Bolsonaro, Macri y los totalitarismos de mercado
El programa de la derecha global y su vertiginosa internacionalización
La historia es la política del pasado, la política es la historia del presente.
John Steeley
Las dos nutridas manifestaciones realizada por Jair Messias Bolsonaro el último 7 de septiembre aspiraban a condicionar a los cuerpos judiciales colegiados que instruyen investigaciones contra el primer mandatario, varios de sus socios políticos y sus hijos. Las movilizaciones, además, buscaron reposicionar a un Presidente que desestimó desde un inicio la gravedad de la pandemia –situación que contribuyó a generar alrededor de 600.000 muertes– y que persevera en profundizar una crisis económica al insistir en la aplicación de políticas de claro cuño neoliberal, ejecutadas por su superministro, Paulo Guedes.
La escenificación montada en Brasilia y en San Pablo pretendió además disimular la caída estrepitosa de su imagen, que los sondeos ubican hoy solo entre un 20 y un 25 por ciento. La crisis institucional se suma a la insuficiencia de políticas de contención económico-social –motivadas por la despiadada austeridad del gasto público–, situación que produjo un brutal incremento de las tasas de desocupación, que en la actualidad incluyen a casi 15 millones de familias. Según los últimos datos demográficos oficiales, la extrema pobreza creció por primera vez en dos décadas, alcanzando al 13 por ciento de los brasileños, unos 27 millones de personas.
Las instancias judiciales encargadas de llevar a cabo las investigaciones contra Bolsonaro son dos: el Tribunal Superior Electoral (TSE) y al Supremo Tribunal Federal (STF) –similar a la Corte Suprema de Argentina–. El TSE y el STF documentan causas que pueden derivar en juicios políticos y/o en imputaciones criminales, una vez que el actual Presidente cese sus funciones ejecutivas en el Palacio del Planalto. Los proceso más relevantes son:
- Las relativas a las denuncias de fraude (pasado y futuro), repetidas sin fundamento por parte del primer mandatario. Una de las causas en la que está imputado se vincula con la afirmación reiterada de que la ex Presidenta Dilma Rousseff triunfó de manera fraudulenta en 2014, cuando se impuso sobre Aécio Neves.
- La segunda está relacionada con las imputaciones engañosas de malversación en los comicios, referidas al próximo turno electoral, a celebrarse en octubre de 2022. Según Bolsonaro, el actual dispositivo de voto electrónico (utilizado desde hace 30 años y nunca denunciado con anterioridad) será utilizado para despojarlo de la victoria. Dicho fraude, sostiene públicamente, cuenta con la complicidad del TSE.
- Una tercera causa se relaciona con la diseminación de noticias falsas, denuncias calumniosas y amenazas contra los jueces del Tribunal Federal, a quienes Bolsonaro intenta presionar para que renuncien.
- La última causa se relaciona con la manipulación de la Policía Federal para evitar que algunos de sus aliados y dos de sus hijos sean investigados por parte de ese organismo de seguridad, en el marco de acusaciones por delitos de coacción, prevaricación, obstrucción de la justicia, corrupción pasiva y tráfico de influencias. La imputación se originó en una denuncia de Sergio Moro, el mismo que logró ascender a ministro luego de encarcelar sin fundamento a Lula da Silva.
El conflicto entre Bolsonaro y el Poder Judicial tiene varios antecedentes. Uno de ellos remite a la desautorización de Bolsonaro, en relación con las medidas ligadas a la pandemia. El STF rechazó en 2019 el intento del Palacio del Planalto de decidir –por sobre los Estados y los municipios– las políticas sanitarias. En un fallo de claro sentido federativo, reconoció la competencia de las instituciones públicas (locales y estaduales) para enfrentar la pandemia del Covid-19. Sin embargo, la irritación de Bolsonaro no tiene como destinatario, únicamente, al Poder Judicial. Sus dardos también se dirigen contra el Congreso, espacio al que le ha costado disciplinar para darle curso a las desregulaciones exigidas por Guedes, las privatizaciones reclamadas por las corporaciones.
El Parlamento rechazó, desde 2019, diversas Medidas Provisionales (MP) –disposiciones ejecutivas similares a decretos– que enfurecieron a quien se presenta como un portador mesiánico del orden. En ambas cámaras legislativas, además, se debaten proyectos de destitución mediante juicio político (impeachment) que el Presidente observa con gran preocupación. Por ahora, el presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, ha logrado detener su ingreso a las comisiones específicas, pero sus propios socios políticos advierten que esa prerrogativa no podrá durar por mucho tiempo, dadas las presiones de los diferentes bloques del centrão, conjunto de partidos pragmáticos cuya única orientación consiste en obtener ventajas clientelistas del Poder Ejecutivo.
