BARAJAR Y DAR DE NUEVO

 

Durante el gobierno de la coalición Cambiemos los recortes en las áreas de ciencia y tecnología dejaron una deuda millonaria en dólares por contratos de acceso a grandes paquetes de revistas científicas que no fueron pagados. El problema que debe afrontar el nuevo gobierno plantea una gran oportunidad de repensar el modelo de publicación y distribución de la producción científica que ha sido hegemónico durante más de medio siglo pero que ha comenzado a debilitarse y tiene grandes chances de reestructurarse a nivel internacional.

Para tener una idea de montos, por este tipo de contratos Argentina pasó de pagar 11,2 millones de dólares en 2009 a 22,5 millones en 2018 (Figura 1). Brasil pasó de gastar 71 millones de dólares en 2009 a U$S 103,8 millones de dólares en 2018.

 

 

 

¿Qué se compra con estos contratos? El acceso a bases de datos que contienen resultados de investigaciones financiadas, en un alto porcentaje, con fondos gubernamentales. Pero si las investigaciones las financia el Estado, ¿por qué para acceder a esos contenidos hay que pagar anualmente sumas millonarias a empresas multinacionales? ¿No deberían ser de dominio público? Esta es la discusión que, en las últimas dos décadas, el movimiento de acceso abierto ha puesto en la agenda pública mundial.

Como resultado, más de sesenta instituciones de una docena de países como Estados Unidos, Alemania, Suecia, Canadá, Finlandia, Francia, etcétera, cancelaron contratos similares a los que hoy adeuda la Argentina, en un fenómeno que se dio en llamar “Big Deal cancellations”. Esta cancelación de contratos con las grandes editoriales científicas como Elsevier, Springer Nature o Taylor & Francis no se dio por recortes neoliberales a los presupuestos nacionales destinados a las ciencias, ni por la crisis provocada por el Covid-19, sino por un análisis más político y estratégico del gasto público destinado al proceso de investigación, publicación y distribución de las investigaciones financiadas por el Estado.

Pero la renegociación de la deuda de estos grandes contratos impagos que dejó el gobierno anterior es sólo una de las aristas del tema. Otra es el pago de los article publishing charges (APC), o cargos por el servicio editorial de publicación de un artículo. En las partidas presupuestarias que los países destinan a las áreas de investigación y desarrollo, que llegan a manos de los grupos de investigación a través de becas o convocatorias de proyectos de investigación, hay un porcentaje del monto asignado que los equipos de investigación pueden destinar al pago de servicios de publicación. Ya es conocido que las revistas editadas en países de América Latina, en su mayoría, no cobran cargos por este tipo de servicios editoriales, por lo tanto ¿a quién van destinados esos fondos? Nuevamente a la gran industria editorial científica.

Por lo tanto, el Estado paga los sueldos de los grupos de investigación y financia las investigaciones a través de becas o subsidios, y en vez de que esas investigaciones se publiquen en revistas de acceso abierto para que la sociedad pueda reapropiarse de esos resultados, el Estado paga servicios de publicación y distribución a grandes compañías editoriales que cierran el acceso para comercializarlo. El Estado vuelve a pagar, en este caso los Big Deals, para acceder al mismo producto que ya financió.

Esta dinámica muestra que se trata de un área en la que se reproduce —de manera agravada— la misma matriz que consolidó la Generación del ‘80 y que describió en términos teóricos Raúl Prebisch en 1950, sobre todo en cuanto a la subordinación a las reglas del mercado establecidas por los países más industrializados: se exportan materias primas y se importan productos con valor agregado, bajo las condiciones impuestas por una coalición de sectores industriales que han sabido integrar sus necesidades.

Si bien fue una matriz que caracterizó a la Argentina, el gran poder de esta coalición industrial logró instalar matrices similares, incluso en los países con alta inversión en investigación y desarrollo. En el continente europeo, la presión ejercida por organizaciones que financian investigaciones como Wellcome, Bill & Melinda Gates Foundation, etc., con el apoyo de la Comisión Europea y el Consejo Europeo de Investigación, anunciaron en 2018 el lanzamiento de la cOAlition S, una iniciativa que establece que “a partir de 2021, todas las publicaciones académicas que contengan resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos o privados proporcionados por consejos de investigación y organismos de financiación nacionales, regionales e internacionales, deben publicarse en revistas de acceso abierto, plataformas de acceso abierto o estar disponibles de inmediato, a través de repositorios de acceso abierto".

