Argentina, 1878

 

Ivana Noemí Huenelaf es una mujer mapuche-tehuelche, tiene 49 años, 6 hijos, 7 nietos, y es viuda. En enero de 2017 se encontraba en la Pu Lof Resistencia Cushamen, en la provincia de Chubut, cuando la Gendarmería Nacional ingresó al territorio mapuche de manera irregular y reprimió a la comunidad. Ivana quedó detenida por la Policía provincial y durante algunas horas estuvo desaparecida, a su familia le negaron información respecto a su paradero. Ivana señala que a lo largo de esos días los titulares de los medios de comunicación se referían a ella como “terrorista”. Ese fue un punto de quiebre en su vida. A partir de allí comenzó a transitar un recorrido que la condujo, en agosto de este año, a presentar una denuncia ante los Tribunales Federales de Retiro, para que la llamada “Campaña del Desierto”, ocurrida entre 1878 y 1890, sea considerada un genocidio.

 

 

 

La ley 26.160

Esta ley del año 2006 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades indígenas. La norma ordenó la suspensión de desalojos y la realización de un relevamiento técnico y jurídico catastral sobre dichos territorios. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el año 2021 de las aproximadamente 1760 comunidades indígenas que hay en el país, 1015 no contaban con el relevamiento territorial concluido. O sea que para el año pasado lo que se había relevado era el 42,33 % del total. La ley 26.160 fue concebida como una herramienta para que el Estado dé respuesta a las comunidades que fueron desplazadas de los territorios que habitaron ancestralmente. Ivana cuenta que en el caso de su familia, su tío abuelo, Casimiro Huenelaf, que era el lonko de una comunidad, es decir, el referente, se quedó como cocinero en la estancia de los Benetton cuando su gente fue expulsada, para no abandonar el territorio. Es un caso de miles. Pero guarda en sí mismo información acerca de la experiencia que puede implicar para una persona pasar a servir a quien la está expulsando, con tal de permanecer.

Ese es en algún punto el origen de la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, el movimiento que busca recuperar las tierras de donde fueron desplazadas las comunidades. Ivana expresa que una de las tareas de Patricia Bullrich, en su carácter de ministra de Seguridad, fue demonizar a la RAM, fortalecer el discurso que estigmatiza a los pueblos originarios y los cataloga como “usurpadores”. Las acciones que estos pueblos desarrollan para recuperar territorio van en línea con la ley citada porque el relevamiento de la tierra es un insumo a la hora de avanzar hacia la efectivización del derecho a la propiedad comunitaria indígena. Es decir que hay una vía posible que es la del diálogo, la reparación y el consenso. También existe por supuesto el paradigma opuesto, y es estratégico observar cómo desde determinados sectores sociales se construye la idea de un enemigo interno, que hoy puede ser el pueblo mapuche y mañana puede ser otro sujeto social.

 

 

 

La antesala de la denuncia

Ivana describe los hechos que fueron cruciales para ella en el camino que viene recorriendo. Luego de la represión y la detención en enero de 2017, el siguiente momento clave que ella marca es la desaparición de Santiago Maldonado y la muerte de Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, asesinado por el Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina en Villa Mascardi, Río Negro. El tiempo pasó y tanto la estigmatización como los desalojos fueron recrudeciendo. En noviembre de 2021 ocurrió el asesinato de Elías Cayicol Garay. El homicidio sucedió luego de que la comunidad Lof Quemquemtreu comunicara que había recuperado territorio en Cuesta del Ternero, un área que es reclamada por Rolando Rocco, quien posee un permiso para forestar tierras fiscales de la provincia de Río Negro destinadas a la plantación de pino. Esta zona ya guardaba en sí misma una historia trágica. El 11 de enero de 1993 fue asesinada a balazos en su casa del Paraje Cuesta del Ternero, María Lucinda Quintupuray, de 79 años. Meses después, su hijo Victorio apareció ahogado en el río Ternero. El crimen, por el cual no hubo justicia, venía de la mano de la determinación empresarial de desmontar el bosque nativo para dedicarlo al monocultivo de pino. De allí que las comunidades quieran recuperar esta tierra y recomponerla. Por eso cuando se habla de “el conflicto mapuche” no se puede simplificar. Porque la mayoría de las historias actuales son la punta de un ovillo que va muy lejos en el tiempo y porque debe entenderse que para abordar seriamente estos procesos hay que comprender primero la cosmovisión particular de quienes están implicados.

En diálogo con El Cohete a la Luna, Ivana decía: “En este camino que vengo transitando tuve la suerte y el agrado de conocer a las Feministas del Abya Yala, a Claudia Korol, que me mostró lo que era el Juicio a la Justicia Patriarcal. A partir de ahí me empecé a constituir como una mapuche feminista, cosa que me costó muchísimo porque las mapuches no eran feministas, era raro ver esto en una mujer originaria, y nos pusimos a trabajar juntas en el tema de la identidad, de cómo fortalecernos, de cómo plantarnos frente a nuestros reclamos. Mientras estaba en ese proceso quedé absuelta de todo lo que se me acusaba a partir de la detención de 2017. Comencé a viajar a Buenos Aires y asistí a las rondas de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, con Norita. Ahí empecé a escuchar la idea de genocidio. Luego de uno de esos viajes volví al sur, y justo ahí mataron a Elías. Eso me dejó quebrada, asustada, y toda esta gente de los Buenos Aires que yo había conocido me empezó a llamar para preguntarme cómo estaba, qué necesitaba, y lo que yo les transmitía era mi desesperación. Acá donde vivo, la justicia es anti mapuche, y mi sensación era de no saber cómo actuar mientras nos estaban matando. En esas semanas el conflicto siguió. Para que te des una idea de las cosas que estamos viviendo, el que ahora es intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, antes era el contador de Lewis. Bueno, en ese contexto este hombre llamó a sus paisanos para que nos amedrentaran, no sabés cómo nos dieron, no distinguían mujeres, niños, nada. Fue terrible. A partir de ahí las personas cercanas me fueron apoyando cada vez más y me alentaron para que de una vez por todas hiciera la denuncia por genocidio”.

 

 

La denuncia

Podría decirse que la denuncia empezó unos meses antes de asentarse, cuando Ivana y su abogado preparaban la presentación: “Empecé a leer, a leer, a leer, a encontrar documentos, textos, yo a los 14 años dejé la escuela porque quedé embarazada, así que no tengo estudios formales. Me puse a estudiar la historia argentina, nos quemamos las pestañas buscando datos, y lo más impresionante es que absolutamente toda la información que presentamos es pública. Toda la documentación salió del propio Estado, de sus archivos”. Lo que la demanda penal busca es que se realice un Juicio por la Verdad para probar que existió un plan sistemático de exterminio sobre la población indígena. Es muy interesante ver cómo los Juicios por la Verdad, que fueron aquella enorme herramienta cuando en los ‘90 estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, son ahora un camino posible para los pueblos originarios. Durante la entrevista, Ivana tiene en su cuello un dije con el símbolo del pañuelo de las Madres. Las distintas búsquedas de verdad y de memoria se van entrelazando.

Dado que la demanda contiene información que forma parte del repositorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la denuncia lo que hace es llevar a la Justicia aquello que el Estado ya conoce. Decía Ivana en este sentido: “Lo que pienso es que siempre nos piden diálogo, pero el Estado no quiere tener diálogo. A mí me parece que como ellos mismos perpetraron el genocidio, lo tienen que reconocer para que partamos desde ahí, para sentarnos y mirarnos a los ojos y poder dialogar”. El fiscal en la causa es Ramiro González y el juez Daniel Rafecas; obra como antecedente el juicio que se llevó a cabo recientemente sobre la Masacre de Napalpí. Ivana da cuenta de las miradas con las que se va encontrando en esta búsqueda de justicia: “Cuando yo fui a Comodoro Py a ratificar mi denuncia, el que me la estaba tomando me pregunta: ‘¿Y cómo consta que sos mapuche?’ Yo me reí. Y le dije que si leía la denuncia, ahí tenía la respuesta”.

Para esta mujer, el reconocimiento del genocidio es la base desde la cual construir el futuro: “El Estado argentino nos quiso exterminar y por eso llegué a mi denuncia, porque tiene que haber una reparación histórica. Por supuesto, no se puede encarcelar a quienes perpetraron esto porque están muertos, pero sí se puede investigar qué se hizo con las tierras, con los animales que nos robaron hace 200 años. Hoy el pueblo mapuche les trabaja a los estancieros los recursos que antes nos quitaron. En los propios textos de Avellaneda, que son públicos, se lee que el genocidio fue de 20.000 almas. Nosotros solo queremos estar en nuestros territorios tranquilos, que se sepa que no somos ningunos usurpadores. Y así como la Justicia tiene que reconocernos y la educación tiene que comenzar a explicar cómo fue realmente lo que llamaron ‘Conquista del Desierto’, también nosotros tenemos nuestros propios registros, nuestra propia historia que tenemos que reconstruir porque fue avasallada”.

 

 

 

La gran diferencia entre Estado y nación

Ivana no conocía las diferencias entre Estado, Gobierno y Nación. Tampoco sabía que la República se basa en la división de tres poderes. Todo lo tuvo que estudiar para entender las reglas del juego y poder jugarlo. Lo que sí sabe es cuál es su percepción al respecto: “El Estado a nosotros nos saca del territorio, nos enjuicia, nos mata, nos encarcela. A mí me encantaría no ser parte de ese Estado, pero eso es imposible, entonces no nos queda otra que sentarnos, hablar y construir acuerdos. Hemos tenido mesas de diálogo que el propio Estado desarmó, ellos mismos rompen las normas que proponen”. Agrega que además existe la violencia simbólica que implica desconocer lo que para ellos es vital: “Cuando tenemos allanamientos la Justicia no tiene perspectiva de pueblos originarios. Voy a poner un ejemplo para explicarme. Vamos a suponer que alguien allana una iglesia y rompe el altar, esto sería horrible, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos lugares que son sagrados, que son antiguos y que no son respetados, los rompen, los destruyen. Por eso para nosotros el reconocimiento por parte del Estado del genocidio es un primer paso fundamental. Permitiría abrir camino para que exista una perspectiva que entienda y respete nuestra cultura y nuestra ancestralidad”.

Esta cronista le preguntó a Ivana por su identidad y si acaso ella se siente argentina. La respuesta es la siguiente: “El pueblo mapuche-tehuelche es un pueblo nación, yo soy mapuche-tehuelche, esa es mi nación. Lo digo sin desmerecer y sin ponerme nacionalista, esa es mi identidad. Igualmente para nosotros eso no es lo central, para nuestra cultura lo importante es la territorialidad, tener el espacio para desarrollarnos, para vivir dignamente. Nosotros no queremos perdernos en la individualidad, queremos sostener nuestras prácticas comunitarias, colectivas, nos importa que nuestros niños sigan hablando nuestra lengua, que sigan tejiendo el telar; no queremos quedarnos en el pasado, sino estar en el presente, insertos en lo que ocurre, pero sin perder nuestro saber”. Ivana habla con voz clara y alegre, se presta a explicar palabras y repetir conceptos. Quiere verdaderamente nombrarse a sí misma, desmentir la construcción que se intenta hacer en torno a los pueblos originarios como peligrosos. El año que viene se cumplirán 40 años de democracia, el período sin interrupciones golpistas más largo de la historia argentina. Una democracia que vino a sostener la bandera de los derechos humanos quedaría trunca si no consigue albergar de alguna forma a las identidades diversas que la componen. Hay un trabajo que hacer y evidentemente la represión hasta ahora nunca ha demostrado ser el camino.

 

 

 

 

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