comunicacional como en el plano de su rentabilidad, según reveló el peritaje que la fallecida contadora y economista Judith König realizó para la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) que entonces dirigía.

El estudio demostró que durante todo el periodo dictatorial La Nueva Provincia SRL tuvo resultados positivos, siendo 1976/77 el de mayor incremento respecto del anterior, el primero íntegramente desarrollado en dictadura e iniciado un día después de los secuestros de Heinrich y Loyola.

 

 

 

El trabajo de König permitió además desmentir algunos puntos de la defensa de Massot en su indagatoria, como cuando afirmó que durante todo 1976 no había estado en Bahía Blanca.

Para exculpar al empresario en lo relativo a la acusación por los homicidios de los obreros gráficos, López da Silva recuerda el fallo de Cámara, agregando que “su vinculación con el conflicto gremial es del año anterior (NdR: a los secuestros) y accidental, sumado a que al momento de los hechos había cesado”. El tribunal de alzada entendió, no obstante, que no existían elementos para descartar la falta de mérito, cuya impugnación analizaba.

López da Silva concluyó que sí. Y sobreseyó a Massot. En un fallo de 28 páginas, clausuró diez años de expectativas de familiares de víctimas y sobrevivientes, muchos más de búsqueda de justicia y las cientos de fojas escritas por la fiscalía especializada.

Rosana Heinrich, hija de Enrique, expresó su desazón en un escrito que compartió la regional Bahía Blanca de H.I.J.O.S.:

 

 

 

 

 

 

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