Bloqueo a la libertad sindical

 

El 10 de diciembre de 2019 Cambiemos no dejó el poder, sólo el gobierno. Como representantes del poder real, hegemónico mediático y judicial, sus integrantes siguen actuando como si nada hubiera pasado desde la asunción del Presidente Alberto Fernández. Porque estar en el gobierno no es necesariamente estar en el poder. Y cuando se está en el gobierno y no se llevan adelante decisiones fundamentales, aquellos representantes del poder real también inciden en la tarea de gobernar, porque tienen colocados a los suyos: Eduardo Casal, Gerardo Conte Grand, fiscales interinos que se hacen permanentes por falta de decisiones políticas, etc. Es el poder real que tiene la capacidad de simular y hacerle creer a gran parte de la sociedad que llovía cuando MEABA. MEABA es la sigla del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo Argentino, que tiene como referente a la abogada Florencia Arietto de Bullrich, como dice nuestro Director.

 

 

 

 

La empresa Rey Distribución, de la ciudad San Pedro, denunció penalmente a sindicalistas en 2021. El viernes 8 de abril de este año logró que el Poder Judicial dictara las prisiones preventivas del secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de la seccional San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y del delegado del gremio de la ciudad de San Pedro, Fernando Espíndola, por los delitos de turbación de la posesión, extorsión y extorsión en grado de tentativa y coacción. Ariel Rey y su hermano Gustavo, junto a su padre, son propietarios de la empresa distribuidora de alimentos que lleva su apellido. Ariel Rey forma parte del MEABA, fuerza de choque contra la protesta sindical, motorizada y referenciada en el PRO. La abogada Florencia Arietto es su cara visible, pero Patricia Bullrich fue la impulsora.

 

 

 

 

Lo que está ocurriendo con el Derecho, que resulta torcido por cómo se aplica, no es nuevo. En La palabra de los muertos, Eugenio Raúl Zaffaroni enseña que Michelangelo Vaccaro (1854-1937), que desempeñó varios cargos públicos, como el de diputado, y fue profesor de Derecho penal en Padova y en Roma, afirmaba que “el Derecho nunca se estableció para la defensa de toda la sociedad, sino de ciertos grupos o clases. Aseguraba que el poder penal siempre selecciona a los que se rebelan contra los intereses de los grupos dominantes y a quienes no se domestican para las pautas de una sociedad degenerada, lo que provoca una selección inversa, o sea, que deja vivir a quienes por su debilidad se adaptan a condiciones de vida degradadas” (Zaffaroni, 2011:135). En la actualidad, ciertos empresarios se colocan como primera persona del singular (yo) del pretérito imperfecto de indicativo de mear, constituyendo el MEABA.

Maximiliano Cabaleyro, detenido junto a Fernando Espíndola desde hace siete meses en la Unidad Penitenciaria 3 de San Nicolás, acepta la entrevista con El Cohete a la Luna para hablar sobre la causa. El 11 de noviembre, la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui no dio lugar a la excarcelación solicitada por la defensa, aunque en un audio irrefutable se escucha al supuesto extorsionado extorsionando.

—Hace siete meses que están detenidos. Al conflicto laboral se le aplicó el Código Penal. ¿Qué no tuvo en cuenta el Poder Judicial para que ustedes no recuperen su libertad?

