Blues del cripto estado
Invisible pero todopoderoso, lleva la delantera sobre el gobierno de lo público
“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”
“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.
Gran parte de los medios de comunicación pusieron la lupa el viernes pasado en las inmediaciones del Palacio de Justicia, porque una persona se resistía al acarreo de su modesto automóvil derivado de un mal estacionamiento. La casualidad quiso que yo estuviese allí. De ese tema hubo algunas cosas que me llamaron la atención. La discusión entre las autoridades de toda índole y el ciudadano fue de película. Éste señalaba una perspectiva de clase en el hecho. Marcaba, con algo de lógica, que había autos de alta gama en la misma situación que el suyo y que los acarreadores elegían el suyo porque era, lejos, el más antiguo.
Los funcionarios, imperturbables, se escondían en la fría letra de la ley y no contestaban la pregunta. En cambio, le explicaban al ciudadano que como él llegó antes del acarreo si probaba que era el dueño del auto, evitaba el mal trago de ver su auto acarreado por la grúa. El problema era que el conductor no tenía los papeles. Esa tensión era insoluble.
Sin embargo, muchas personas se acercaron al lugar. La gran mayoría eran jóvenes empleados judiciales que iban camino a su trabajo, algunos otros abogados que empezaban su rutina de todos los días. Casi todos tomaron partido por el ciudadano que resistía. Gritos, risas, aliento, recriminaciones y muchas expresiones se escuchaban en la agitada asamblea.
Al final, el conductor aceptó la multa y los funcionarios aceptaron no hacer el acarreo. Hubo una aplicación negociada de la ley. Un calco perfecto de un componente del ADN criollo: la ley rige pero en la práctica se la altera.
Repasemos. Un auto mal estacionado dirigido por un conductor que no podía acreditar el vínculo legal. De acuerdo a la ley, era acarreo más multa. Pero la intervención popular en el terreno, más la pericia del ciudadano y la impericia de los funcionarios, culminó con una aplicación anómala de la ley.
A propósito de ello, este pequeño incidente también muestra la devaluación de la palabra pública, de la ley y la ausencia de mediaciones institucionales para resolver los conflictos.
Encima, los que se acercaron al lugar y tomaron partido por uno de los contendientes, eran personas cuyo trabajo es la aplicación de la ley en los tribunales. Los que exigen que se cumpla ayudaban a que se cumpla a medias.
Aquel hecho no exhibe nada que nos asombre. Tampoco nos asombra que bajo la ambigüedad y el miedo que destila la palabra“terrorismo”, nuestras fuerzas de seguridad hayan protagonizado, como mínimo, el papelón del pasado domingo cuando confundieron la acción de dos turistas chilenos (que terminaron siendo artistas reconocidos del otro lado de la cordillera) con una acción terrorista.
La degradación institucional impacta en todas partes. Por ejemplo, en los estadios de fútbol con las barras bravas que eluden cacheos que se extienden a niños. O lo que pasa con los poderosos, que rara vez son alcanzados por el brazo de la ley y otros comportamientos similares sobre los que escribo a menudo.
Vientos de Dolores
No obstante, esos sucesos en su conjunto nos permiten comprender las novedades que el viento trae desde el juzgado federal de Dolores cada día.
Los hechos son harto conocidos. Pero lo que queda es la naturalización del espionaje, la aceptación que los poderes invisibles que no sólo son visibles, sino que tienen un poder muy significativo en los asuntos públicos, sin que ello nos llame la atención.
Hablamos de los servicios secretos, de sus integrantes, de sus conductas y de su penetración institucional, sin hacer muecas de sorpresa o indignación. El debate público se limita a palabras tales como “operaciones”, “carpetazos”, “extorsiones”, “pactos”, "negocios”.
Todas palabras clave en la literatura sobre espías. Ellas son un indicador sobre quién lleva la delantera en la batalla cultural entre la democracia que es el gobierno de lo público y el cripto Estado cuya gramática es la invisibilidad.
Pese a este contexto de corrosión institucional, que se agudiza en el marco de una profunda crisis socioeconómica, las autoridades permanecen en silencio.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia podría ser una víctima del caso D’Alessio, pero la Corte, como cabeza de la justicia, mira.
El Procurador General de la Nación Eduardo Casal, lejos de ponerse al frente de una crisis que impacta en el organismo que defiende los intereses generales de la sociedad, se limita a crear expedientes en la interminable saga administrativa.
El Consejo de la Magistratura está hermético.
Más allá de las actividades que provocaron las comunicaciones del juez Alejo Ramos Padilla, el Congreso como cuerpo aún no hizo nada.
El Poder Ejecutivo ya ni siquiera opina sobre el caso.
Y la sociedad civil, la gente de a pie, permanece encerrada en el marco de sus angustiantes problemas socioeconómicos. Pese a todo, el 80% por ciento de la población descree de la Justicia. Pero la indiferencia y el silencio llevan la delantera aún. Es desalentador el panorama. Nuestra realidad es regada cada día por combustibles inflamables.
Publicado en el blog #DosJusticias
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