Basta de secretos

 

En los últimos años, todo fue secreto en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Desde las operaciones encubiertas hasta cuánto costaban las servilletas que se usaban para servir el café. Todo quedaba cubierto bajo el gran paraguas de la seguridad nacional. Las instituciones democráticas no pueden funcionar bajo la lógica del secreto, afirmó Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en una conferencia organizada por la intervención para repensar el rol de la Agencia y sus reformas.

Plantear el principio de publicidad implica controvertir dos ideas centrales que han regido la actividad de inteligencia en el país, explicó Litvachky. Por un lado, la teoría de que nada que pudiera poner en riesgo la seguridad nacional podía o debía ser público. Por el otro, que las actividades de inteligencia para ser eficaces en la defensa del Estado debían ser secretas. “Hay que discutir estas dos cosas, hay que plantear la idea de publicidad para recién ahí empezar a discutir el sistema de clasificación y desclasificación", dijo la referente del CELS en una charla online que se realizó el jueves. “No puede haber una institucionalidad secreta”.

 

 

El problema del secreto

El paradigma de la Inteligencia desde el retorno de la democracia estuvo marcado por la lógica de la defensa del Estado, no de los derechos de las personas. “La cuestión de la seguridad nacional funciona como excusa para que el Estado funcione con lógicas propias poniendo en riesgo la vida democrática”, agregó.

El régimen del secreto permite, entre otras cosas, el encubrimiento de actividades ilegales en las que incurren los servicios de Inteligencia o la persecución política, la criminalización y el control – como surge de las investigaciones judiciales que están actualmente en curso. Las instituciones sometidas al secreto no sólo se mueven con falta de transparencia, sino que logran afectar la privacidad de las personas sin rendir cuentas. “En general, el Poder Judicial ha venido convalidando estas prácticas”, explicó Litvachky.

Un ejemplo paradigmático del secreto es la causa AMIA, donde la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) usó 400.000 dólares de sus fondos reservados para pagar la declaración de Carlos Telleldín y direccionar la investigación hacia un grupo de policías bonaerenses – como dio por probado el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.

Otro, contó la directora del CELS, puede ser la causa por las ejecuciones en La Tablada en 1989. Mientras se desarrollaba el juicio contra Alfredo Arrillaga treinta años después, la AFI envió un oficio que decía que la entonces SIDE sabía por “propios medios” (es decir, por sus propios agentes) y de manera completamente confiable –y corroborada por otras fuentes— que uno de los cuatro desaparecidos, José Díaz, había sido “abatido”. Esa información estuvo en poder de la SIDE desde enero de 1989. Sin embargo, cuando el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado contestó que consideraba que Díaz se había fugado. “Esa información se pidió sistemáticamente y el Estado la negó. Las propias familias pudieron saber cuando estaba terminando el juicio”, relató Litvachky.

 

 

Una política de desclasificación

La directora del CELS integra junto a otros expertos un consejo consultivo que trabaja con la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en una reforma de la ley de inteligencia y de la propia Agencia. Uno de los puntos relevantes es la discusión sobre qué hacer con la información que los servicios de inteligencia recolectan.

Como contó El Cohete, Caamaño creó un Programa de Protección de Registro y Archivo, que debe analizar la documentación que esté en poder de la Agencia con fecha anterior al 9 de diciembre de 1985, día de la sentencia en el Juicio a las Juntas. El Presidente Alberto Fernández ya tiene una serie de archivos vinculados al espionaje sobre organismos y personalidades vinculadas a los derechos humanos, que iban a entregarse el 24 de marzo pasado, pero la entrega debió posponerse por la pandemia.

Litvatchky puso como ejemplo el proceso de desclasificación que inició Estados Unidos en 2002 y que concluyó el año pasado. Esos archivos sirvieron para los juicios e incluso para la identificación de centros clandestinos de detención que regenteaba la propia SIDE. El CELS junto con Abuelas y Memoria Abierta puso a disposición gran parte de ese material en una base de consulta online.

“Ese tipo de desclasificación activa es la que se necesita que haga el Estado argentino, también con el esfuerzo de poder subir a algún sitio público información ordenada para que todos podamos acceder”, reclamó.

Para la representante del CELS, se debería crear un órgano específico que sea el que establezca los criterios de desclasificación y tenga facultades de revisión de pedidos que hagan terceros. Esa dependencia no debería estar conformada por las autoridades operativas de la Agencia, porque, en general, son las que preservan con más recelo el secreto.

 

 

Los negocios del secreto

El 9 de mayo de 2016 Mauricio Macri firmó el decreto 656, por el que volvía secreto todo lo que sucedía al interior de la AFI, incluso las remodelaciones que quiso hacerle su amigo Gustavo Arribas a los tres edificios que conforman la sede central de la ex SIDE.

Arribas había vuelto de Brasil para hacerse cargo de la Agencia. Cuando cruzó la puerta de 25 de Mayo, no se encontró justamente con lo que esperaba. “Encontré una agencia con serias debilidades estructurales, de logística y tecnología”, le contó el mes pasado al juez federal Juan Pablo Augé cuando lo indagó. Sin abandonar el gesto de horror, el escribano contó que no había cableado de fibra óptica, que las computadoras eran obsoletas y ni siquiera estaban interconectadas.

Para cuando Macri firmó el decreto 656, Arribas ya había ordenado lavarle la cara a la Agencia. Las tareas de pintura y refacciones arrancaron poco después de que la nueva conducción se mudara a la ex SIDE, pero armó un expediente para justificar los gastos después. Esta obra y otras dos más fueron denunciadas el miércoles pasado por la interventora Caamaño. La causa quedó radicada en el juzgado que dejó vacante Rodolfo Canicoba Corral y que actualmente subroga Julián Ercolini.

Entre agosto y octubre, la AFI hizo una contratación directa para remodelar la oficina de Arribas en el quinto piso y para hacer una instalación termomecánica. Los cambios costaron nada más y nada menos que 10.599.239 pesos. En noviembre, la AFI autorizó la instalación de un mástil para una antena por un valor de 106.855 dólares. Pagó en moneda extranjera pese a que el proveedor era local y con sede en el país.

Por estos hechos, Caamaño denunció a Macri, Arribas, Silvia Majdalani, Javier Peire (ex director de Infraestructura y Patrimonio de la AFI) y Juan José Gallea (ex director de Gestión Económica y Financiera). También figuran en la denuncia cuatro empresas: NH Construcciones SRL, Emprendimientos Anchorena SRL, Tecnel Electrónica SRL y Mega Soluciones SRL.

La información surge de una auditoría interna que estuvo llevando a cabo la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en coordinación con la intervención de la AFI, que puede dar pie a futuras presentaciones judiciales.

 

 

 

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