AVIONES Y TERRORISMO

Por Horacio Verbitsky
Diseño, Alejandro Ros, animación, SIlvia Canosa

 

El operativo desestabilizador montado en torno del avión venezolano con tripulación iraní escaló ayer cuando Diego Cabot en el diario La Nación instaló al diputado Máximo Kirchner y a la organización La Cámpora "en medio de las sospechas por el avión venezolano". La nota enumera "las agencias del Estado que intervienen en el mercado aerocomercial argentino" y sus autoridades vinculadas con La Cámpora. Lo que no hace en ningún momento es fundamentar cuál sería la irregularidad que se señala. Cabot es un operador calificado: fue el principal socio del ex juez Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli en la causa armada a partir de los cuadernos Fénix, presuntamente escritos por el suboficial del Ejército Oscar Centeno. Recién cuatro años después del escándalo, un juez ordenó el peritaje caligráfico de tres de esos cuadernos, sobre cuya autoría el propio suboficial Centeno intenta tomar distancia, luego de un peritaje sobre la versión electrónica, encomendado a un estudio de peritos calígrafos por uno de los empresarios detenidos, que ni es constructor ni realizó jamás una obra pública. De ese modo se identificaron cerca de 1.600 adulteraciones e irregularidades, entre tachaduras, correcciones, testados y sobre escritos.

El jueves 16 de junio, el avión Boeing 747 que la empresa venezolana Emtrasur adquirió en enero a la iraní Mahan Air, llevaba diez días retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, al que llegó el 6 de junio con un cargamento de autopartes para el modelo Taos que Volkswagen produce en su planta del Gran Buenos Aires. Hasta el cierre de esta edición no había en el expediente acusación fundada contra ninguna de ambas compañías ni respecto de los tripulantes de la nave, cinco iraníes y 14 venezolanos, y no obstante distintas agencias del gobierno nacional practicaron sucesivas diligencias que vararon la máquina y su tripulación en tierra, mientras los medios que expenden los off the record de la embajada de Estados Unidos y sus organismos de inteligencia, sugerían la posible vinculación con actividades terroristas. Las agencias que dispusieron esas medidas son las que Cabot incrimina en su panfleto: la ANAC, la EANA, Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El sentido de la realidad de La Nación se perdió en la niebla que forzó al avión a dirigirse a Córdoba.

El mismo día se cumplieron 67 años del peor acto terrorista de la historia argentina, perpetrado desde aviones de la Armada y de la Fuerza Aérea, que bombardearon la Casa de Gobierno, la CGT, la residencia presidencial, que estaba donde hoy se erige la Bilioteca Nacional, causando más de 300 muertes y heridas graves a casi mil personas, la mayoría de ellas ametralladas cuando cruzaban la Plaza de Mayo en el horario del almuerzo.

 

 

 

 

 

 

Lo que tienen en común ambos episodios es el odio del poder económico al peronismo y a la participación política de las clases subordinadas de la sociedad, que no se ha modificado en dos tercios de siglo, a pesar de las ostensibles diferencias entre los gobiernos de Juan Perón, cuyo derrocamiento se procuró entonces, y de Alberto Fernández, a quien no le toleran ni siquiera expresiones verbales en favor de la justicia social y la distribución del ingreso.

Tampoco debe descartarse que la evidente operación de inteligencia en curso apunte contra el Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, por su intención de renegociar el acuerdo nuclear 5+1 con Irán, y el acercamiento a Venezuela en procura de reemplazar el abastecimiento de petróleo ruso. La tensión entre Israel e Irán creció a raíz del asesinato por dos motociclistas en Teheran, del Coronel de la Guardia Revolucionaria Quds, Hassan Sayyad Khodaei, y la detención de miembros de una red israelí de inteligencia acusados por el crimen.

 

 

 

Ninguna sorpresa

Una semana antes de la llegada del avión a Ezeiza, el Presidente Fernández le había anticipado al ex senador Christopher Dodd, representante de Biden, que durante la cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles cuestionaría:

  • la desvirtuación de la OEA desde la designación de Luis Almagro como Secretario General;
  • la ocupación del BID, por primera vez presidido por un estadounidense y no un latinoamericano;
  • el golpe en Bolivia, y
  • el ataque militar a Venezuela.

