Apunten contra la universidad

 

El mes en que docentes y estudiantes celebran sus días comenzó con novedades pero sin soluciones en las universidades nacionales públicas, afectadas por un recorte de sus presupuestos desde la asunción de Javier Milei. Entre el viernes 30 de agosto y el cierre de esta nota, una semana después

• el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a todas las universidades públicas, emitió un nuevo comunicado de alerta y compartió un informe sobre la caída de salarios del sector;
• se concretó un paro docente de 24 horas convocado por CONADU Histórica, una de las federaciones docentes;
• pese a ambos hechos, el Senado pospuso el tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, para el que que la oposición ya había conseguido media sanción en la Cámara de Diputados;
• fue baleado un espacio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde funciona la sede del gremio docente local; y
• Milei volvió a descalificar a quienes integran los sistemas públicos de educación superior y de ciencia y tecnología.

Ante el público ultraderechista reunido en el Centro Cultural Kirchner, el Presidente cuestionó a “los supuestos científicos e intelectuales, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores, y por ende todos debemos subsidiarles la vocación”. En esa línea invitó al sector a “salir al mercado” para hacerse de recursos.

La opinión pública no parece seguir esa línea presidencial. Cinco meses después del balotaje en que se impuso el actual oficialismo, un millón de personas se movilizaron en varias ciudades del país para expresar su defensa de la educación universitaria pública. Nada hace suponer que la histórica valoración del sistema haya variado desde entonces.

Por el contrario, durante la primera semana de septiembre el observatorio Pulsar, de la Universidad de Buenos Aires, circuló un estudio de opinión en que corroboró una consolidación de giro al privatismo como concepto general pero un rechazo ampliamente mayoritario a los recortes de inversión pública en salud y educación (91% de las personas consultadas) y en ciencia y tecnología (85%).

 

CIN soluciones

El plenario de rectores y rectoras del CIN, que sesionó en Santa Rosa el viernes 30, concluyó con un comunicado que califica a la situación universitaria como “alarmante, luego de haber transcurrido los primeros ocho meses de gestión del gobierno nacional”. El documento advierte sobre

• la crítica situación salarial;
• la parálisis de obras de infraestructura;
• la paulatina desarticulación de políticas de financiamiento para la adquisición de equipos;
• la interrupción de convenios internacionales en materia editorial; y
• la retracción en términos reales de la cuantía de las becas científicas que pone al país ante el riesgo de lo que solía llamarse “fuga de cerebros”.

Pocos días después de emitir ese documento, el CIN circuló un estudio sobre la pérdida salarial de docentes y no docentes y sus consecuencias.

Con una recomposición acumulada del 56,97% y una inflación del 134,54%, la poda del poder adquisitivo real se sitúa en un tercio de los sueldos. La brecha entre ambos ítems es mayor que en el segmento de trabajo no registrado, otros ámbitos estatales y empleo privado.

Cerrado julio, sintetiza el informe, la comparación entre los salarios y la canasta básica total (CBT) que mide el INDEC arroja que

• el 85% de la docencia universitaria percibe sueldos que se ubican por debajo de la línea de pobreza, fijada por la CBT;
• ese porcentaje se amplía al 92% y el 87% para el caso de quienes no tienen antigüedad o sólo registran una de hasta diez años;
• el 60% de las y los no docentes perciben remuneraciones por debajo de la línea de pobreza; y
• esa condición se extiende al 79% y el 63% en los casos de quienes no cuentan con antigüedad o alcanzan una década.

Medido en dólares, el salario de un profesor titular con dedicación exclusiva –el máximo escalafón docente, al que se accede en general como corolario de la carrera y tras sucesivos concursos– es peor que los de sus pares de casi todo el continente:

 

De ese modo premia el actual gobierno nacional a un sistema universitario que, aunque nunca pudo recuperar del todo los bríos abollados por los Bastones Largos del dictador Juan Carlos Onganía, frecuentemente es noticia por sus destacadas colocaciones en las valoraciones internacionales.

Entrada la tercera década de este siglo, el 80% de la matrícula estudiantil universitaria se concentraba en instituciones públicas, que más de sesenta años después del debate “laica o libre” continúan prefiriéndose por sobre las privadas, hoy no sólo confesionales.

Lo relativamente novedoso es la modalidad del ajuste para revertir esa histórica valoración social, licuando por inflación salarios e inversión e invitando explícitamente a la docencia a retirarse hacia el mercado, abandonando las aulas. La velocidad imprimida para podar un tercio de los sueldos profundiza una línea surgida del quiebre de 2015, cuando comenzó la pérdida del poder adquisitivo del sector luego de una década de recuperación. Entre 2005 y el final del segundo mandato de Cristina Fernández se incorporaron a los básicos las sumas pagadas en negro y fueron consagrados los convenios colectivos de docentes y no docentes.

 

La poda federal

Tanto la retracción salarial como los restantes puntos advertidos por el CIN tienen un impacto federal en las economías de las regiones que cuentan con sede universitaria, limitándose el efecto multiplicador del consumo derivado de los empleos directos e indirectos.

Además, los incrementos fijados para las tarifas de gas y electricidad abarcan porciones cada vez mayores de los denominados “gastos de funcionamiento”, que de esa manera no se vuelcan sobre los circuitos locales. Accesoriamente, es otra forma de limitar la autonomía universitaria conquistada hace más de un siglo por la Reforma de 1918, dado que los recursos sobre cuyo destino pueden decidir los cogobiernos de las universidades son cada vez menores.

Ante esa situación, el proyecto de ley presentado en Diputados por la legisladora y docente Julia Strada proponía incluir a las universidades públicas dentro de las entidades de bien público sobre las que se aplican topes a las facturaciones, equiparándolas con usuarios residenciales.

La iniciativa no prosperó. Tras sufrir el rechazo, el bloque de Unión por la Patria apenas pudo conseguir que su apoyo al proyecto elaborado por la radical Danya Tavela no incluyese una distribución presupuestaria que favoreciera a las universidades más grandes en detrimento de las más pequeñas, distantes de grandes aglomerados o recién creadas.

Girado el texto final al Senado, se esperaba para la primera semana del mes su tratamiento. Los rectorados de las universidades concretaron rondas de diálogo y obtuvieron el compromiso de algunas de las bancadas que representan en la Cámara Alta a las provincias en que tienen sede. Milei confirmó que, de convertirse en ley el proyecto, la vetaría. Al igual que en el caso de la de incrementos previsionales, una confluencia mayoritaria de la oposición podría reunir los dos tercios de votos necesarios para eludir el veto presidencial y confirmar lo decidido.

Sin embargo, y pese a un amplio consenso sobre la emergencia del sector, el jueves 5 Unión por la Patria no consiguió quórum para tratar el tema, que sigue en espera.

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí