Arcioni lo hizo

 

El manotazo sistemático a los aportes jubilatorios de los estatales provinciales apareció como un nuevo frente de conflicto en Chubut, donde se registraron los índices más altos de costo de vida en el país, sigue descendiendo la actividad petrolera convencional y caen los ingresos propios por regalías hidrocarburíferas. En la última semana, seis barrios populares intentaron formarse en tomas de tierras desocupadas en Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada de la provincia, donde el Estado ni siquiera abre registros de inscripción para futuros planes de viviendas. La policía provincial inició controles callejeros a los vecinos de las inmediaciones de tierras urbanas libres, donde podrían asentarse familias sin vivienda.

Mientras la dirigencia política de los partidos políticos sigue la agenda electoral, el gobierno provincial y el de Comodoro siguen con la receta que combina la represión sistemática del reclamo social por mejor calidad de vida, el uso de patotas y contratados en la tercerización de la violencia desde el poder, el desvío de fondos públicos y el desfinanciamiento de organismos.

 

 

 

Antonena for ever

Carlos Antonena, ministro de Economía, informó que el déficit del sistema jubilatorio local oscila entre 800 y 900 millones de pesos mensuales. Aunque, agregó, es “un problema mundial”, desvinculando la gestión política local del rojo en las cuentas del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS).

El funcionario sugirió algunas opciones para solucionar ese rojo, que analizará la semana próxima con Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En ese clima de negociaciones, el miércoles pasado el gobernador Mariano Arcioni se reunió con la funcionaria nacional en Rawson.

Los gremios de los sectores que aportan a la caja y organizaciones de jubilados desmintieron ese supuesto déficit, asegurando que en realidad “es saqueo” por parte del gobierno de Arcioni de fondos de un organismo autárquico creado por una ley específica. En febrero de este año, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut publicó un análisis del último balance del ISSyS con datos provisorios a fines del 2022, ya que las cuentas finales del período estarán recién para julio.

“En 2016 el sistema previsional de Chubut no tenía déficit y ese fue el último año en que los ingresos previsionales fueron mayores a los egresos (…) con un saldo positivo de 111 millones de pesos. A partir del 2017 comenzó a forjarse el déficit de la caja de jubilaciones provincial y fue creciendo a ritmos meteóricos, pasando de 213 millones de pesos en ese año, para luego ascender a 844 millones en 2018, a 1.901 millones en 2019, a 6.420 millones en 2020 y ubicarse en 4.403 millones de pesos en 2021, que es el último dato disponible”, según el análisis realizado por Marcelo García y publicado por Sitrajuch. Precisó que “el abultado incremento del déficit que se dio en 2020 fue producto del brutal ajuste aplicado en plena pandemia sobre los salarios de los empleados públicos activos, situación que tuvo paralelismo con lo sucedido con el ajuste del 2018 cuando el déficit se multiplicó por diez en medio del tremendo ajuste aplicado sobre los salarios estatales”.

 

 

El Estado provincial pagó la deuda histórica a valores nominales, sin los intereses acumulados. Durante la reforma y privatización del Estado de los ‘90, numerosas cajas provinciales se transfirieron al régimen nacional. En esta etapa, la transferencia a la Nación es una posibilidad que sugirió Antonena, descartó la presidencia del Instituto y encendió un estado de alerta entre los aportantes activos y pasivos.

 

 

 

“El pago de la deuda debe incluirse en la ley de Presupuesto”, reiteró Rosita Contreras, referente de jubiladxs de Trelew. El ministro aseguró que hay regímenes de privilegio que hay que modificar, lo que rebatió en diálogo con Martín Ulacia y Guillermo Rossi (Tarde Para Miles, FM 100.1 de Comodoro Rivadavia). “Los docentes aportan el 16% del total de sus haberes, el porcentaje más alto del país, por eso se retiran con menos años. En cuanto al régimen de la policía, en todo el país es deficitario por la carrera profesional del sector”, agregó.

Además cuestionó que Antonena propusiera reformas de un organismo que es autárquico: “Desde 1983 los gobiernos meten la mano en la caja y usan sus fondos para otros destinos diferentes a los establecidos por ley”. Economía (la cartera de Antonena) y Rentas Generales son los mayores morosos del Instituto. Una ley provincial específica de la carrera policial establece que el régimen jubilatorio de la policía lo paga la provincia con recursos de Rentas Generales, lo que no se cumple, aseguró Contreras.

