Bajo vigilancia

 

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espió a las organizaciones sociales que se movilizaron contra la reforma previsional de 2017. Así surge de un informe que consta en la causa sobre espionaje ilegal que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora. Pero este no fue un hecho aislado. Los espías imputados en Lomas hablaron con cierta normalidad de que eran enviados a fotografiar manifestaciones o a contar a quienes caceroleaban contra Mauricio Macri.

Diciembre de 2017 fue especialmente convulsionado. Cuando se empezaba a tratar la reforma a las jubilaciones de Macri, todavía seguían en el país los asistentes a la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esa cumbre había generado una movilización descomunal de los servicios de inteligencia vernáculos y, entre otras cosas, el inicio de una causa que serviría para que la AFI desplegara un espionaje masivo con un viso de legalidad. También significó la consolidación de la alianza con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

En la Casa Rosada todo era preocupación, y una gran oportunidad para poner a prueba el ojo espía.

 

 

Las llamadas

Susana Martinengo no era ajena a ese nerviosismo. Macrista de larga data, había llegado con Macri a la Casa Rosada, donde la habían designado como coordinadora de Documentación Presidencial. Cada vez que se peleaba con su jefa, Soledad Furnó, buscaba cobijo bajo el ala protectora del secretario privado de Macri, Darío Nieto.

“Cada vez que ella se metía con mi trabajo, yo iba a verlo a Darío Nieto”, se sinceró Martinengo cuando la indagó el juez Federico Villena, por entonces a cargo de la investigación por espionaje.

Martinengo lo había conocido a Jorge Sáez cuando su mujer trabajaba en la cocina del Gobierno de la Ciudad, donde ella también trabajó cerca de Macri. A ambos los unía un interés, la policía. Ella había sido directora de Seguridad de Ricardo Ivoskus en San Martín. Su hermano, un comandante de Gendarmería vinculado al espionaje con el Proyecto X, que después fue asesor de Patricia Bullrich. También había estado casada con un militar carapintada.

Sáez era un ex agente de inteligencia del Servicio Penitenciario (SPF), que había pasado por la Policía Metropolitana y a quien Diego Dalmau Pereyra había llevado en comisión a la AFI. Al Turco le había encomendado conformar un grupo que funcionaba por fuera de la estructura “formal” de la Agencia. No estaba asentado ni en la base Estados Unidos ni en la de Villa Martelli. Tenía un departamento que alquilaba en el barrio de Mataderos.

Para Martinengo, Sáez no era un espía, era su amigo – dijo en Lomas. Él iba a verla a Casa Rosada y ella incluso lo visitaba en el departamento de Mataderos. Allí se había quedado encantada con Rafael Di Zeo, dirigente de la barrabrava de Boca, quien le había prometido ayudarla a captar gente para una candidatura electoral por La Matanza. “Para mí La Matanza era todo”, decía Martinengo ante la mirada atónita de los funcionarios judiciales.

Antes de que se votara la reforma, hubo varias llamadas entre Martinengo y Sáez. En la causa hay registro de esas comunicaciones porque Sáez las grababa y se las enviaba a uno de los integrantes del grupo, Leandro Araque.

—Te juro por Dios que, bueno, me tiene en alerta esto, porque no podés hacer nada a menos de que tiren una ley para atrás. No sé, que la hagan en abril.

—Sí, sí. Bueno, si tenés un informe que no los comprometa a ustedes, pásamelo, que yo se lo paso a Nieto, al secretario privado. Como hice la vez anterior, ¿viste?

Martinengo quería un informe para el Presidente. El pedido motorizó a Sáez, que llamó a su jefe, Dalmau Pereyra, y volvió a comunicarse.

—Susi, perdoname que no te dejo descansar. Acabo de cortar con Diego. Me dijo: Llamala a Susi y que se quede tranquila que le está llegando todo. (Y esto te lo digo a vos). Me dice: Decíselo pero como para vos, que no sepa nada nadie. Hoy el nuestro, Arribas, se junta con él, así que está totalmente informado de todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. ¿Me entendés?

—Sí, yo recién ahí le mandé mensaje a Nieto, que es su secretario privado, y le dije: Nieto, viene complicada la cosa y le puse: Moreno, Avellaneda. Sugerile que deje pasar diciembre.

