Bomba

 

Cristina Caamaño ya había hecho correr una circular. Un memo dirigido a los directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el que prohibía el uso del polígrafo. El polígrafo es conocido como la Máquina de la Verdad. La AFI utilizó cinco dispositivos comprados apenas comenzó la gestión de Cambiemos. Se usaron en 2.500 sesiones de interrogatorios regulares a los empleados del organismo de inteligencia para detectar cambios corporales ante posibles mentiras. Los dispositivos miden alteraciones en frecuencia sanguínea, transpiración, pulso y analizan la variación en el modo de respirar. El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich incorporó cuatro dispositivos semejantes para las fuerzas de seguridad. La ministra Sabina Frederic adelantó a este medio que también ella va a prohibirlos. La dinámica provoca terror entre los agentes de la AFI. Una de las mujeres, al sentarse ante un aparato, sintió tanto miedo que habló en términos de confesión de un abuso al que había sido sometida de niña.

Caamaño guardó los cinco polígrafos en una caja fuerte, dentro de una habitación bajo llave. Prohibió su uso en el memo y lo describió enfáticamente como instrumento de tortura. Pero es tal la naturalización entre los espías, que los jefes se resisten a dejarlo. Dos de ellos se acercaron a la interventora durante los últimos días para convencerla de la funcionalidad.

–Ustedes son el mal.

Dijo ella. Y agregó:

–Esto es una tortura.

El mundo de los espías mapeado desde que comenzó su intervención el 21 de diciembre tiene mucho de la imagen de Antonio Horacio Jaime Stiuso en la serie de Netflix. Alguien sin técnica, con oraciones a mitad de camino atravesadas por una risa que no puede parar cuando echa a rodar un mensaje mafioso del que vuelve a reírse con goce perverso. Así parece ser el mundo de los espías. Una máquina boba que se replica por repetición a fuerza de un disciplinamiento basado en el maltrato.

El miércoles a la noche, la interventora daba el tema por cerrado. Cuando se estaba yendo a su casa encontró un sobre cerrado en su escritorio. El sobre no tenía inscripciones. Caamaño lo abrió. Adentro había una carta de una directora. Ella había sido una de las destinatarias del memo con la prohibición de la Máquina de la Verdad. ¿Qué decía la carta? La mujer avisaba que tenía un viaje a México para participar de un ¡curso de entrevistas con polígrafo! Ni siquiera pedía una discusión, ni revisión. Ni permiso. Solo decía que necesitaba autorización para gastos previstos en 8.000 dólares.

–¿Pero no leyó el memo? —se preguntó la interventora, casi de modo retórico. Tal vez sí. Tal vez no. La máquina boba sigue en funcionamiento.

 

 

El traspaso

Caamaño entró por primera vez a la AFI el 23 de diciembre. Antes había pasado a buscar al jefe de Gabinete Santiago Cafiero y habían caminado los 300 metros que separan a la Casa Rosada de La Casa –como se conoce en la jerga de los servicios a la agencia.

Ese día le esperaba una reunión con Gustavo Arribas –el Señor 5 de Mauricio Macri– y con Silvia Majdalani –la Señora 8. La charla fue buena. Se extendió durante casi dos horas. Los dos funcionarios entregaron una carpeta con documentación sobre el personal y los recursos financieros que maneja el organismo. Se fueron con la promesa de ayudar en lo que fuera necesario, y una sonrisa grabada en el rostro.

Después de desembarcar, Caamaño reparó en el organigrama. Miró dos estructuras con elefantiasis. Una era de Operaciones, histórico nicho de Stiuso que durante los últimos cuatro años quedó en manos de La Turca Majdalani. La otra era el área de Jurídicos, que dependía directamente de Arribas.

En Jurídicos había nada más y nada menos que 27 cargos directivos. Toda el área dependía de Juan Sebastián De Stefano, un hombre ligado a Daniel Angelici. El nombre del Enano De Stefano salió a la luz cuando el juez Luis Carzoglio denunció que lo habían visitado para hacerle saber que el Presidente estaba obsesionado con el arresto de Hugo y Pablo Moyano. Iba acompañado de Fernando Di Pasquale, director Operativo de Análisis.

Moyano los denunció. Arribas, Majdalani, Di Pasquale y De Stefano terminaron sobreseidos a finales de diciembre por la Cámara Federal. En el expediente figura la nota –sin fecha ni membrete— que Di Pasquale y De Stefano elevaron a sus jefes. Informaban sobre su excursión a Avellaneda. Decía que Carzoglio les había respondido que no tenía pensado detener a los Moyano, y que ni siquiera había un pedido del fiscal.

“Finalmente se hace saber que en caso de que el Sr. Fiscal solicite la detención de alguno de los Moyano, los escenarios descriptos en la referida matriz de riesgo empezarían a correr el día siguiente de requerida la medida, y se verían intensificados en caso de que el juez de garantías haga lugar al pedido de detención”, concluye el informe.

Los Moyano eran un asunto de la agencia de inteligencia. Jurídicos y algo más.

 

Los hallazgos

Durante los primeros días, Caamaño aprendió que la sede central de la AFI está dividida en tres edificios contiguos, ubicados sobre la calle 25 de mayo. Visitó un par de bases –hay algunas famosas como la “Estados Unidos”, por ser el bastión de Stiuso– y se comunicó con los delegados en las provincias. También conoció a algunos de los representantes en el exterior.

La AFI es una estructura enorme, que tiene hasta su propio gimnasio. Hay espías, administrativos, choferes, camareras, mozos y cocineros. El país puede estar en crisis, pero en La Casa hacían todo lo posible para que no se sintiera. Si un director quería sushi, cumplían sus deseos. Los cocineros, en general, preparan la comida que se sirve en un gran comedor – que quedó de la gestión de Oscar Parrilli. Los platos son abundantes y los agentes pagan un precio simbólico: 20 pesos.

Hay, también, una camioneta que carga las viandas y las reparte por las bases que tiene la AFI en la Ciudad de Buenos Aires. La camioneta no es el único vehículo que surca las calles. De hecho, la AFI tiene 209 autos. Muchos de ellos están blindados. Algunos están en el Microcentro, otros en las bases y muchos otros parados en un estacionamiento en el barrio de La Boca.

La AFI tiene 1405 empleados. Desde 2016, gracias al decreto 656, todos ellos son personal de inteligencia, incluso quienes hacen tareas administrativas o de maestranza. Alrededor de 840, un 60 por ciento de la agencia, ingresaron durante el macrismo. Seiscientos sesenta pasaron a planta permanente durante la última administración: 523 lo hicieron entre las primarias de agosto y el 10 de diciembre, cuando Macri entregó el mando a Alberto Fernández.

Cuando llegó la interventora, ya habían presentado su renuncia 42 directores. Otros la fueron presentando con el correr de los días y a medida que ella iba restando tareas. La Casa vio volver a varios agentes que habían estado en la época de Parrilli. Ya están designados los nuevos directores, que no superan la veintena. Ellos tienen que resolver qué hacer con las incorporaciones del macrismo. Caamaño les dijo que no quiere hacer una purga masiva, pero quiere que analicen caso por caso. El miércoles volverá a sentarse con Cafiero para tomar una decisión.

El método de incorporación de espías en planta permanente antes de la partida también se repitió en el Ministerio de Seguridad. La entonces ministra Bullrich designó en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de su cartera a unas 40 personas, entre ellos su chofer personal. En Seguridad, la ex ministra dejó un problema porque llenó el edificio de topos que reportan a otro lado. En la AFI, las contrataciones representan una bomba de tiempo con un ejército de lealtades más desleales que lo común.

En este momento, la interventora arma un equipo de auditores para trabajar en cuatro frentes urgentes con el objetivo de determinar dónde está parada. Auditoría de finanzas que pondrá la lupa en la caja de fondos reservados. Auditoría jurídica, de recursos humanos y de archivos. Va a convocar a un consejo consultivo, que se conformará con juristas y académicos de renombre.

 

Los cambios

Durante los últimos días, la intervención comenzó a motorizar cambios en algunas prácticas centrales de la inteligencia. Algunos parecen sólo burocráticos pero no lo son. Es el caso de la implementación de un sistema de bancarización para el cobro de los sueldos, que hasta ahora se realiza en negro con la presentación de un papel y una firma. El sueldo promedio de los agentes es de 150.000 pesos, hacia arriba los sueldos llegan a 230.000 y hacia abajo a 60.000. Se cree que esas partidas también contaban con dinero extra producto de la caja de fondos reservados. La bancarización permitirá controlarla, estiman.

Otro caso son las pre-causas. Caamaño quiere anularlas. Es el sistema de investigación parajudicial a partir del cual los espías inician una pesquisa que bordea la ilegalidad adentro de la AFI. Es una investigación que se hace para ver si se detecta un delito, a la que la jerga menciona como excursión de pesca. Si no encuentran nada, avisan al juez y existe la obligación de destruir la información. No siempre sucede. Un ejemplo fueron las escuchas que la AFI hizo a su ex director, Parrilli: no terminaron en ninguna causa, pero se propagaron en los medios.