—Creo que es por omisión o por criminalizar la protesta. Ciertas personas dentro de la sociedad en la que vivimos desprecian a los trabajadores, desprecian que se pelee por sus derechos. Y tenemos la mala suerte de estar dentro de un juzgado, una fiscalía que tiene un pensamiento similar. Porque de un reclamo laboral… porque hemos realizado procesos respetando la ley 23.551, que es la Ley de Asociaciones Sindicales, en la cual se nos dice que tenemos que mediar, buscar la solución y la mediación para no llegar a conflictos más grandes de los que se tienen. La empresa no lo hizo y el sindicato sí. Sosteniendo, por supuesto, el reclamo de los trabajadores que le pedían al sindicato que se respeten sus derechos. Lamentablemente uno de los artilugios que utilizó la empresa fue ir a la fiscalía, hacer una denuncia, inventar una extorsión, cuando realizábamos retención de tareas. Luego de tener un montón de audiencias en el Ministerio de Trabajo, de llegar a un acuerdo de entendimiento, la empresa iba a pagar la remuneración de los trabajadores que venía liquidando mal. Por ejemplo, las horas extra las pagaba como remunerativas. Lo mismo pasaba con el viático y la comida. Había incongruencias en el recibo de sueldo que no correspondían al convenio. Ellos (por los Rey) se comprometieron a pagarlas y cuando los trabajadores cobraron luego de ese acuerdo, la empresa volvió a cometer los mismos errores que venía cometiendo. Se pide al Ministerio de Trabajo libertad de acción y los trabajadores en conjunto con el sindicato toman la medida de hacer una retención de tareas. Y ahí viene la criminalización de la protesta. Amén de que en un audio en el que la propia fiscal... y en un montón de videos que circularon por las redes, se vio que la empresa siguió trabajando y que lo único que hicimos fue retención de tareas.

—El contexto del conflicto no se puede obviar. ¿Cuándo empieza? ¿Cuál era el reclamo?

—Esta empresa durante muchos años siguió el mismo modus operandi. Cuando tomaban un trabajador, lo tomaban como empleado de comercio, media jornada, por más que trabajara jornada completa. Eso llevó a un montón de reclamos de los trabajadores, porque en principio tenían que estar de ocho meses a un año en la informalidad. Después daban el alta y blanqueaban. Siempre con los artilugios de pagar la mitad de lo que correspondía o mucho menos que la mitad. Nosotros, cuando realizamos la representación sindical por los choferes, allá en 2011, había dos choferes y la empresa tenía cinco camiones. El traspaso de esos tres trabajadores para que sean pasados a la formalidad fue uno de los reclamos que sostuvimos. Y lo hemos conseguido, hasta llegar a doce trabajadores. Empezamos con cuatro. Después, el reclamo que nos lleva hoy a estar detenidos… un montón de situaciones de la empresa con respecto a seguridad e higiene, que era espantosa. El que más detallamos era que había un solo baño para todo el personal, de ambos sexos, un único baño para 42 personas. No había ducha, no había vestuario, no había lugar de descanso, no estaban las salidas de emergencia ni la seguridad debida. Hacemos esos reclamos ante el Ministerio de Trabajo.

—¿Qué elementos probatorios se encuentran acreditados en el Ministerio de Trabajo que no tuvo en cuenta la fiscal, la jueza de Garantías, la Cámara de Apelaciones?

—Siempre actuamos y mediamos ante el Ministerio de Trabajo. Ahí está solicitada y acreditada la Inspección de Seguridad e Higiene, la cual avala todo lo que se reclamaba. Hubo inspecciones laborales donde se encontraron trabajadores que no estaban dados de alta. Todos los reclamos que se llevaron adelante están escritos en actas ante el Ministerio de Trabajo. Dentro de las actas en el Ministerio de Trabajo se encuentran los reclamos por las diferencias salariales de los trabajadores. Se entregaron monto por monto, mes por mes, la diferencia que tenían los trabajadores con respecto a su salario. Se dijo que el sindicato –está escrito en el acta– iba a reclamar los aportes y contribuciones de esas diferencias. Mis declaraciones ante la fiscal fueron las mismas, así que más que no verlas, fue no escucharlas, no quererlas leer, porque las cinco audiencias con esta empresa las tiene. El Ministerio de Trabajo remitió todo el expediente de la empresa, de todas las audiencias. Esta fiscal (María del Valle Viviani) no lo quiso ver.

—¿Cómo podrías explicar que esta causa está basada en detener la lucha sindical?

—La mejor manera que te lo puedo explicar es que (Florencia) Arietto actúa como si fuera una fiscal. Es integrante de la GestaPRO en la provincia de Buenos Aires, con mucha presión ante el Poder Judicial. Cuando se pone a actuar va en contra de los trabajadores. Es la que quiere entrar al Conurbano con “metra”. Sabemos cuáles son sus ideas. Presiona a la Justicia en San Nicolás. No se entiende cómo se presta una fiscal, una jueza de Garantías a esto. Y Arietto, que opera dentro de la fiscalía, cuando han tenido un montón de elementos, hasta los propios testimonios míos, de Fernando (Espíndola), audios presentados, las actas, documentos, recibos de cobros, recibos de pagos, allanamientos donde siempre encontró todo lo que estaba buscando, y sin embargo nos siguen teniendo presos.

—La fiscal pidió la intervención de sus teléfonos, avalado por la jueza de Garantías. Se transcribieron conversaciones, pero no el audio donde Gustavo Rey te llama para decirte “te voy a hacer ganar plata” y te pide que te juntes con él y “con gente que te va a dar soluciones”. ¿Creés que esta es la prueba máxima de que no hubo delito o existen más elementos?

—Ese audio es el más contundente. Yo, que soy el supuesto extorsionador, le digo que no necesito más dinero cuando me dice que me va hacer ganar plata. Él dice que quiere ser mi amigo, que se saca el sombrero por mí, que el video fue una boludez, y me ofrece juntarme con él y con gente que me va a dar soluciones. Que una fiscal que quiere buscar la verdad no lo tenga en cuenta y se escude en su escrito presentado ante la jueza de Garantías diciendo que personal de la DDI de Baradero le notificó que los audios no eran de interés para la causa... La policía no tiene ese deber, a la policía hace ya muchos años se le quitó ese poder de fiscal, de tomar indagatorias, de poder decir o decidir en una causa judicial. No sé para qué mandó a intervenir un teléfono si después no tuvo en cuenta toda la prueba. Nosotros rescatamos 61 audios donde hablo con dos empresas distintas de San Nicolás, donde se ve el proceder, donde trato de no ir al conflicto sino de encontrar una solución antes del reclamo y no llegar al reclamo en el Ministerio de Trabajo, porque si las empresas tienen una que otra falta, después son multadas y eso genera una rispidez también, como puede ocurrir con el trabajador. Ahora están queriendo imputar a la delegada por connivencia con el gremio. Uno remarcaba que en el conflicto se la veía con una actitud más empresarial a la delegada. Nosotros veíamos que en las audiencias se inclinaba para la empresa, hay varios audios donde yo hablo en ese sentido. Hay una parte más de los audios que no escucharon y están intentando imputar a esa mujer. También hay otro audio que decidieron omitir, que es el de la propia fiscal hablando conmigo. Ella misma dice que están cargando y descargando en la camioneta en la puerta de la empresa, y sin embargo me imputa delito de turbación de la posesión y dice que bloqueo. La verdad, estoy desencantado de la Justicia. Hay transcripciones de un tal Francisco Sturm donde Gustavo Rey lo volvió a denunciar hace quince días, porque lo está extorsionando y jamás se ocupó de investigar, donde le pasan un CBU y número de cuenta. No se lo llamó a declarar. Tampoco a Gustavo Rey se le pidió explicaciones. Se ocultaron pruebas que cualquiera al escuchar descubre que no es por lo que nos tienen privados de nuestra libertad.

—La metodología del cobro por parte de ustedes como gremialistas, de lo que adeudaban los Rey, ¿fue la correcta, la habitual que se realiza en estos casos? ¿No debió ser mediante transferencia bancaria? ¿Por qué el pago era en efectivo hacia personal de Camioneros? ¿Había sido esta metodología de cobro refrendada en el Ministerio de Trabajo?

