Aranguren sigue señalando el rumbo
¿Quién se ajustará por los costos de la devaluación?
El punto de partida de la política energética del gobierno de Cambiemos fue la dolarización del precio de la energía eléctrica y de los hidrocarburos. De allí en más, el presidente Macri impulsó un ajuste tarifario en los segmentos de transporte y distribución de gas y electricidad, en tanto trazó un sendero de quita de subsidios.
Unas semanas antes de su expulsión, el ex Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren decidió alterar el cronograma de quita de subsidios a la generación de energía eléctrica, congelando hasta el mes octubre el precio estacional reconocido a los generadores. El acelerado deterioro de la situación social y económica producto de las políticas del gobierno nacional, forzó al ministro saliente a modificar el cronograma acordado con las empresas del sector incrementando los fondos destinados a los subsidios a la energía eléctrica.
Paralelamente, Aranguren, impulsó en el mes de mayo la firma de un acuerdo confidencial para congelar por dos meses el precio del barril de petróleo en un contexto de incremento del precio internacional y de devaluación sostenida del peso. La contraparte a este compromiso, sería la creación de una cuenta compensatoria en la que el Estado nacional acumula una deuda de decenas de millones de dólares diarios a favor de las empresas productoras. Sea como fuere, el acuerdo no frenó el aumento de las naftas ni la presión de las empresas del sector. Finalmente, el nuevo ministro, Javier Iguacel, cedió frente a las amenazas de desabastecimiento, y comunicó a las petroleras la desregulación del precio de los combustibles. Pueden fijarlo sin limitaciones.
El recambio ministerial se produjo en el marco de una mega devaluación producto de una sostenida corrida cambiaria, y de la firma del acuerdo con el FMI. El nuevo ministro, Javier Iguacel, asumió con la promesa de revisar la política tarifaria, mientras Macri ratificaba ante el FMI la drástica reducción de los subsidios a la energía. Finalmente, Iguacel confirmó la hoja de ruta de Aranguren. Resta saber quién pagará los mayores costos ocasionados por la acelerada devaluación de la moneda.
En el marco del ajuste fiscal que intenta llevar a cabo el gobierno nacional, el traspaso del servicio de distribución eléctrica de Edenor y Edesur a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, se impuso en la incipiente agenda de discusión del ejecutivo nacional con los gobiernos provinciales. La iniciativa fue lanzada por el bloque justicialista comandado por el diputado salteño Pablo Kosiner, en un proyecto de ley presentado el 23 de mayo pasado. Llamativamente, gobernadores y legisladores ligados a esta fracción del peronismo, afirman que el traspaso de la distribución eléctrica colaboraría a repartir de manera equitativa el costo del ajuste, a pesar de que la actividad de distribución eléctrica no cuenta con un subsidio específico del Estado nacional. En rigor, la iniciativa resulta compatible con el proyecto del gobierno nacional de descargar el costo de los subsidios a la generación eléctrica sobre las finanzas provinciales. De concretarse la “descentralización de los subsidios a la generación eléctrica”, la mayoría de las jurisdicciones provinciales se encontrarían en serias dificultades, en tanto el Estado nacional lograría avanzar en la meta de reducción del déficit fiscal.
La Revisión Tarifaria Integral (RTI) realizada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para las empresas de distribución eléctrica Edenor y Edesur estableció, entre otras cosas, nuevos parámetros de calidad de servicio (disminuyendo sensiblemente las exigencias), los ingresos necesarios para operar el servicio, la inversión, y la tasa de retorno para las empresas. Todos estos puntos de partida fueron negociados entre la autoridad regulatoria y las empresas concesionarias. En particular, la definición de la tasa de rentabilidad implicó intensas negociaciones y finalmente las autoridades del ENRE la fijaron en una tasa del 12,46% sobre activos en términos reales y antes de impuestos. Como resultado de los acuerdos alcanzados, los ingresos, medidos en dólares, de Edenor y Edesur aumentaron, entre 2016 y el primer trimestre de 2018, un 127% y un 90% respectivamente.
La tarifa de energía eléctrica de las distribuidoras, incluye el precio de generación, la tarifa de transporte, los impuestos, y el denominado Valor Agregado de Distribución (VAD). Al aislar los ingresos por VAD del resto de los componentes, se logra una aproximación a la evolución de los “ingresos genuinos” de las concesionarias que permiten la normal prestación del servicio, cumplir con las pautas de inversión, y garantizan la tasa de retorno acordada con el regulador. En este sentido, según los balances presentados, entre 2016 y el primer trimestre de 2018, el VAD por Megavatio distribuido de Edenor pasó de U$S 26 a U$S 50, representando un incremento del 90%. En tanto, durante igual período, el VAD por Megavatio distribuido de Edesur pasó de U$S 30 a U$S 44, representando un incremento del 47%. A 2018 el costo de operación y mantenimiento afecta poco menos que la mitad de los “ingresos genuinos” de estas distribuidoras, lo cual garantiza cuantiosas ganancias a las concesionarias del AMBA. Su correlato es un servicio deficiente, el aumento de la tarifa residencial del 1.700% y el quebranto de miles de pymes y comercios.
En la provincia de Buenos Aires persiste el estado de excepción regulatoria debido al cual la gobernadora Vidal permite, violando el marco normativo vigente, la concentración de las cuatro empresas distribuidoras (EDES, EDEN, EDELAP y EDEA) en manos del grupo económico DESA, regenteado por el ex ejecutivo de Pampa Energía, Rogelio Pagano. En este caso, la Revisión Tarifaria Integral (RTI) no fue realizada por la autoridad regulatoria, sino que el Ministerio de Infraestructura de la provincia dispuso la creación de un Comité de Ejecución del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (CERTI). Si bien el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) integra el comité, la conducción del mismo quedó en manos de la Dirección de Energía de la provincia y de la Dirección provincial de Desarrollo de los Servicios Públicos. Al frente de ambos organismos se encuentran dos funcionarios que hasta diciembre de 2015 cumplían funciones gerenciales en Pampa Energía.
La falta de acceso a la información y al detalle de las decisiones regulatorias ejecutadas en el marco de la RTI, entorpece el análisis de las condiciones establecidas por el gobierno provincial a las empresas del grupo DESA. Entre otras cosas, se desconoce la tasa de retorno otorgada a cada una de las distribuidoras eléctricas y los compromisos de inversión correspondientes. Un indicio sobre algunos detalles del proceso de revisión tarifaria se encuentra en un informe de la consultora BA Energy Solutions, contratada por el grupo DESA, donde se propone a las autoridades de la distribuidora EDELAP solicitar en el marco de la RTI una tasa de rentabilidad del 7,86% real antes de impuestos. Sensiblemente menor a lo otorgado por el ENRE a Edenor y Edesur, el estudio fue realizado, según indica la consultora, en base al Manual de Contabilidad Regulatoria del ENRE. BA Energy Solutions es una empresa de intensa trayectoria en el sector energético, casualmente fue contratada también por Pampa Energía para la negociación de la RTI de Edenor.
La publicación de la información correspondiente por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires permitiría, entre otras cosas, contrastar la tasa de rentabilidad otorgada con lo solicitado por las empresas y, a su vez, conocer las razones por las cuales las empresas de la provincia reclaman una tasa de rentabilidad sensiblemente menor a la otorgada por el regulador nacional a Edenor y Edesur.
El análisis de los balances presentados por las distribuidoras provinciales subsana, en parte, la ausencia de información oficial. Entre otras cosas, permite calcular un aproximado del incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD) entre 2015 y el primer trimestre de 2018. En el caso de Edelap, el VAD por Megavatio pasó de U$S 16 a U$S 49, representando un incremento del 198%. La Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES), pasó de facturar el VAD por Megavatio de U$S 33 a U$S 81, registrando un incremento del 149%. En tanto, el ingreso del VAD por Megavatio para la Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN) se incrementó un 130%, pasando de U$S 26 en 2015 a U$S 60 en el primer trimestre de 2018. Finalmente, la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) registró un aumento del 89% del VAD, pasando de U$S 29 por Megavatio distribuido en 2015, a U$S 56 en el primer trimestre de 2018. Si bien la evolución del VAD no es un indicador directo de las ganancias de las empresas, se debe tener en cuenta que el peso de las actividades de operación y mantenimiento no llegan a representar más del 46% de los “ingresos genuinos” de las concesionarias de la provincia, distribuyéndose el resto de los ingresos entre los accionistas del grupo DESA y algunas inversiones.
El incremento exponencial de las ganancias de las empresas de energía eléctrica registrado durante los últimos dos años, no se circunscribe a las distribuidoras del AMBA y provincia de Buenos Aires, sino que se replica en el segmento de transmisión y generación. La presión tarifaria sobre la economía real y los bolsillos de los hogares de la Argentina encontró un límite en la iniciativa parlamentaria contra el tarifazo, vetada recientemente por el presidente de la Nación. El camino hacia un marco tarifario justo y razonable que reclama la sociedad, debería ser la respuesta a la actual disyuntiva del ministro Iguacel sobre quién deberá pagar los costos de la depreciación de la moneda.
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