EL BERNISSAGE DE WILDE

Como cada día de semana, Analía Cardone llegó a trabajar el martes 7 de diciembre a las 7 al galpón donde funciona la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación, ubicado en Méndez entre Mansilla y Villegas, en la localidad bonaerense de Wilde. Se acomodó en su puesto de trabajo, cerca de las máquinas Overlock. No sabía coser pero, por ser muy detallista, estaba a cargo del control de calidad de producción de toda la ropa que allí se producía. Pasaba horas revisando que las prendas no tuvieran fallas, que las costuras estuvieran bien hechas, y luego las doblaba para que salieran perfectas del taller. Había ingresado en 2019, tras estar cuatro años desempleada. Fue su primo quien la incentivó a que se anotara en la bolsa de trabajo de la cooperativa, que funcionaba a quince cuadras de su casa, y en seguida la llamaron. Ese martes charlaba con su compañera Florencia, quien está embarazada, cuando uno de sus compañeros las interrumpió para contarles que había llegado la policía y había sitiado todo cortando cuatro cuadras a la redonda. Florencia no estaba al tanto de que ese día iban a desalojar el predio.

Salió a la calle y se encontró con un operativo policial como nunca había visto en su vida. Más de 300 policías –que habían llegado en camiones, camionetas y motos de la fuerza– rodeaban el lugar. Vio que estaban armadxs y llevaban cascos y escudos. Regresó al interior del galpón y enseguida escuchó varias explosiones. Vio cómo sus compañerxs, militantes de organizaciones sociales y trabajadorxs de otras cooperativas que habían ido a apoyarlxs, corrían y se metían por el portón principal, desesperadxs, buscando resguardo. Algunxs de ellxs estaban heridxs con balas de goma, les sangraba la cara. Enseguida la policía les tiró gases lacrimógenos. Analía, aterrada, se escondió en un cuarto junto a una compañera que estaba con su hija de 2 años –quien asistía al jardín maternal que funcionaba en ese edificio. Estuvieron allí un rato. Escucharon gritos, tiros y explosiones, hasta que el humo entró en el pequeño invernáculo. “Tuvimos que salir porque nos estábamos ahogando. Me desvanecí por el gas, se me cerró la garganta, los ojos me picaban. Sentí que me moría. Luego supe que la nena también se desmayó y tuvo que ser atendida por una ambulancia. Podría haber sido una peor desgracia”, contó Analía a El Cohete a la Luna.

 

 

 

 

 

La policía bonaerense logró avanzar, a fuerza de tiros, golpes y usando gases. Entró al lugar y lxs trabajadorxs levantaron las manos en señal de rendición. Lxs tiraron al piso y lxs pegaron. Analía recuerda que un agente se ensañó particularmente con ella. La puso de espalda en el piso, le pegó con la cachiporra y la inmovilizó, poniéndole el pie encima durante un buen rato. Sintió la presión de la suela puntiaguda del borcego sobre la cadera, y no podía respirar. “Me pegó hasta el cansancio. Estoy toda moretoneada. Yo lloraba, pedía salir por mis propios medios pero me siguió pegando y después me llevó arrastrando hasta el camión para trasladarme a la comisaría. Pude ver cómo hacían lo mismo con mis compañerxs, sin importar que en su mayoría éramos mujeres. Algunas grandes, otras con hijxs. A Flor, que estaba embarazada, la vi por última vez tirada en el piso. Me contaron que la llevaron al hospital y estuvo horas internada”, dijo.

 

 

 

 

 

 

 

Antonella Guiso, comunicadora popular del medio Revista Resistencia, fue testigo de como se desvanecían lxs trabajadorxs, entre ellxs la embarazada y la niña, por los efectos de los gases lacrimógenos. Pese a haberse identificado como trabajadora de prensa también la reprimieron. “Apenas pude usar la cámara, no veía nada de las lágrimas que me salían. Un policía me pegó en la mano para sacarme el celular y me empujó, me tiraron al piso. Cuando salí del lugar el jefe del operativo, que vio que estaba grabando cómo se llevaban a lxs compañerxs, me sacó fotos. Después me llevaron al camión sin informarme cómo estaban mis compañerxs periodistas a lxs que había perdido en medio de las corridas”. Alfredo Sabino, trabajador de la Cooperativa de Trabajo Universal de Avellaneda –vecina de Nueva Generación– y secretario General de la Rama de Trabajo Autogestionado de la Federación de Trabajadores de la Energía, la Industria, Servicios y Afines (FeTIA-CTA), recibió durante la represión dos disparos con balas de gomas en la cara: uno en la pera y otro en el cuello. “A cuatro nos hirieron con balas de goma. La policía vino a lastimar porque todas las balas fueron a la cabeza. Nosotros no ejercimos violencia. Alguien dio la orden de avanzar y ahí empezaron a los tiros. Fue brutal. Salimos porque nos estábamos asfixiando por los gases, ya que el galpón no tiene ventanas. Me asistió una ambulancia y luego me detuvieron”, contó.

