Así es difícil que haya Ni Una Menos

 

En lo que va de 2019 hubo 11 femicidios. Once mujeres que encontraron el mismo final: murieron por la violencia machista de un varón. Los datos relevados por el Registro Nacional de Femicidios realizado por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven demuestran que en los últimos 3 años hubo un femicidio cada 29 horas y 925 niñxs quedaron huérfanxs durante la gestión de Cambiemos. ¿Qué ha hecho efectivamente el gobierno nacional para frenar o mitigar los alcances de la violencia femicida?

En mayo de 2015 Ni Una Menos elaboró un documento de 5 puntos que funcionaban como un plan de acción y un compromiso que los funcionarios en funciones o en campaña debían asumir. Los 5 puntos se difundieron bajo el hashtag #DeLaFotoALaFirma como forma de traducir en promesas concretas el compromiso no vinculante que implicaba sacarse una selfie con el cartel de Ni Una Menos. El 3 de agosto de 2015, pocos días antes de las PASO, Mauricio Macri firmó ese compromiso.

 

 

Los 5 puntos, ¿que se hizo?

 

Implementar el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA).

Este Plan es responsabilidad del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), dependiente desde 2018 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Fue presentado en 2016 para el trienio 2017-2019. Para la implementación del Plan hay una asignación específica del Presupuesto nacional. El proyecto de presupuesto 2019 preveía $32.099.395 para la implementación, pero la diputada radical Alejandra Martínez logró que se aprobara la duplicación de ese número y aun así estamos ante una caída en el aporte del Estado: para que la partida asignada al PNA no pierda valor con respecto a la inflación (oficial) debería ser para 2019 de al menos $67 millones de pesos. La medida central propuesta por el PNA es la creación de refugios para mujeres, la mayoría del dinero (60 millones en el trienio) se destina a ese fin. El PNA anunció la construcción de 36 Hogares de Protección Integral en todo el país. ¿Cuántos hicieron? 9 (nueve).

 

Garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia. Personal capacitado en fiscalías y comisarías. Unificación de causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico gratuito para víctimas.

En noviembre de 2015, antes del cambio de Gobierno, se aprobó la Ley 27210 que crea el Cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género (Ley impulsada por Juan Manuel Abal Medina). Recién en septiembre de 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó un convenio con el INAM y abrió la convocatoria para abogadas y abogados de todo el país, que en estos días se capacitaron en violencia de género con una app. El curso que realizan abogadxs de todo el país que cumplan con los requisitos se llama "Transformación actitudinal en Género" y ya tiene su primera cohorte de 693 abogadxs.

Es decir que más de 3 años después, aún no existe el Registro Definitivo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género que garantice el Patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de violencias machistas. El Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires advierte sobre “la inexistencia de representación legal gratuita de mujeres víctimas de violencia de género en distintos ámbitos, entre ellos el ámbito penal. Ello significa un verdadero obstáculo para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia”.

Respecto a trabajadores de fiscalías y comisarías, se firmó a fines de 2018 la llamada “Ley Micaela”, de capacitación a los funcionarios de los tres poderes en materia de género. Esta Ley, impulsada por el Movimiento Evita y la familia de Micaela García, refuerza el compromiso del Estado existente en la Ley de Protección Integral a las Mujeres de 2009. La capacitación era ya una obligación del extinto Consejo Nacional de las Mujeres, hoy INAM (Ver Artículo 9 de la Ley). Es decir que tampoco en este punto la gestión macrista ha hecho nada nuevo.

En relación a la unificación de las causas, se trataba de simplificar la gestión de los casos de violencia familiar y de género, que adolecen de falta de articulación entre los distintos procesos judiciales. Este punto no se ha desarrollado. En junio de 2018, el Ministerio de Justicia anunció que “impulsa la adopción de un fuero unificado para causas judiciales de violencia de género intrafamiliar y sexual, que evite la fragmentación entre los aspectos civiles y penales del caso, pero a su vez incluya las respectivas leyes procesales y dote de mejores herramientas al operador judicial (fiscal, defensor y juez)”. Sobre ello aún no hay novedades.

En el área de géneros y justicia, es destacable la creación también antes del cambio de gestión, el 29 de junio de 2015, de la Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las mujeres (UFEM) en la Ciudad de Buenos Aires. La UFEM no es una fiscalía, acompaña y desarrolla herramientas de intervención y litigio; interviene en casos de violencia contra mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI). 

 

Elaborar Registro Oficial Único.

La Corte Suprema de Justicia creó en 2014 un Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que se construye a partir de la información de las causas sobre femicidios. Por otro lado, en 2015, pocos días después del Ni Una Menos, se oficializó la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género de la Secretaría de Derechos Humanos; este es un registro construido a partir de la información periodística volcada en los medios de comunicación, no tiene estadísticas y  los datos no están cruzados. Además, el INAM y el INDEC, como parte del PNA, crearon el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM). Conformado a partir de los datos proporcionados por parte de los organismos públicos que registran casos de violencia contra las mujeres por razones de género. El RUCVM no incorpora los casos de femicidios, que son captados en el Registro de la Corte.

En 2019 podemos afirmar que nos encontramos frente a una dispersión de datos y las organizaciones de mujeres y feministas siguen siendo la fuente más confiable para conocer cifras.

 

Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral.

En 2016, en la gestión de Esteban Bullrich frente al Ministerio de Educación, la inversión en el Programa ESI se redujo en un 65% respecto al año anterior. En 2017 se produjo un incremento de 25% pero los fondos destinados a educación sexual fueron menores en términos reales a los que destinó el Gobierno de Cristina Fernández en sus últimos años.

En el presupuesto para 2019 el programa de Fortalecimiento de Educación Sexual Integral (ESI) pasó de $21.852.645 a $102.906.633. Sin embargo, las organizaciones recomiendan realizar un seguimiento de cómo se ejecuta el programa, ya que se cuenta con un antecedente grave: en 2018 sólo se ejecutó el 24,2% del presupuesto del Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable.

En el plano legislativo, la reforma de la ley N 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), planteada en septiembre de 2018, que buscaba garantizar la ESI en todo el país, no fue acompañada por los legisladores de Cambiemos.

La implementación de la ESI pareciera ser aún heterogénea y librada en buena medida a la voluntad de las instituciones educativas. 

 

Garantizar la protección de las víctimas. Implementar el Monitoreo electrónico de los victimarios.

En junio de 2018 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la contratación de 1.925 pulseras electrónicas para monitoreo del cumplimiento de las medidas cautelares. Según fuentes de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, en toda la gestión macrista se distribuyeron 600 pulseras o tobilleras en 19 provincias. 

Tobilleras distribuidas durante gestión macrista:

 

CABA (66)

Chubut (20)

Córdoba (100)

Entre Ríos (25)

Jujuy (5)

La Pampa (25)

La Rioja (30)

Mendoza (100)

Neuquén (15)

Prov. Buenos Aires (60)

Salta (75)

San Juan (15)

Santa Fe (20)

Tierra del Fuego (14)

Tucumán (30)

 

Desde 2012 la ley argentina contempla el agravante por femicidio y en 2015, con multitudes movilizadas, comenzó el movimiento Ni Una Menos, centrado en las demandas al Estado de políticas de prevención de las violencias machistas, y de su forma extrema, el femicidio. Sin embargo, y aunque la tolerancia social hacia el machismo haya disminuido notablemente, los índices de femicidio no bajan. Los últimos años, durante la gestión de Cambiemos, las políticas públicas orientadas al género se concentraron exclusivamente en la atención de la emergencia a través de un modelo más cercano a las políticas de seguridad que a las sociales y de derechos humanos. El Estado corre lento detrás de las demandas del movimiento de mujeres pero sin dar respuestas creativas, sin atender a los nuevos emergentes (como los reclamos de las adolescentes sobre la resolución de conflictos relativos  a las violencias machistas en las escuelas) y sin incluir políticas específicas para la población travesti, trans y disidencias.

Así, es difícil que haya ni una menos.

 

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