Barajar y dar de nuevo en el mundo Macri

 

El gobierno ha desencadenado el operativo mediático judicial más importante de su gestión: la bomba de los cuadernos Gloria. Se gestó con la supuesta aparición de un registro diario de los sobornos y sobreprecios en la era K y desembocó en la denuncia y encarcelamiento de ex funcionarios y de numerosos ejecutivos de algunas de las principales empresas del país, acusados del pago de coimas millonarias y del cobro de sobreprecios en la adjudicación de los contratos de obra pública durante el gobierno anterior.

Aquí interesa abordar este cuadernazo político ejecutado por un juez y un fiscal autoconvocados a la aventura de defender por mano propia a la República, tratando de desentrañar las relaciones de fuerza y la trama de intereses que subyacen a los actos políticos de este gobierno. La gloria de esta saga consiste en haber abierto una ventana por la cual se cuelan los ecos de una batalla encarnizada, cuyo escenario no es estrictamente político y cuyo desenlace es impredecible. Esta es la batalla entre los sectores más poderosos del capital local, que si bien constituyen la principal base de apoyo de este gobierno, han resistido desde un inicio el intento oficial de imponer nuevas formas de apropiación que privilegian la transferencia masiva de ingresos de la población y riqueza acumulada hacia el capital financiero internacional y sus socios locales. El operativo de los cuadernos expone la fragilidad de este gobierno ante la relación de fuerzas que domina la coyuntura, signada por la pugna entre las fracciones del capital local (nacional y extranjero). En dos años y medio el gobierno ha sido incapaz de doblegar el cuestionamiento de su núcleo duro ante políticas que intentan disciplinar sus respectivos feudos.

Como hemos discutido en otros vuelos del Cohete, las principales empresas de capital local, que dominan sectores estratégicos de la economía, han peleado por mantener y acrecentar su capacidad de absorber el excedente y los ingresos de la población a través de la determinación monopólica de los precios de sus productos, azuzando así una inflación creciente y contribuyendo a desestabilizar al gobierno que las representa.

Hoy el país se precipita aceleradamente hacia una crisis económica y política de magnitudes desconocidas. La imposibilidad de cumplir el acuerdo de stand-by con el FMI es ya pública y notoria.

El gobierno sólo ha podido contener por un tiempo la corrida cambiaria subastando diariamente dólares de las Reservas del Banco Central y del reciente préstamo del FMI, con el fin de satisfacer la demanda de un “mercado” que busca dolarizarse para fugar rápidamente.

Al día de hoy se han subastado para ello más de 5.700 millones de dólares de las Reservas y más de 3.000 millones de dólares del préstamo del FMI. Ante la resistencia del FMI a continuar licuando los dólares del préstamo por esta vía, el presidente del Banco Central ha pedido – y aparentemente logrado— permiso para volcar más reservas en este fútil intento cuyo fracaso el “mercado” anticipa.

 

La tasa ya no contiene la fuga

Las tasas de interés cercanas al 50%, ya no logran evitar la fuga hacia el dólar. Esto coexiste con la especulación desbordante y el creciente endeudamiento externo de corto plazo.

Esto último muestra que a pesar del préstamo del FMI el gobierno necesitará más de 25.000 millones de dólares para enfrentar los vencimientos de la deuda externa en 2019. El contexto internacional caracterizado por el fortalecimiento del dólar como consecuencia de la política de la Reserva Federal y de la guerra comercial con China augura enormes dificultades para obtener más financiamiento externo.

Al mismo tiempo que la inminencia de una corrida cambiaria y un default amenazan a las finanzas, las mediciones del INDEC muestran la brutal caída de la actividad económica, y sobre todo industrial.

El desmadre de la inflación conjuntamente con el “alargamiento” de las cadenas de pago anuncian la inminencia de una hiperinflación.

