De área protegida a negocio inmobiliario
Gerardo Morales enajena una zona de los Diques para armar una Villa Carlos Paz jujeña
El gobierno de Jujuy transformó por ley lo que era un área “protegida” en un área “sustentable”, y avanza en el loteo y urbanización de una zona de los Diques donde viven campesinos que practican la agricultura y la ganadería familiar. Se trata de un enorme negocio inmobiliario que en el Presupuesto 2018 aprobado por la Legislatura aparece como un ingreso de 960 millones de pesos, solo en su primera etapa.
El viernes se realizó la audiencia pública para tratar el proyecto. Allí estuvieron organizaciones campesinas, políticas y sindicales para expresar las razones de su oposición al emprendimiento. Además de las legales, hay objeciones relacionadas con lo social, lo económico y lo ambiental.
La defensa del plan estuvo a cargo de funcionarios del Ejecutivo, legisladoras oficialistas y técnicos vinculados al emprendimiento. Fue difícil encontrar a algún poblador que hablara a favor del proyecto, en cambio hubo unos cuantos que expusieron sus reparos.
La audiencia fue encabezada por el equipo de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, que es como pasó a llamarse la Intendencia de los Diques con la aprobación de la ley 6049, en diciembre pasado. Su titular, Víctor Hugo González, encabezó el grupo de los entusiastas, del que también formaron parte funcionarios del Ministerio de Ambiente, la senadora nacional Silvia Giacoppo y la diputada provincial Victoria Luna Murillo.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la Organización Campesina de los Perilagos (OCP), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Jujuy y el Movimiento Evita fueron algunas de las organizaciones que fueron a manifestar el rechazo al proyecto, aun reconociendo que la audiencia se realizó como “un mero acto administrativo para blanquear algo que ya está resuelto” y “una puesta en escena”. De hecho, el proyecto está respaldado por ley aprobada en la Legislatura, y el Presupuesto 2018 que sancionaron los diputados prevé su realización y un ingreso para el Estado provincial estimado en 960 millones de pesos. Es decir que los lotes resultantes del emprendimiento ya fueron cotizados y calculados como un ingreso seguro de este año.
Víctor González dijo que la audiencia se realizó para “propiciar un espacio de socialización de la información, para escuchar otras voces, para conocer otros puntos de vista que tal vez puedan enriquecer nuestra propuesta”. Sin embargo fueron varias las impugnaciones que se presentaron, algunas antes de la reunión y otras durante su desarrollo.
La abogada Paula Álvarez Carreras presentó un pedido de nulidad de la audiencia argumentando que la convocatoria partió de la Intendencia de los Diques, que en rigor dejó de existir a partir de la sanción de la ley 6049; que es irregular que sea la Intendencia quien convoque y coordine una audiencia pública para evaluar un proyecto en el cual es la principal interesada; que la información estuvo disponible solo cuatro días antes de la reunión, y que el proyecto y el EIA entregados por el Ministerio de Ambiente tienen “un contenido absolutamente diferente”.
Sobre la denominación del proyecto, oficialmente se llama “Plan Estratégico Participativo de Desarrollo de los Diques (PEPDIS) 2016-2017”, aunque en algunas informaciones del Ejecutivo provincial se lo mentó como “Eco-Desarrollo Sostenible en la zona de los Diques” o “Parque Natural Los Diques”.
Por otro lado, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por la empresa W&E SRL define el proyecto como “de Urbanización Las Maderas”, con un marcado aroma a sinceramiento. Este informe está rubricado por el geólogo Jorge Escalante, socio gerente de W&E junto al ingeniero Guillermo Weibel, quien se desempeñó durante muchos años como gerente del Banco de Acción Social de Jujuy, el ente oficial de juegos de azar que la administración de Morales transformó en un banco provincial.
Pero las diferencias entre uno y otro escrito no terminan en el nombre del emprendimiento, sino que además tienen contenidos diferentes. El texto oficial titulado PEPDIS, de 369 páginas, es algo menos agresivo respecto de los pobladores de la zona, porque restringe las áreas para loteo. En tanto, el EIA —que ocupa 143 páginas— muestra con claridad que el plan de urbanización abarca toda la zona y que los lotes previstos se superponen con los lugares donde viven los campesinos.
La ley provincial 6049, aprobada el 7 de diciembre de 2017, transformó lo que antes era el Área Natural Protegida los Diques, creada por Ley N° 5.365, en Área de Desarrollo Sostenible de los Diques. Es decir, lo que antes era protegido ahora es sostenible.
El EIA describe el proyecto como el “parcelamiento de un terreno para la realización de un loteo” y refiere que la intervención prevista “tiene como objetivos generar una urbanización acorde a los lineamientos actuales (…) con el fin de que los futuros propietarios puedan desarrollar viviendas de uso permanente”. Para esto, se prevé “el amanzanamiento y apertura de calles”.
El terreno se encuentra en el perilago del Dique Las Maderas, en un sector identificado como “primer dedo”, con acceso desde la Ruta N° 9. El proyecto, al que en el EIA se nombra como “Loteo Las Maderas”, plantea la urbanización de una superficie de 2.132.049,68 m2 y su división en 471 lotes. Más adelante indica que el proyecto está constituido por “una distribución de 40 manzanas con superficies y usos variables, adaptadas a la topografía y divididas en lotes de un promedio de 12.000 m2 cada uno”.
En la página 13 afirma que el “principal objetivo” del proyecto “es el de urbanizar un área ambientalmente sensible”, y un poco más adelante, que “consistirá en la adecuación de una superficie de 300 hectáreas para ser destinada al fraccionamiento y loteo”.
En su página 26 el EIA estima que el área de influencia indirecta afectaría a toda la provincia, por la “disponibilidad de adquisición de terrenos en una zona de gran visual natural, a orillas del Dique Las Maderas, con facilidades para la práctica de deportes náuticos y pesca”, y describe: “Se desarrollará un vecindario de casas de fin de semana, para descanso y esparcimiento”.
En declaraciones públicas, el gobernador Gerardo Morales dijo que en el lugar se va a desarrollar algo similar a Villa Carlos Paz, uno de los destinos turísticos más convocantes, aunque también de los más cuestionados en términos ambientales. Lo explicó y aclaró luego Víctor González: “El gobernador habló de Villa Carlos Paz en cuanto a la cantidad de gente que pueda visitar, pero con un cuidado ambiental totalmente distinto a lo que pasa allá. Es decir, que sea como Carlos Paz en lo que es como atractivo turístico, no así en lo que hace a la sobrecarga del terreno, la cantidad de casas que tiene, porque esto nos va a complicar en la parte ambiental”.
El escrito de la abogada Álvarez Carreras señala además que en el EIA se omite mencionar como marco normativo a la Ley General del Ambiente N° 25.675, de alcance nacional, que es la que establece los presupuestos mínimos del artículo 41 de la Constitución Nacional para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
Más allá de lo estrictamente ambiental, la primera alarma que sonó al conocerse el emprendimiento provino del lado de las familias campesinas que viven en el perilago, donde crían animales, tienen sus casas, siembran sus chacras y huertas y realizan actividades de turismo rural.
Sobre la presencia de pobladores, el EIA menciona “asentamientos dispersos”, y describe la cuestión de la tenencia de la tierra como “un problema de gran complejidad”, puesto que actualmente viven allí descendientes de viejos pastajeros que “siguen criando ganado y sembrando cultivos estacionales, pese a que la actividad agrícola y ganadera fue prohibida” al momento de expropiarse tierras para la construcción de los diques.
Lo dice la abogada Álvarez Carreras en su escrito: “NO surge acabadamente de dicho informe una mención a la comunidad campesina residente en el lugar que lleva al menos dos generaciones viviendo en la zona de los diques”.
“En los únicos lugares donde mencionan a los campesinos es para decir que son ilegales y que realizan sobrepastoreo de las tierras por culpa de los animales; pero hablan de los animales, no de las familias que los crían”, advierte Lucía Castro, antropóloga y trabajadora de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la provincia, que participó de la audiencia del viernes.
En efecto, tal como se indica en el EIA, la mayoría de estos campesinos carece de títulos de propiedad de las tierras que ocupan, aun cuando varias de estas familias habitan en la zona desde hace 80 a 90 años. Algunos de ellos apenas tienen una tenencia precaria. Los defensores del PEPDIS aseguran que estos pobladores obtendrán títulos de propiedad. Sin embargo, se habla de “título de posesión”, una figura sin peso legal.
Por ahora, algunos firmaron una especie de actas que fueron calificadas de fraudulentas, mediante las cuales el gobierno supuestamente se compromete a “regularizar” la situación del terreno en cuestión. Se trata en realidad de papeles con un cuestionado valor jurídico. En principio, porque el organismo estatal que firma el acta es la Intendencia de los Diques, que como quedó claro ya no existe, desde la aprobación de la ley 6049. Además, en ningún lugar de esos papeles se mencionan las palabras “escritura” o “título de propiedad”.
Son pocos los pobladores que accedieron a firmar estos acuerdos. Ninguno de ellos participó de la audiencia y no fue posible conseguir declaraciones suyas. Muchos se habían interesado pero después desistieron, al advertir algunas cuestiones que no parecían confiables, como por ejemplo que no quisieran entregarles una copia del texto para que las analizaran con un abogado.
En la audiencia pública del viernes, después de las exposiciones defensoras del proyecto, llegó el turno de quienes se oponen. Hablaron representantes de la CTA, de la OCP, del MNCI y pobladores de la zona. El primer obstáculo que encontraron fue que, a diferencia de los que habían expuesto antes, no se les permitía usar el proyector y la pantalla.
No es un dato menor. Llevaban una serie de mapas en los que se comparaba la traza incluida en el EIA con la ubicación de los campesinos que viven en la zona: la superposición es ineludible.
De todos modos, las palabras fueron contundentes. Y quedó claro que es muy difícil sostener que un daño ambiental se puede subsanar a través de una urbanización.
“Ningún proyecto, sea de carácter público o privado, puede, so pretexto de generar una urbanización sustentable, avanzar sobre derechos adquiridos y reconocidos por la Constitución Nacional. Máxime cuando en realidad lo que subyace es un negocio especulativo inmobiliario, que claramente no contempla ni los intereses ni la vida de quienes resultarán directamente afectados”, escribió Álvarez Carreras en su presentación, y agrega: “Los campesinos tienen derecho a resistir a la opresión y a recurrir a la acción pacífica directa para proteger sus derechos”.
El viernes hubo jóvenes, estudiantes universitarios, hijos y nietos de habitantes de los Diques, que no pudieron mostrar las fotografías de sus casas, sus chacras y sus familias. Pero no siempre las imágenes son necesarias. Una joven les habló a todos: “Mi abuela es de ahí, yo conozco el lugar”, y después se dirigió a Víctor González: “No puedo creer que estés promoviendo este proyecto. Yo te conozco bien porque sos mi tío”.
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