Aspectos políticos del monetarismo

 

En las últimas décadas, el mainstream neoliberal –que impuso su hegemonía sobre el mundo académico de la Economía– desplegó una ofensiva institucional sobre la cuestión monetaria que presionó y condicionó para la adopción de reformas que globalizaron los dispositivos normativos sobre los bancos centrales, el sistema financiero y los grados de libertad de la política económica. Los cambios institucionales mencionados tuvieron como objetivo aceitar las economías nacionales para insertarlas en el proceso de financiarización del capitalismo internacional.

Dos puntos de partida constituyeron la base sobre las que se montaron las recomendaciones regulatorias, institucionales y de políticas que se fueron adoptando y afianzando:

1. Cuestiones de orden epistemológico.
2. Aspectos de teoría económica asentados en las opciones asumidas.

 

 

 

Epistemología del poder

Las cuestiones epistemológicas se nutren fundamentalmente del positivismo y de su variante extrema del empirismo lógico, que asimilaron la construcción del dispositivo de las Ciencias Sociales a los imperantes en las ciencias “duras” con un sesgo a situar a las primeras en un escalón inferior y/o someterlas a metodologías analíticas que limitaban su campo de conocimiento, empobreciendo la posibilidad de su alcance. Dos hechos, revestidos de un supuesto intento de dotarla de valor científico, le amputaron a la Economía su potencia de pensamiento crítico:

• El cambio de nombre, quitándole el de Economía Política para rebautizarla como Ciencia Económica.
• El desplazamiento del debate de sus fundamentos al ámbito de la academia y su retiro de la polémica pública. Así, los temas nodales quedaban reservados a los que “saben”, quienes definían luego cuál era el camino (el “único”) para abordar la política económica. En su versión más vulgar, los economistas del “saber” académico propalaban para la ciudadanía, expulsada de participar en la discusión, cuáles eran los “deberes” para poner las cosas en orden.

Una cuestión central de estas vertientes epistemológicas fue el reconocimiento exclusivo de leyes estadísticas, desterrando de la indagación de la Economía a la reflexión sobre dispositivos analíticos teóricos respecto de las conductas de clases y sujetos y, también, al examen de las relaciones entre ellos, indagado a la luz de comportamientos devenidos de una lógica de funcionamiento estructural. Menos aún otorgaban validez a la reflexión sobre las conjeturas provenientes de la observación, el debate y las lecciones de la Historia. La devaluación de esta última también ha sido una característica del mainstream académico. La relación de causalidad fue reemplazada por funciones que revelaban conductas estadísticas. Sólo el axioma del homo economicus fue aceptado como una religión –y colocado en el altar–. Con él se encaramó la versión extremista de las expectativas racionales, la que muestra a agentes económicos con una capacidad anticipatoria capaz de neutralizar acciones del poder político tendientes a modificar el curso de la economía.

 

 

 

La teoría monetaria y la política

Iremos directo al grano de la problemática de la política monetaria y la cuestión de la inflación:

Los economistas del pensamiento único, objetivo y “empirista” del mainstream acusan al Estado de provocar la inflación. Son partidarios de la teoría cuantitativa del dinero. La suba de los precios provendría de la emisión monetaria por parte de las instituciones gubernamentales creadoras del mismo. Intentan construir funciones que prueban que el aumento de la cantidad de dinero coincide con el crecimiento de los precios sobre la base de series históricas de las dos variables. El Estado emitiría dinero para financiar su gasto que excedería sus ingresos, provenientes esencialmente de la recaudación de impuestos. Por lo tanto, el problema de la inflación es colocado como consecuencia del gasto público. Los aumentos de los impuestos son presumidos por estos ortodoxos como desestimulantes de la inversión privada. El problema de la inflación se reduce para la corriente principal de los intelectuales orgánicos formados en la economía académica dictada en universidades con comunidades que adoptaron funcionamientos eclesiales, al gasto público y la participación estatal en la vida económica.

La pertenencia a los claustros donde adoptaron el rol de súbditos y sus poses de sabiondos impostan una  objetividad desvestida de la impureza política. Son sujetos ambiciosos de la posesión del “saber absoluto”. Palabra de Dios para ser dicha severamente en cualquier espacio paradigmático del poder mediático. El deber profético de los Melconian, Milei, Espert, Sandleris, Dujovne, López Murphy, Broda o Carlos Rodríguez es advertir que no habrá solución a la inflación si el gasto público no baja. Porque este último es el que provocaría la emisión monetaria, y a más dinero en circulación, aumentaría el nivel de precios. La versión extrema de las expectativas racionales les sirve para despreocuparse de cualquier inquietud respecto a verificaciones empíricas en las que los precios subieran previamente a que la emisión se produzca. Si ello ocurriera, sólo confirmaría el comportamiento anticipatorio de los agentes que, viendo que el Estado va a gastar, suben los precios antes de que la emisión que lo financie se lleve a cabo. Así se conservaría el diagnóstico eclesial de que el gasto público es el problema capital.