Pareciera que ya no hay vuelta atrás, y que la decisión política de que los resultados de las investigaciones científicas sean considerados como un bien público ganó la pulseada, lo que significaría el comienzo del fin de los “Big Deals”, contratos que son herederos de un crecimiento desmedido de la industria editorial científica que tuvo su origen a mediados del siglo XX.

Stephen Buranyi, en su artículo en el periódico inglés The Guardian, relata que a fines de la década de 1940 los principales científicos británicos, desde Alexander Fleming hasta el físico Charles Galton Darwin, nieto de Charles Darwin, estaban preocupados porque si bien la ciencia británica había cobrado un importante dinamismo, “su brazo editorial era pésimo”. La British Chemical Society, por ejemplo, acumulaba artículos atrasados durante meses sin publicar y dependía de los aportes de la Royal Society para enviar los trabajos a imprenta. Según Buranyi, fue el propio gobierno británico quien intercedió para buscar una solución al problema, y la política que adoptó el Estado inglés por aquel entonces cedió un poder desmesurado a un sector industrial que en las siguientes décadas moldearía las prácticas, no sólo de distribución sino las formas de legitimación del conocimiento científico.

A medida que la ciencia se expandía, las editoriales decidieron que ya no requerían de las sociedades científicas para crear nuevas revistas. Todo lo que tenían que hacer era convencer a un académico destacado de que su campo en particular requería de una revista y crear todo el entorno para que la nueva revista se insertara en el mercado. Este esquema permitió el ingreso de otros intereses corporativos, como los de la industria farmacéutica, la agroquímica o la alimentaria. Uno de los tantos casos documentados de este tipo de intromisión de los intereses industriales en la práctica científica es el del antiinflamatorio rofecoxib, que se comercializó bajo el nombre Vioxx®. En el marco de una demanda colectiva de más de mil personas en Australia, que habían sufrido infarto de miocardio luego de tomar este antiinflamatorio durante varios años, salió a la luz que, entre 2000 y 2005 Elsevier editó y distribuyó la revista Australasian Journal of Bone and Joint Medicine, que se presentaba como revista con revisión por pares cuando en realidad era una "publicación de marketing" patrocinada por Merck. La compañía farmacéutica no solo no negó el hecho, sino que informó que "de acuerdo con los informes, Elsevier publicó una serie de revistas similares". La investigación continuó y, en 2009, la propia editorial Elsevier en su revista estrella The Lancet asumió el incidente como una "práctica aislada dirigida por ex empleados de una división local de servicios farmacéuticos". Sin embargo, la denuncia mencionaba la publicación en Australia de nueve revistas falsas y el registro de otras trece. Se trata de revistas creadas por la propia compañía editorial, que contrata ghostwriters (escritores fantasmas) e investigadores de renombre dentro del campo, para escribir artículos que oculten los efectos secundarios de ciertos fármacos.

Ahora bien, ¿cómo logró la industria editorial legitimar estas revistas de dudosa reputación creadas ad hoc para responder a ciertos intereses industriales? ¿Cómo hizo para camuflarlas y hacerlas pasar ante las universidades y las sociedades científicas como revistas avaladas por la comunidad científica a través de las prácticas de revisión por pares y sin conflicto de intereses? Lo hizo a través de uno de los grandes negocios de las editoriales científicas: en vez de que las instituciones se suscribieran a revistas científicas específicas de interés, les propusieron acceder a grandes paquetes de más de 2.000 títulos de revistas, bajo contratos con cláusulas de estricta confidencialidad que permitieran negociaciones diferenciales según el tipo de relación de poder entre las industrias multinacionales y el comprador estatal. Así nacieron los Big Deals o grandes contratos secretos para el acceso a paquetes de revistas científicas, que crecían año y año en cantidad de títulos creados por las propias compañías.

Como hemos visto, los países que hoy detentan un poder significativo en cuanto a la distribución de sus investigaciones no siempre contaron con un sector editorial científico a la altura de sus necesidades. A diferencia del Estado inglés de mediados del siglo pasado, hoy Argentina tiene la potencialidad de reestructurar su gasto pensando en el Estado como respuesta. ¿Por qué no apostar a crear una industria editorial científica nacional y editar en nuestro país grandes revistas que se tornen canales de distribución y legitimación de la ciencia internacional?

Las crisis suelen ser buenos momentos para barajar y dar de nuevo.

 

 

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