Agregó que nadie estaba más decepcionado que él, porque en un año y medio, Biden no había enmendado ninguno de esos graves errores de su predecesor, Donald Trump. Luego de la cumbre, Alberto expresó en una conferencia de prensa que no hubo ninguna sorpresa, porque el gobierno de Estados Unidos había sido informado con antelación sobre cada punto. Lo único sorprendente hubiera sido que esa sinceridad no tuviera réplica. Y no porque la haya dispuesto Biden, quien, igual que un mandatario argentino, tiene sólo una parcela de poder y está sometido a operativos de desestabilización.

El clivaje entre la legalidad institucional y las actividades clandestinas tiende a acentuarse cuando gobiernan los demócratas, con zancadillas recíprocas con los republicanos:

  • Documentos secretos del Pentágono desclasificados en diciembre de 1997 revelaron que el 4 de octubre de 1963, el Presidente John Kennedy ordenó retirar antes de 1965 los 16.000 asesores norteamericanos estacionados en Vietnam. Según el documento firmado por el Jefe de Estado Mayor Conjunto, general Maxwell Taylor, los primeros mil debían salir de Vietnam en diciembre de 1963. Días antes, el 22 de noviembre de 1963, el Presidente fue asesinado.
  • En 1977, cuando Jimmy Carter llegó a la presidencia e hizo del respeto a los derechos humanos un eje de su política exterior, los organismos de seguridad e inteligencia de su país actuaron en forma autónoma y reclutaron a militares argentinos para organizar un ejército de contras en Centroamérica, que trasplantó a esa región las prácticas de terrorismo de Estado que la dictadura argentina venía aplicando desde 1976. Contó para ello con el financiamiento de un grupo de empresarios que pagaron el viaje y los gastos de quienes vinieron a formarse en el Batallón de Inteligencia 601, entre quienes se destacaban Franco Macrì y Ricardo Mansuetto Zinn, tal como narré en mi libro Malvinas, la última batalla de la Tercera Guerra Mundial.
  • En 1999, el Presidente Bill Clinton fue sometido a juicio político por los usos del cigarro en el despacho oval. Resultó absuelto, pero en represalia al año siguiente su gobierno desclasificó los documentos secretos que probaban la intervención del ex Presidente Nixon y su asesor Henry Kissinger en el golpe de Pinochet en Chile.
  • En 2015 Barack Obama negoció un tratado de desnuclearización con Irán, del que también participaron Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia y China. Estados Unidos levantó las sanciones contra Irán, a cambio de que la República Islámica renunciara a un desarrollo nuclear autónomo que pudiera conducir a la producción de armas atómicas. La oposición republicana invitó al primer ministro israelí Netanyahu a pronunciar un discurso incendiario contra el Presidente en el Capitolio, algo sin precedentes. Trump denunció el acuerdo y Biden, que esta semana visitó la región, planteó la posibilidad de reponerlo, a lo cual se opone Israel. Uno de sus argumentos es que la Agencia Internacional de Energía Atómica, que dirige el argentino Rafael Grossi, declaró haber encontrado trazas de uranio enriquecido en uno de los sitios nucleares de Irán. Grossi también se quejó de que Irán había desconectado dos cámaras de la AIEA en Natanz, lo cual mengua su capacidad de monitoreo.

 

 

Rafael Grossi muestra una de las cámaras de vigilancia

 

 

La abogada María Eugenia Talerico, habitual participante en coloquios y seminarios organizados en Miami por entidades abastecidas por la CIA y el Comando Sur, denunció ante el juzgado federal de Lomas de Zamora la presunta vinculación del avión con actividades terroristas de Irán, favorecidas en Sudamérica por Venezuela. Lo hizo como abogada de los diputados cambiantes Ricardo López Murphy y Gerardo Milman, quien es el principal colaborador de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Antes Talerico había sido subdirectora de la Unidad de Información Financiera (UIF), pese a que en la actividad privada había defendido de acusaciones por lavado de dinero al banco de Hong Kong y Shanghai (HSBC), el que ha recibido más multas de la UIF.

