Beneficios sin techo

 

El gobierno del Frente de Todos se encaminó desde un principio al despliegue de una política consensualista, cuyos resultados no han sido exitosos respecto de la mejora de las condiciones de vida popular. Tampoco en el cumplimiento de los objetivos de reestructurar la deuda pública sin condicionamientos que implicaran la intromisión de organismos internacionales recortando la soberanía política argentina.

A esta altura del despliegue de los acontecimientos ocurridos en los sucesivos traspiés del gobierno que tenía como programa la recuperación de una política nacional, popular y democrática, no quedan dudas de que el gobierno de Juntos por el Cambio, sostenido por el poder económico concentrado local, el capital financiero internacional capitaneado por el FMI y los grandes medios concentrados de comunicación, no sólo ha sido el portador de una restauración neoliberal, sino que recuperó el despliegue de una política deliberada de destrucción de los grados de libertad que un eventual gobierno popular posterior habría de poseer para implementar una política de justicia social y desarrollo independiente. Esto significa que el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica se dispusieron a restringir la capacidad de autogobierno de los argentinos, lo que constituye una orientación antidemocrática al conculcar la extensión alcanzada de los derechos políticos del pueblo para restringirlos y vaciarlos de contenido. La deuda, en esta lectura, no se introdujo sólo para sustentar la fuga de capitales y los negocios de los fondos financieros de la financiarización, sino también para reintroducir al FMI en la política nacional. Reingreso que ha significado un grado de intromisión altísimo en la determinación de las líneas de acción gubernamentales.

Hoy la prioridad de la acción de gobierno constituye recomponer reservas; juntar dólares para cumplir con una deuda que fue inútil respecto de cualquier política pública que se analice. El discurso de Juntos por el Cambio actual expone su vocación para retornar al poder redoblando lo hecho previamente y evitando cualquier gradualismo. Traducido en derechos políticos, sería una profundización de su negación, porque en un marco democrático pretenden reinstalar los objetivos que tuvo como intención la dictadura terrorista, que fueron la transformación de las condiciones de la economía nacional para hacer dificilísimo el retorno de un gobierno popular y el despliegue de un programa de desarrollo y autonomía nacional.

El enfoque consensualista con que se desplegó el gobierno del Frente de Todos fue equivocado. En un principio, con todo el poder y la fuerza que dieron los sufragios, debió haber tomado medidas radicales en los planos de la vida nacional lesionados por el gobierno del contubernio plutocrático. Los derechos de exportación no debieron estar sujetos a negociaciones corporativas y la reestructuración de la deuda debió acontecer con la premura que obligara al FMI a una conducta distinta de su habitual, con una deuda que le había “encajado” al país y que lo comprometía en más de la mitad de su fondeo. Del mismo modo, debió haber estimulado una recuperación de los ingresos populares que entusiasmaran a las mayorías nacionales a movilizarse en defensa de sus derechos, satisfacción de necesidades e intereses. Se hizo otra cosa: se pretendió consensuar con las corporaciones empresariales y fuerzas políticas decididas a jugar un rol destituyente. El Frente perdió poder y margen de acción por renunciar a la movilización, organización y confrontación como eje de su potencialidad para llevar a cabo la política imprescindible de soberanía y justicia social.

Ante la debilidad planteada, la Embajada del Imperio se entromete para coordinar y dominar la política nacional, reclamando un acuerdo de todas las fuerzas partidarias en pos de una política reprimarizadora de la economía, que expresa cabalmente el rejunte macrista-radical-carrioísta. El Frente de Todos no debería transigir ante ese intento impositivo que interfiere la vida nacional. No hay acuerdo democrático posible con ententes desinteresadas de la democracia.

Hoy, luego del fracaso consensualista, el ministro de Economía, Sergio Massa, se embarcó ante la necesidad de dólares en una lógica “pragmática”, propia de una situación grave provocada por la falla que tuvo desde su origen el gobierno. Con la vida popular deteriorada por la falta de los cambios necesarios y un empresariado concentrado neoliberal cuyo objetivo es ganar el máximo posible para contribuir a su matriz de acumulación privada que tiene a la fuga como clave, el nuevo ministro eligió políticas y señales de facilidades a los sectores concentrados tradicionales para que, a partir de estímulos económicos, “soltaran” los dólares con los cuales el BCRA pueda acumular reservas para evitar una crisis externa.

