Bancos: derechos y obligaciones  

 

La noticia de la semana es la propuesta de reorganizar la deuda pública emitida bajo legislación extranjera. Pero lo importante no tapa las tantas urgencias. Una de ellas es la necesidad de asistencia a los trabajadores formales y pymes, que pone una vez más en la agenda al sistema financiero.

 

 

El sistema financiero argentino

Antes de la crisis sanitaria ya era una actividad a poner bajo la lupa. Estuvo presente en la campaña, por sus ganancias extraordinarias. También por su poca propensión a ser dador de crédito para la producción.

Hoy es una de las estrellas de la crisis por la nula colaboración en dar liquidez mediante la concesión de créditos a las pymes para el pago de los salarios.

Hace más de dos semanas que el gobierno brega para que las empresas accedan a créditos al 24 % anual para pagar salarios. Habilitó a los bancos para que los concedan con pocos requisitos. Y les otorgó la mejor garantía para una deuda en pesos: la del Estado. Con ese fin conformó un fondo especial. También les dio pesos suficientes al cancelar las letras que el Banco Central emitía a tasas altísimas desde hace años, tasas que en los últimos meses de Macri fueron siderales, hasta del 80 %.

Pero los bancos no quieren prestar a las empresas al 24 %. Desconozco quién provocó los movimientos sobre el dólar de esta semana, tal vez es casualidad, pero fueron funcionales para que el Central subiera al 38 % la tasa de las letras. Mientras esté la opción de colocar al 38 % allí, es difícil que fluya a las pymes al 24 %.

Se actualiza la pregunta: ¿para qué le sirven estos bancos al sistema productivo? Tal vez antes de la emergencia la pregunta podía ser: ¿qué les pide el Estado a los bancos? Porque si no hay un plan de desarrollo hacia donde canalizar el crédito a los privados y solo los quieren para que absorban pesos y lucren comprando letras del Central, no hay reclamo. Pero hoy es claro qué les piden: que presten al 24 % con garantía del Tesoro. No hay modo: por ahora siguen imponiendo el negocio que prefieren.

La situación disparó alertas. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que el gobierno está previendo “ya para el próximo mes cubrir de manera directa parte de los salarios del sector privado”, debido a la demora de los bancos (El Economista 15.04.2020).

Un modo elegante de decir que los bancos no responden a las políticas federales, o que no sirven para sus fines, o ambas cosas.

 

 

Qué es un banco

Un banco comercial tiene la facultad de captar el ahorro público, para luego prestarlo y lucrar con la diferencia de tasa. Esa actividad, llamada intermediación en el crédito, solo pueden hacerla las entidades a las que el Estado autoriza por medio del Banco Central. Contra ese derecho asumen obligaciones, como someterse a las regulaciones estatales, etc. Los prestamistas no autorizados por el Central no pueden captar ahorro público.

Desde hace demasiado tiempo los bancos actúan como si solo tuvieran derechos. Nunca obligaciones. Como si el dinero que prestan fuera propio. Prácticamente, solo colocan en el Estado (Tesoro y Banco Central). Sin riesgo. No destinan recursos para la producción industrial. Sin crédito, no hay capitalismo. El que otorgan es para consumo, en tarjetas, a un sector formalizado, de ingresos seguros y relativamente altos.

No solo no extienden la bancarización a los sectores más humildes y cobran comisiones altas a los comerciantes, de modo que no contribuyen a que la economía sea más blanca, sino que ejercen un lobby eficaz cuando aparecen competidores, aun respecto del público que desprecian. El conflicto del año pasado entre los bancos con Mercado Pago, cuando extendió su actividad remunerando las cuentas a la vista (algo que los bancos prácticamente no hacen, obteniendo financiamiento gratis) es un ejemplo. Es probable que Mercado Pago estuviera intermediando en el crédito, actividad prohibida para esa compañía, pero bancarizaba a un sector importante, lo que es bueno. Aumentar la bancarización beneficia al Fisco al blanquear las operaciones. No es malo que haya competencia. Sí que el Estado no pueda conducir ese conflicto para mejorar los servicios y aumentar la bancarización. O que no tenga una política para dirigir el crédito, lo que supone un plan sobre qué sectores de la economía desea promocionar.

Otro ejemplo es el de las Cajas de Crédito. Pequeñas entidades que podrían dar crédito y descontar documentos en un ámbito de cercanía, en el interior. Una función que cumplían los bancos cooperativos, pequeños, regionales, que fueron desapareciendo en los '90, entre las políticas de Menem y crisis como la del Tequila. La ley de Cajas de Crédito fue sancionada hace años. En ese sector atribuyen a la presión de los bancos que no se transformen en una realidad.