La denuncia de Talerico sólo cita notas periodísticas, que son un componente fundamental de esta operación, como lo fueron hace siete años cuando el fiscal general Natalio A. Nisman apareció muerto luego de denunciar a la entonces Presidenta CFK de encubrimiento al atentado contra la sede porteña de la DAIA por haber firmado un memorándum de entendimiento con Irán. Va dirigida contra el Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski (quien aspira a la embajada argentina en Israel); la Directora Nacional de Migraciones, María Florencia Carignano; la Administradora Nacional de Aviación Civil, Paola Tamburelli; la presidenta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Gabriela Logato y la ahora ex Directora General de Aduanas, Silvia Brunilda Traverso, por haber permitido ingresar al avión, con un manifiesto de vuelo irregular y el transponder apagado. Pero nada de eso es cierto. Logato desmintió que el transponder haya sido apagado en algún momento del vuelo, lo que permitió a la EANA darle en todo momento el servicio de vigilancia radar. Talerico es fundadora de la agrupación Será Justicia, que ha convocado a movilizaciones contra el gobierno en defensa de la presunta independencia judicial. También ha hecho lobby ante el Fondo Monetario Internacional para que no refinanciara la deuda argentina. Otro patrocinante de la denuncia fue el especialista en redes Yamil Santoro, organizador de los primeros cacerolazos contra Cristina en 2013, quien admitió haber viajado a Brasil con todos los gastos pagos por la Fuerza de Tareas Argentina financiada por los fondos buitre.

Antes de que existiera una causa penal y sin orden judicial alguna, medio centenar de agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria revisaron el avión y no encontraron nada anómalo. Por esa acción ilegal uno de los tripulantes venezolanos denunció a la PSA. La Dirección de Migraciones les retiró los pasaportes a los tripulantes, de modo que no pueden salir del país ni siquiera por otros medios. El avión está inmovilizado por falta de combustible, que ningún proveedor acepta suministrarle, pese a que Shell ya había cobrado el reabastecimiento por anticipado. Otro tanto ocurrió en Uruguay, a donde la máquina se dirigió para cargar combustible. Pero mientras estaba en vuelo, el gobierno oriental comunicó que revocaba la autorización y, luego de un sobrevuelo en círculos de una hora y media y con sus tanques cerca de cero, el Boeing regresó a Ezeiza.

El juez federal Federico Villena secuestró la máquina, allanó el hotel donde se alojaban los tripulantes y pese al secreto del sumario proveyó a la prensa de información y fotografías de los procedimientos. Infoemba y La Nación no tuvieron empacho en publicarlas con sellos que reivindican su exclusividad. Es la misma combinación perversa que Cabot, Stornelli y Bonadío entablaron en la causa de los cuadernos Fénix.

 

 

La Nación e Infoemba dejan las huellas de su participación en el operativo, al estilo Bonadío.

 

 

Según quién sea el funcionario que hable sobre el tema, siempre en off the record, varía el organismo de inteligencia que alertó sobre el avión y sus tripulantes. Hay quienes afirman sin lugar a dudas que fue el Mosad israelí. Otros dicen la CIA estadounidense, y también se atribuye el soplo a la DEA. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo públicamente que la oposición trataba de ocultar que el avión venezolano-iraní acababa de transportar un cargamento de cigarrillos de un político paraguayo, amigo del ex Presidente argentino Maurizio Macrì, hasta la posesión holandesa de Aruba. Uno de los indicios sospechosos es que el valor declarado del cargamento era de 750.000 dólares, y el costo del flete de 300.000, lo cual parece antieconómico. Además, hace dos semanas el organismo anti-lavado de Paraguay denunció ante el ministerio público al ex Presidente Horacio Cartes por contrabando y lavado de activos. Cuando se inquiere por qué la primera alerta fue recibida en Asunción, la respuesta es que se trata de una ayuda de Biden al Presidente Mario Abdo Benítez, quien dentro de seis meses disputará con Cartes la conducción del Partido Colorado. Copia del informe, que menciona transferencias desde empresas de Cartes a personas investigadas por narcotráfico, fue remitida al Tesoro de Estados Unidos.

 

 

 

El aviso inicial a Paraguay habría provenido de esa agencia dedicada a las drogas.

Villena también secuestró los celulares de los tripulantes y encomendó su peritaje a la policía porteña, cuyo jefe, el Ministro Marcelo D'Alessandro, es compadre del juez. Su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó al coro indignado de la oposición por la supuesta lenidad oficial con el terrorismo. El juez rechazó un hábeas corpus presentado por los tripulantes, alegando que no había alertas ni restricciones en su contra, pero en otro alarde de derecho creativo, abrió una causa penal. Como no tenía sustento para ello, acudió en su auxilio la DAIA, que presentó una denuncia similar a la de Talerico y solicitó constituirse en querellante. El compadre D'Alessandro reconoció que "no tenían ninguna alerta roja ni pedido de captura. Tampoco sabemos por ahora que hayan cometido algún delito", y sin embargo la Argentina no debería haberle permitido el ingreso.

Su presidente, Jorge Knoblovits, fue uno de los actores más destacados en el show contra el gobierno argentino montado en la década pasada por los fondos buitre y el fiscal general Nisman.

 

 

Cartón lleno

Otros actores de aquella representación se hicieron presentes también en esta:

  • Damián Pachter.

Cerca de la medianoche del 18 de enero de 2015 informó en las redes sociales que el cuerpo sin vida de Nisman había sido hallado en un charco de sangre en el baño de su departamento, cosa que había sucedido dos horas antes. Luego de ello viajó a Israel alegando que había sido amenazado. Su abogado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que Pachter fue entrenado durante tres años por el Ejército israelí para “actuar en circunstancias extraordinarias”. A sus compañeros del Herald les dijo que había sido vocero de aquel Ejército. Ahora, Pachter fue el primero en publicar las fotos de los tripulantes iraníes del avión y en vincularlos con los guardias revolucionarios de la organización Quds. En una aparición en el canal de televisión israelí i24news, que transmite sobre temas de política internacional, Pachter dijo que cada vez que los Kirchner están en el gobierno, aparecen los iraníes en la región.

 

 

 

  • Israel Hayom

Es el diario israelí de distribución gratuita en el que Pachter publicó su informe sobre el avión. Pertenecía al magnate del juego Sheldon Adelson, quien financió las campañas políticas de Trump en Estados Unidos y de Netanyahu en Israel. Era socio del fondo Elliot, de Paul Singer, y fue uno de los patrocinantes de la Fuerza de Tareas Argentina, que para presionar el pago a los buitres lanzó una campaña internacional vinculando a Cristina con el entonces gobernante iraní Mahmud Ahmadinejad. Adelson murió el año pasado pero su esposa Miriam, considerada la persona más rica de Israel, con un patrimonio de 38.000 millones de dólares, fortaleció los vínculos con el actual primer ministro Neftalí Bennet, con quien comparte una obsesión con Irán. El 24 de enero de 2015 publiqué una planilla con los pagos de 282.000 dólares que Nisman recibió del diario de Sheldon Adelson. Las transferencias de Israel Hayom a Nisman se realizaron entre 2010 y 2014, a una cuenta del Bank Hapoalim de la ciudad de Colonia, de la República Oriental del Uruguay. El fiscal nunca declaró esos fondos, que los ejecutivos del grupo periodístico justificaron como honorarios por conferencias de las que no hay constancias. La primera transferencia se acreditó el 26 de octubre de 2010, un mes después de un seminario sobre la penetración de Irán en América Latina, co-organizado por la DAIA, el Congreso Judío Latinoamericano y la fundación Israel Allies Caucus, financiadas por Adelson, quien amenazó con un juicio si no me retractaba, pero no cumplió su amenaza a pesar de que ratifiqué y amplié la información.