 

 

 

 

Responsabilidades vacantes

La orden de desalojo fue emitida por el juez civil y comercial Pablo Ernesto Bocaccia, pese a que los cooperativistas se habían comprometido ante la Defensoría del Pueblo bonaerense a desocupar el inmueble en los próximos días y habían pactado que el desalojo se hiciera cuando no estuvieran los trabajadores. Al lugar llegó un oficial de justicia, quien prometió a los trabajadores que no “les iban a tocar ni un pelo”. Esa promesa quedó registrada en uno de los videos que grabaron y difundieron quienes estaban allí minutos antes de la represión. Alicia Gutiérrez, presidenta de la cooperativa, reveló a este medio que se habían reunido durante los últimos meses con las personas del municipio y con el jefe de gabinete del ministerio de Gobierno, Omar Forlán. “Nos dijeron claramente que no nos iban apoyar, o sea, había una decisión política de no apoyar a Nueva Generación”, dijo. Además apuntó a quien se encontraba a cargo del operativo, Pablo Fernández, y manifestó que posteriormente el oficial de justicia declaró que no había dado la orden a la policía de que entrara. “La policía actuó sola”. Desde la cooperativa responsabilizan a los funcionarios provinciales, al ministro de Seguridad, Sergio Berni, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.  Por su parte, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, declaró que el juez Bocaccia "violó un acuerdo que había entre el Estado provincial y los trabajadores y de buenas a primeras decidió el desalojo". También afirmó que el Estado nacional a través del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) iba a financiar el traslado de la cooperativa a otro inmueble, pero "para eso necesitábamos treinta días hábiles, que el juez incumplió". El acuerdo se firmó en la Defensoría del Pueblo bonaerense el 16 de noviembre e incluye la firma de Furlán. Allí consta que el INAES había dispuesto otorgarle un subsidio de 10 millones de pesos a la cooperativa, que a su vez se comprometía “a buscar otro inmueble donde desarrollar sus actividades y a desalojar el inmueble en litigio en un plazo de 30 días hábiles, que les permita trasladar las maquinarias y demás elementos de trabajo a las nuevas instalaciones”. Ni el juzgado ni la policía ni el gobierno provincial respetaron ese plazo.

En total fueron detenidas 150 personas, entre trabajadorxs, militantes que acompañaban a resistir el desalojo de UTEP y de la CTA autónoma, de los movimientos de la economía social de Avellaneda y Quilmes, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y cuatro periodistas que estaban cubriendo el hecho.

La brutalidad continuó en la Comisaría 5ta de Avellaneda. Las mujeres fueron encerradas en una cocina y a los hombres los llevaron a un calabozo. Al cabo de un rato, como el lugar estaba sobrepoblado, los trasladaron a todos a la Comisaría Departamental de Patrulla en Avellaneda. Allí demoró mucho la atención a lxs heridxs. Durante el desalojo la policía le descolocó el antebrazo a una de las trabajadoras. La mujer fue encerrada igual y los oficiales se negaron a que la vea un médico durante varias horas. Por su parte, Analía sufrió un ataque pre epiléptico en la Comisaría y contó que hasta que se desmayó no le quisieron entregar su medicación que llevaba en su mochila, que estaba incautada.

Gracias a las imágenes difundidas por Revista Resistencias y la crónica en vivo que realizó el periodista Mauricio Polchi, se viralizó lo que estaba ocurriendo. La presión social y la movilización de las organizaciones hizo que tras cinco horas los liberaran. “Nunca en la historia hubo tantos detenidos en un desalojo en la fábrica. Desplegaron un operativo totalmente desmedido para desalojar a 80 costureras”, opinó Sabino. En la misma línea, Gutiérrez afirmó: “Solo pedimos que este país nos permita producir y nos ayude a mantener los puestos de trabajo y nunca vi nada igual. Llevo 33 años de militancia en los barrios, estuve acompañando en tomas de tierras, viví el 2001 y nunca vi que traten así a un grupo de trabajadoras. Manosearon a las mujeres, maltrataron a los compañeros, lastimaron a todo el mundo. Somos trabajadores, no somos delincuentes”.

