Balas de regreso a casa

 

La versión oficial se suele instalar torciendo los primeros movimientos. Los amigos de Lucas, con él desvanecido por dos disparos en la cabeza, siguieron con su marcha buscando ayuda. En el camino encontraron a dos policías mujeres que, lejos de auxiliarlos, los detuvieron. Ya tenían el dato de sus colegas de que se trataba de delincuentes en fuga. Luego los llevaron a una comisaría, donde pasaron la noche detenidos. Al día siguiente, por la presión inicial de los familiares que fue creciendo en los medios y en los organismos sociales, la versión se dio vuelta en la opinión pública. Hoy ya la fiscalía admitió que “existen serios indicios que hacen sospechar” que los oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires “han tergiversado los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal”. Sin embargo, de forma asombrosa, no fueron detenidos hasta el día de ayer, sábado 20.

“Fue una mala actuación de personal policial”, dijo el jefe de la Policía porteña, Gabriel Berard, esgrimiendo la teoría de las manzanas podridas una vez que la versión del enfrentamiento no prosperó, un clásico en este tipo de casos. En la conferencia de prensa, al ser consultado por el modus operandi de los tres agentes implicados en el asesinato, Gabriel Isassi, José Nievas y Fabián López, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, confirmó que era una brigada que operaba de civil y sin identificación. “Muchas veces hacen tareas de prevención”, arguyó, sin explayarse. El abogado de los policías se llama Alfredo Olivan. Es el mismo abogado que acompañó a Jorge Horacio Sáez, el Turco Sáez, a declarar ante la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia del Congreso. El Turco Sáez era el espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que integró la banda de los Súper Mario Bross dedicada al espionaje político prohibido durante el gobierno de Mauricio Macri. El grupo provenía de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y pasó en comisión a la AFI.

 

 

 

 

 

--¿Qué tenemos que hacer para que esto no pase más?

 

A unos días del crimen de Lucas González, el abogado Federico Ravina se pregunta, todavía absorto, sobre las razones de fondo.

 

Y arriesga una respuesta.

 

“Que haya pasado lo de Lucas, parece decirnos que no aprendimos nada en materia de derechos humanos y la vida de las instituciones. Pero no hay que perder de vista que el Estado Policial sigue más vigente que nunca, y para los pibes de los barrios pobres con gorrita la presunción de inocencia no existe. Basta haber escuchado las opiniones de Espert sobre cómo hacer queso gruyere con los delincuentes para dar cuenta de la instigación a la violencia, un caldo de cultivo electoral que exacerba el autoritarismo de la fuerza. No fue una aventura alocada de tres policías sueltos, sino una práctica ilegal que sigue existiendo dentro de la institución policial, como es la de patrullar sin identificación con la excusa de tareas de prevención. Ese fue el nudo de la cuestión. Y después, rescatar algo positivo: la versión policial no prosperó. Eso fue un logro social”.

 

 

 

 

--¿Cómo analizar ese último punto? –preguntó el Cohete a la Luna.

--Cuando ocurrió la Masacre de Budge, en 1987, no existía ningún reparo ante casos de gatillo fácil y violencia institucional. Luego se creó la Correpi, y nadie le daba pelota porque estuvo sola durante mucho tiempo. El caso de Fernando Carrera, en 2005, fue otro punto emblemático. Pero en estos últimos quince años surgió otra conciencia social sobre el abuso policial, antes éramos dos abogados y hoy hay más de 50 que trabajan en el tema. La Masacre de San Miguel del Monte, en 2019, fue un cachetazo para María Eugenia Vidal, porque el pueblo se organizó para repudiar la represión y no dejó pasar la versión policial en su fallido intento de pasarla como un accidente. Ahora pasó algo parecido con lo de Lucas González, la gente ya no tolera una aberración institucional y por eso hasta el mismo Rodríguez Larreta se vio obligado a condenarla.

Y agrega: "Hoy existen celulares que registran los hechos, hay cámaras de seguridad, hay programas de accesos a la justicia, están los CAJ, hay redes contra la violencia institucional. Y eso que los amigos de Lucas se comieron varias horas detenidos, se les armó una causa enseguida por averiguación de delito. Lo importante es que los sobreseyeron rápidamente, la versión policial no prosperó y eso fue por la rápida reacción social”. El abogado, que trabajó en el Programa Anti Impunidad, conoce de cerca los mecanismos de la policía en casos de gatillo fácil y causas armadas por la fuerza: ha sido también el defensor durante años de Fernando Carrera, el hombre inocente que erróneamente perseguido y herido por una balacera policial atropelló a tres personas y estuvo más de siete años preso por la llamada Masacre de Pompeya. “Hay un patrón común con lo de Carrera --sigue reflexionando Ravina--. Un auto sin identificación, un ciudadano asustado, disparos y luego una causa armada. La gran diferencia es que Carrera zafó de morir de la tremenda balacera que recibió, y en el camino, queriendo escapar de la violencia policial, atropelló estando inconsciente y tras ser herido por una bala de plomo a tres personas que perdieron la vida. Y en este caso Lucas murió y sus amigos se salvaron de milagro”.