—Ah, bueno, pero igual Diego me dijo: Llamala a Susi y decile que se quede tranquila porque yo le dije, viste, hablé con Susi y me dijo que, si vos le querés hacer llegar algo sin que te comprometa, ella no tiene ningún problema, lo hace. Y acá dicen: No, no, decile a Susi, porque yo acabo de salir de una reunión, que se quede tranquila, que Mauricio…

—El uno sabe todo.

 

 

 

El informe

A Leandro Araque le preguntaron en el juzgado de Lomas por las tareas que había hecho su grupo en diciembre de 2017. Respondió que Dalmau Pereyra les había pedido que relevaran información, por ejemplo, de la cantidad de gente que iba a movilizarse. Era un relevamiento para la Dirección de Delitos Contra el Orden Constitucional, que funcionaba bajo la órbita de la Dirección Operacional de Contrainteligencia.

La Dirección de Delitos Contra el Orden Constitucional es la misma que había producido un informe sobre el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en septiembre de 2017. El informe como había contado El Cohete decía que se había realizado con fuentes propias, lo que inevitablemente significaba que había un agente de la AFI merodeando en la reunión en la que el PTS había participado en el Hotel Bauen. Todo iba en la misma línea.

En Lomas encontraron un nuevo informe con fecha del 19 de diciembre de 2017, en el cual la AFI analizaba la movilización contra la reforma previsional como un primer paso hacia la conformación de un frente anti-Macri. “Si bien existen diferencias entre algunas de las organizaciones y los sectores kirchneristas, las mismas se vieron necesitadas de encolumnarse junto con los elementos leales a Cristina Kirchner por una cuestión puramente estratégica y estructural. La finalidad de esa unión es conformar un frente de oposición al Presidente Mauricio Macri”, escribieron los agentes.

Según surge del documento, los ojos de la AFI se posaron en distintas agrupaciones. Entre otras están mencionadas La Cámpora, la Túpac Amaru, la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR), el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Partido Obrero (PO).

Para la AFI, todas las organizaciones respondían a los diputados de Unidad Ciudadana que habían sido electos en 2017. Entre otros mencionaban a Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Axel Kicillof y Eduardo Wado de Pedro.

 

 

 

 

Espiados

Dentro de La Cámpora, los espías se habían interesado en Horacio Pietragalla, actual secretario de Derechos Humanos de la Nación. Decían que era una de las personas con mayor influencia y poder territorial en La Matanza – el distrito de interés de Martinengo. También recordaba que es uno de los nietos encontrados por Abuelas de Plaza de Mayo y que integraba esa organización. “Fue uno de los promotores de los incidentes ocurridos entre diputados opositores y personal de la Gendarmería Nacional. También habría sido quien impartía las órdenes a los manifestantes que se encontraban en las adyacencias del Congreso Nacional”.

El informe también iba acompañado por una foto de una conferencia en la que habían participado Larroque (La Cámpora), el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, Juan Marino (TPR), Alejandro Coco Garfagnini (Túpac Amaru) y Luis D’Elía. “Se tratan cuestiones políticas y también planes de lucha tendientes a generar un clima de caos”, afirmaban los agentes de la AFI.

 

 

 

 

 

Avellaneda era un tema de preocupación en las charlas de Sáez y Martinengo, y Ferraresi tenía un espía asignado casi en exclusividad – según declaró Alan Ruiz. Era el Tano Cicarelli, uno de los moradores del departamento de Mataderos. La AFI listaba a distintas personas supuestamente vinculadas a Ferraresi como reclutadores de personas para la movilización. Uno de ellos era el Padre Francisco Paco Olveira. Araque contó ante la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que probablemente se encontraran imágenes del Padre Paco en su teléfono porque ellos habían concurrido a un retiro espiritual organizado por el cura, a quien –según Araque– lo unía una amistad con Dalmau Pereyra. La amistad, de existir, no impidió que terminara en el informe de inteligencia.

Los espías se dedicaron también al Movimiento Evita. Copiaron los números de teléfonos de Emilio Pérsico y de otros integrantes del grupo. En el informe, decían que el diputado Leonardo Grosso había participado activamente de los incidentes. Curiosamente no consignaron que Grosso terminó atacado por un perro de la Gendarmería en medio de una represión brutal.

