Apunten a la prensa

Palos y gases a reporteros y cronistas, intervención de medios públicos y concentración de la propiedad

Por Diego Martinez
“Camarazo" de reporteros gráficos nucleados en Argra y el SiPreBA contra la represión de Bullrich. Foto: Nacho Sánchez, Télam.

 

El gobierno PRO-libertario ha decidido asignar un lugar trascendental a los trabajadores de prensa en su larga lista de enemigos. Más de 30 reporteros gráficos y cronistas fueron gaseados, golpeados o heridos con balas de goma durante los desmesurados operativos montados por Patricia Bullrich mientras su flamante espacio político fracasaba con la Ley Ómnibus en el Congreso. “Parece que tenemos que explicarle a la ministra que las y los trabajadores de prensa no somos blancos móviles. Las y los periodistas, camarógrafos y fotógrafos estaban ahí para cubrir una noticia”, recordó Agustín Lecchi, titular del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que junto con el CELS y la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) presentaron una denuncia penal para que no queden impunes los ataques deliberados de policías, gendarmes y prefectos contra quienes cubrían la protesta social en la calle.

 

 

El retorno de los shows de palos y balas de la frustrada ex candidata PRO, reciclada como ministra de Seguridad, está en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que el jueves manifestaron su “profunda preocupación” ante las denuncias de “uso desproporcionado de la fuerza pública contra manifestantes y periodistas”, e instaron al gobierno a “respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y labor periodística, y garantizar la seguridad”.

La saña de los mastines disfrazados para la guerra no discriminó según líneas editoriales e incluyó a trabajadores de medios privados, públicos y autogestivos, según detalló el SiPreBA. Un movilero de A24 ligó mientras transmitía en vivo y con el micrófono en la mano. Un camarógrafo de C5N fue rociado dos veces en la cara con un gas irritante y estuvo más de 20 minutos sin poder abrir los ojos. Cuando se recuperó intentó registrar otra detención y la policía volvió a golpearlo.

 

“El ataque y hostigamiento constante contra quienes desarrollábamos nuestro trabajo estuvo en manos de las cuatro fuerzas federales, que actuaron amparadas en el protocolo que implantó Bullrich y el gobierno de Milei. Pareciera que el ataque contra la prensa buscaba que no se informara sobre lo que ocurría, porque fue contra periodistas que trabajan para los más diversos medios”, apuntó Lecchi.

“Una vez más, como en 2017, la brutal represión impulsada por Bullrich es un ataque directo a los trabajadores de prensa. Rechazamos los ataques deliberados de las fuerzas de seguridad a los reporteros gráficos, quienes nuevamente recibimos balas de goma, gases lacrimógenos directo a la cara, y golpes”, expresó Argra durante un “camarazo” frente al Congreso.

 

 

 

Más concentración, menos libertad

“En apenas dos meses, el gobierno de Javier Milei decidió suspender los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a nivel nacional, intervenir el sistema público de medios y prometer su privatización, intervenir la autoridad de aplicación de las leyes que rigen al sector excluyendo a las minorías parlamentarias de las decisiones y reprimir sin miramientos a los trabajadores de prensa que intentan cubrir las manifestaciones contra el ajuste y el desmantelamiento del Estado”, resumieron la política oficial un grupo de organizaciones que nuclean a medios comunitarios y autogestivos, carreras de comunicación social y periodismo, trabajadores de prensa y organismos de derechos humanos, que también pusieron en alerta a la CIDH.

 

 

“La convicción de que el Estado no debe poner límites al sector privado está llevando al gobierno a desarmar un sistema de medios organizado en tres sectores: el privado-comercial, el gestionado por la sociedad civil sin fin de lucro y el estatal/público. Un sistema de medios que muy costosamente construimos en nuestro país luego de décadas en las que sólo los dueños de los medios privados tenían condiciones para realizar su actividad”, recuerdan AMARC Argentina, el Centro de Investigaciones ICEP-UNQ, CoNTA, FARCO, FATPREN, REDCOM, la Red de Medios Digitales, SiPreBA y el CELS.

“Además de lo que ya fue hecho a través del DNU 70/23 y los decretos de intervención, el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan amenazan constantemente con clausurar valiosas políticas promotoras de derechos como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”, escenario que se completa con “la violencia verbal y física contra trabajadores de prensa, que no se limita a las represiones reiteradas de los últimos días sino que abarca un ataque persistente del Presidente y sus funcionarios a las y los periodistas, entre otras varias prácticas que entorpecen la labor periodística”. La presentación completa puede leerse en este link.

La ofensiva del gobierno PRO-libertario tiene lugar en un contexto de salarios de miseria y precarización laboral extendida en la mayor parte del gremio, agravado por la decisión oficial de suspender la pauta publicitaria por un año. La rama televisiva del SiPreBA había resuelto parar el viernes, luego de siete audiencias en las que la cámara que reúne a los canales privados no ofreciera un centavo de aumento. La medida se suspendió porque la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. En prensa escrita, donde el sueldo básico de un redactor quedó por debajo de la línea de indigencia tras las primeras medidas de Milei, Caputo & Cía., los trabajadores se movilizaron el miércoles a la sede de esa cartera en la esquina de Callao y Mitre, a la que Bullrich envió un centenar de tortugas con escudos y tonfas, y hasta un camión hidrante. Puertas adentro, los representantes de la cámara que encabezan Clarín y La Nación ofrecieron apenas un voucher para hacer compras en supermercados por 80.000 pesos, a cobrar en marzo, que fue rechazado por las y los delegados del SiPreBA. La insignificancia de la oferta preanuncia medidas de fuerza para los próximos días.

 

 

 

 

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