 

 

 

 

Aquel enero de 2005 Fernando Carrera, un ciudadano común y corriente, comerciante, se disponía a cruzar Puente Alsina en dirección a Lanús en su Peugeot 205 blanco cuando se encontró con un Peugeot 504 negro sin ningún tipo de identificación policial y un par hombres que, armados, le hicieron señales para que detuviera la marcha confundiéndole con un supuesto ladrón al que buscaban --como, en apariencia, declararon en su “procedimiento” los tres agentes que mataron a Lucas--. Temiendo un robo --como ahora sintieron Lucas González y sus amigos cuando se les acercó de forma intempestiva el auto del que desconocían que estaba siendo manejado por policías de civil--, Carrera huyó por la avenida Sáez. La persecución duró 300 metros. Sin uniformes ni sirenas, los policías de civil emergieron por las ventanillas del Peugeot 504 y le dispararon a quemarropa, dándole 18 veces al 205 y 8 a su conductor. El desenlace fue brutal: un tiro le pegó a Carrera en la mandíbula dejándolo inconsciente, por lo cual su auto siguió adelante sin control hasta chocar con una camioneta. En el camino atropelló y mató a dos mujeres y un chico.

Pero los hechos, según la versión oficial, habían sido en apariencia otros. La policía aseguró de inmediato que había tenido lugar un tiroteo entre ambos autos; un testigo explicó que Carrera era un ladrón que escapaba de la policía y que después de atropellar a los peatones siguió disparando hasta desfallecer, y el comisario Villar, a cargo del operativo, se encargó de “limpiar” la escena antes de que llegaran los fiscales y no sólo eso: en una comunicación radial con la comisaría, no llegó a ponerse de acuerdo sobre si Carrera estaba “inconsciente, consciente o semiconsciente”. El documental “The Rati Horror Show” (2010), de Enrique Piñeyro --que en estos días twitteó: “La mano dura viene con gatillo fácil, son la misma cosa”--, demostró años después del hecho lo que la justicia no quiso investigar: el testigo era nada más ni nada menos que el presidente de la Asociación de Amigos de la Policía, a Carrera le plantaron un arma durante la pesquisa y los policías lo que menos hicieron fue interrogar a otros testigos cuyos testimonios contradecían la versión oficial.

A Carrera, linchado como un delincuente que merecía escarmiento, lo dejaron agonizando solo, tirado en la calle: los vecinos, enfurecidos, pedían su cabeza y las ambulancias tardaron media hora en asistirlo. Lo increíble es que, pese a la balacera recibida, Carrera sobrevivió. Una paradoja desquiciada: el hombre que nada hizo para merecer semejante crueldad, zafó de la muerte para después ganarse una temporada en el infierno. “El delincuente que mató a tres inocentes después de un robo y que salvó su vida después de un tiroteo con la policía”, según relataban los medios por aquel entonces -analogía con el presente, donde los grandes medios abonaron la teoría de la persecución y tiroteo en Barracas donde un supuesto ladrón había sido baleado en la cabeza. Ese supuesto ladrón era Lucas González-- fue juzgado y condenado a 30 años de prisión. Tras varias apelaciones, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Carrera recuperó la libertad hace cinco años.

Una aparición clandestina en un auto fantasma, sin patente y sin ningún tipo de identificación. La analogía con los años de la dictadura resulta inevitable, dice Agustina Lloret, abogada del CELS. “La exhibición de armas de fuego ya es grave; dispararlas a mansalva sobre inocentes bajo ese contexto es un atentado a la democracia”, acota. Y menciona, además de la Masacre de San Miguel del Monte de 2019 donde hubo cuatro adolescentes asesinados y una chica sobreviviente --con la causa principal ya elevada a juicio con 24 imputados--, el caso de Christopher Rego, asesinado en 2018 en Parque Patricios con un tiro en la espalda y otro en la nuca por no detenerse en un retén de seguridad vehicular. En aquella ocasión, Rego no frenó ante el supuesto pedido de un prefecto, que siquiera estaba identificado en el retén. Rego se asustó supuestamente al no reconocerlo, siguió de largo y el prefecto disparó. Lo abandonaron en la calle, luego la fuerza policial se encargó de limpiar la escena. En agosto de este año, el ex prefecto Pablo Brítez fue condenado a prisión perpetua por el hecho. El crimen había ocurrido bajo la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en diciembre de 2017 instaló con fuerza la “doctrina Chocobar”.

 

 

 

 

“No hay casos aislados en violencia institucional -explica Lloret-. Si tomamos lo de Monte, lo de Rego y ahora lo de Lucas González, son tres fuerzas policiales distintas, la Bonaerense, Prefectura y la Policía de la Ciudad, que actúan bajo un patrón: moverse en las sombras de supuestas tareas de prevención para intentar frenar autos en movimiento. Y lo que tenemos mayormente son tareas de vigilancia y estigmatización, y pibes que son acribillados a quemarropa y otros que se salvan milagrosamente”. La ley que rige sobre la Policía de la Ciudad establece que los agentes deben usar el uniforme de forma obligatoria pero admite excepciones, definidas a discreción de los policías. Pero incluso para eso se requiere autorización judicial y deben portar pecheras celestes identificatorias, algo que lejos estuvo del caso de Lucas González.

Según registran desde organismos defensores de los derechos humanos, la práctica recurrente de brigadas de civil en la policía suele darse mayormente en la protesta social y en la vigilancia de los vendedores ambulantes. Un hecho emblemático que aún se investiga en la justicia fueron las razzias contra manifestantes en la marcha contra la Reforma Previsional, en diciembre de 2017. “El mayor problema es cuando los agentes reciben órdenes de un superior, que se traducen en supuestos que legitiman el accionar de cada comisaría en el reparto del poder. No hay nada por escrito que regularice esas tareas de civil, todo se rige por disposiciones internas que no son de público conocimiento y forman parte del acervo oscuro de las fuerzas aún en tiempos democráticos”, enfatiza Lloret.

 

 

 

 

 

Las primeras horas del hecho estuvieron en manos de la propia fuerza sospechada, explica Juliana Miranda, investigadora del Equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. Es otro clásico de los casos de gatillo fácil, que conduce directamente a la manipulación de pruebas. Con lo de Lucas, el fuero de Menores investigó primeramente la conducta de los chicos y no la de los agentes policiales. Lorena Blanco, abogada de los chicos que viajaban con Lucas, denunció que “los policías montaron una obra para tapar el error garrafal que cometieron”. Y luego: “Creo que todo esto se hubiera tapado si los papás (de Lucas) no hubieran hablado con los medios y contado lo que había pasado”.

Pero no siempre ocurre de la misma manera en casos de gatillo fácil, y más si no se dan en Buenos Aires y alrededores. Hay otra cantidad de casos aún impune en todo el país que habla de la prepotencia de la fuerza policial de los últimos tiempos. En enero de este año, sin ir más lejos, este medio contó el crimen del joven Joaquín Paredes en Córdoba, asesinado en plena pandemia. Según contabilizaron desde los organismos de derechos humanos de esa provincia, ya se detectaron al menos ocho asesinatos desde marzo de 2020 por parte de la fuerza de seguridad. La gran mayoría fueron contra jóvenes varones y pobres. Desde que se había decretado el ASPO, en rigor, se denunciaron siete casos de uso de la fuerza letal que terminaron con muertos, además de Joaquín Paredes. Entre enero y agosto de 2021, el registro del CELS contabiliza 16 muertos en hechos de violencia con participación de funcionarios de la Policía de la Ciudad en CABA y Conurbano Bonaerense. En este último territorio se dieron 15 de los 16 casos. La totalidad de las muertes, en efecto, fueron provocadas por heridas de arma de fuego. “Es una estadística para tomar con pinzas. Porque el número en CABA parece bajo, pero en muchas de las muertes que ocurrieron en el Conurbano participaron agentes de la Policía de la Ciudad que poseen las armas las 24  horas. Y algunos de esos hechos se dieron en las paradas de colectivo y en puntos paradigmáticos de los barrios” , explica Juliana Miranda.2

 

 

En tanto la periodista e investigadora Claudia Cesaroni establece otro matiz. "Lo de Lucas nos conmueve, pero lamentablemente es el efecto de las prácticas cotidianas en la llamada prevención del delito, algo que luego se construye en los medios como enfrentamientos con tiroteos, como escribieron los grandes medios reproduciendo el parte policial. Y también hay que hacer hincapié en cómo Lucas se convirtió en una víctima fácil de empatizar porque era un pibe bueno que jugaba al fútbol. ¿Y si hubiera cometido un delito? ¿Se lo habría tratado de la misma forma?". Mientras aguardan los resultados de la autopsia, los familiares de Lucas esperan una masiva convocatoria para el lunes a las 19 frente al Palacio de Tribunales de la Capital, para una marcha pacífica con una vela y una bandera argentina. Allí seguirán hablando de la breve vida de Lucas, otra de las tantas historias de un pibe del conurbano que quería ser futbolista en la gran ciudad y que terminó fusilado por las balas de la policía cuando regresaba a su casa.

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