En estas circunstancias la recién creada Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,  ha hecho pública una investigación de la empresa siderúrgica Acindar iniciada un año atrás, ante la supuesta comisión del delito de abuso de posición dominante. De ser encontrada culpable, la empresa podría ser multada con hasta el 30% de su facturación global multiplicada por la cantidad de años en los que se cometió el ilícito. Según la CNCD —que también investiga a otras empresas— Acindar controla el 68% de la producción de aceros no planos. Asimismo, el 65% de la distribución de los mismos está en manos de firmas que tienen contratos de exclusividad con Acindar. De ahí que no pueda extrañar que “los precios en el mercado interno llegaron a estar hasta un 40% por encima de la paridad de importación por lo que se están buscando las causas para establecer si hubo sobreprecios”. (Infobae 7.8.2018)

En este contexto de incipiente control sobre la formación monopólica de los precios explota el operativo de los cuadernos Gloria. Como resultado, diecinueve empresarios pertenecientes al histórico universo de la patria contratista son acusados de corrupción, encarcelados y puestos a disposición de un juez y un fiscal que les proponen arrepentirse y cantar a cambio de su libertad. Diecisiete de estos empresarios son altos ejecutivos de empresas vinculadas, de una u otra manera, al sector energético. Entre ellos se destacan el primo hermano del Presidente y un alto ejecutivo de la empresa Techint: la joya de la corona de la patria contratista, y máximo exponente de la burguesía nacional devenida en corporación multinacional.

De este modo, las reverberaciones de los cuadernos Gloria, trascienden –pero no excluyen— al “ajuste de cuentas” contra empresarios mimados de la época K. Trasciende también a la mera elevación de un mensaje anunciando un posible apriete al conjunto de empresas que dominan sectores de la economía y determinan monopólicamente sus precios, impacta sobre el conjunto de la cadena de valor de los bienes que producen e impiden el control de la inflación por parte del gobierno. El hálito de fuego de los gloriosos cuadernos nos introduce en una dimensión desconocida hasta ahora, que ha permanecido oculta bajo los globos amarillos: la lucha entre las empresas más poderosas por la repartija de los negocios en un área de importancia estratégica para la producción, tanto a nivel local como global, la generación, transporte y distribución de energía, y más precisamente, la explotación de los recursos naturales vinculados a la misma.

Este operativo permite vislumbrar cómo los sectores más poderosos del capital local pugnan por aggiornarse al nuevo contexto internacional que surge de la expansión de un capitalismo global monopólico, que integra globalmente a la producción y a las finanzas internacionales al mismo tiempo que militariza la lucha por el control de los recursos naturales no renovables y por el control de los mercados, de la tecnología y de los espacios (terrestre, aéreo, marítimo, estratosférico y ciberespacial).

 

Un país inviable, atado de pies y manos

Más precisamente aún, este cuadernazo ilumina el intento oficial de “barajar y dar de nuevo” entre aquellos que controlan sectores estratégicos de la producción local. Al mismo tiempo, corre el velo pegajoso que oculta la esencia del plan de apertura al mundo de Macri: una apertura que, además de consolidar la dependencia del país a las finanzas internacionales, busca concretar un país inviable, atado de pies y manos a un capitalismo global monopólico, a un Minotauro que atropella a diestra y siniestra para reafirmar su control geopolítico en el mundo —y más concretamente, en nuestro propio continente— y su acceso a recursos naturales no renovables y en vías de extinción. La importancia estratégica de la producción y generación de energía, y de los yacimientos no convencionales de gas y petróleo en Vaca Muerta empiezan gradualmente a salir a la luz del día.

Desde el principio de su gestión, el gobierno posó su mirada sobre la energía, su producción y distribución. Así, le dio el Ministerio de Energía a un alto ejecutivo de la empresa Shell, e integró profusamente la función pública y los cargos de regulación del negocio energético con ex funcionarios de empresas multinacionales del sector. También puso en evidencia su voluntad de dolarizar las tarifas públicas y el precio de los combustibles, y de transferir a las grandes empresas del sector buena parte de los subsidios otorgados anteriormente a los consumidores, fenómeno que derivó en un tarifazo que no tiene fin. Paralelamente, se produjo un rápido desarrollo de los negocios privados de familiares y amigos del Presidente y de funcionarios del gobierno, en las áreas de producción, generación y transmisión de energía convencional, y de energías no renovables: desde la eólica a la producción de gas y petróleo no convencional. En este último caso, se dispuso de subsidios especiales para fomentar rápidamente el desarrollo de la explotación de los yacimientos de gas y petróleo no convencional, segundos por su magnitud en el mundo, y ubicados en Vaca Muerta. Esto motivó un avance espectacular de las inversiones en este sector. Hacia fines de abril se anunciaban inversiones por un total de 15.000 millones de dólares, comprometidas para 2018 por un conjunto de empresas extranjeras y de capital local en la región de Vaca Muerta. Asimismo se estimaba que en los próximos cinco años YPF habría de invertir no menos de 30.000 millones de dólares en Vaca Muerta y se esperaba que para 2023 este yacimiento habría de recibir 100.000 millones de dólares (Clarín, 24 de abril de 2018). “Este boom de todos los booms” fue liderado por Tecpetrol, empresa del grupo Techint la que sólo en nueve meses pasó de la nada, a producir 6 millones m3 de gas (Clarín 31de mayo de 2018) . La producción de gas aumentó un 4,2% en los primeros seis meses del año y en comparación con igual lapso de 2017. Este avance fue liderado por Tecpetrol con un incremento del 142.7% de metros cúbicos producidos en Vaca Muerta. (Ámbito Financiero, 6 de agosto de 2018).

Según uno de los principales ejecutivos de esta empresa, Vaca Muerta es hoy “el recurso virtualmente infinito” de la Argentina, “para casi 200 años de consumo”. También es “la esperanza económica más importante de la Argentina (…) que puede resolver hasta el problema de la cuenta corriente del balance de pagos si exportamos gas al mundo en los próximos años. (…) La gente que está en el gobierno (…) sabe que ahí hay algo importante…(pero) la mayoría no vislumbra que tiene el mismo potencial que el campo ”(Infobae, 25 de julio de 2018).

La corrida cambiaria iniciada en abril y el subsiguiente reemplazo del Ministro de Energía, habrían de focalizar la atención del gobierno en el enorme potencial de Vaca Muerta, que se transformó entonces en la meca del “sí se puede”. Al decir del nuevo Ministro de Energía, Javier Iguacel, Vaca Muerta será el Silicon Valley del desarrollo argentino. Comienza entonces un periodo de febril actividad en torno al desarrollo de este yacimiento de gas y petróleo no convencional. Esta actividad comprende gestiones del Ministro con algunas empresas ya localizadas en el área, y con otra recién llegada y comandada por Miguel Galuccio —ex titular de YPF durante el gobierno K— asociado a un ex funcionario de la multinacional Dow. Asimismo, Iguacel colabora activamente con el gobernador de Neuquén para conformar una “mesa de trabajo” que incluirá al propio Presidente del Banco Central, al Ministro del Interior y al titular del Ministerio de Hacienda. El objetivo de la mesa: planificar el futuro de Vaca Muerta.

 

Amable invitación a China

Las febriles andanzas del Ministro de Energía habrían de culminar una semana antes del estallido del escándalo de los cuadernos, en la invitación al embajador de China a su despacho a fin de sugerirle amable y categóricamente que China debe desprenderse de su asociación con la empresa Electroingenieria para la construcción de las represas hidroeléctricas Condor Cliff y Barrancosa (denominadas durante el anterior gobierno Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) que están hoy en obra y que por su magnitud se encuentran entre las inversiones más grandes en este rubro encaradas por China a nivel mundial. Asimismo, Iguacel habría de conminar amablemente al embajador chino a negociar otra forma de asociación con empresas locales porque esto sería “beneficioso para todos”. Es bueno recordar que el dueño de Electroingenieria, Gerardo Ferreyra, permanece encerrado en un calabozo, acusado por el operativo de los cuadernos Gloria del pago de sobornos y el cobro de sobreprecios durante el gobierno K.

 

El desplome

A una semana de iniciado, el ruido político de los cuadernos ha tenido fuerte impacto económico, tanto a nivel internacional como local. En el primer caso, las acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York cayeron más de 7% en un solo día, iniciando una espiral hacia la baja de los precios de acciones y bonos argentinos en Wall Street que continúa raudo. El riesgo país subió el último día de la semana al 700 %, el mayor nivel alcanzado en muchos años. En el mundo financiero internacional cunde el miedo de estar ante una réplica del Lava Jato brasileño y la consiguiente reproducción de los juicios contra las empresas vinculadas al operativo judicial y la destrucción del valor de sus acciones. Tanto las calificadoras de riesgo como las publicaciones especializadas advierten a sus clientes sobre la fragilidad de la economía argentina azotada por la inflación, la falta de dólares para servir su deuda, la incertidumbre política, a lo que ahora se suma la notoria inseguridad jurídica. A su vez, el Merval también acusó recibo del impacto, cayendo el valor de las acciones en más del 12% salpicadas por el derrape de las acciones de todas las empresas involucradas en el operativo y especialmente las de Techint. Asimismo, el operativo mediático judicial ha rebalsado la paciencia del mercado haciendo saltar al dólar casi un 5% al final de la semana e iniciando así una nueva fase de la corrida cambiaria. Por último, también el viernes 10, el Ministro de Transporte convocó a todos los bancos a una reunión de urgencia a fin de darles seguridades de que el glorioso operativo no implicaría la suspensión de los contratos de las obras en marcha, y que por lo tanto no necesitaban preocuparse por los créditos otorgados a clientes que ya han sido acusados de “algo” o que lo podrán ser en el futuro.

