BASE Y PUNTO DE PARTIDA

 

La ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública faculta al Poder Ejecutivo nacional a negociar la deuda y posteriormente  informar al Congreso de la Nación los resultados obtenidos. Esa negociación es fundamental, porque la propuesta de máxima del gobierno de Alberto Fernández es no pagar ni intereses ni capital durante su mandato, lo que obviamente queda condicionado a que lo acepten los acreedores. La negociación y la voluntad de pago de la nueva administración ha repercutido en una suba tímida pero generalizada de las cotizaciones de los títulos de deuda argentinos, incluido el BONAR 2020 que vence en octubre del año que viene, cuando una parte importante de los bonistas (poseedores de títulos de deuda externa argentina) esperaban la declaración del default.

El gobierno nacional reconoce que el plan económico depende de esa negociación, sabiendo que los vencimientos de capital e intereses de la deuda del año 2020 son impagables por un lado y el ingreso de divisas por las exportaciones no es tan significativo, dado que el acumulado de las ventas al exterior de los once meses de 2019 fue de 59.702 millones de dólares, de los cuales las manufacturas de origen industrial (MOI) fueron solo el 29,4%, cuando en  2011, por ejemplo, se exportó por 83.950 millones de dólares y el 34,4% eran MOI.

En ese marco y con la restricción externa descripta, el gobierno avanzó en estos primeros quince días en estimular el mercado interno y a la vez, asistir a los que menos tienen por medio de:

1. La tarjeta social para adquirir alimentos de primera necesidad por $ 4.000 y de $ 6.000 por mes a cada beneficiario, dependiendo de si el titular tiene uno o más hijos. Alcanzará a cuatro millones de personas. Las tarjetas son entregadas “en forma automática” por la ANSeS a todos los que reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tengan hijos de hasta 6 años. También a embarazadas a partir de los tres meses que perciban la asignación por embarazo y a personas con pensión por discapacidad que surge del cruce de identificaciones que realiza la ANSES y las bases de datos de las AUH. La tarjeta no suplantará a ninguna de las políticas vigentes, ni reemplaza la Asignación Universal por Hijo, sino que es una política de complemento integral alimentario que mejora la situación del beneficiado y es a la vez un impulso a la demanda interna de productos elaborados y comercializados en el país.
2. Un bono de $ 5.000 pesos en diciembre y otro por la misma suma en enero para los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima ($ 14.068 pesos). También percibirán un bono quienes cobran una jubilación o pensión de hasta $ 5.000 pesos superior a la mínima (esto es hasta $ 19.068 pesos). El bono será menor a $ 5.000 pesos por la diferencia, garantizando que ningún beneficiario previsional cobre en diciembre y en enero menos de $ 19.068 pesos por mes. En marzo a todos los jubilados se les ajustará el haber previsional de acuerdo a lo que estipule una comisión conformada por el Poder Ejecutivo y por el Congreso de la Nación.
3. El gobierno a través del decreto 56, convocó a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación hasta el 29 de febrero de 2020 e incluyó allí el proyecto para modificar la ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación; la 22.731 que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del servicio exterior de la Nación; y la 24.018 que fija las asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente de la Nación y funcionarios políticos. La idea que se trasmitió es que además de las modificaciones pertinentes se los obligará a realizar un aporte “solidario” que el Poder Ejecutivo fijará por decreto, del 21% de esos haberes especiales y, un aporte “extraordinario” adicional del 7% más cuando el haber mensual supere los cien mil pesos.
4. Un acuerdo de precios con los grandes empresarios y supermercados para los productos de primera necesidad (alimentos e higiene) que incluye la nueva composición del programa de Precios Cuidados.
5. Un convenio con los laboratorios para retrotraer los precios con una baja generalizada del 8% y su preservación en el tiempo.
6. Un impuesto denominado para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) del 30% a los paquetes turísticos, compras al exterior por tarjetas de débito o de crédito y a la adquisición de divisas para ahorro, hecho que ayudará a que el mayor ingreso en la población y con la persistencia de los límites a las operaciones de cambio, no se canalice en dólares y/o al consumo de servicios en esa moneda, reorientándose al turismo, a la compra y al ahorro en moneda local.
7. Un reintegro selectivo del IVA  en alimentos básicos para jubilados que perciben el haber mínimo y los beneficiarios de la AUH, hasta un tope de $ 700 por mes.
8. Reducción de las tasas de interés de los créditos Argenta que dio la ANSeS y que alcanza a 1.765.000 jubilados y pensionados y a 1.900.000 beneficiarios de la AUH, que abonaran una tasa del 31,5% anual y no pagarán las cuotas de enero, febrero y marzo. A partir de abril se les establecerá un nuevo cronograma de pagos, poniéndole límite a la usura que estaba asfixiando al supuesto favorecido por el préstamo.
9. Otro tanto se estudia y se va a proponer con respecto a los créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitiva) ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que refleja el índice de precios al consumidor (IPC), índice que creció por encima del salario y en muchos casos por una diferencia considerable.

 

 

En síntesis

El gobierno avanza en la defensa del mercado interno mientras negocia el tema del pago de la deuda externa, cuestión fundamental para determinar el “sendero fiscal”, esto es, si se cumple el objetivo de no pagar ni intereses ni capital por dos años, como propuso el Ministro de Economía Martín Guzmán, cuando en el proyecto de ley de presupuesto nacional 2020 del macrismo se estimaba los intereses en torno al 20% del presupuesto nacional (aproximadamente 17.000 millones de dólares) que de no pagarse al exterior se emplearán para obras de infraestructura, mejoras previsionales y gasto social. Por otra parte, se reafirma que la demanda interna es la gallina de los huevos de oro del país, dado que más del 75% de lo que se produce se destina al mercado nacional, por ende cuanto mayor consumo, mayores ventas y mayor inversión. Como decía Néstor Kirchner, “hay que darle plata al pueblo, porque si el pueblo tiene plata consume, si consume los empresarios venden y si venden van a emplear más trabajadores y van a comprar más insumos para producir más y, de esa manera, se conforma una rueda virtuosa de crecimiento económico y mejora social”.

Paralelamente, la ley 27.541 incrementa las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales (Riqueza) que se duplican en caso de que esos activos estén en el exterior. También aumenta los aportes patronales a la seguridad social, elimina la reducción del impuesto a las ganancias a las empresas si no distribuyen los dividendos y, restablece los impuestos internos a los bienes de lujo (autos de alta gama, embarcaciones, helicópteros y avionetas, etc.). Pero el Presidente Alberto Fernández vetó la suba del 8 al 12% de las retenciones a las exportaciones de las petrolera, que presionaron por considerar que deben recibir estímulos para invertir esencialmente en Vaca Muerta y obtener gas y petróleo no convencional.  Para favorecer el ahorro, también se eliminó el impuesto a las ganancias a los plazos fijos en pesos, acciones, bonos y títulos públicos en pesos y dólares.

Finalmente, también queda supeditado a la negociación con los acreedores el esquema de la ley 27.541 de los Derechos de Exportación (retenciones) al agro, pero con todas las limitaciones referidas, se va configurando un modelo de crecimiento en base al consumo interno y se espera atraer inversiones que en principio son orientadas a las actividades extractivas y primarias, pero como dice cada vez que puede el Presidente, con el fin de que sea el punto de partida para su industrialización.

 

 

Méritos

El mérito innegable del keynesianismo fue volver a plantear la importancia de la producción y de la distribución, definir que los problemas de la economía no los resuelve el “mercado”, y pensar en un Estado que sea el que procure y garantice el crecimiento sostenido, basándose en que es la demanda global la que impulsa la producción, y por ende se debe garantizar que sea la demanda la que crezca, a la par que se toman los recaudos para que la oferta la acompañe.

El merito indudable del kircnerismo ha sido frenar la especulación financiera y a la vez estimular el crecimiento de la producción y el trabajo, donde la “normalización” del sector financiero y la salida negociada del default fueron la base del desendeudamiento interno y externo, público y privado.

La raíz keynesiana es la base y el punto de partida de los gobiernos kirchneristas, donde es clave el rol del salario, del consumo interno y del Estado en la administración, gestión y programas de acción de corto plazo, pero también debe serlo en la necesidad de elaboración de planes de mediano y largo plazo. La programación implica la formulación de objetivos, el estudio de las alternativas de acción para alcanzarlos, la selección de los cursos de acción posibles y la prosecución de la acción elegida, a través de un programa de trabajo. Como dijera Lucio Anneo Séneca: “No tiene viento a favor quién no sabe dónde va”. 

Ese es el requerimiento que la historia y la sociedad le exige y le pide al nuevo gobierno.

 

 

 

 

 

 

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