—Es normal y habitual que uno se amolde a la situación que vive la empresa para cobrar una deuda. A veces –doy un ejemplo– el dinero que se adeuda… se habla con los trabajadores y si los trabajadores lo aceptan, como fue en este caso, que aceptaron cobrar el monto que figura en el acta ante el Ministerio de Trabajo, por cada trabajador, ese cobro se pueden pactar en dos, tres, cuatro cuotas. He tenido empresas que han pagado diferencias salariales a los trabajadores en cuatro cuotas en los recibos de sueldo o con los recibos de haberes en los meses siguientes, o lo han hecho vía Ministerio de Trabajo. Aparte la deuda que se cobraba está especificada en las actas, donde dice que el gremio hará los reclamos correspondientes tanto de obra social como sindical y aportes. Porque cuando una empresa no paga bien los salarios, evade aportes. También se pide en esa acta que el Ministerio de Trabajo informe a las entidades del Estado para que también reclamen esos aportes. Es normal cobrar en efectivo, con cheques de terceros, con cheques propios. Se entregan recibos provisorios, se anota el monto del dinero que se cobra, si es en cheque se anotan los números de cheques, se traen los recibos oficiales, se firma un convenio de pago si se hace en cuotas. No es algo hecho a la bartola. Se presenta una deuda, se le da el tiempo prudencial para que puedan ver la deuda y analizar si corresponde o no pagarla. Es más, esta deuda estuvo presentada y reclamada ante el Ministerio de Trabajo. La empresa tuvo la oportunidad y el tiempo necesario, antes de la otra audiencia, para poder impugnarla y no lo hizo, aceptando que lo debía. Esta empresa en particular pagó una parte en efectivo y una parte en cheque de terceros. Como delegación y seccional solicitó permiso a Contaduría central, avisando que van a emitir un cheque de terceros endosado por esta empresa sobre esta deuda. Aceptan y me habilitan a tomarlo. Es fácil comprobar dónde fue depositado y quién lo cobró. La plata en efectivo también. Me acuerdo que en la primera cuota sobraban algo de 48.000 pesos. Se llamó al contador y se le dijo que estaba sobrando esa plata. Ese dinero se tomó a cuenta de la segunda cuota. Se hizo un recibo provisorio y un recibo oficial a cuenta de la segunda cuota.

—Además de como sindicalista, como concejal por el Frente de Todos en San Nicolás, ¿qué análisis político realizás de esta causa, de esta detención preventiva que están teniendo?

—En mi pensamiento sindical y político entiendo y comprendo que es la manera que tienen de quitarles los derechos a los trabajadores. Es la manera que tienen de evitar el reclamo. Es la manera de hacer una reforma laboral encubierta con el brazo del Poder Judicial. Nos están poniendo de ejemplo para que todas las organizaciones sindicales que quieran o tengan que reclamar debidamente por los derechos de los trabajadores sepan lo que les puede pasar. Entiendo que una de las bases del peronismo son los trabajadores y el derecho de los trabajadores, que siempre el peronismo reivindicó la lucha de los trabajadores. Tanto la política como los demás gremios, salvo el nuestro que sigue apoyándonos a mí y a Fernando (Espíndola) con lo que nos toca vivir, los demás hacen la vista gorda. Como si no estuviéramos presos. Por ahí piensan que a ellos no les va a pasar. La política la veo muy calma, muy callada. Si nosotros somos condenados a prisión no sé qué dirigente sindical o qué trabajador va a intentar hacer un reclamo. La política y los distintos sindicatos no lo ven. Porque no solamente nos está pasando en nuestro gremio, sino que pasa con otros gremios. Hay gente detenida en Bahía Blanca, de otro gremio, donde criminalizaron la protesta con el Poder Judicial. Han dejado actores judiciales que son afines a la criminalización y la llevan adelante sin importar las consecuencias. He perdido a mi padre en prisión. Los últimos siete meses de su vida no los pude vivir al lado de él, cuando transitaba un cáncer terminal. Falleció y yo estaba detenido. Es tan doloroso llegar a un velatorio esposado, custodiado. Tan doloroso, como la visita a su casa, donde no lo pude abrazar porque estaba esposado. No poder abrazar a tu papá en esa situación son cosas que no las tendría que haber vivido. Fernando (Espíndola) perdió a su sobrina, que tuvo meningitis. Tampoco pudo estar al lado de su familia e hijos. Te meten adentro de una cárcel tras las rejas y te alejan de los tuyos, de tu familia, de los trabajadores, todo eso te quitan. Es la maldita injusticia enquistada en la GestaPRO que muchos –como hasta hoy– siguen callando, mirando para otro lado, porque “no me tocó”.  Si no hacemos algo entre el conjunto de los trabajadores, entre el conjunto del arco político peronista, esto va a continuar.

 

 

 

 

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