 

  • Joseph Michael Humire

Es un norteamericano hijo de bolivianos de estrecho contacto con Nisman. Fue directivo de la coordinadora internacional de think tanks neoliberales Fundación Atlas, para la cual se especializó en defensa y seguridad, y director ejecutivo del Center For A Secure Free Society. Veterano de la Infantería de Marina, participó en misiones de combate en Irak y Liberia y en el Operativo de entrenamiento Unitas 45-04, en América Latina y el Caribe. “La combinación de experiencia militar y educación en libertad de mercados ha hecho de él una estrella ascendente en la comunidad de relaciones exteriores y seguridad nacional”, dice Humire de sí mismo. Evo Morales sostuvo que el sargento de marines Humire y otros militares estadounidenses estaban “camuflados como estudiantes” durante el alzamiento separatista de 2006 en Santa Cruz de la Sierra. Experto en “guerra asimétrica”, en 2014 Humire publicó el libro Iran’s Strategic Penetration of Latin America, tema sobre el que expone en forma regular en Fox News, los diarios Washington Times y Huffington Post, las señales de televisión Univisión, Telemundo, CNÑ, TN-24 de Colombia y The Voice of America, en Washington. En su testimonio del 9 de julio de 2013, ante la Comisión de Seguridad Nacional del Capitolio, Humire citó in extenso un dictamen de 500 páginas en el que Nisman describe una red de inteligencia encubierta que Irán habría desarrollado en América Latina durante treinta años. En octubre de 2013, Mary Anastasia O’Grady entrevistó a Humire en el Wall Street Journal y advirtió que el “narco-Estado represivo” de Bolivia podía convertirse “en un centro internacional del crimen organizado y en un refugio para los terroristas”, como un nuevo Afganistán. Ahora Humire afirma que hay que investigar la escala del avión en Córdoba. Primero sugirió que fue para cargar piezas producidas en Fabricaciones Militares, pero luego dijo que  las autopartes para Volkswagen podrían encubrir piezas para drones venezolanos, pese a que está establecido que la breve escala en Córdoba se debió al mal tiempo que le impidió aterrizar en Ezeiza, que nadie bajó de la máquina y que apenas una hora después al disminuir la niebla pudo completar el trayecto hasta Ezeiza, donde la carga fue revisada y se constató que sólo contenía las autopartes enviadas a Volkswagen. En aquel momento la revista Veja publicó una entrevista con tres supuestos desertores chavistas, quienes dijeron que Irán financió la campaña presidencial de CFK en 2007 y que Ahmadinejad tramitó por medio de Hugo Chávez el encubrimiento de la participación iraní en el atentado de 1994 y la cooperación nuclear argentina con Teherán. Cuatro días después, Humire mencionó la nota de Veja para explicar ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara baja en Washington cómo Irán aprovechaba de la corrupción latinoamericana y sus débiles instituciones. Humire se preguntó “en qué medida la nueva ambición nuclear de la Argentina está ligada con el propósito iraní de dominar esta tecnología y si el programa nuclear venezolano y su triangulación comercial con Venezuela tuvieron la finalidad de ayudar a Irán. Tal vez Nisman sabía más de lo que informó. Lamentablemente ya no está con nosotros”. O’Grady concluyó su bordado con una cita del testimonio de Humire: “No podemos permitirnos el lujo de divorciar las actividades de Irán en la región de las negociaciones nucleares del P5 + 1”. En cualquier momento se sumarán a la operación Veja y el operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Santoro, un especialista en fake news suministradas por fuentes de la inteligencia estadounidense contra los gobiernos con participación kirchnerista.

 

 

Las fuentes en patas

El jueves 16, por primera vez los embajadores de Israel y Estados Unidos se pronunciaron sobre el tema. En ambos casos declararon su interés por las investigaciones para determinar nexos con el terrorismo y agradecieron su diligencia a las autoridades argentinas. Pero tampoco incriminaron a ninguno de los tripulantes.

Hasta ese momento, la única fuente que sugirió actos ilegales fue la organización IFMAT, una sigla por Iranian Regime, Frauds, Manipulations, Atrocities and Threats, que se presenta a sí misma como “la voz del pueblo iraní”, que se opone a la agenda terrorista y defiende los derechos humanos. Todas sus publicaciones se basan en informes de inteligencia de Estados Unidos e Israel. De allí surgió que el piloto iraní Gholamreza Ghasemi integraba la guardia revolucionaria Quds y su misión era contrabandear armas.

