Axel se libra del cable

 

Las cámaras y micrófonos no fueron potestad únicamente de las cárceles federales durante el macrismo. En la Unidad 3 de Melchor Romero se encontraron orificios compatibles con un cableado instalado para controlar los movimientos de quienes estaban ahí. La escandalosa connivencia entre el Servicio Penitenciario y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que investiga la justicia federal de Lomas de Zamora, terminó de decidir al Ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, de disolver la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), una herencia de la dictadura.

 

Cambio de paradigma

La Jefatura del SPB funciona en un edificio sobre la calle 6 de La Plata. Allí la Dirección de Inteligencia había destinado tres oficinas para los agentes que se dedicaban a la Inteligencia en los penales bonaerenses. Eran alrededor de 22 personas dedicadas a estas tareas y, aunque a priori no se detectó que estuvieran relacionadas con el cableado de la Unidad de Melchor Romero, dejarán de trabajar con el paradigma de la inteligencia heredado de la última dictadura.

“Es una idea que teníamos desde el principio de la gestión porque no hay ninguna razón que justifique que la agencia penitenciaria integre el sistema de inteligencia”, explicó Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense. “Esto no significa que el SPB va a dejar de producir información, pero no creemos en el formato de inteligencia”.

En democracia, la inteligencia penitenciaria tuvo como función, por ejemplo, la recaptura de presos o la prevención del delito o motines al interior de las cárceles. Toda la información recolectada al interior de las unidades pasaba a manos del jefe del SPB. Durante la gestión de María Eugenia Vidal, además de la Dirección de Inteligencia del SPB, se creó un área de inteligencia dentro de la Subsecretaría de Política Penitenciaria. Ahí revistaba un agente del SPB que también integraba la banda de los Súper Mario Bros, dedicada al espionaje político.

 

 

Génesis

Antes, el SPB se llamaba Sistema Correccional. Pese a las diferentes denominaciones siempre hubo estructuras de inteligencia en las cárceles, con la excepción del gobierno de Oscar Bidegain (1973-1974).

Según información encontrada en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) – en manos de la Comisión Provincial por la Memoria --, para principios de 1975 ya funcionaba una División de Inteligencia. Así surge de una comunicación que el jefe interino del Servicio Correccional, el inspector general Andrés Spicoli, le envió el 27 de febrero de 1975 al jefe policial, informándole la creación y anunciándole que se integraría a la comunidad informativa.

El primero en hacerse cargo de esa nueva división fue Isaac Crespín Miranda, condenado en 2014 por crímenes en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha – que funcionaba en terrenos aledaños al penal de Olmos. En su indagatoria, Miranda relató que él era el único agente penitenciario bonaerense formado en inteligencia para entonces. Su legajo también muestra que se había dedicado a la inteligencia en las cárceles entre 1969 y 1972. Tras egresar de la Escuela Penitenciaria en 1960, había pasado por la Escuela de Inteligencia de la Policía Federal Argentina.

Durante los años del terrorismo de Estado, la inteligencia penitenciaria –dijo Miranda– se centró en las unidades donde se alojaban “subversivos”. Entre ellas nombró, la Unidad 2 de Sierra Chica y la Unidad 9 de La Plata. Su función era mantener informado al jefe del SPB de entonces, el coronel Aníbal Guillén, con las fuentes de información “inagotables” que había en las unidades penitenciarias. Reconoció también que la inteligencia penitenciaria trabajaba sobre las visitas y en detectar, por ejemplo, los caramelos, los mensajes con letra milimétrica o “tinta invisible” que mandaban los detenidos políticos desde el interior de las cárceles.

 

 

 

 

Rémora dictatorial

En la Unidad 9 (U9) -- según lo estableció la sentencia de 2010– coexistió un régimen penitenciario formal con un régimen de represión ilegal, que involucraba los tormentos y los homicidios dentro y fuera de la cárcel. Fue, además, un paradigma de la inteligencia sobre los presos y sobre muchos de sus familiares. Adentro, los presos estaban divididos en pabellones de acuerdo con sus militancias y sus jerarquías. Afuera, sus familiares que denunciaban las condiciones eran perseguidos y terminaron siendo víctimas del aparato represivo. En su libro Detenidos-Aparecidos, Santiago Garaño y Werner Pertot listaron a 17 familiares de los presos de los “pabellones de la muerte” que fueron desaparecidos.

