Atentados contra la salud pública

 

Levantarse antes de la madrugada en Rosario o Buenos Aires, abrir la ventana y en lugar de aspirar el húmedo aire de la mañana sentir el fuerte humo impregnado en la humedad de la noche, me hace cerrar inmediatamente la abertura para protegerme de esa maldición incendiaria que sufrimos en el país.

Hace 15 años se desataban los primeros incendios en el Delta del Paraná, ahora ya recurrentes y crónicos, principalmente en el tramo que se extiende desde el norte de Rosario hasta la ciudad de Buenos Aires.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) señala que el 95% de los incendios forestales (incluidos de pastizales) son causados por intervenciones humanas.

“Un enorme volumen de cabezas de ganado están ingresando en la zona. Los ganaderos fueron empujados por el avance de la soja hacia las zonas más bajas, como la del Delta, donde queman las malezas con el objetivo de tener pasto para los animales durante el invierno”, dijo entonces Gerardo Mujica, director de la Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná.

Al portal BAE Negocios, el Delta en llamas sólo le interesa por el impacto económico de la catástrofe ambiental: “Su capacidad de aprovechamiento económico y productivo, que se traslada en generación de divisas, se ha visto interrumpida por los focos detectados a mediados de febrero”, informa. Este recorte economicista (aun así parcial, ya que sólo se interesa por la merma privada, no por el gasto público en salud) de la realidad socio-económica, sesgada exclusivamente al potencial productivo del territorio, que no llega a concretarse por los incendios, ni siquiera menciona los daños a las vidas humanas tanto en términos de muertos y enfermos por afecciones específicas del sistema respiratorio y cardiológicas como por choques y accidentes en el tránsito vial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que la contaminación del aire, incluso en concentraciones muy bajas, conlleva efectos en la salud. Entre las partículas en suspensión en el aire como consecuencia de los incendios forestales están el hollín, cenizas y otros productos de combustión incompleta. Dichas partículas han sido reconocidas con capacidad cancerígena en humanos. Las partículas menores no son filtradas y retenidas por las vías aéreas superiores, por lo que alcanzan el árbol traqueobronquial, alvéolos pulmonares y el tubo digestivo donde producen afecciones.

Estudios toxicológicos recientes sugieren que las partículas de incendios forestales pueden ser más tóxicas que dosis iguales de partículas de otras fuentes, medidas en términos de hospitalizaciones. De ahí la necesidad de que las políticas de calidad del aire consideren la variabilidad en los impactos de las partículas sobre la salud humana, según las fuentes de emisión.

Los impactos en la salud humana de los incendios del humedal son reseñados por el doctor Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socio Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, quien distingue los efectos crónicos de los agudos (relacionados con picos de incendios). Entre los efectos agudos son conocidas las afectaciones oftalmológicas, especialmente la sequedad ocular. Las afecciones respiratorias son de importancia, especialmente en grupos vulnerables (niños, adultos mayores, gestantes y personas con patologías crónicas de base, como el asma). Las patologías cardiovasculares y algunas neurológicas, así como alteraciones genómicas y epigenéticas, son inducidas por el humo de los incendios.

No debe dejar de señalarse el impacto de los incendios sobre el calentamiento global y el cambio climático sobre la salud. El impacto del cambio climático, de acuerdo con un informe específico de Verzeñassi realizado luego de los incendios de 2020 en el Delta, afecta considerablemente a los sistemas naturales y a la salud humana, e incluye:

• aumento de eventos climáticos extremos (olas de calor y de frío, inundaciones, sequías, fuegos, etc.);
• incremento de la frecuencia de las enfermedades respiratorias debido a los cambios en la calidad del aire y en la distribución del polen;
• aumento de la incidencia de enfermedades de origen alimentario, zoonóticas y transmitidas por el agua, y
• cambios en la distribución de las enfermedades infecciosas o de sus vectores [1].

Tal como refiere el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, los gobiernos tienen el deber de preservar y cuidar el ambiente, porque las generaciones futuras tienen el mismo derecho al goce del ecosistema que las generaciones pasadas. Ello no es tenido en cuenta por el Estado argentino y los gobiernos de turno.

Si ampliamos la mirada –no para consolarnos sino para darnos cuenta de la época crítica que se está viviendo en el mundo entero– podremos ver que toda Latinoamérica está siendo incendiada sistemáticamente para abrir paso al extractivismo del agronegocio en todas sus facetas, o a la especulación financiero-inmobiliaria [2].

Casi como una curiosidad olvidada, recordemos que la salud es considerada en la Argentina desde 1948 como un Derecho Humano, consagrado en la Constitución en su artículo 75, inciso 22.

Sin duda deberá reconocerse inmediatamente el aporte invalorable que realiza el sistema de humedales para la garantía de la salud y la vida de la región, incluyendo la de los seres humanos que la habitamos.

Para quienes sólo ven a través de sus cristales monetarios, es necesario hacerles reflexionar acerca del aporte del sistema de humedales como generador de aire puro, como filtro de aguas, como espacio de desove de la fauna ictícola, como territorio de diversidad biológica, como regulador de humedades y ciclos hídricos, como lugar de reproducción de especies saludables, todos elementos claves en el tejido de la vida respecto de los cuales no hay signo monetario que pueda representarlos ni siquiera por aproximación [3].

Vale reconocer que, además de las falencias y complicidades de los Estados (nacionales y provinciales), que contribuyen así a que los incendios en el Delta continúen, la mayor parte de la sociedad argentina y sus instituciones ya no se interesa activamente para cambiar el lamentable estado de situación expuesto. Ello resulta en el desánimo de agrupaciones ambientalistas que se habían movilizado frecuentemente durante años, para reclamar que se pararan los incendios.

Ante este panorama devastador y desmovilizador sólo algunas voces –como el señalado doctor Verzeñassi y el Observatorio Ambiental, ambos de la Universidad Nacional de Rosario– se mantienen activas reclamando ante las autoridades, monitoreando la situación y profundizando los estudios de la problemática. Entendemos que es hora de que otros académicos y universidades se comprometan con esta problemática relevante tan poco estudiada. Y que tanto el Estado como la sociedad entiendan que dejar que los incendios en el Delta prosigan es una irresponsabilidad mayúscula que más temprano que tarde recae encima como un bumerán, con daños a la salud pública: vidas humanas perdidas o tronchadas. En apretada síntesis, la cuestión de fondo es el modelo extractivista que, para seguir aumentando sus beneficios, ha empujado a la ganadería a las islas del Delta, generando daños socio-ambientales que acaban con vidas humanas.

 

 

 

 

[1] Verzeñassi, Damián. Informe técnico: incendios en las islas del Delta del Paraná, humo e impactos en la salud socioambiental. Instituto de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas-UNR.

[2] Verzeñassi. Op. cit.

[3] Verzeñassi. Op. cit.

 

 

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