 

 

La presunta ONG iraní, fuente de la Policía Federal.

 

 

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que se trataba de un homónimo, cuya edad no coincidía y el ministro de Inteligencia de Paraguay lo refutó. Según Pedro Aquino se trata del único Gholamreza Ghasemi, información que atribuyó a "agencias internacionales aliadas" (sic). Aníbal insistió en que no hay elementos oficiales que lo respalden. Depende de qué se considere oficial: el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (DUIA), que depende en forma directa de él, mostró a los funcionarios judiciales de Lomas de Zamora una fotocopia de un informe de IFMAT, según el cual el pasaporte retenido a Gholamreza Ghasemi, coincide en su numeración y datos personales con el del miembro de Quds. IFMAT no es una fuente oficial, pero la DUIA sí. Fernandez agregó que el juez pedirá las precisiones que correspondan. Así es. La fiscal Cecilia Incardona y el juez Villena intimaron a la Cancillería, la Agencia Federal de Inteligencia y el FBI de Estados Unidos a que contesten si existe alguna alerta o restricción sobre la máquina y sus tripulantes. Interpol ya respondió que no hay causa judicial alguna por terrorismo contra ninguno de los tripulantes.

La estrategia gubernativa tiene sentido: mientras sólo te muestren papelitos, la Argentina no tiene por qué sobreactuar con medidas que ninguna fuente responsable solicita. Sin embargo, el abrumador manejo mediático desequilibra la balanza en contra del gobierno. Esto fue motivo de una discusión entre Massa y Alberto. El presidente de la Cámara de Diputados propuso que todas las dependencias argentinas involucradas (PSA, ANAC, EANA y Migraciones) dieran una conferencia de prensa conjunta para explicar la situación, pero el jefe de Estado se negó. Ayer Alberto habló por primera vez del tema en una entrevista con Darío Villarruel, negando que hubiera algo oscuro y cuestionando la actitud de la oposición, que llegó a vincular el vuelo del avión con el atentado a la DAIA. En su edición del domingo 19, Clarín sostiene que la Mosad había advertido a la AFI "sobre la existencia de dos empresas de aviación de carga, venezolanas-iraníes, que realizarían viajes en la región teniendo como base operativa el aeropuerto de Caracas. Una de ellas es Emtrasur". Al mismo tiempo, Infoemba sostiene que el FBI respondió que el piloto Gholamreza Ghasemi "es un terrorista que pertenece a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”.

 

 

Los voceros

Antes de Cabot, el operativo de desestabilización del gobierno nacional tuvo dos voceros estridentes en La Nación y en CNN. En la señal de noticias por cable de La Nación, Pablo Rossi se preguntó lisa y llanamente: "El Presidente Alberto Fernández, ¿está en condiciones intelectuales, psicológicas y políticas de seguir al frente del timón hasta 2023?”

En CNN, el longobardo continuó con el reclamo de que el Congreso por acuerdo entre oficialismo y oposición elija un jefe de gabinete “fuera de la señora Kirchner y del Presidente Fernández”, para que “se haga cargo de semejante catástrofe”.

De paso nos rindió un inmerecido homenaje.

El juez federal Federico Villena es de los que se mojan el dedo y lo alzan para detectar la dirección del viento político. Está sometido a juicio político por denuncia de la fiscal Incardona, a raíz de la adquisición injustificada de una casa, de acuerdo con los datos suministrados por la PROCELAC:

  • el precio de la propiedad es de 800.000 dólares.
  • la escrituró por la mitad,
  • lo justificó con préstamos de cooperativas, mecanismo típico del lavado de dinero.
  • el apoderado del vendedor es el esposo de su secretaria.
  • tres meses antes de la operación, llegaban a la casa paquetes de Mercado Libre a nombre de Villena.

El instructor del caso es el diputado cambiante Pablo Tonelli. Mejor andar bien con Cambiemos.

 

La música que escuché mientras escribía

 

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