Uno de los sectores más comprometidos con las políticas del actual gobierno es el de las empresas agroexportadoras que han sido beneficiadas por Bolsonaro, al permitírseles la extensión de sus posesiones, mediadas por la desforestación, el avance sobre los territorios de los pueblos originarios y el manejo incompetente de los ríos y los humedales. En la última semana, el juez Alexandre de Moraes, integrante del STF, ordenó bloquear las cuentas bancarias de la Asociación Nacional de Productores de Soja, ante los bloqueos de rutas producidos por los terratenientes y sus flotas de transporte agrícola. En la noche del miércoles, un centenar de camiones se encontraban estacionados en el centro de Brasilia, amenazando avanzar sobre la Plaza de los Tres Poderes, para cercar al Palacio de Justicia. El máximo referente de esta iniciativa, Zé Trovão, tiene pedido de captura internacional y, en uno de los últimos reportajes, afirmó que “nuestra lucha es contra el desmantelamiento del STF, es contra Alexandre de Moraes”.
La internacional facha
El desafío al Poder Judicial forma parte de una repetida estrategia del actual Presidente. Arriesgar y tratar de negociar después, pero desde una posición de fuerza. Cruzar los límites y detectar los efectos sobre sus oponentes. Comenzó planificando atentados terroristas mientras era capitán del Ejército y continúa hasta el día de hoy desafiando las lógicas democráticas. Bolsonaro amenaza al Supremo Tribunal Federal sin que los republicanos brasileños –ni sus socios regionales– redacten comunicados de repudio. El que no se mostró concesivo ni hizo silencio frente a la provocación multitudinaria fue el titular del TSF, Luiz Fux, quien afirmó –un día después del malogrado putsch– que el jefe del Estado “había cruzado el umbral de la crítica legítima al instigar el odio y practicar una política del caos”.
“Nadie cerrará este tribunal –subrayó Fux–, lo mantendremos de pie, con sudor y perseverancia. En el ejercicio de su función, el Supremo Tribunal Federal no se cansará de predicar la fidelidad a la Constitución y, al hacerlo, reafirmará, a lo largo de su perenne existencia, su necesario compromiso con la democracia, los derechos humanos y el respeto de los poderes e instituciones de este país”. Según los juristas brasileños, Bolsonaro ha transgredido claramente el artículo 85 de la Constitución, que considera como delito de responsabilidad el atentar contra el libre ejercicio del Poder Judicial, del Ministerio Público y de los Poderes Constitucionales de la Federación. La ley de acusación (1079/50) define como delito criminal susceptible de pérdida del cargo el “proceder de manera incompatible con la dignidad, el honor y el decoro” de la responsabilidad institucional asumida.
Dada la paulatina perdida de legitimidad institucional, Bolsonaro apeló el 7 de septiembre a la justificación divina: “Quiero decir a aquellos que me quieren volver inelegible en Brasilia: solo Dios me saca de allá”, afirmó frente a la multitud paulista. Su invocación a las leyes divinas posee homologías indudables con la denominada teología de la prosperidad (o de la avaricia) tan cara a las versiones conservadoras del catolicismo preconciliar y del protestantismo neo-pentecostal de cariz mercantil. Un mes antes de las manifestaciones promovidas por Bolsonaro, su hijo Eduardo –diputado y uno de los denunciados por Sergio Moro– se reunió con Donald Trump para invitarlo al segundo encuentro, con sede en Brasil, de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CAPC), el foro de organizaciones, think tanks, fundaciones y partidos de extrema derecha nacido en Estados Unidos, que pretende expandirse por América Latina y el Caribe (ALyC). La CAPC fue inaugurada por Ronald Reagan en 1974. Su última edición estadounidense se realizó en el Hyatt Regency de Orlando (Florida), entre el 25 y el 28 de febrero de 2021. El cierre de la conferencia tuvo como estrella a Donald Trump.
Si bien el ex mandatario de Estados Unidos no pudo hacerse presente en la edición brasileña, envió a su hijo, Donald Trump Junior, acompañado de uno de sus colaboradores más cercanos, Jason Miller, el creador de la red social GETTR, monopolizada por los grupos supremacistas, racistas, xenófobos y misóginos. Desde esa red, Miller se dispuso, apenas pisó tierras latinoamericanas, a vilipendiar al Poder Judicial brasileño mientras duró su permanencia en la CAPC. Este último martes, el mismo día que se desarrollaban las manifestaciones convocadas por Bolsonaro, fue demorado por la Policía Federal a causa de una presunta colaboración para organizar la difamación digital de los integrantes del Supremo Tribunal. El operativo fue dispuesto por el juez Alexandre de Moraes, integrante de STF. El discurso final de la CAPC en San Pablo fue pronunciado por Jair Messias, quien fue ruidosamente aclamado por los participantes, provenientes –según los organizadores– de quince países de las Américas y cinco de Europa.