La interventora también puso el ojo en uno de los temas que mejor conoce: las escuchas. Caamaño escribió el borrador de una resolución para pedir a los jueces que dejen de pedir desgrabaciones a la AFI. Es una decisión en sintonía con la acordada que la Corte Suprema firmó el año pasado en medio de un festival de filtraciones por los medios.

 

 

Los anarquistas

Otro de los ejes más difíciles de estos días fue la revisión de objetivos. Quién es el enemigo. Cuál es la misión. Caamaño convocó a los directores a reuniones. Vio a los responsables de todas las áreas. Ellos explicaron que entre sus objetivos estaban las manifestaciones. Cuando la interventora indagó, escuchó una respuesta detenida en 1910.

Ella dijo que no podían intervenir, léase infiltrarse, en una marcha de trabajadores. Le respondieron que no podían dejar de hacerlo porque en las manifestaciones existen grupos anarquistas.

—¿Y qué? —dicen que preguntó ella. Y escuchó que la razón del peligro es que son los que hacen grafitis en las Iglesias.

Otra vez la máquina boba.

Ella, entonces, replicó.

–Que los corra la policía –dijo—. ¿Qué me importa a mí la pared de una iglesia? Eso no es un objetivo para la seguridad de la Nación. Ustedes están para proteger los recursos naturales, el país, al Presidente, para prevenir atentados por ataques terroristas, pero no un grafiti en una Iglesia.

 

 

Mi amigo el juez

Cuando Caamaño llegó a La Casa, preguntó por la oficina de Stiuso. Entró. Aparentemente ya no existen sus rastros. Lo que supo es que en esa oficina se sentó el ex fiscal Eduardo Miragaya, con licencia médica de cuatro años cuando Alejandra Gils Carbó asumió la Procuración. Y curado repentinamente en 2016 para entrar a la AFI, de donde debió irse cuando sus huellas aparecieron detrás de los testigos truchos que acusaron al juez Sebastián Casanello de reunirse en la quinta de Olivos. Después de su fallida incursión en la AFI, Miragaya volvió al Ministerio Público.

Miragaya es el caso más público del vínculo AFI-Justicia. Una representación de aquello del discurso de Alberto Fernández sobre los sótanos de la democracia. Pero, ¿es el único?

La mayor parte de los espías parecen haber hecho una carrera que comienza en el escalafón del buche o buchón al servicio de otros agentes hasta ingresar a la estructura de Inteligencia formal. Esa parece la media de La Casa.

Sin embargo, hay otros perfiles. Un espía ahora mismo cumple funciones en comisión en un juzgado, a pedido del juez. Y otro es un juez jubilado que fue nombrado como delegado de la AFI en una embajada.

Uno es Alberto Patricio Santa Marina, como publicó Página/12. El Pato Santa Marina. Juez Federal de Lomas de Zamora durante 27 años, entre 1991 y 2018, hoy es agregado en la embajada de España.

La intervención de un espía en una embajada no es nueva. Quienes trabajan en archivos dicen que el delegado de Inteligencia tiene un lugar burocrático de cobertura. Puede fallar, pero esos lugares usualmente son agregadurías culturales. Un ejemplo cercano es Mohsen Rabbani, consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires durante la época del atentado a la AMIA.

Santa Marina tuvo jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza, alrededor del cual orbitaron nombres que rodean a la historia de la ex SIDE. En los años '90, Domingo Cavallo lo acusó de proteger a Alfredo Yabrán, de lo que el ex ministro tuvo que arrepentirse públicamente años más tarde. Santa Marina le inició una demanda por calumnias que tramitó en el juzgado de Juan José Galeano, el juez que terminó condenado por encubrir el atentado a la AMIA.

El 8 de abril de 1994 detuvo a un ciudadano iraní de nombre Khalil Gathea, cuando se encontraba por partir a Estados Unidos con pasaporte norteamericano falso. Gathea estaba teñido de rubio y no hablaba una palabra en inglés. La detención originó una causa con información de un sector de la SIDE que investigaba a un grupo de ciudadanos iraníes. La causa sirvió para instalar lo que más tarde se conoció como la pista iraní. Gathea salió del país autorizado por el juez pocos días antes del atentado. La investigación siguió abierta. Pero nunca se pudo establecer el vínculo con el atentado, pero tampoco con la embajada de Irán. Santa Marina fue una pieza de ese mecanismo.

En marzo de 2015 su nombre apareció ligado a Alberto Nisman. Había ordenado un allanamiento en el aeropuerto, por la filtración de su ingreso. Para entonces buscaba un nuevo destino. En 2014 la muerte de Manuel Blanco había dejado un juzgado vacante en La Plata. Blanco tenía competencia electoral en uno de los 24 juzgados de todo el país. Santamarina se movió para conseguir la vacante.

