Autocracias presidenciales

 

Si la estafa protagonizada por el Presidente Javier Milei se ha convertido en un escándalo internacional, la negativa del Senado a conformar una comisión investigadora suma un nuevo escándalo institucional de magnitud equivalente. En los países en los que rige un sistema parlamentario, un Primer Ministro que comete una fechoría del calibre de la que ha cometido Milei, dura menos de 24 horas. En nuestro país, la autocracia presidencial tiene tal fortaleza, que han bastado las presiones del mandatario sobre los gobernadores para neutralizar una mínima iniciativa decente dirigida a investigar la monumental estafa. 

 

 

La participación de Milei

 

 

Con este posteo de Javier Milei en X a las 19.01 del pasado viernes 14 dio comienzo la operación fraudulenta en la que el Presidente está involucrado. El tuit incluía un código para acceder a comprar la criptomoneda ofrecida. De que Javier Milei ha sido una pieza fundamental en la estafa configurada a través del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, no existen dudas. Es tan sencillo como eso: sin la promoción presidencial, una nueva criptomoneda no habría conseguido mayor visibilidad. Las evidencias señalan que el Presidente actuó en forma coordinada con los estadounidenses que promocionaban la iniciativa y su mensaje en X que ofrecía los datos que permitían adquirir la moneda fue instantáneo con el lanzamiento de esta. La denominación de la iniciativa “Viva la Libertad Project” deja en evidencia el vínculo con el habitual slogan presidencial. El posteo con el que Milei alentó a invertir en la nueva criptomoneda estuvo fijado más de cuatro horas en la red. Milei se había reunido con Hayden Mark Davis, el promotor estadounidense de la iniciativa, el pasado 30 de enero, cuando reconoció que lo asesoró “sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”, para de ese modo, según el Presidente, “acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de la Argentina una potencia tecnológica mundial”. El otro emprendedor tecnológico, Julián Peh, de la empresa KIP Protocol, también se reunió con Milei el 19 de octubre, en un salón del hotel Sheraton Libertador y se sacaron una foto que Peh fijó en su cuenta de X. Se registran también varias entradas de Peh a Olivos y a la Rosada para verse con Karina Milei. Luego, el 7 de diciembre, Milei retuiteó un mensaje de Peh y, gracias a ese respaldo, el token de KIP Protocol subió 20% su valor. También participaron de las reuniones en el Sheraton el vocero presidencial, Manuel Adorni, y Mauricio Novelli, el empresario argentino que pagó honorarios por sus clases a Milei cuando este era panelista en los canales televisivos.

 

 

La responsabilidad civil y penal

Dado que el hecho del lanzamiento de la criptomoneda tuvo lugar en Estados Unidos, es en ese país donde se depurarán las responsabilidades civiles y penales de Milei por su participación en la estafa. En Estados Unidos existe una frondosa legislación que pena severamente todo intento de influir en las cotizaciones de las empresas estadounidenses y que es aplicable al caso. De modo que en cuanto se refiere a la responsabilidad civil, donde no se puede alegar la propia ignorancia, la condena al Presidente Milei será de magnitudes incalculables.

En cuanto a su responsabilidad penal por su participación destacada en la trama que ideó y consumó la estafa es una cuestión que deberán dilucidar los tribunales penales norteamericanos, dado que allí se armó la trama delictiva-empresarial de respaldo de la operación. Dado el costo reputacional que la estafa ha significado para Milei, algunos juristas se han adelantado a opinar que habría una supuesta ausencia de dolo, en la inteligencia de que el Presidente ignoraba que los promotores iban a llevar a cabo la operación que en la jerga de la profesión se denomina “pump and dump” (inflar la cotización de un valor para luego deshacerse de él). Es una opinión discutible, dado que no es la primera vez que las estafas se evidencian recién cuando fallan las previsiones de sus diseñadores. A alguien que no habría participado en la última fase de la operación denominada rug pull (tirar de la alfombra), pero que ha sido pieza decisiva en la etapa previa, le resultaría muy difícil la prueba de que ignoraba el resultado final. Si, como aparentemente habría sucedido, se registrasen pagos de comisiones a la hermana del Presidente, será extremadamente difícil que ambos puedan sustraerse a las graves consecuencias penales derivadas de sus notorios protagonismos. Un dato llamativo es que el Presidente, en la accidentada “entrevista periodística” concertada con Jonatan Viale, en la que intentó vanamente justificar su accionar, no declara expresamente haber sido víctima de una maniobra fraudulenta y hace todo lo posible para mantener fuera de la escena a los responsables de la estafa. 

