El asalto al sistema previsional
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad: la joya más deseada
El neoliberalismo tiene una debilidad especial por los recursos de la Seguridad Social. En la dictadura de Onganía, siendo Krieger Vasena ministro de Economía, el gobierno se apropió de los excedentes de capital de las distintas cajas de jubilaciones, unificadas en aquellos tiempos en tres grandes cajas: Industria y Comercio; Autónomos, y Servicios Públicos. Aquellos fondos fueron reemplazados por un bono a 40 años y al 2% anual, cuando se cumplió aquel plazo ni el bono existía. Más tarde, Martínez de Hoz eliminó las contribuciones patronales y Cavallo privatizó el sistema previsional.
El Gobierno de Macri no es la excepción. La Ley de Reparación Histórica, en cumplimiento de las recomendaciones del FMI, la sanción de la ley de ajuste previsional que, aún con fórceps y con un gran costo político, logró sacar en diciembre y el reciente DNU que desregula el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), prueban que las estrategias pueden cambiar pero no las mañas.
A partir del dictado de la ley de Reparación Histórica, nuestro país comenzó a recorrer un camino a contramano de lo ocurrido en los últimos años del kirchnerismo. Hay que recordar que el actual gobierno recibió un sistema de seguridad social con más de 17 millones de beneficiarios, de los cuales 6,8 millones son jubilados y pensionados y 1,8 millones son pensiones no contributivas y alrededor de 700.000 millones de pesos en el FGS. Esta ley fue el Caballo de Troya para entrarle al FGS. Con el pretexto de terminar con la litigiosidad del sistema previsional, instalaron el estado de emergencia, movieron el menú de inversiones, facilitaron las inversiones extranjeras y le dieron un nuevo destino hasta entonces vedado: pagar acuerdos transaccionales, todo ello con el FGS. Lejos de terminarse, la litigiosidad creció exponencialmente, los escándalos se pusieron a la orden del día: el acuerdo con Qatar, las acciones de Cablevisión y “el conflicto de intereses” (como le llama el gobierno a los negociados de los distintos funcionarios) de Caputo son sólo unos pocos ejemplos.
En paralelo con la ley de reparación histórica, el gobierno instaló subliminalmente un debate sobre el FGS, limitándolo a ser la garantía de pago de las prestaciones previsionales futuras, que en consecuencia no afectaría a a los actuales jubilados, lo cual es una simplificación falsa. La garantía de pago de las prestaciones de la seguridad social siempre es el Estado Nacional. Si no fuera así, durante cada una de las distintas crisis económicas que vivió nuestro país hasta el 2001 —cuando todavía no existía el FGS—, los jubilados y pensionados no hubieran cobrado sus prestaciones y sin embargo siempre cobraron.
El FGS de sustentabilidad está conformado por los excedentes financieros del sistema de seguridad social que tiene como sus principales objetivos:
1. Ser garantía de cobertura e inclusión social.
2. Que el sistema previsional no se constituya en variable de ajuste de la economía en momentos en que el ciclo económico se encuentre en fases desfavorables.
3. Atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público, solidario y de reparto pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales.
4. Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales.
En otras palabras, mantener el altísimo nivel de cobertura alcanzado luego de los planes de inclusión jubilatoria de la etapa kirchnerista y la cuantía de las prestaciones previsionales, es decir que al menos mantengan en el tiempo el poder adquisitivo alcanzado, cumpliendo de esta forma el principio de progresividad previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Pero además de ello, si el fondo acumulara el equivalente a un año de prestaciones previsionales, los excedentes e intereses que genere a partir de ese momento tendrán que destinarse a incrementar las prestaciones en curso de pago.
Claro que estos objetivos son incompatibles con un gobierno de neto corte conservador. Por ello, todas las medidas en materia previsional del actual gobierno fueron, y seguirán siendo, generar una crisis ficticia en el sistema que permita y justifique utilizar a destajo el FGS. Así lo recomendó el FMI, poniéndolo como “membresía de ingreso” al exclusivo club de la OCDE. Bueno es saber que los dos únicos países latinoamericanos que forman parte de la OCDE son México y Chile, ambos con escasa cobertura previsional, con regímenes de capitalización individual y con la tasa de sustitución más baja de la región.
Hace solo unas horas nos enteramos que el gobierno dio un nuevo paso en el uso de los fondos del FGS. El DNU 27/2018 permite “realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las autoridades regulatorias”. En otras palabras, permite hacer todas las acciones que son “propias de los mercados financieros”. En términos prácticos significa que el FGS pueda usarse en operaciones de “securitización”, que técnicamente significa la transferencia de activos financieros que proporcionan derechos de crédito. El FGS podrá prestar a quienes le den un título de crédito en garantía, como una hipoteca de un bien ajeno. Esta securitización es la que generó la burbuja financiera en Estados Unidos la década pasada.
La historia del FGS no termina acá. Esto es solo una etapa de lo que hay que esperar que ocurra, ya que la idea final es poder usarlo para financiar gastos corrientes, cuando las posibilidades de financiamiento externo se vayan cerrando. Esto podrá ocurrir en forma paulatina o en una sola vez, armando un pool de bancos que se haga cargo de administrarlo y a cambio se quede con una suculenta comisión. El tiempo dirá cual es el camino elegido, pero el objetivo que dio nacimiento al FGS respecto de mantener el nivel de cobertura y de poder adquisitivo ya quedó en el olvido.
La sociedad entera tendrá que acostumbrarse a que con los fondos acumulados se hagan todo tipo de negocios, ya que los actuales y futuros jubilados y pensionados seguirán siendo la variable de ajuste de un modelo de país que creíamos superado.
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