 

 

 

La gesta cooperativa

El 90% de lxs trabajadxs de la Nueva Generación eran mujeres. La cooperativa funcionaba desde hace 17 años y estaba formada por 84 socixs, con más de 100 trabajadorxs. Contaban con 70 máquinas de coser, algunas con valores de hasta 7 millones de pesos, que producían a gran escala. Allí se hacían pantalones, camisas, uniformes para escuelas técnicas, ropa de trabajo. Con el advenimiento de la pandemia comenzaron también a producir barbijos y camisolines para los hospitales. Además del trabajo textil, la cooperativa tenía un sector de gastronomía y otro donde funcionaba un jardín maternal para lxs hijxs de las trabajadoras y otros niños que eran del barrio. Había 180 bebxs y nenxs becadxs. “Venimos de las organizaciones de desocupadxs, allá por el año 2001. Nuestro norte siempre fue la educación, para empezar a trabajar. En 2004 aprendimos el oficio de costureras. Capacitamos a centenares de personas para producir, algunas de ellas hoy trabajan en empresas”, contó la presidenta de la cooperativa. El espacio donde funcionaba fue comprado por lxs trabajadores. “Lo compramos a nombre mío y en el 2007 yo cedí todos los derechos a la cooperativa. El INAES registró la dirección y hasta la AFIP nos reconoció”, explicó Gutiérrez. Era un baldío lleno de basura, en desuso, donde había funcionado hace muchos años una carpintería. Allí lxs trabajadorxs crearon una unidad productiva. Se hizo una compra informal al heredero del dueño del lugar. Según cuenta la trabajadora, se firmó un boleto de compra venta pero no tenían un título de propiedad. En 2011 se inició el conflicto que culminó en el brutal desalojo del martes pasado. “Se presentó un señor llamado Guillermo Perugini, que es parte de un pool inmobiliario, y nos informó que había comprado el lote y que le teníamos que pagar un alquiler. Nosotros no podíamos, y el lugar era nuestro. Entonces comenzó un trámite en la justicia para desalojarnos”.

Tras años de resistir, en 2013 se dictó la Ley Provincial 14.511 que declaró al inmueble de Avellaneda de utilidad pública y sujeto a expropiación, adjudicando la propiedad a la cooperativa. El gasto debía ser atendido con cargo al Fondo de Recuperación de Fábricas de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, nunca se hizo. Ni se puso el inmueble a nombre de la cooperativa. Tras cinco años se consideró abandonada la expropiación y Perugini volvió a reclamarlo. A principios de 2021, en marzo, un nuevo proyecto que buscaba la expropiación y entrega del lugar a los trabajadores fue presentado en la Legislatura provincial. Contra todos los pronósticos, obtuvo media sanción en Senadores pero nunca se discutió en la Cámara de Diputados, donde espera desde agosto obtener dictamen de la Comisión de Tierras y Organización Territorial que preside la diputada Patricia Cubría. Sabino aseguró que “el único medio que tenemos las cooperativas para adquirir una propiedad es una ley provincial que declare los bienes de utilidad pública y sujetos a expropiación a título oneroso. Tiene que haber voluntad política para resolver el problema de fondo”. Señaló la responsabilidad de la diputada Cubría por haber frenado la ley. “En agosto presentó una carta al juez diciendo que iba a aprobar el proyecto en la sesión siguiente, pero a pesar de tener la media sanción desde mayo nunca hizo nada para garantizar la continuidad de la expropiación”, reclamó. Patricia Cubría es la esposa del jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

Lxs trabajadorxs y quienes fueron detenidxs el martes quedaron imputadxs en una causa penal. En tanto, ellxs evalúan realizar una denuncia por violencia institucional. Desde entonces el galpón está cerrado y custodiado por la Policía bonaerense. Según relataron lxs trabajadorxs, se rompieron las instalaciones y todo lo que se construyó con enorme esfuerzo durante 17 años. Además, cerraron el jardín maternal, perjudicando también a varixs vecinxs de la zona. Gutiérrez contó que la provincia les prometió trasladarlxs a un nuevo lugar donde puedan alquilar. “Nos tiraron al precipicio sin nada, sin trabajo, sin tener donde nos cuidan los chicos. Nosotras reclamamos que nos devuelvan nuestra casa y nos den el título de propiedad como corresponde”. La situación de la cooperativa Nueva Generación no es una excepción sino la regla. Existen más de 100 cooperativas en la provincia que piden reconocimiento como dueñas de sus espacios de trabajo, muchas de ellas con leyes aprobadas en la Legislatura provincial. Si la situación no se resuelve podrían ser los próximos desalojos violentos.

 

 

 

 

 

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