En la Argentina, los tribunales penales deberán depurar las responsabilidades penales derivadas de la promoción por el Presidente de un negocio privado. La legislación prohíbe a los funcionarios públicos la utilización de los cargos públicos para la promoción o participación en negocios privados. La Ley 25.188 de Ética en el ejercicio de la función pública establece “deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”. El artículo segundo señala cuáles son las prohibiciones y, entre ellas, en el apartado g), señala la de “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”. Por otra parte, si se probara que la hermana del Presidente, a cargo de la Secretaría de la Presidencia de la Nación, recibió algún tipo de retribución por facilitar los contactos con el Presidente, entra a jugar el artículo 256 del Código Penal, que establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”. El abogado especializado en delitos de corrupción y ex Presidente de la organización Poder Ciudadano, Hugo Wortman Yofre, declaró a La Nación: “Al principio no veía dolo, que es la condición que requiere la mayoría de los delitos de corrupción para ser imputable. Pero luego de los datos que he leído, como cobro de honorarios, la presencia en reuniones con los responsables, el incumplimiento de acuerdos previos con empresarios, me parece que el asunto cambió de color. Acá hay ahora elementos que justifican investigar si el Presidente pudo participar dolosamente en una estafa, cuanto menos. También puede haber delitos contra el Estado: evasión y lavado de dinero”, añadió. 

 

 

Gobernadores solícitos

Ha sido bochornosa la forma en que se produjo el rechazo en el Senado de la creación de una comisión investigadora. No se puede perder de vista que estamos ante un comportamiento escandaloso del Presidente de la Nación de enorme repercusión internacional por la cantidad de afectados en todo el mundo. Frente a esos hechos el Presidente se ha limitado a ofrecer una entrevista periodística pactada, en la que ha incurrido en notorias contradicciones, dado que, por un lado, ha afirmado que su intervención consistía en la promoción de actividades de apoyo a pequeñas y medianas empresas y, por el otro, ha sostenido que el proyecto entrañaba un riesgo similar al que se sufre en un casino o en la ruleta rusa, “donde te puede tocar bala”. El proyecto que proponía la constitución de una comisión investigadora, impulsado por el senador Pablo Blanco, no contaba con dictamen de comisión y necesitaba, para ser tratado, la aprobación de los dos tercios del total de la Cámara, es decir, un mínimo de 48 votos. Por lo tanto, esa mayoría especial debía alcanzarse en dos ocasiones: una vez para habilitar la votación en el recinto y otra para la votación de fondo sobre la iniciativa. La primera votación habilitó el tratamiento con el apoyo de 53 votos. Pero en la votación de fondo, la presión del Poder Ejecutivo sobre los gobernadores radicales consiguió que seis senadores radicales se retractaran y, al obtener solo 47 votos positivos, la moción quedó descartada. Lo llamativo es que entre la primera y segunda votación transcurrieron sólo nueve minutos. Resultado que solo el sistema extorsivo diseñado por el Presidente Milei ha sido capaz de obtener. Los gobernadores, ansiosos de conseguir recursos, parecen incapaces de medir el tremendo daño reputacional que para la Argentina estas deleznables maniobras representan. A los ojos de los observadores internacionales resulta sorprendente que el Congreso, sede de la soberanía popular, sea incapaz de sostener una iniciativa dirigida a esclarecer las circunstancias de un escandaloso fraude internacional en el que está envuelto el Presidente de la Nación. Y, paradójicamente, este resultado se obtiene gracias a la generosa contribución de dirigentes políticos y partidos que se duchaban todos los días en agua bendita, liderando la santa cruzada contra la corrupción.

Resulta imposible desvincular lo que acontece en la Argentina con los embates que sufre la democracia en Estados Unidos a manos de otro autócrata. De este modo, los sistemas presidencialistas dan muestras de su debilidad institucional frente a los nuevos gobiernos de ultraderecha que no trepidan en arrasar con las débiles defensas que estos sistemas ofrecen frente al autoritarismo presidencial. El tema merece una reflexión profunda que debería abrir un amplio debate en el continente americano, donde la democracia se muestra cada vez más impotente frente al avance de líderes políticos que demuestran un desprecio olímpico por las formas democráticas y que se valen de herramientas del propio sistema institucional para destruirlo. 

 

 

 

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