Brindan los apropiadores

El gobierno dio de baja la Unidad de Investigación sobre niños robados durante la dictadura

Por Juan Manuel Mannarino
Foto: Luis Angeletti.

 

Entrados los primeros meses del año, como si fuera un barco sin timón, el clima de trabajo se había hecho extremadamente difícil en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Nadie podía avanzar en la investigación de mujeres embarazadas durante la dictadura y en los casos de niñas y niños nacidos de padres desaparecidos. Las trabas se hicieron evidentes: los trabajadores no podían acceder a legajos del Ministerio de Seguridad, que se había negado a entregar documentación de efectivos de las fuerzas. El espíritu de cuerpo a la hora de boicotear la revisión del pasado era notorio.

En lo que se veía como una clara demostración de poder, a los trabajadores de la CONADI les impidieron recolectar fotografías y acceder a información laboral para armar los árboles genealógicos, misión que el organismo acostumbraba a realizar en el arduo camino de recomponer los entramados de quienes sufrieron persecución. Las excusas eran claras: el gobierno de Javier Milei consideraba tal tarea como una intrusión del Poder Ejecutivo sobre otras instituciones, “un atentado a la Carta Magna” según las palabras de Mariano Cúneo Libarona. En fin, paulatinamente, ya no pudieron contar con los datos necesarios para reconstruir la historia de vida de los desaparecidos por el terrorismo de Estado.

Fue entonces que el anuncio se hizo oficial: la semana pasada el Ministerio de Justicia dio de baja la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado (UEI), un organismo clave que en los últimos años originó más del 60% de los casos tramitados (aquí el decreto que ordenó la baja).

 

 

A partir de allí, las horas pesan agobiantes en las oficinas de la CONADI. La UEI era el organismo estatal encargado de recibir información vinculada a toda situación donde se pueda ver vulnerado el derecho a la identidad de una persona e intervenir según corresponda. “Nuestra misión es trabajar para que cada persona que sufrió –y sigue sufriendo– una violación a su derecho a la identidad pueda encontrarse con la verdad y la reparación, ya sea que se trate de una víctima de la dictadura o del tráfico de niños”, respondieron los trabajadores del organismo en un comunicado sindical.

Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado que el gobierno de Javier Milei pretendía frenar la búsqueda de los nietos. Creen que Cúneo Libarona va a descabezar, más temprano que tarde, el organismo creado en 1992 y hay alarma por su futuro. Desde el sindicato dijeron que lo preveían: hace unas semanas había circulado el decreto presidencial que ahora impide que el organismo pueda investigar y acceder a los archivos.

Según los últimos movimientos en la CONADI, la situación es de total incertidumbre. Mientras en el día a día los trabajadores continúan yendo a sus oficinas, se encuentran esperando que alguien les diga cómo se trabajará, por caso, con las denuncias sobre posibles hijos de desaparecidos que judicializaba la UEI. Nadie parece saber cuáles serán los nuevos canales de diálogo ni cómo se desarrollará el organismo en el futuro. Y en el medio deben revisarse las renovaciones de las plantas transitorias, que las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos prefirieron no contestar ante la consulta de este medio.

 

Alberto Baños, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

 

 

Más allá del desmantelamiento de la UEI, desde ATE y CTA no recibieron otras directivas y se enteraron hace unos días que el Ministerio de Justicia anunció la creación de una Dirección Nacional de Derecho a la Identidad (ver el anexo 2 del decreto 735/2024 aquí) de la cual nadie sabe cómo impactará en el funcionamiento de la CONADI. “Es un retroceso enorme para la búsqueda de los nietos que faltan. El gobierno está avanzando contra todo lo que es derechos humanos”, fue la primera reacción de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas. La CONADI funciona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y se apoya en la Convención sobre los Derechos del Niño que, a través de Abuelas de Plaza de Mayo, reconoció el derecho a la identidad. Entre sus funciones está la de requerir asistencia al Banco Nacional de Datos Genéticos –creado durante la presidencia de Raúl Alfonsín–, ordenarle la realización de análisis y solicitar información sobre sus archivos.

