ARMÉ UNA CAUSA, ¿Y QUÉ?

 

“Así fue como, el día indicado, me presenté en la Casa Rosada. Llegué, entré por la explanada y me acompañaron hasta la privada del Presidente”, recuerda Marcelo Villegas en el descargo que presentó el viernes 18 en el juzgado federal de La Plata. “Esperé unos minutos, dejé el teléfono fuera del despacho presidencial y me hicieron pasar. Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: 'Pata' Medina y la UOCRA La Plata, motivo por el cual se me había convocado”. Los participantes estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar en el despacho del Presidente, agregó, “y los asistentes eran el propio Presidente ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Germán Garavano, el ministro Jorge Triaca, el ministro Guillermo Dietrich y el señor Gustavo Arribas”.

El entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal presentó un escrito en el juzgado de Ernesto Kreplak, como lo hicieron sus antiguos colegas de gabinete: el ministro de Obras Públicas Roberto Gigante y el subsecretario de Justicia Adrián Grassi. Como ellos, sostuvo que nada de lo que hizo para poner preso al “Pata” Medina fue ilegal. Y aunque dijo menos de lo que se esperaba, su testimonio fue una bomba política. Instaló por primera vez a Mauricio Macri en el centro de la escena con pelos, señales y mesa ratona. Y a María Eugenia Vidal. En el medio, descargó una especie de catarsis con el párrafo más político que pulsa sobre el sentido común, un anticipo de lo que le espera a la Argentina si el macrismo llega al gobierno nuevamente. “Efectivamente –dijo– desde la Provincia (de Buenos Aires) se ‘armó’ una estrategia que abarcaba lo político, lo jurídico y lo judicial para abordar la problemática que este sujeto había generado. Y si las labores llevadas adelante para frenar ese problema pretenden ser llamadas ‘haber armado una causa’, efectivamente fui parte de ello. Y no sé si fue una o fueron varias”. El enfoque es que, como no pueden negarlo, lo reivindican y pretenden decir que estaba bien hecho. El texto tiene 18 páginas. Ritmo de novela. Y Villegas –que también es abogado, que habla, cuenta todo y se cuida– hay un límite que no pasa: niega todo vínculo con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Y despacio, despacio, introduce una fina línea jurídica sobre la base de una antigua causa judicial en Quilmes, que podría servirle de colchón. Por último, el texto completo permite entender que el gobierno necesitaba a los empresarios para impulsar una denuncia judicial que ellos no querían. Tal vez eso explique las cámaras ocultas del Banco Provincia en junio de 2017: al menos de esa manera, quien fuese que las puso, obtenía registros de protesta.

 

 

 

 

Andarivel, Buenos Aires

Villegas dividió su relato en dos partes. Andarivel Provincia y andarivel Nación, del que no se hace cargo. “Lo que sucedió fue lo siguiente –comienza–: resulta que el acoso que el señor Medina llevaba adelante sobre los operadores de la construcción en todos sus niveles y dimensiones en el área de La Plata, Berisso y Ensenada bajo lo que él mismo denominaba ‘Acuerdo Regional’ se volvió insoportable y convirtió la actividad en inviable”. Las quejas de los empresarios ameritaron su intervención como ministro, dijo. Y ante los reclamos, notó que “las herramientas del Ministerio eran insuficientes, con alcance absolutamente limitado ante el comportamiento anti-jurídico”. Lo mismo, según dijo, le ocurría al senador Juan Pablo Allan y al intendente de La Plata, Julio Garro, ambos participantes de la reunión del BaPro. Le trasmitían las mismas inquietudes. Y agregó: “Entendí que la única alternativa era judicializar esos hechos y que interviniera quien debía intervenir. Soy abogado, la única alternativa posible era denunciar. “Fue allí donde se presentó el primer escollo”, señaló. Los empresarios no querían recurrir a la Justicia penal porque Medina había gozado durante años de protección política. Ni policía, ni Justicia, ni fiscales actuaban frente a las denuncias y para peor, dijo, habían potenciado el nivel de agresión. “En función de ello, entendí que debía chequear con ‘el poder político’ la vía de encarar una estrategia político-judicial para asistir a las víctimas y poner fin a la situación (…) Con los primeros que hablé fue con Garro y Allan. Ambos coincidieron en que la situación era insostenible y que había que darles todo el soporte legal desde el Ministerio de Trabajo y el Estado en general”. El tema empezó a ser trabajado en reuniones del gabinete de Vidal. Los desmanes de Medina, en su visión, alcanzaban obras de Nación y Provincia.

En ese contexto, introdujo a Vidal: un problema para ella, que hasta ahora dijo que se enteró de todo el tema del “Pata” Medina cuando estalló el video de la Gestapo. “Fue allí que la gobernadora Vidal me indicó que se realicen las denuncias correspondientes y que me apoyara en el ministro de Justicia. Expliqué que no veía aconsejable que fuese yo, el ministro de Trabajo, quien denunciara a un representante gremial, ya que iban a tildar la denuncia de política. Coincidió y me dijo que hablase con las víctimas y las asista junto al ministro de Justicia. Así ocurrió”. Por el Ministerio de Justicia intervino Grassi. Las recibió, escuchó e intentó convencerlas de que denuncien. Que se les iba dar toda la contención desde el Estado provincial. “Jamás se indujo a nadie a denunciar una falsedad, jamás se inventaron hechos, jamás se presionó a un funcionario judicial para que actuara o dejase de actuar. Y arrancamos”.

Nada de lo que dice Villegas es juzgado en la causa. Nadie dijo que los hechos fueran falsos. La imputación de Kreplak es porque ejecutaron una estrategia para judicializar la detención del gremialista con elementos que no estaban bien, por ejemplo, el espionaje o incidencia en la Justicia. La causa tiene comunicaciones de Villegas con espías y juzgado y de Grassi con empresarios y fiscales. Los empresarios dijeron que los llamó para que denunciaran al “Pata” Medina. Y eso es lo que Grassi y Villegas confirman en las declaraciones. Hablaron. No pueden negarlo. Pero donde la Justicia lee datos de una imputación, ellos hablan de contención y garantías. El ex ministro admite haber mantenido, incluso, muchas reuniones con los empresarios, que le costó convencerlos de que se presenten en la Justicia y que finalmente se logró. Pero ahí también tuvo cuidado: no dice que él entregó las cartas de los empresarios a la Justicia, sino que de todo eso se encargó el Ministerio de Justicia de Vidal.

 

 

 

 

 

Andarivel, la Rosada

Así llega a mayo de 2017, el encuentro en la Rosada. Para entonces, dijo, la UOCRA La Plata tenía problemas con obras de Provincia, Nación y en la destilería de YPF en Ensenada. “Entiendo que por estas dos últimas cuestiones fui citado un día a concurrir a Casa de Gobierno, previo aviso a la Gobernadora, que me dijo que iban a convocarme para explicar el contexto en Provincia y cómo lo estábamos tratando”.

Llegó el día. Contó lo que contó. La mesa ratona. Los interlocutores. El hogar. “A mi izquierda estaba sentado Arribas”, agregó. “El Presidente planteó el tema de la UOCRA La Plata porque dijo tener informes de (Guillermo) Dietrich sobre retrasos, complicaciones y conflictos con toda la cadena de contratistas en las obras de carácter nacional”. Dietrich expuso un problema que le generaba preocupación dentro de la electrificación del Ferrocarril Roca, particularmente la estación Pereyra. Faltaba terminar algo de los andenes. Y luego, “se generó un debate a instancias del Presidente sobre qué medidas adoptar, del cual no participé”, dijo y no dijo qué. Dietrich contó que le había pedido a las empresas que hagan denuncias ante policía y fiscalías. Bullrich afirmó que la metodología de la UOCRA era recurrente en otras localidades y que en otra etapa de su vida había logrado la intervención estatal y encarcelar al “Pata” Medina, pero que el poder político lo había transformado en un intocable.

Entonces nombró otra vez a Macri.

“Macri le preguntó a Garavano sobre una causa en la que el Estado era parte, pero no tenía nada que ver con el tema y Garavano dijo que no tenía novedades”.

Y volvió a nombrarlo enseguida.

“Luego, Macri pidió la opinión de Triaca. Y Triaca dijo que iba a contactar a la UOCRA nacional para ver la posibilidad de que Medina baje los decibles. Lo relatado habrá durado no más de 15 minutos y el Presidente preguntó si alguien tenía algo más que decir. Nadie respondió”. Entonces, siguió, “desde donde estaba sentado, Macri me dijo: la gobernación me dijo que en la Provincia están encarando un proceso con empresarios y cámaras profesionales desde el Ministerio de Trabajo y de Justicia. Y me pidió que contara”.

Villegas contó. Macri le pidió una sugerencia. Y entonces, volvió a nombrarlo.

“Me preguntó si tenía alguna sugerencia. Le dije que la clave era que el poder político respalde a las víctimas y a la Justicia para que opere con total libertad. Me dijo: ‘Bueno, perfecto, si necesitás algo de los que están acá, hacelo saber’. Terminó la reunión y me fui.”

 

 

 

 

Hasta ahora se sabía que había existido una reunión en la Rosada en mayo de 2017, con Macri, Arribas y Villegas. Y que eso había dado origen a la embestida contra el “Pata Medina”. Raúl “Tuny” Kollmann publicó días atrás el off de uno de los visitantes, según el cual en la reunión eran más y Macri había dejado la coordinación de todo el caso en manos de Arribas. Villegas confirmó sólo una parte. Se esperaba más. Acaso el textual del ex Presidente. Pero, abogado al fin, ¿reconocer su participación en un plan coordinado por la AFI no lo metía más en problemas? El resto de la declaración es el intento de desprenderse de la mancha venenosa de la AFI. Villegas tiene un ingreso a la central de inteligencia el 31 de julio de 2017; dos comunicaciones con Sebastián De Stéfano, ex director de Asuntos Jurídicos, y también la reunión de junio del BaPro con tres espías en la cabecera. De todo eso, dijo que sólo estuvo una vez en la AFI, que a De Stéfano se lo presentaron como abogado del Presidente y que a los otros dos no los conocía. “Resulta que después de la reunión con el Presidente en Casa de Gobierno –dijo–, no recuerdo la manera en la que aparece en escena el abogado Sebastián De Stéfano. Siempre creí que era abogado de Presidencia de la Nación. Mucho tiempo después, y por noticias que se difundieron en medios, me enteré que era jefe de Asuntos Jurídicos de la AFI”.

Para la causa judicial, el testimonio no le suma. No explica que lo que se hizo se hizo sin orden judicial. No dijo nada sobre eso. Y tampoco explica el peso que tenía la voz de un supuesto abogado del Presidente en una reunión en la que le tomó la dirección de la conversación. Villegas, Grassi y Gigante ni siquiera se pusieron de acuerdo en la defensa. Cada uno dijo cosas distintas y en conjunto, contradictorias. Pero eso es la causa judicial. Luego está la pelea por el sentido común, que es otra cosa.

 

 

 

 

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