La implicancia política del diagnóstico de la corriente principal es que el gasto público debería bajar para controlar la inflación. Esta tendría como responsable al tamaño del Estado, que tendría que ajustarse hasta ser más chico para que no haya necesidad de emisión. Los neoliberales consideran que la culpa de la inflación la tiene el Estado. Esa sería la madre de las batallas para la estabilización de precios. Pero debería, en su criterio, reducirse más aún de lo coyunturalmente necesario para abrir el camino a una disminución de la “asfixiante presión tributaria” que estimulara la inversión privada. A esta última no le alcanzaría con que le recorten los tributos, sino que necesitaría la flexibilización del mercado laboral para bajar los costos salariales, facilitar despidos sin indemnizaciones significativas y reducir las erogaciones por eventuales accidentes laborales.

El sentido común con el que la craneoteca de esta corriente inunda machaconamente todos los medios de comunicación va contra el Estado, contra su intervención en la economía, promoviendo la disminución de su tamaño y su desaparición de cualquier actividad como Estado empresario. Además, supone que el estímulo de la actividad sobrevendrá de las inversiones y decisiones de las empresas privadas, las cuales serían estimuladas por el clima de negocios y la baja de costos que redundarían en una suba de la tasa de beneficios, subestimando el papel de la demanda agregada, y particularmente, el peso en ella del consumo privado doméstico.

Como se ve, el diagnóstico de inflación por emisión, o sea el monetarismo y sus variantes, no es una opción teórica “objetiva”, como se auto-pretende cuando, con el lenguaje de los “deberes escolares”, enuncia las tareas que disciplinadamente debería cumplir el país. Ese diagnóstico está impregnado y determinado con una notoria intencionalidad política de despejar la cancha para que el capital privado haga lo que se le plazca, disciplinando a la clase trabajadora con mecanismos indirectos y reformas legales directas. También con la obsesiva vocación por disminuir el gasto público. Persiguen la reformulación del Estado para un rol de gendarme acompañado con políticas focalizadas que complementen la represión con el adormecimiento de la indignación popular.

Si invertimos la causalidad del sentido común monetarista, sacando del medio la apologética de las expectativas racionales del homo economicus, y apreciamos que en una economía concentrada como la argentina son las empresas formadoras de precios las que primero los ajustan –ya sea para aumentar su tasa de ganancia a través de su poder de mercado, o para esterilizar las mejoras salariales que pretendan la redistribución del ingreso– entonces la cuestión cambia. La inflación no provendría de la suba de precios como consecuencia de la emisión, sino que esta última sería el resultado de la demanda endógena de dinero incrementada por las necesidades transaccionales para una actividad económica, provocada por precios y salarios más altos. Los primeros subiendo por el ascensor, mientras que los segundos por la escalera. Como la cantidad de dinero se determina endógenamente a partir de las decisiones de los agentes privados, particularmente por las del empresariado con poder de mercado, entonces la responsabilidad de la inflación no proviene de la conducta estatal sino por la deliberada acción de los que ajustan precios, ya sea para aumentar lo que ganan o para sostener una puja distributiva con los asalariados, impidiendo que estos últimos mejoren su participación en la distribución del ingreso.

Si, además, como sostienen los economistas heterodoxos, el papel del consumo popular y del gasto público son herramientas centrales para activar la producción y el crecimiento, el papel del Estado resulta fundamental. La inversión pública sería la dinamizante del proceso económico, como también el aumento de los ingresos de los sectores populares, tanto de los salarios como de los ingresos fijos que incluyen a jubilados, pensionados y sectores vulnerables y marginalizados que perciben planes sociales. Frente a esa mayor demanda efectiva y mejores posibilidades de mercados más grandes, la inversión privada también tendría estímulo. En este paradigma de pensamiento alternativo, para combatir la inflación es imprescindible el disciplinamiento extraeconómico de los sectores concentrados de la economía, lo que implica un Estado con capacidad de intervención para tomar determinaciones en relación con precios, salarios, ganancias y tasas de interés sobre la economía. No se trata sólo de persuasión y consenso, sino de coerción. Sin esta, el poder político se disuelve, con carga de inventario para los sectores populares.

Los economistas orgánicos del liberalismo neo han ido construyendo una institucionalidad que debilita esa capacidad de intervención, tanto en el diseño de la gobernanza de órganos públicos de gran importancia, como en el establecimiento de sus funciones. También en las legislaciones sobre el funcionamiento de los mercados y la relación del Estado con los mismos. En la cuestión de la política monetaria, avanzaron profundamente en la uniformización de dispositivos que permitieron la inserción en la financiarización de la economía mundial. En la Argentina, por ejemplo, se pueden listar:

1. La ley de entidades financieras, cuyo reemplazo es necesario para un proyecto de desarrollo nacional. Esa ley liberó las tasas de interés, habilitó una gran apertura a la participación de la banca extranjera, desespecializó la actividad financiera, le quitó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la función por excelencia de direccionar el crédito e introdujo la teoría de los fondos prestables, errónea teóricamente –ver “La quema de la Historia” –, pero muy efectiva para favorecer a los rentistas locales e internacionales.
2. La Carta Orgánica de Carlos Menem-Domingo Cavallo, que convirtió al BCRA en una cuasi Caja de Conversión, con el objetivo declamado de que la política monetaria debe tener como único rol defender el valor de la moneda. Así, una institución del Estado pasó a ser el brazo de ejecución de una teoría antinflacionaria.
3. La desregulación de la cuenta de capitales y del comercio exterior llevada a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri, que provocó el endeudamiento más descomunal e inútil de la historia contemporánea nacional.
4. El establecimiento de la independencia del Banco Central. Constituye el arrebato al poder ciudadano del instrumento para realizar política monetaria. Esa independencia se define por la imposición de un único objetivo para el organismo (el antinflacionario), que lo debe perseguir al margen de las definiciones de política económica del gobierno elegido por la ciudadanía. En temas de gobernanza, se debilitó el peso de las decisiones del poder votado por el pueblo, ya que a la designación de las autoridades de la entidad monetaria se le impuso una metodología que disminuyó el peso del gobierno sobre el Banco Central. Esto acompañó  la adopción de regulaciones mundializadas impuestas por los centros financieros y condujo a la conformación de una capa funcionarial permanente afín al ideario neoliberal.

 

 

Cantan retruco

Aun así, y viendo la permanencia y resistencia en la vida política argentina de mayorías que no se rinden a la neocolonización del imperio de las finanzas, los economistas más radicalizados de las derechas como Jorge Ávila, Carlos Rodríguez, Javier Milei, y en general los provenientes del CEMA, intensifican la perspectiva de ese rumbo proponiendo la desaparición del BCRA, mediante la propuesta de delegar el crédito al ámbito desregulado de los mercados de capitales y una banca privada libre de regulaciones. El racionamiento del crédito a las pymes que una política de ese tipo conllevaría, provocaría el crecimiento raudo del desempleo, la destrucción de empresas de esa dimensión y la desaparición de sectores íntegros del tejido productivo argentino. El crédito privado y desregulado financiaría sólo los proyectos de economía primaria y facilitaría el diseño de enclave de los mismos. O sea, exportar productos primarios sin valor agregado.

 

 

Las políticas que encaran la búsqueda de la reducción del déficit fiscal mediante lógicas de “reordenamiento” y reducción del gasto público tienen el mismo núcleo: ampliar la decisión privada y quitar al Estado del medio. Si los privados no motorizaran el crecimiento, repitiendo lo que siempre ocurrió, la actividad caería, y con ese descenso se derrumbarían los ingresos tributarios, armándose un círculo vicioso que llevaría a un mayor déficit y menos Estado. Un “dechado de virtudes”.

El superávit fiscal durante el gobierno de Néstor Kirchner se debió a la interrupción del pago de la deuda, a la recuperación del nivel de empleo y de la demanda agregada, a la dinamización de la inversión y el gasto público y al crecimiento del consumo, amén del nivel al que fueron llevados los derechos de exportación. Esto generó un ciclo de gran crecimiento del PBI, lo que llevó a una mayor recaudación tributaria y al cierre del déficit.

 

Imperativos

La reducción de la inflación desde una perspectiva popular requiere hoy de:

1. Redistribuir el ingreso.
2. Reactivar la demanda agregada con mayor gasto público y mayor consumo.
3. Esto significa el crecimiento de la relación gasto público/producto, que impulsará una mayor recaudación, y resolverá genuinamente la cuestión fiscal.
4. Un arreglo de la deuda externa con período de gracia, tasas de interés y plazos que impliquen que el servicio de la misma esté por debajo de las estimaciones respecto de la obtención de superávits de la cuenta corriente del balance de pagos que puedan financiar una tasa de crecimiento que lleve a la economía nacional a un sendero de expansión para recuperar en pocos años lo perdido durante el macrismo y la pandemia. Resulta fundamental rechazar cualquier condicionalidad que trabe el diseño de una política expansiva y distributiva. El FMI fue un coautor, no sólo fundamental del monumental endeudamiento del último gobierno neoliberal, sino que también un impulsor de los diagnósticos monetaristas-fiscalistas que condujeron a reiterados ciclos de crisis-estancamiento al país. Cualquier acuerdo debe ser de ruptura con la continuidad de las conductas y prédicas de ese organismo multilateral.
5. Una asunción por parte del Estado del desafío de dirimir a favor del poder soberano del pueblo la decisión sobre precios, desarticulando el actual accionar empresario que pretende gobernar los aspectos fundamentales de la economía a partir de su poder de mercado.

La campaña electoral y el comportamiento permanente del poder económico, junto a sus opciones subordinadas –Juntos y la banda de los “libertarios”–, demuestran que el supuesto cierre de la grieta que pregona la derecha, el liberalismo y el conservadurismo de la Argentina actual es la abdicación de la autonomía de la política ante las corporaciones y el poder concentrado. No debe haber cierre de grieta si los empresarios no se avienen a disciplinarse a la política de precios del gobierno elegido por el pueblo. No debe haber cierre de grieta si el poder comunicacional pasea al elenco de los economistas de la financiarización para que presenten como ciencia objetiva lo que constituye la propuesta antiinflacionaria que esconde el mayor empoderamiento de una minoría oligárquica.

 

 

 

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