En 2004, Néstor Kirchner firmó un decreto que creó una unidad de investigación dentro del organismo y se la facultó para acceder a todos los archivos estatales. Hasta el presente sigue recibiendo información, de modo confidencial, de quienes tienen datos de un caso de apropiación, al tiempo que atiende consultas de personas que dudan acerca de su origen. En un 90% de los casos la CONADI es la que determina cuáles serán analizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos, por lo que su rol es clave en la trama de los 300 nietos que falta encontrar, de acuerdo a los cálculos de Abuelas. La UEI, en ese sentido, era un auxiliar clave del Poder Judicial que hacía investigaciones preliminares a las denuncias y así fue reconocida públicamente por Pablo Parenti, el fiscal general a cargo de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños y Niñas durante el Terrorismo de Estado.

 

 

De ese modo, entonces, la CONADI suele articular con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Poder Judicial y el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero también realiza un trabajo de acompañamiento en el camino hacia la recuperación de identidad de las personas que tienen dudas sobre su origen. El organismo además investiga otros casos de identidad por fuera del terrorismo de Estado, como los de aquellas madres biológicas que son encontrados por sus hijos. Lo que está mayormente es riesgo, en efecto, es la parte de la CONADI relacionada a los niños y niñas apropiadas por la dictadura. Desde el movimiento de derechos humanos lo calificaron como un ataque al corazón del organismo. “Los hijos de los desaparecidos que faltan quedan vacantes”, se pronunció el nieto recuperado Leonardo Fosatti, que contextualizó que ya habían sido despedidos cuatro trabajadores de la CONADI dentro de los 60 en total de la Secretaría de Derechos Humanos desde que asumió Milei.

“La UEI es la pata del Estado que ayuda en las investigaciones y quien certifica y solicita al Banco Nacional de Datos Genéticos la prueba de ADN para comparar los datos con las familias que ya lo integran”, precisó Fosatti. En los últimos días se conoció un comunicado de la junta interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, bajo el título “¿Dónde están los bebés robados? La búsqueda no se para por decreto”, exigió que se dejara sin efecto el mencionado decreto. “En el contexto del desmantelamiento de las políticas públicas de derechos humanos, sumado a las acciones reivindicatorias de la última dictadura cívico-militar por parte del gobierno nacional, se dio a conocer el decreto 727/2024 que disuelve la UEI como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado de la CONADI”, prosiguió el comunicado.

 

 

Contrariamente a lo argumentado por el gobierno de Milei, que además de descalificaciones como las de Patricia Bullrich –“la CONADI es un organismo militante” – fundamentó que el cierre se debió a una impericia del Poder Ejecutivo en su intromisión en el Ministerio Público Fiscal, la junta interna expresó que jamás existió una impericia. “No nos superponemos con sus funciones: colaboramos con ellas, para darle mayor celeridad y efectividad a la tarea. Nuestra labor cotidiana evita la judicialización, lo cual desembocaría en pérdida de tiempo y recursos, en una búsqueda que lleva más de 40 años. El decreto firmado por este gobierno reduce drásticamente las probabilidades de concretar nuestra búsqueda y, además, somete a miles de ciudadanos a atravesar un proceso judicial”, concluyeron, dando a entender que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, ejemplo a seguir en el mundo según reconocieron organismos internacionales, nunca deja de ser una tarea social.

Por lo pronto, el juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida de no innovar para evitar que toda la documentación que la CONADI produjo en su historia se pierda o destruya, y además le pidió al gobierno que explique cómo resguardará los archivos. Y el senador Wado de Pedro presentará junto a Abuelas de Plaza de Mayo un proyecto de ley para impulsar desde el Poder Legislativo la restitución de la UEI, en tanto que Axel Kicillof se reunió con Estela de Carlotto y anunció que se pondrá en marcha una entidad homóloga bajo la órbita de la administración provincial. Hasta último momento, nada explicó la cartera de Cúneo Libarona acerca de qué hará con las investigaciones que estaban en marcha. La decisión de vaciar de funciones a la CONADI tampoco fue casual: se ejecutó en pleno escándalo por la visita de seis diputados oficialistas a genocidas que están presos en el penal de Ezeiza, “en un contexto de reivindicación de los crímenes de lesa humanidad y de enorme banalización”, agregó Leo Fosatti.