 

 

Bancos 2001

Repensar las reglas cabalgando la crisis no es nuevo. Las comparaciones y diferencias con el 2001 están de moda. Un opositor hasta desempolvó el APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial) para las deudas entre privados. Una figura conflictiva. Otros hablan de las cuasi monedas. Siguiendo los recuerdos y analogías, cabe un repaso de qué pasó con los bancos.

Durante los ’90 se desreguló el negocio bancario y se permitió que capitales extranjeros se instalaran casi sin limitación. Tasas altas en dólares, que eran aseguradas por la convertibilidad, ofrecían un negocio fabuloso. Los capitales extranjeros compraron bancos nacionales, aun cooperativos. Era una política del Banco Central que llegó a obligar a algunos a asociarse con la banca extranjera, bajo pena de quebrarlos. Hasta allí la fiesta era completa. Los ahorristas depositaban pesos y los plazos fijos decían que eran dólares. Intermediando en la tasa obtenía utilidades en dólares impensadas en otros países. A medida que el modelo Cavallo se agotaba, el Estado se transformó en el gran deudor. Llegando al 2001, no había dólares. Los bancos tenían tres problemas:

1. un deudor insolvente, el Estado;
2. deudores que no podían devolver dólares, es decir, en cesación de pagos; y,
3. obligaciones en dólares con los ahorristas.

Desatada la crisis y creados los corrales, ante la avalancha de amparos, luego de unos tímidos fallos a favor del corralito, los jueces aceptaron los reclamos de las clases medias. La Corte de Nazareno lo alentó con el caso “San Luis”, casi un golpe de Estado al gobierno de Duhalde.

La solución no llegó por aportes de los accionistas de los bancos. Quien atendió el pago de los amparos fue el Estado, por medio del Banco Central. Pasada la tormenta, también fue el Estado, es decir la comunidad, la que asumió los costos. La pesificación asimétrica junto con otras medidas de dudosa moralidad —como el referido APE— salvaron a las grandes empresas. Sus acreedores, los bancos, fueron compensados por el Estado, que les limpió las carteras de incobrables y les permitió salvar sus unidades de negocios, ya que les resolvió las obligaciones por los depósitos y hasta les dio bonos por la pesificación. Pasados algunos años, habían obtenido ganancias importantes. Solo unas pocas entidades extranjeras decidieron cerrar. El sistema financiero salió indemne sin aportes de los accionistas. Por aquellas épocas se dijo que algunos bancos extranjeros ofrecieron afrontar con aportes propios los depósitos y que el problema eran los bancos oficiales. Si eso fue cierto, no pasó de un amague. Nadie reclamó formalmente pagar los depósitos en dólares. Todos tomaron los bonos del Estado. Entre los '90 —Tequila incluido— y el 2001 hubo una fuerte concentración y extranjerización. Hoy casi todos tienen sedes en CABA y se disputan el mismo mercado. Y en el que dejan sin explotar, no permiten que entren las Fintech ni las Cajas de Crédito. El Estado puso mucho para salvar a los bancos en 2001, pero hoy se mueven poco para aportar al salvataje de las pymes.

 

 

El aporte estatal para pagar los sueldos

¿Cómo hará Kulfas para llegar con la liquidez a las empresas con este sistema financiero?

Algunos proponen aumentar el encaje de los depósitos a la vista por los saldos no prestados al sector productivo. O redescuentos automáticos de los créditos al 24 %. Aun la modificación de la carta orgánica del Central para que los bancos presten por su cuenta y orden. Temas técnicos que no ponen en cuestión el problema estructural del sistema financiero. Obviamente, no es la emergencia el momento para resolverlo.

En la relación derechos y obligaciones, el trazo grueso sería así: el Estado que no permite comerciar y ejercer “industria lícita” compensa mediante crédito barato y aportes no reembolsables.

Si esto es una ecuación justa o no, es otro tema. Se escuchan críticas en orden a que no todas las empresas están en igual situación. Que es injusto que se dé igual tratamiento a las que tuvieron ganancias en los últimos meses y a las que sufrieron quebrantos, etc. Puede condicionarse el crédito o el aporte del Tesoro a una suerte de declaración jurada, automática contra la petición del beneficio y uso de los fondos, respecto de las ganancias y situación previa a la cuarentena, de asumir la obligación del pago de las obligaciones tributarias, del destino del desembolso y aun de conductas posteriores a la superación de crisis respecto de la reinversión, el mantenimiento del personal, retiro de utilidades, etc.; y hasta del reintegro. Pocas reglas: simples, razonables y claras. Siempre que no demore la ayuda.

Si la prioridad deben ser los sectores más vulnerables, asegurar el salario de los trabajadores formales y que no quiebren las pymes es también esencial. Si los bancos no son parte de la solución, el Ejecutivo deberá encontrar el modo de obligarlos, o saltearlos. Y, en la post-pandemia, reformular las reglas del sistema.

 

 

 

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