 

Un tiro en los pies

Al mismo tiempo, las principales organizaciones empresarias se apresuran a marcar el territorio tanto frente al ajuste del FMI como a los gloriosos cuadernos. El presidente de la Unión Industrial advirtió que “el gobierno se está pegando un tiro en los pies” y destruyendo su credibilidad al no cumplir promesas que le hizo al sector privado y pretende ahora introducir cambios al sistema de reembolsos y reintegros impositivos a la industria, como consecuencia del ajuste pactado con el FMI. Asimismo, planteó “la necesidad de salir de este juego financiero si es que queremos que la nación crezca. Sino vamos a estar en problemas. Eso estamos discutiendo con el gobierno. (…) Las tasas de interés son prohibitivas para la producción y eso hace que la cadena de pagos se vaya alargando.(…) Hay apoyo para que el gobierno saque al país de los problemas que estamos teniendo. Ahora ese apoyo no es irrestricto, justamente lo que le decimos es que tomen en cuenta a los distintos sectores. Es un apoyo crítico” (Bae 08 de agosto de 2018.)
El titular de la UIA también fijo su posición frente al cuadernazo o “Cisne Negro, no se puede hablar de otra cosa, están en todos lados y va a haber un antes y un después. Por eso no me quiero quedar con la historia pequeña sobre si denuncio o no, sino en cómo vamos a poder aprovechar esto.(…). No podemos pensar que esto se produjo en el sector empresarial, y sólo en construcción, sino que se produjo así porque había un ambiente que daba para eso”. Para el titular de la UIA “no debe quedar como un hecho aislado sino que tiene que ser un punto de inflexión” e insistió que “espera que el debate que hay por delante se pueda realizar sin “una visión electoralista”. (La Nación, 7 de julio de 2018).

Esta posición contrasta con la postura del Foro de Convergencia Empresarial, que nuclea a diversos think tanks empresarios, a la Asociación de Bancos Argentinos, a bancos extranjeros y a AACREA, entidad que expresa a la “vanguardia técnica” del gran capital agropecuario. Dirigentes del Foro de Convergencia se explayaron sobre la necesidad “de limpiarnos de toda esta gente para poder salir adelante, (…) hay que aceptar el sufrimiento para salir de estas prácticas; (…) esto nos cayó en un mal momento, estamos pidiendo bajar impuestos en medio de este lío donde aparecen empresarios. (…) Estos empresarios son los que hicieron que otros no podamos competir, los que elevaron el costo país y los que de alguna manera colaboraron para que no se pueda bajar la pobreza. (…) Queremos que la justicia opere con celeridad”. Este sector empresario se unifica en el apoyo al gobierno al que reclama que “el ajuste lo haga la política, el sector privado ya lo hizo” (Cronista, 7 de agosto de 2018).

 

Unidad Nacional contra la inflación y el tarifazo

Así, llegamos al fin de una semana agitada, una implosión de magnitud inédita cuya onda expansiva continuará reverberando por largo rato. Más allá de la pirotecnia disparada entre las diversas fracciones más poderosas del capital local, este operativo expone la degradación de la política y de las instituciones, corroídas desde tiempo atrás por la proliferación de redes mafiosas de corrupción que se reproducen institucionalmente a partir del control del poder y del dinero. Muestra, además, la importancia creciente de la inflación y del tarifazo a la hora de construir la unidad nacional entre todos los sectores sociales victimizados por este proyecto de país que condena al canibalismo, al empobrecimiento de la población y a nuestra inviabilidad como nación independiente. El tarifazo y la inflación se han convertido en campos que condensan los principales conflictos del presente. Más aún, hacen posible la construcción de una organización solidaria, que desde abajo hacia arriba y de un modo horizontal, haga posible tanto la unificación de las demandas de distintos sectores sociales aparentemente enfrentados como la construcción de nuevas formas de organización que permitirán recuperar la democracia en el seno de nuestras instituciones.

 

 

 

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