No se eligió renegociar con el FMI, sino cumplir pagando la “mochila” que Juntos por el Cambio dejara articulada con el favor del Fondo, que a su vez respondía a los objetivos que se plantearan los Estados Unidos para el país. Mientras ahora se ha adoptado un esquema temporario asimilable a la quita de retenciones a los sojeros en un momento de altos precios del poroto a nivel internacional, se recorta el gasto público, tanto el dirigido al desarrollo como a la atención social. No es otra cosa que el programa del FMI: redistribución regresiva del ingreso y achicamiento de la participación del Estado en la economía.

Mientras tanto, persiste una conducta de recuperación de la tasa de beneficio por parte de los grupos concentrados de la economía, instrumentada por una suba de precios que requeriría de una lógica de mucha confrontación para ser detenida, ya que los comportamientos dialógicos son inconducentes para frenar el enardecimiento verbal y actitudinal de un empresariado que quiere liberalismo extremo y desregulación total de la economía. La dictadura del Dios Mercado.

Para completar las necesidades de dólares, el equipo económico viajó a Estados Unidos para conseguir fondos de organismos multilaterales y compromisos de inversiones extranjeras directas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de Mauricio Claver-Carone, que antes negaba todo desembolso, ahora está dispuesto a poner 3.000 millones de dólares, que –dicho sea de paso– están siempre sujetos al cumplimiento de las metas con el FMI. Las inversiones extranjeras directas, si no están sujetas a objetivos claros de superávit de divisas, regulación de remisión de utilidades, creación de empleos, radicación en sectores determinados por la política pública y articulación en encadenamientos productivos con las empresas pymes locales, son pan para hoy y hambre para mañana. Las inversiones extranjeras directas (IED), se han manifestado internacionalmente más como lógica de inversión y ganancia financiera que como fuente de divisas para la producción. Por otra parte, el interés de las potencias internacionales en radicarse en la explotación de recursos naturales expresa el seguro incumplimiento de las condiciones enunciadas para que se cumpla un carácter virtuoso de la IED. Por eso, resultan preocupantes las gestiones por las mismas que se están llevando a cabo.

 

 

 

Pauperización de los trabajadores

El Informe de Coyuntura N°39 de CIFRA-CTA explica que “se advierte una acelerada tendencia hacia la recuperación en 2021 (aumento del 9,8% en diciembre interanual y 10,4% promedio anual), situación que se mantiene en 2022, aunque a un ritmo marcadamente inferior (ascenso de 1,3% entre diciembre de 2021 y junio de 2022). Esta recuperación de la actividad económica se da en un contexto altamente inflacionario, como consecuencia de factores domésticos y otros derivados de la pandemia y la guerra en Ucrania. En 2021, la variación de los precios al consumidor creció hasta superar el 50% interanual, un nivel similar al que se registró producto de las devaluaciones de 2018 y 2019. Este fenómeno se recrudece en 2022, trepando al 71% interanual en julio”. El informe sostiene que el descontrol inflacionario impidió que se recuperaran los salarios reales. Pero además se puede observar, por su política de salarios públicos y aumentos del salario mínimo, vital y móvil, que el gobierno tampoco mostró intención de favorecer una mejora real salarial, lo que se puede conjeturar que esa actitud era una señal de “buen comportamiento” frente al FMI, a la vez que equivocadamente veía un riesgo en que esas subas impulsaran la inflación, no tomando nota que de que el desborde en la puja distributiva tenía un solo actor que era el lado empresarial, siendo los asalariados víctimas del atropello patronal.

Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti, quienes elaboraron el informe, advierten que los salarios reales retrocedieron pese al aumento de la ocupación, tendencia bien expresiva de lo “controlada” que estaba la presión salarial, mientras la conducta empresarial se manifestaba en una clara vocación confiscatoria del poder adquisitivo de los trabajadores. Los autores advierten que “de constatarse un estancamiento o reducción del nivel de actividad en el marco del ajuste esperado por las metas establecidas con el Fondo, la conjunción de bajos salarios con alto desempleo agravaría la situación social y política del país, así como la sustentabilidad del proceso económico”. En el gráfico siguiente, se puede ver la evolución de los salarios y la desocupación.

