Argentina en órbita

 

A comienzos de octubre, el Presidente Alberto Fernández encabezó el acto en que se selló el contrato entre la Comisión Nacional de Actividades Especiales (CONAE) y la empresa VENG para el desarrollo de un lanzador argentino de satélites. En el marco del proyecto Tronador II, incluirá el diseño del prototipo y la infraestructura necesaria para su puesta en órbita desde el territorio nacional. La inversión anunciada trepa a casi 10.000 millones de pesos y la fecha estimada es 2030, el plazo que prevé la nueva versión del Plan Nacional Espacial en elaboración.

En los hechos, la firma del acuerdo representa una recuperación de la política de soberanía espacial argentina, que sufrió los vaivenes políticos de las últimas décadas, incluyendo el desfinanciamiento durante el periodo macrista a las actividades programadas en el proyecto Tronador. Además, en las últimas horas de 2015 se interrumpió una colaboración con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que había sido pautada hasta 2024 y recién se retomó con el actual gobierno.

El proyecto Tronador contempla la disposición de una plataforma de lanzamiento de satélites en el Centro Espacial que se encuentra dentro de la Base Naval de Puerto Belgrano. Permitiría evitar los alrededor de doce millones de dólares que insume cada puesta en órbita desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, además de ofrecer el servicio a otros países. En la actualidad, solo una decena cuentan con capacidad de hacerlo. Por ello, la expectativa del gobierno es que el desarrollo del proyecto consiga a partir de 2030 preservar la inversión estatal —tanto la volcada en particular en el Tronador, como en la constante formación académica y científica de profesionales— y generar ingreso de divisas, siempre necesario en la economía periférica, cuyo recurrente estrangulamiento externo agravó la multimillonaria deuda externa contraída en dólares por Mauricio Macri.

El dato anecdótico es que tanto el Presidente como la comunicación oficial situaron la plataforma de lanzamiento en Bahía Blanca, cuando en realidad la Base Naval se emplaza en las costas del aledaño distrito de Coronel Rosales, cuya cabecera es Punta Alta. Es una imprecisión menor, porque de todos modos el partido rosaleño forma parte del Área Metropolitana de Bahía Blanca, mención más identificable en el mapa bonaerense. La ubicación de la plataforma se decidió tomando en cuenta la cercanía con el mar, dentro de las más de 18.000 hectáreas del predio naval más grande del país. Si bien los aparatos deben contar con sistemas de autodestrucción en caso de fallas, el emplazamiento evitaría cualquier tipo de riesgo sobre zonas civiles.

Para el seguimiento del artefacto, se dispondrá de una plataforma en el propio lugar de despegue, otra en la Península de Valdés y dos más en Tierra del Fuego, una de ellas en la Antártida. A eso se sumaría otra en Salta, además de la que la CONAE ya posee en Córdoba.

Entre fines de 2024 e inicios del año siguiente comenzarían las pruebas. Actualmente, se están organizando las tareas para la fabricación del motor y programando ensayos de lanzamiento desde Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires.

 

Una ley todavía ausente

La actividad espacial argentina, declarada en 1994 como prioritaria dentro del sistema científico tecnológico, es financiada prácticamente en su totalidad por el Estado. El proyecto Tronador —que planifica el desarrollo de los vehículos II y III— es responsabilidad de la CONAE, con la empresa VENG como principal contratista.

La cúpula de la Comisión se compone de representantes de la cancillería, la jefatura de gabinete y los ministerios de Economía, Defensa, Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación. VENG, cuya sigla alude al Vehículo Espacial Nueva Generación, comparte con ella parte de su directorio. Casi la totalidad de su composición accionaria es estatal. Su actual presidente, Marcos Actis, representa desde 2020 al Ministerio de Educación en la CONAE y al organismo en la empresa. Actis es docente del área de Estructuras Aeronáuticas y Aeroespaciales desde hace 35 años en la UNLP y en abril fue electo decano de su Facultad de Ingeniería, cargo que ya había ocupado entre 2010 y 2018. Su currículum incluye la creación del Laboratorio del Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados y el Centro Tecnológico Aeroespacial.

La CONAE fue creada en 1991 en reemplazo de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales nacida durante la presidencia de Arturo Frondizi, que tenía la impronta de la influencia castrense sufrida por el mandatario en una treintena de planteos golpistas.

Entre otras responsabilidades, la CONAE es la encargada de actualizar el Plan Nacional Espacial, administrarlo y ejecutarlo. En 2005, Néstor Kirchner firmó junto al actual Presidente —entonces, jefe de gabinete— un decreto que declaró al desarrollo de la actividad espacial como política de Estado y prioridad nacional, proyectando un plan vigente hasta 2015, con revisiones cada trienio a cargo de la Comisión.

Entre junio de 2007 y mayo de 2008 se lanzaron los cohetes sonda Tronador I y Ib, con los que se probaron sistemas de navegación y guiado. Como el plan para el periodo suponía la cooperación internacional, también se efectuó en diciembre de 2007 el lanzamiento de otra sonda desde Brasil, con carga argentina y cohete local.

En la actualidad, la deuda sigue siendo el debate y aprobación de una ley que regule la actividad espacial en el territorio argentino y asegure una continuidad de lo planificado más allá de eventuales cambios de gobierno. Aunque el decreto de creación de la CONAE le confiere responsabilidad sobre toda actividad en la materia, urge poner bajo resguardo de intereses extranjeros a un país que el plan nacional califica como “espacial” dado que “por sus características requiere de la información originada en el espacio para su desarrollo”, como recoge el texto rubricado por Kirchner y Fernández en 2005.

La urgencia se agudiza cuando el panorama global muestra el surgimiento de iniciativas privadas como SpaceX, del magnate sudafricano Elon Musk. De todos modos, si bien la empresa del nuevo del nuevo dueño de Twitter ha pasado a realizar ejercicios que antes eran monopolio estatal, continúa sirviéndose de la capacidad instalada pública. Ocurre en Estados Unidos, en que utiliza equipamiento de la NASA, y también en el resto del mundo. La CONAE le presta servicio de seguimiento de sus satélites cuando pasan sobre el territorio argentino. Sin embargo, la conveniencia no implica obligación y el país carece todavía de una normativa que regule la actividad espacial, como sí ocurre con la aviación civil.

La elaboración de un marco regulatorio debería establecer parámetros exigibles en el emplazamiento de plataformas de lanzamiento, los requisitos y estándares a cumplir y el espacio aéreo que se afectará. Un avance en ese sentido ha comenzado a forjarse en la UNLP, donde está organizándose un centro de interpretación espacial, con participación de especialistas en derecho, economía e ingeniería.

Sin embargo, advierte Actis, “debería haber un acuerdo político en las cuestiones de largo plazo, porque no alcanza con una ley” para asegurar políticas de Estado frente a cambios de administración. Una muestra llegó con el ARSAT 3. El macrismo lo paralizó, pese a que ya orbitaban los dos módulos anteriores del programa y la ley 27.208 había declarado en noviembre de 2015 “de interés público nacional” tanto al desarrollo de la industria satelital como al Plan Nacional Geoestacionario para los siguientes veinte años. El mismo texto resguardaba los derechos de acceso a frecuencias de municipalidades, sociedades del Estado y cooperativas, algo que también Macri procuró revertir en favor de los privados.

De cara al futuro, por su parte, el directorio de CONAE ya aprobó la actualización de Plan Nacional Espacial hasta 2030, restando el tratamiento legislativo. Dentro de lo programado se incluye el avance en el proyecto Tronador.

 

 

El despegue económico

Contar con un lanzador propio “permitiría cerrar el círculo virtuoso del desarrollo espacial”, señala Actis a El Cohete. Implicaría, agrega, la producción de equipos, el armado del satélite y su colocación en una plataforma de lanzamiento, la realización del seguimiento y la evaluación y validación de los equipos diseñados, lo que abriría la oportunidad de vender esa tecnología al exterior. “Hoy no lo podemos hacer porque para eso se requiere validar equipos en vuelo”, explica.

La expectativa es que del desarrollo espacial resulte un incremento en la generación de trabajo público y privado para personal especializado. En torno a él ya han surgido pequeñas y medianas empresas, que incluso llegaron a exportar o trabajar para terceros. Desde el ámbito universitario se han ofrecido ensayos a privados, que de otro modo deberían recurrir al exterior. A su vez, los conocimientos y la capacidad instalada por la industria aeroespacial han podido aplicarse a la automotriz o de ferrocarriles, entre otros servicios.

El proyecto Tronador involucró alrededor de medio centenar de pymes, muchas de las cuales desarrollaron procedimientos y productos de impacto en otros sectores, como las baterías de litio. Con ello, se avizora la posible exportación de valor agregado y no solo del mineral a granel.

A esos cálculos debería sumarse el ahorro que supondría no recurrir a lanzamientos desde el exterior, que además de los costos de fletes y viajes impide validar material nacional en vuelo. Solo por cada GPS fabricado en su territorio, el país ahorraría alrededor de un millón y medio de dólares.

 

 

 

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