–¿Y vos qué sabes de materia electoral? –le preguntó un referente del peronismo en la justicia electoral.

–Nada. Pero me banca la Embajada.

Estaba en lo cierto. En junio de 2006 las Charlas de Quincho lo mostraban en la salsa. La escena de una fiesta de despedida del entonces embajador norteamericano en Buenos Aires, Lino Gutiérrez. Néstor Kirchner estaba de gira en Europa. La fiesta "se hacía en el domicilio del empresario Ernesto Gutiérrez (Aeropuertos 2000), quien preparó la celebración en su minimalista casa de La Horqueta que antaño perteneciera al ex tenista José Luis Clerc".

Santa Marina aparece con nombres del eterno presente. Mario Montono. Raúl Plee. Y hasta el propietario del Hotel Sheraton de Pilar, Gustavo Cinosi, a quien la Cancillería menciona como agente de la CIA.

"Llegó tarde quien en ese momento era Presidente, Daniel Scioli, acompañado con su esposa Karina, pero desde el inicio estuvieron Adelmo Gabbi, Cristiano Rattazzi, Alejandro McFarlane, el juez Alberto Santa Marina, el fiscal Raúl Plée, Mario Montoto (casi transfigurado, para bien, con una dieta que le hizo bajar 15 kilos en 10 días), Gustavo Posse, Bruno Quintana, Jorge Britos, Daniel Hadad, Gustavo Cinosi, Antonio Estrany Gendre, Gustavo Ferrari y Fernando Maurette. El embajador en retiro, mientras, sólo confesaba cierta exageración social en la que ahora transcurre su vida, pues a las despedidas deberá agregarles los preparativos de la boda de su hija, en los Estados Unidos, adonde regresa este mes para no volver, mientras la sinecura será cubierta por el encargado Mike Matera hasta que llegue en septiembre el sucesor designado, Earl Anthony Wayne".

Durante la gestión de Mauricio Macri, Santa Marina se sumó a la ola paranoica del ministerio de Seguridad durante las gestiones del G20. Abrió una causa a Hassan Adnan Hamze, argentino con familiares en El Líbano, por pedir un kilo de helado a la dirección donde habían sido detenidos los hermanos Axel y Kevin Abraham Salomon, acusados como parte de Hezbollah y sobreseidos en abril de 2019 por el juez Sebastián Ramos.

Macri le aceptó la renuncia en octubre de 2018. Desde entonces está en la embajada en Madrid, siguiendo temas de terrorismo. Antes de dejar el país le otorgó una entrevista en Infobae a Marcela Losardo. La entrevista giró entorno al narcotráfico y terrorismo. Losardo aún no era Ministra de Justicia. Tiene tiempo de revisar el vínculo con su entrevistado.

La Máquina de Bullrich

En paralelo, Sabina Frederic también encontró la herencia de la Máquina de la Verdad. Bullrich adquirió cuatro equipos en octubre de 2019. Anunció la compra vía Twitter en plena campaña electoral.

 

Por 1° vez en Argentina tenemos polígrafos para los grupos especializados de las cuatro Fuerzas. Con ellos mejoraremos la selección de los agentes que están en la primera línea de lucha contra el crimen organizado ¡Agentes más calificados para llevar adelante los procedimientos! pic.twitter.com/4NWgRjNd6M

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2019

 

 

Según el Boletín Oficial, debían pasar por la Máquina de la Verdad todos los integrantes de las fuerzas que integraban los grupos operativos de lucha contra el narcotráfico. Un universo que iba a alcanzar a 5.000 personas. Sin embargo nada de eso ocurrió. Nunca fueron usadas por las fuerzas especiales. Tampoco se los llevó a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad. Y tampoco se hizo un protocolo de uso. Parece haber sido, más bien, parte de lo que la actual ministra menciona como la espectacularización de la política de seguridad de su antecesora.

Los equipos de Seguridad son marca Limestone Technologies, una compañía que desarrolla la tecnología más avanzada en sistemas de polígrafo computarizados, pudiendo registrar hasta seis canales de actividad en simultáneo con una interface intuitiva en su software para la visualización de la actividad psicofisiológica.

En el ministerio no se encontraron registros de compra, por lo que las autoridades del ministerio estiman que fueron comprados con fondos reservados. ¿A quién compraron? ¿Cuánto pagaron? Aún no se sabe. La rendición de los fondos reservados no contó con datos abiertos. Los polígrafos tienen un valor de mercado de los 7.000 a 8.000 dólares.

Lo que está claro es el destino. Ante una consulta de este medio, Frederic dijo: "Vamos a prohibir su uso y buscar un destino adecuado fuera del ámbito de la Seguridad."

 

 

 

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