Por su parte, el documento de García precisó que “la mayor porción de la deuda histórica que desequilibra el sistema corresponde a los organismos provinciales que no cumplen con los aportes patronales, pero también tienen incidencia mucho la de los Municipios”.

 

 

 

Hijos y entenados

Entre el sábado 25 y el martes 28, al menos seis grupos de vecinxs sin tierra ni vivienda se asentaron en espacios del ejido municipal de Comodoro Rivadavia. Todos fueron desalojados por la policía provincial, grupos de encapuchados y empleados del municipio local.

La toma más numerosa fue “Los hijos de Próspero Palazzo”, estableciendo el vínculo generacional y territorial con el viejo barrio Próspero Palazzo, ubicado junto a las tierras sin gente pero con pozos petroleros mal sellados. Al menos 400 personas se instalaron en carpas y refugios en siete u ocho manzanas, en tierras fiscales. Antes, por años, reclamaron un lugar por la vía administrativa, después hicieron cortes de ruta, pidieron audiencias. Nada.

 

 

“Mi abuelo estuvo en la fundación del barrio Próspero Palazzo. La casa de mi papá es del último plan de viviendas que se hizo”, relató Rocío Antisoli, 32 años, empleada de comercio que alquila una vivienda en su barrio de toda la vida. Estaba embaraza de su hijo mayor cuando inició un expediente de vivienda en el municipio. Participó de la toma por un lugar propio para sus dos hijxs, de nueve y dos años. Estuvo en carpa. El mismo fin de semana, encapuchados desconocidos intentaron sacarlos por la fuerza. El martes, cerca de las seis de la mañana, se instaló una Traffic a unas pocas cuadras. Olieron que se avecinaba el peligro. Una hora y media después, unos 700 efectivos de policía rodearon a no más de 150 vecinxs, la gran mayoría mujeres. En camionetas oficiales del municipio llegaron contratados, con las pecheras fluorescentes que los identifican, que se abalanzaron con piedras, fuerza de choque paraestatal documentada por la gente de la toma.

Enzo Antisoli, 35 años, escuchó las detonaciones y –como muchísima gente del barrio– se acercó en solidaridad ante la violencia. Buscaba a su hermana, que esa mañana no estaba con lxs niños en la carpa. Para las 10.30 u 11 todos los grupos de la toma estaban fuera, desalojados. Pero faltaban al menos cinco varones que habían sufrido la represión y no estaban entre los heridos. Rocío, sus hermanas y su padre recorrieron todas las alcaidías y comisarías buscando a Enzo; sabían con seguridad que se lo habían llevado en un vehículo policial a eso de las 9. Recién para las 13, con un abogado y junto a otras familias, las autoridades reconocieron que tenían detenidos a dos hombres en un lugar y tres muy jóvenes en otro.

Una mujer embarazada y otra mayor casi quedaron detenidas por reclamar por dos hermanos de 15 y 18 años. Rocío recién vio a su hermano entrada la noche. Muy golpeado, con las muñecas marcadas por un precinto.

 

 

La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” se pronunció a favor de “Tierra y vivienda digna como marca la ley” y condenando la violencia estatal como respuesta a la demanda de la población de ingresos medios y bajos. El conflicto es estructural, está estudiado y debatido. Aun así, la clase dirigente local en campaña ve supuestas manos negras detrás de las mujeres que recibieron una granada de gas lacrimógeno cuando cantaban el himno nacional argentino, unidas en ronda, resistiendo hasta que los cuerpos cedieron.

 

 

“Yo solamente recibí balinazos de goma en las piernas –dijo Rocío–. Corrí. Me pude refugiar. En un momento nos habíamos dado por vencidas, pero vamos a seguir reuniéndonos y a reclamar”. Pasaron unos pocos días y se profundizó el cerco policial sobre esas manzanas vacías, donde los pozos inactivos mal sellados son la excusa para impedir la formación de un barrio popular. Al parecer el problema de salud pública no es tan severo como para hacer la remediación correspondiente y recuperar suelo urbano para vivienda.

Juan Pablo Luque, justicialista, es intendente de Comodoro y busca ser el próximo gobernador. Es el responsable de enviar jóvenes contratados precarizados como fuerza de choque en la toma “Los hijos de Próspero Palazzo”. Pocas horas después, Miguel Castro, ministro de Seguridad de la provincia, viajó al sur a respaldar la acción de Luque y a anticiparse por futuras tomas.

Dentro del ejido municipal existen unos 2.800 pozos abandonados, se recuerda cada vez que una toma de tierras bordea alguno de ellos.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí