Arde la Corte
La declaración testimonial del ex administrador general del máximo tribunal ante el juez Lijo
Héctor Daniel Marchi sube al taxi y el teléfono celular no para de sonar en su mano. El que fuera por casi veinte años administrador general del máximo tribunal de Justicia del país no parece fuera de sí. Se lo nota en absoluto control del estrés que está sobrellevando. Lo han seguido autos y personas que en su intimidad sospecha que responden al presidente de la Corte, Horacio Rosatti. “No tengo miedo a nada ni a nadie porque mi carácter se forjó desde muy joven como futbolista y defensor en Rafaela”, suele contar a sus conocidos de Santa Fe. Marchi mantiene recusada a toda la Corte porque aun no ha respondido sobre el fondo de las demandas de Elisa Carrió y sus republicanas.
Poco antes del diálogo con este cronista, Marchi se presentó de traje azul ante el juez federal Ariel Lijo y expuso durante casi cuatro horas una declaración que incluye en varios tramos a Silvio Federico Robles, el jefe de la vocalía de Rosatti.
Siberia
“Vas a terminar en Siberia”. Marchi cuenta que así amenaza Robles a los empleados de la Corte y que da órdenes con “informalidad y sin la firma de Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz”. “Robles es el gran responsable de la persecución y la informalidad dentro de la Corte”, sostiene en su declaración testimonial. Poco y nada dijo sobre Ricardo Lorenzetti –excepto que trabajó allí mientras fue presidente de la Corte– y respecto a las reuniones de 2017 con los entonces jueces Sergio Moro y Claudio Bonadío.
Un ex juez que lo conoce desliza que Marchi tiene una lealtad férrea: la que muestra el espejo.
El juez Lorenzetti lo sabe y por eso actúa en un bloque solitario. Resultó el único que avaló la defensa de Marchi, apartado por la mayoría automática del trío compuesto por Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz.
A tal punto llega la indignación de Marchi con ellos, que ante Lijo responsabilizó por los desastres económicos de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ) a los supremos Rosatti y Maqueda porque habían designado a dos funcionarios “confiables”.
Aunque hubo una tercera persona nombrada a dedo: la secretaria de Maqueda, Marta Herrera Alem, quien fuera designada directora en marzo de 2013 y vicepresidenta de la Obra Social en abril del mismo año. “La designación del médico personal (de Maqueda), Aldo Tonón, y de la secretaria privada Herrera es una prueba clarísima del control de Maqueda sobre la Obra Social”, subraya Marchi. Herrera Alem renunció al cargo en la OSPJ en 2016 y Marchi aceptó su dimisión y le requirió “una declaración jurada”. Los cargos de directores tienen un sueldo de alrededor de un millón y medio de pesos mensuales. No tienen problemas con la inflación para jubilarse.
En tanto, según Marchi, Rosatti nombró al doctor Mariano Althabe, contratado el 15 de octubre de 2021. “De los 160 empleados, 80 están vinculados con el método de locaciones”, sostiene el ex administrador. Es decir, lejísimos de los derechos de los trabajadores que dice defender Julio Piumato y su sindicato, cuyo mayor mérito fue organizar con Robles el encuentro de las empanadas, a la par que no asiste a las negociaciones paritarias. Al retratar ese convite, Clarín no logró ocultar los cables colgados en las paredes y una palangana sobre la cabeza de los cortesanos.
En la foto que no salió publicada en ese medio se pueden ver a varios sujetos: Robles está recortado a la derecha. Apenas detrás de Maqueda, se encuentra el vocero de Rosenkrantz, Ariel Neuman. A su lado, Sergio Romero –hombre de Piumato–, que organizó la gestión de las empanadas con Robles. También aparece el director de Mantenimiento, Mario Alarcón, con salario de juez de instrucción y también pertenencia al gremio de Piumato. Estuvo en la Comisión de Juicio Político y admitió que la inundación que tuvo lugar tras el escándalo de los chats ventilados entre Robles y el ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, afectó el despacho de Robles. Aquí ambas fotos.
El nombrado Tolón está en aprietos. Fue citado el pasado miércoles 3 de mayo por la Comisión de Juicio Político del Congreso bajo apercibimiento de ir a buscarlo con la fuerza pública en la próxima audiencia.
“Prueba de ello es que la administración sólo presentaba informes. La acordada 19/2021, que dispuso que la administración debería presentar informes mensuales al Tribunal. Pero cuando presenté el primer informe, ya no gustó, y por eso Rosatti propuso que se modifique y no sea mensual, sino semestral (18 de febrero de 2022, acordada 1/2022). Después se ocultaron mis informes y finalmente me sancionaron. Las pruebas de que el control era de Maqueda y luego de Rosatti y Maqueda son contundentes. Es absurdo decir lo contrario, porque si la administración hubiera estado en control de la Obra, no me habría criticado a mí mismo”, dispara Marchi.
Moromedia S.R.L.
El diputado Rodolfo Tailhade propuso, y así se votó por mayoría en la Comisión, que la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informe al Congreso sobre la sociedad Moromedia S.R.L., fundada por Robles y su segunda, la licenciada Natalia Monayer. Moromedia es presidida por un hermano de Robles y por la madre de Monayer, Patricia Duró.
La sospecha de los diputados y diputadas del Frente de Todos es que a través de esa sociedad se podrían haber “traficado” sentencias, procedimientos judiciales y fallos de la Corte. Incluso la que favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en perjuicio del Estado nacional.
Moromedia es un misterio sin descifrar. No presenta asociados, clientes, domicilio real, ni balances. ¿Será porque Robles y Rosatti comparten gustos y su inclinación por Barrio Parque? Robles vive en una zona residencial de Belgrano sobre la calle Sucre. Contrató a una abogada para que le responda a la Inspección General de Justicia (IGJ). La letrada presentó un escrito y dijo que el organismo a cargo de Ricardo Nissen “no tenía facultades” para investigar a una S.R.L. ¿Qué oculta Robles?
Marchi afirma que dejó un activo de 150.000 millones de pesos en la administración de la Corte y que Robles sólo se dedica a “colocar personas en áreas claves” para sostener su poder. “Nombra gente en Seguridad y Mantenimiento”.
¿Si Marchi manejó 150.000 millones de pesos sin administrar la Obra Social, cuántos millones pasan por las manos de Robles sin ser abogado ni contador público? Toda una caja que ahora está bajo la órbita de Damián Font, un secretario judicial y abogado experto en Derecho Civil. Font ingresó con Elena Highton de Nolasco y fue defendido por Rosenkrantz. Una hija de la jueza Highton también trabaja en la Corte. La auténtica casta.
Siete puntos
La Comisión de Juicio Político pondrá especial atención sobre las supuestas “irregularidades” en el “desfalco” de la Obra Social del Poder Judicial, que Marchi denunció ante el Congreso y en la causa que instruye el juez Lijo.
A saber:
“1. Estructura irregular con cargos vacantes y otros ocupados con locaciones de servicios (80 locaciones sobre una planta de 160 empleados).
- Sistema informático obsoleto, que no fue modernizado, no habiéndose incorporado al nuevo software de gestión.
- Falta de herramientas de gestión. No hay contabilidad, presupuesto, balances inciertos. No hay manuales de procedimientos, auditorías, expedientes y dictámenes.
- Diferencias en el inventario de los medicamentos de las farmacias.
- Pérdida de ingresos por mantenimiento de dinero ocioso en cuentas corrientes.
- Falta de publicación de actos administrativos.
- No hay controles sobre las liquidaciones de medicamentos. Los medicamentos y las prótesis se adquieren por compra directa”.
Es probable que Lijo tenga más trabajo en horas.
Caranchos
Durante 2021 la Corte dictó una acordada que creaba una comisión para mejorar la informatización de la Obra Social. Frente a los diputados, el director de Sistemas, Andrés Sacchi, soltó el miércoles: “Lo que existía era un software antiguo, que no cubría las necesidades”. Admitió que el sistema era anterior a Windows y que, debido a su antigüedad, era totalmente vulnerable. Para colmo, Sacchi confirmó que la inundación que afectó el despacho de Robles en el 7° piso del Palacio de Tribunales sólo arruinó una computadora: precisamente, la de Robles.
Pero lo peor es que Sacchi dijo que Robles había mandado a eliminar el mail oficial del presidente de la Corte, el supremo Rosatti. Y la orden llegó justo después de que se dieron a conocer los chats de Lago Escondido II: aquel viaje de camaristas federales, funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, publicistas y antiguos servicios de inteligencia, invitados a la estancia del magnate inglés Joe Lewis por Jorge Rendo y Pablo Casey del Grupo Clarín. La trama del mail borrado de Rosatti ya había sido revelada por Marchi en el Congreso.
En la jerga de los abogados penalistas, la estrategia de Rosatti, al borrar su correo electrónico del sistema de la Corte, se parece mucho a la técnica de los “caranchos”: mandaban a quitar las chapas de las calles con las direcciones de los imputados notificados por la Justicia para dilatar el proceso y eludir así la responsabilidad penal. Los caranchos quebraban las piernas y los brazos de personas indigentes para cobrar indemnizaciones por falsos accidentes. Dejaban heridos de por vida. Maqueda y Rosatti quebraron la OSPJ y hubo muertos y víctimas graves por falencias de salud.
Pasaron cosas.
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