En los fundamentos de su fallo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata reconoció la posible actividad de inteligencia efectuada por los miembros del penal sobre los familiares. Como ejemplo, los jueces mencionaron el caso de Eduardo Anguita, cuya madre, Matilde Vara, fue secuestrada y desaparecida en 1978 mientras estaba en su lugar de trabajo. Anguita recordó que cuatro días antes de enterarse de la desaparición de su madre, el penitenciario Raúl Rebaynera ingresó a su celda y le sacó todas las cartas que Matilde le había enviado. En ese momento, no lo pudo entender. Con los años ató los cabos sueltos.

En plena dictadura, el SPB se dio su ley orgánica, donde quedó establecido el Departamento de Inteligencia dentro de la Jefatura, como seguía funcionando hasta ahora. “En una etapa previa, hubo una capacitación del Ejército, lo que después fue acompañado por la intervención y por el nombramiento de jefes militares, por lo que quedó una inteligencia del Servicio Penitenciario con mentalidad militar”, explica la abogada Guadalupe Godoy, querellante en las causas de lesa humanidad que tramitan en La Plata.

 

 

 

Un salto de 40 años

El 18 de junio pasado, Jorge Sáez, el Turco, declaró ante la Bicameral de Fiscalización y Monitoreo de los Organismos de Inteligencia. Él contó que Alan Ruiz, que estaba a cargo de las operaciones especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), andaba con una hojita de papel en la que diseñaba cómo iba a ser la celda en la cual iban a encerrar a Hugo y Pablo Moyano. “Va a tener una ventanita acá”, contó Sáez que le decía Ruiz, por entonces su superior en la Agencia.

Según lo que declararon los agentes, Ruiz habría mandado unos autos de la AFI para cablear la Unidad 3 de Melchor Romero, lugar elegido para trasladar a los Moyano cuando fueran detenidos. Al interior del SPB, el cableado se justificó con que iban a trasladar a los presos de la Triple Fuga y que iban a presenciar el juicio por videoconferencia. Ese traslado no se materializó.

Los libros de guardia que acreditan el ingreso de los vehículos de la AFI están en poder de la Bicameral. Lo sorprendente es que la directora de la Unidad declaró ante la Justicia que había recibido una llamada desde la subsecretaría de Política Penitenciaria anunciándole que iba a llegar una empresa a acondicionar la unidad. No fue una empresa, sino la propia AFI.

El juez federal Federico Villena realizó allanamientos en la Unidad 3 de Melchor Romero. Allí detectó orificios en el patio exterior e interior, en la sala de termotanque, en la oficina de Vigilancia y Tratamiento y en la Sala de Abogados. Por eso, la semana pasada le solicitó al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que designe ingenieros para determinar cuándo se produjo la obra y si efectivamente son compatibles con los orificios que se hacen en las paredes para instalar sistemas de micrófonos y cámaras.

Otro de los agentes de la AFI que declaró ante la Bicameral, el abogado Facundo Melo, dijo haber sido víctima de los micrófonos del penal de Melchor Romero. Ahí estaba detenido su cliente Damián Lagaronne, uno de los líderes de la barrabrava de Independiente. Melo denunció el año pasado ante la justicia que Ruiz lo presionaba para direccionar la declaración de su cliente contra los Moyano. En los últimos días contó que le hizo escuchar una conversación que había mantenido con Lagaronne, cuando lo visitó en la cárcel.

 

 

El hombre

Además de Melo y Sáez, Ruiz tenía en su grupo a un agente de inteligencia del SPB de nombre Andrés Rodríguez, que estuvo en comisión en la AFI entre julio de 2018 y noviembre de 2019 – coincidentemente con el período en que se desempeñó Ruiz en la ex Secretaría de Inteligencia. El nombre de Rodríguez fue aportado por el propio Ruiz en la declaración indagatoria que brindó ante el juez Juan Pablo Augé.

Ruiz conoció a Rodríguez mientras estaba a cargo del programa de búsqueda de prófugos del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, porque Rodríguez estaba abocado a una tarea similar en territorio bonaerense. Lo llevó con él cuando se mudó a la AFI y lo destinó a distintas tareas en La Plata, según dijo el propio Ruiz.

Antes de su incursión en la Agencia, Rodríguez estuvo destinado a la Dirección de Inteligencia que funcionaba dentro de la Subsecretaría de Política Penitenciaria, entonces a cargo de Juan Baric, y desde donde salió la llamada a Melchor Romero avisando que llegarían los autos. Ahí donde el gobierno de las cárceles se junta con el gobierno de la política.

 

 

 

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