Tal vez sea necesario recordar el complejo trabajo de la UEI para dar una dimensión de la pérdida. Hubo cuatro historias resonantes, por ejemplo, que pasaron casi desapercibidas en las investigaciones de la CONADI. Se suele poner en primer plano los 133 nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo y, en realidad, son 137 casos resueltos en total, contando los de cuatro mujeres embarazadas que fueron asesinadas antes de parir. Lo cierto es que sin el trabajo de la CONADI, en conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de prestigio internacional, las historias no se habrían develado jamás.

Dora Elena Vargas, Olga Liliana Vaccarini, Hilda Margarita Farías y Liliana Beatriz Girardi no llegaron a dar a luz. Fueron asesinadas. Girardi estaba embarazada de seis meses. Vargas, Vaccarini y Farías tenían panzas incipientes. Todas, acribilladas a sangre fría. Los restos de Vaccarini, Farías y Girardi fueron identificados por el EAAF en 2022, 2019 y 2012, respectivamente. El caso de Dora Vargas fue más complejo: no fue a través de restos óseos, sino de pericias en las que el cruce de datos de archivos, prontuarios policiales y datos de contexto permitieron concluir que la muerte había sido antes de la probable fecha de parto.

El camino de la pesquisa requirió una larga duración, sumado a los tiempos lentos del Poder Judicial. Y, en el medio, los genocidas siguieron callando. “Son casos que han llevado años de investigación, trámites y reconstrucción, también tiempo de asimilación por parte de las familias, que en muchos casos han decidido hacer el duelo en la intimidad”, detalla Lorena Velázquez, una de las profesionales que trabajó en los casos. Dice que aunque los embarazos no hubieran llegado a su fin, para la CONADI la identificación permite de algún modo cerrar el caso. En las fichas de las mujeres operaron investigaciones documentales, exhumación de fosas comunes, comparación de huellas dactiloscópicas y decadactilares, entre otras pericias.

En los organismos estatales saben que los tiempos de la memoria se componen de circuitos inesperados, que van y vienen entre el pasado y el presente. Primero, no todos los casos habían sido denunciados. De los 60 casos de mujeres embarazadas registradas en la CONADEP se pasó a 210 en el Banco Nacional de Datos Genéticos y a más de 300 casos compilados por Abuelas. Pero la certeza de la identificación requirió de un entramado complejo, más enfocado en lo cualitativo que en lo cuantitativo. Hubo personas secuestradas en centros clandestinos de detención que vieron a mujeres embarazadas, aunque no conocían su identidad. Muchas de esas mujeres habían pasado a la clandestinidad en sus organizaciones políticas de los ‘70. Sus familias tenían información de posibles embarazos, algunos tenían dudas, otros habían encontrado en sus casas ya abandonadas objetos referidos a bebés como cunas, chupetes y pañales. Otros familiares habían cortado el lazo con ellas cuando entraron en la clandestinidad, por lo que no sabían a ciencia cierta si estaban embarazadas. Y ex detenidos declararon que sus parejas habían sangrado o que se habían hecho un aborto.

Los casos de mujeres embarazadas asesinadas por la dictadura son de los más difíciles en identificar; especialistas aseguran hoy que sin el sostén del Estado quedarán en el olvido. “El EAAF, en rigor, identificaba una mujer pero no tenía información si estaba embarazada –continúa explicando Velázquez–. Entonces llegamos a unificar con Abuelas un banco de datos. Las dividimos entre mujeres embarazadas detenidas y mujeres embarazadas asesinadas”.

Se tardó demasiado en reconocer las historias: algunos procesos tardaron más de veinte años. Se recorrieron archivos policiales, militares y de consejos de guerra, se contrastó con legajos de identidad. “Cuando no había restos óseos, la identificación fue por huellas dactilares”, revelaron desde el EAAF, que tienen una suerte de banco propio de restos a los que no pueden otorgarles identidad hasta que aparezca la muestra genética del desaparecido.

Los archivos públicos, ahora vedados por Milei, fueron una herramienta fundamental para desenterrar, por caso, la versión extendida que presuponía que los militares dejaban a las mujeres secuestradas dar a luz, luego apropiaban a sus niños y los entregaban en adopción a una familia para por último asesinarlas. El patrón, por el arduo y espinoso trabajo de instituciones como la CONADI y el EAAF, se amplió hacia una zona amplificada del horror: los genocidas también acribillaron brutalmente a mujeres embarazadas. Numerosos casos que aún restan identificar corren el riesgo de perderse para siempre.

 

 

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