 

 

 

 

La caída de los salarios se refleja claramente en el proceso de redistribución regresiva del ingreso. Dice el informe: “La reducción del salario real produjo una significativa caída de la participación de los asalariados en el ingreso a partir de 2018. A eso se sumó el aumento de la productividad a partir de 2021. Comparando los primeros trimestres de cada año, entre 2017 y 2022, la caída de la remuneración al trabajo asalariado fue de 54,3% a 46,9% del valor agregado, es decir, una caída de 7,4 puntos porcentuales. Resaltan los casi 4 puntos que se perdieron entre 2020 y 2021”. Urge entonces, una recomposición salarial que le dé sustentabilidad política a la potencialidad del Frente de Todos para conservar su capacidad de movilización y su densidad electoral.

La idea de un Plan de Estabilización para el proceso inflacionario que vive el país no puede pasar por la adopción de una lógica de política de ingresos que primero congele para después modificar la estructura distributiva. Sería injusto y antipopular, pero además generaría el precedente de un fuerte debilitamiento de la política ciudadana, a la cual el poder fáctico se dispone a burlar, dejándola sin poder de reacción. Constata el informe que “la contracara de la trayectoria del peso de los asalariados en el ingreso es la importante recomposición de los márgenes de ganancia. El excedente de explotación ascendió del 42,7% en el primer trimestre de 2017 al 47,8% del valor agregado del sector privado en el mismo período de 2022 (un aumento de 5,1 puntos porcentuales). Si bien esa tendencia se constata desde la crisis de la deuda que produjo el gobierno anterior, se intensificó a partir de 2021. A tal punto, que el incremento fue de 6,7 puntos entre el primer trimestre de 2020 y mismo período de 2022. En el siguiente gráfico se ve la evolución de la distribución del ingreso.

 

 

 

 

Por otra parte, los investigadores de CIFRA-CTA muestran que la mejora de la rentabilidad no fue igual para todos los sectores. La industria fue la que más avanzó en la mejora de sus ganancias y, dentro de la industria, sectores como la siderurgia, en el que los precios de sus productos quintuplicaron la suba del de los insumos utilizados. También los precios del aceite. Son sectores en los que la concentración de la oferta resulta gravitante. Pero las diferencias no son sólo por sector, o por industria, sino también por empresa. Los autores observan que determinadas empresas de los sectores más gananciosos son las que acumulan el mayor avance en el aumento de su tasa de ganancia, produciéndose –entonces– no sólo una redistribución regresiva en las relaciones capital-trabajo, sino también en las de capital-capital, siendo empresas ganadoras, entre otras, Ternium, Molinos Agro y Arcor, las que tienen una posición definidamente dominante en los mercados en que actúan.

 

 

 

 

 

 

Así se puede observar que la suba del nivel general de precios durante el macrismo y no detenida durante el actual gobierno del Frente de Todos, corresponde a un profundo cambio de precios relativos. La inflación vivida entonces tiene más que nunca el sello de una revancha distributiva por parte del empresariado, desenvuelta en la profunda convicción de sus dirigencias respecto a que el presente no es el gobierno con el que se sienten ni representados ni comprometidos, por lo que se negaron a cualquier compromiso serio y asumieron una actitud basada en el puro cálculo de la conveniencia individual, sin preocupación alguna por el desorden que causaron en la economía nacional.

 

 

 

Cinco mitos

En su libro Misión Economía. Una guía para cambiar el capitalismo, la economista de la innovación Mariana Mazzucato refuta cinco mitos teóricos de las versiones del dogma predominante en la economía actual. El texto es de valor para su lectura por su utilidad para el debate del futuro argentino, porque la catedrática londinense desnuda las falacias que sostienen los políticos de la derecha argentina, los egresados neoliberales de universidades que son una fábrica de discursos apologéticos a repetición, a quienes entrevistan incultos operadores periodísticos televisivos como si estuvieran revelando verdades objetivas. Desde Javier Milei a Alfonso Prat-Gay, las sutilezas de las diferencias no abandonan el discurso que impugna Mazzucatto. Los cinco mitos son:

1. Las empresas crean valor y asumen riesgos; los gobiernos sólo aportan seguridad y facilitan el trabajo. Respecto de esta formulación, la autora sostiene que para resolver problemas públicos muchas veces los gobiernos han privatizado tareas con la esperanza de ahorrar recursos públicos, creyendo erróneamente que el sector privado es más eficiente, siendo su único objetivo los beneficios. Este camino terminó con un servicio más deficiente y la captura de contratos por un pequeño grupo de empresas. Mazzucatto expone el ejemplo del Estado generando valor en los eslabones estratégicos: Internet y el GPS fue financiado por inversiones de la Armada de Estados Unidos, el Siri por el departamento de defensa de ese país, y las pantallas táctiles por la CIA. En la Argentina, la Asociación Empresarial Argentina (AEA) y la cofradía de intelectuales del establishment defienden el principio criticado por la economista. Los oligarcas locales pregonan que la actividad económica debe estar totalmente en manos privadas.
2. El propósito del gobierno es corregir fallas de mercado. Aunque este enfoque permite la intervención del gobierno, lo hace sobre la base del concepto ultraliberal del economista Wilfredo Pareto, simpatizante del fascismo mussoliniano, quien admitía la posibilidad de intervención hasta llegar a una situación que una mejora adicional, pese a que permitía favorecer a la mayoría, perjudicaría a algún ciudadano. Entonces, la actividad estatal debía cesar. Luego, la dirección del FMI introduce la idea de fallas de gobierno, que sostiene que aunque la intervención estatal podría resolver fallas de mercado, las fallas de gobierno que podría generar (como la corrupción) plantearían una situación en la cual sería peor el remedio que la enfermedad. Todos los principios sobre los que se basan los programas del FMI y los organismos multilaterales se embeben en este postulado criticado por la reconocida economista.
3. El gobierno tiene que funcionar como una empresa. El intento de dirigir instituciones públicas como si fueran empresas generó que los pacientes de un hospital sean considerados clientes, al igual que los estudiantes por parte de los establecimientos de enseñanza, o los pasajeros del transporte público. Los libertarios y los economistas que hegemonizan Juntos por el Cambio se manejan con estos principios.
4. La externalización ahorra dinero de los contribuyentes y reduce el riesgo. Esta creencia apuntaló las privatizaciones con el argumento de la reducción del riesgo, la mayor eficiencia y la reducción de los impuestos. En la Argentina, pese al fracaso de las privatizaciones, todavía no hay un fuerte movimiento que debería abarcar organizaciones sindicales, sociales y frentes políticos, tendiente a reestatizar la mayoría de las empresas privatizadas, que sostienen su actividad sobre la base de la demanda de tarifas que les garanticen cuasi-rentas (por sobre una tasa normal de ganancia).
5. Los gobiernos no deben elegir ganadores. La selección de ganadores, dice Mazzucatto, es la aptitud de los gobiernos de dirigir la economía y estimular la actividad mediante el apoyo de tecnologías, sectores y empresas que estiman estratégico que obtengan éxito. Es la decisión gubernamental de obtener ventajas tecnológicas, crear puestos de trabajo, estimular el desarrollo regional, etc. Hoy se ve como la deuda creada ex profeso por el gobierno de Mauricio Macri y el FMI ha generado condiciones para que los sectores con rentas diferenciales se apropien de recursos que amplían su renta, en vez de soportar medidas que la reduzcan. El tipo de cambio preferencial premiado que se ha otorgado a los sojeros es un ejemplo del vaciamiento democrático. Una fuerza política que tuvo como bandera a la resolución 125 para, precisamente, elegir sectores inmaduros para desarrollar, ahora cercado por la necesidad de dólares, colocó a un ministro que eligió al poder agrario como el beneficiario de un tipo de cambio preferencial.

 

 

 

Desconfianza sin límite

El poder fáctico tiene una desconfianza sin límite hacia el kirchnerismo. La persecución judicial e intento de magnicidio de la lideresa popular no es el resultado de un grupo de extraviados. Aunque hecha en un clima de odio, tampoco es el resultado del mismo. Hay intereses poderosos decididos a destruir la potencialidad de cambio social del kirchnerismo, que expresa la fuerza transgresora del peronismo que fundó la nación industrial y de otras corrientes que promueven una transformación profunda del país. A pesar de los grises resultados de la experiencia gubernamental que transcurrieron y transcurren desde 2019, la esperanza cifrada en un futuro conducido por Cristina Fernández, en el marco de una reorganización del movimiento popular que lo fortalezca y lo potencie, permanece activa y creciente en las plazas públicas. La tenida será dura, porque como muestran los mitos expuestos, el establishment argentino se encuentra enardecido en la defensa de sus intereses, impregnando a la sociedad de falsas premisas extraídas de los dogmas más burdos obtenidos de las academias menos instruidas. No sólo hay discurso del odio, también lo acompaña el de un dogma falaz, del cual no se zafará mientras haya cadenas que aten al país con el programa del FMI.

 

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