A Barrios de Pie lo asociaban con la posibilidad de saqueos. De la CCC contaban cuántos micros habían movilizado, sin dejar de investigar a quien pertenecía un auto Peugeot que estaba en la rotonda de Ciudad Evita desde donde partían los colectivos. De esa persona figuraba el dominio del auto e imágenes de su cuenta de Facebook. También había fotos de militantes del Partido Obrero que después terminaron en prisión preventiva por la protesta.

De Grabois habían reunido varias fotos con el Papa Francisco, pero uno de los datos más inquietantes era que tenían audios que Rafael Klejzer, referente de la UTEP, había enviado a un grupo de WhatsApp que compartía con otras organizaciones sociales. Según la AFI, los audios habían sido aportados por una fuente, lo que hace presuponer que el grupo pudiera estar infiltrado.

 

 

 

 

 

Los cuñados

Para fines de 2017, la AFI sufrió una remodelación interna. La más importante estuvo relacionada con la separación de Contrainteligencia y de Terrorismo. Contrainteligencia siguió hasta mayo de 2018 en manos de Dalmau, cuando lo relevaron y mandaron a Chile. Terrorismo quedó bajo el dominio del cuñado de Majdalani, Darío Biorci. De Biorci dependía otro cuñado célebre, Carlos Tonelli, hermano de la ex pareja de Gabriela Michetti. Tonelli estaba al frente de Eventos Especiales, que se ocupaba de las cumbres de la OMC y del G20, así como de los juegos olímpicos de la juventud.

La Dirección Operacional de Contrainteligencia tenía a su interior cuatro direcciones: Reunión Interior (Eduardo Winckler), Delitos contra el Orden Constitucional (Miguel Unamuno), Contrainteligencia (Juan Hernández) y Crimen Organizado y Delitos Federales Complejos (Marco Constenla).

En mayo de 2018, la AFI sumó a Alan Ruiz, de confianza de Patricia Bullrich. Dalmau Pereyra hizo un almuerzo en la base y lo presentó como el nuevo responsable del lugar. Es decir que ocuparía la dirección de Contrainteligencia, que estaba en manos del piloto Hernández. Las cosas empezaron a complicarse cuando el propio Dalmau salió eyectado y su lugar lo ocupó Martín Coste, que había sido su segundo durante 2016 y 2017. La rivalidad entre Coste y Ruiz fue evidente. Ruiz terminó descolgado del organigrama después de que le fallara la operación de espionaje en el Patria, pero con línea directa con Majdalani. “Hola, Nueve”, le decía ella a su nueva adquisición.

Coste hizo pocos cambios a la estructura de la Operacional de Contrainteligencia. Sólo sacó a Constenla y lo reemplazó por Andrés Bertolini, que estaba en La Casa desde la época de Francisco Paco Larcher y había llegado a ser el número dos de la Dirección de Observaciones Judiciales, más tristemente célebre como la Ojota o la oficina de escuchas. Después de que Cristina Fernández de Kirchner trasladara la oficina a la Procuración, Bertolini había pasado a la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), desde donde lo rescató Coste.

 

La mesa

Alan Ruiz empezó a tener roce con la AFI durante las mesas de coordinación que se hacían en la previa a la cumbre de la OMC de diciembre de 2017. Ahí trabó contacto con Dalmau Pereyra y también conoció a Majdalani. Con ella, en ese momento, no pudo intimar porque las reuniones eran amplias, declaró Ruiz.

La Señora Ocho también habló en Lomas de la mesa de coordinación para las cumbres, una instancia de articulación cuya existencia se presuponía, pero no había hasta ahora una confirmación real. Majdalani explicó que esta mesa la integraba la AFI, el Ministerio de Seguridad de Bullrich, el Ministerio de Seguridad provincial y el de la Ciudad, la Dirección de Migraciones, los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y los jefes de seguridad de las fuerzas de seguridad.

Cuando Ruiz llegó a la AFI, siguió estando en las reuniones, pero también en las que sucedían en el edificio de 25 de mayo. Dijo que semanalmente se reunían él, Coste y Majdalani para evaluar, por ejemplo, qué manifestaciones podían esperarse. Cuando las marchas eran en las provincias o podrían venir desde las provincias, participaba Reunión Interior. Si las marchas eran en la Capital, eran monopolio de la Dirección de Delitos Contra el Orden Constitucional.

 

 

Fotos y cacerolazos

Cuando fue la protesta en Congreso, Dominique Lasaigues estaba terminando la Licenciatura en Criminalística en el Instituto Universitario de la Policía Federal. En enero de 2018, sólo le quedaban dos finales por aprobar. Un amigo del padre le dijo que podía vincularla con Gustavo Arribas. En marzo ya estaba trabajando en la AFI. Su jefe directo era Martín Terra, también amigo del Señor Cinco. Durante los primeros meses de trabajo, Lasaigues iba a fiestas electrónicas para captar a posibles dealers.

Ese grupo se disolvió para mediados de 2018, cuando Coste reemplazó a Dalmau Pereyra al frente de la Dirección Operacional de Contrainteligencia. La muchacha pasó a trabajar entonces bajo el ala de Alan Ruiz.

Lasaigues es una de las imputadas por el espionaje ilegal de la AFI. Durante su indagatoria contó que Ruiz le pedía que revisara en Facebook cuándo iba a haber movilizaciones en Zona Norte y la mandaba a sacar fotos. Recordaba especialmente haber ido a marchas de Barrios de Pie o del Polo Obrero. “Iba, sacaba las fotos para ver quiénes estaban y las mandaba al grupo de WhatsApp”, explicó en el juzgado de Lomas.

En diciembre de 2017, la AFI estuvo husmeando en los cacerolazos contra la reforma. En ese entonces, el periodista Marcelo Bonelli lo contó en la señal TN. Un año después, repitió la práctica cuando empezaba a escucharse el descontento contra Macri. Así lo confirmó otro de los ex espías imputados en Lomas. Guillermo Matta había ingresado a la AFI en comisión en octubre de 2018. Lo había llevado su hermano Emiliano, que era uno de los más cercanos a Alan Ruiz. Como Guillermo vivía en la zona sur del Conurbano, Ruiz le ordenó que viera cuánta gente había en los cacerolazos que se sucedían en cada una de las estaciones que transitaba el tren Roca después de Constitución entre noviembre y diciembre de 2018.

 

 

Las causas

El espionaje sobre los movimientos sociales es parte de la trama que los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide tienen que reconstruir en las próximas semanas en una de las causas que tramita en Lomas. En los últimos meses también la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, radicó denuncias en Comodoro Py por el espionaje contra periodistas y activistas en el marco de las cumbres y por la intrusión a los correos de dirigentes políticos. Esta semana, Caamaño amplió la denuncia de los mails tras haber encontrado otro disco rígido, pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió que ese descubrimiento deberá ser investigado en otro juzgado. La suerte se inclinó hacia Rodolfo Canicoba Corral, que el 29 dejará los tribunales de Comodoro Py al cumplir 75 años. Lo subrogará Julián Ercolini.

Es posible que la investigación en Lomas se ralentice, ya que tanto la fiscal Incardona como el juez Juan Pablo Augé contrajeron Covid después de la larga indagatoria a Coste del viernes 17. El espía y su abogado también están cursando la enfermedad. Augé está con síntomas leves y esperan que pueda seguir trabajando desde su casa. Incardona debió ser internada con una neumonitis.

Los fiscales Incardona y Eyherabide deberían en los próximos días dictaminar sobre la situación procesal de Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y el propio Coste por el espionaje contra Cristina Fernández de Kirchner. Todo hace presuponer que van a pedir su procesamiento. Majdalani y Arribas se resistieron a responder preguntas porque impugnan la competencia del juzgado para investigarlos.

Coste, por el contrario, se despachó contra sus ex jefes y contra la Dirección Administrativa de Jurídicos, que estaba a cargo de Juan Sebastián de Stefano. El Enano debía ir el jueves pasado a declarar ante la Bicameral, pero notificó al presidente del cuerpo, Leopoldo Moreau, que sólo declararía ante sede judicial si se lo requieren. La Bicameral lo quiere escuchar, por lo que insistió en su citación para el martes 28, bajo apercibimiento. Si no acude, lo van a llevar de las pestañas.

 

 

 

 

 

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