La presencia de Miller en la conferencia dio continuidad a la visita –en julio pasado– de la diputada alemana Beatrix Amelie Ehrengard Eilika von Oldenburg Storch, quien fuera recibida por el Presidente de Brasil en el Palacio de Planalto. Storch es una de las máximas referentes del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD) y nieta de Lutz Graf Schwerin von Krosigk, ministro de Finanzas de Adolf Hitler. Según Patrick Christian Moreau, politólogo francés, Storch es “ante todo una reaccionaria, homófoba, violentamente xenófoba e impulsada por un deseo de cruzada contra el Islam”. El armador de esta red internacional es el tercer hijo de Jair Messias, Eduardo. Cuando concluyó el CAPC con sede en Brasil, desde el escenario, vociferó: “Unidos, vamos a revertir la rabia socialista, que por donde ha pasado deja un rastro de asesinatos y miseria”.
La CAPC y el nexo con Storch de AfD se combinan con la internacionalización de VOX, el grupo neofalangista español que pretende expandir su discurso de odio al interior de ALyC. El último jueves, su máximo referente, Santiago Abascal, firmó en la Ciudad de México –junto a dirigentes y quince de los senadores pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN)– un documento denominado Carta de Madrid, en el que se comprometen a “hacerle frente al avance del comunismo en Hispanoamérica”. Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario azteca, se refirió a ellos como “los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos (…) toda una inmundicia que no tiene que ver con el Pueblo Español y que está tomando mucha fuerza, que es como un retoño del franquismo”.
Dios y el capital
El PAN es presidido por Héctor Larios Córdova, un integrante de la sociedad secreta católica de ultraderecha El Yunque, que posee ramificaciones en toda ALyC, santifica el mercado y no deja de conspirar contra el Papa Francisco, a quien asocian con el demonio. Sus miembros son juramentados en sesiones secretas en las que tienen que comprometerse a lidiar contra enemigos como el “movimiento homosexual, el feminismo, las uniones de hecho, el aborto, el marxismo y, por supuesto, el sionismo”. Niegan las masacres de los pueblos originarios durante la conquista, relativizan el Holocausto y niegan que la Inquisición haya supuesto un crimen.
La internacional de los totalitarios de mercado –la forma hegemónica que asume en la actualidad la ultraderecha global– tiene presencia en Argentina a través de un engranaje regional (anexo a las organizaciones políticas macristas y ultraliberales) compuesto por:
- Fundaciones, asociaciones, instituciones académicas, CPCA, Red Atlas.
- Bloque neo-pentecostal televangelista ligado a la operación del Departamento de Estado para arrasar con las comunidades eclesiales de base y organizaciones de la derecha católica como El Yunque, Hazte Oír, Citizen Go, entre otras.
- Entramado mediático-jurídico: corporaciones de comunicación aliadas a ramificaciones que atienden a segmentos específicos como Visión Liberal o La Derecha Diario.
Todas ellas comparten el atributo de ser totalitarios de mercado. Su dios es el mercado, eufemismo utilizado para no tener que asumir que su deidad es el dinero. Además de esta característica central, comparten (en más o en menos) la necesidad de la desregulación laboral. Enmascaran su desprecio por la democracia al cuestionar la capacidad soberana de la voluntad popular. Enuncian y practican formas xenófobas. Desacreditan el dolor de las víctimas al ejercitar diferentes formas de negacionismo hacia los crímenes de lesa humanidad. Instigan el odio hacia los más vulnerables (planeros) e instalan –haciéndose los distraídos– la aporofobia. Odian a los sindicatos por su capacidad para defender a los trabajadores. Reivindican de forma más o menos larvada un individualismo egoísta que favorece la guerra de todos contra todos. Descubren corrupción en el Estado y nunca en las corporaciones.
Impulsan el sexismo, la misoginia, la cosificación corporal femenina, el desprecio de las disidencias sexuales y la animadversión a la Educación Sexual Integral. Se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo y se presentan como hostiles a aquello que denominan ideología de género. Instituyen relatos familiaristas que postulan como únicos y normales (la familia debe ser fortalecida, no redefinida), con el objeto de resguardar y darle continuidad al secretismo implícito que conlleva el autoritarismo patriarcal violento.
Impulsan patriotismos de clase y alientan la persecución de los grupos emancipatorios (sean estos nacionales/populares, progresistas y/o de izquierda). Instalan masculinidades patoteras e infladas y agreden en los soportes comunicacionales que no les son fieles. Respaldan todas las guerras en nombre de la libertad, incluso aquellas que proponen sometimiento y exacción feroz de recursos de los países invadidos. Cuestionan todo proyecto soberano en nombre de los santos principios republicanos.
Las ultraderechas actuales tienen un común denominador que las hace defensoras acérrimas del mercado. Además comparten varios de los atributos mencionados. En Cómo funciona el fascismo: la política de nosotros y ellos, Jason Stanley advierte acerca de los peligros del acostumbramiento a las actuales corrientes fascistas: “La normalización transforma lo moralmente extraordinario en ordinario. Nos hace capaces de tolerar aquello que una vez fue intolerable, al presentarlo como algo natural”. Es imposible no recordar los últimos párrafos de La Peste de Albert Camus: “Pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa”.
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