(Apropiador de) Tierra y libertad

 

Un ex juez federal de Neuquén afrontará próximamente un juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Pedro Laurentino Duarte, también ex auditor del Ejército, está acusado por su participación en la privación ilegal de la libertad y torturas a militantes y activistas sociales y políticos de su provincia y de Río Negro. Duarte contó con el respaldo de organismos públicos provinciales para la protección de sus intereses económicos. A la vez, mantiene y ejerce poder sobre integrantes del Poder Judicial local, según se desprende de un expediente familiar abierto.

Desde la función pública se apropió de tierras rurales en la cordillera despojadas al pueblo mapuche, maniobra que no forma parte de los hechos que se juzgarán. Con un hijo abogado, continúa activo en el fuero local, gozando del beneficio de la presunción de inocencia.

En julio de 1976, Duarte fue designado juez federal de Neuquén, en reemplazo de Carlos Ramón Arias, cesanteado un mes antes. Venía de desempeñarse como auditor militar del Ejército, con asiento en Bahía Blanca. Un tribunal de Neuquén lo juzgará porque, en el ejercicio de su función, omitió en veinticinco oportunidades promover la persecución penal en perjuicio de personas privadas de su libertad; fue partícipe secundario del delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia y ser la víctima perseguida política en ocho oportunidades; y autor de prevaricato en 16 casos, tal como consta en la resolución de elevación a juicio de Gustavo Villanueva, titular del Juzgado 2 de Neuquén, de agosto del año pasado.

Todavía no tiene fecha el juicio oral y público que se realizará en la capital provincial, en el que son querellantes Inés Rigo (Madre de Plaza de Mayo) y Oscar Ragni, ambos representadxs por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén. Junto a Duarte, por los mismos cargos y prácticamente por los mismos casos, será juzgado Víctor Marcelo Ortiz, ex fiscal en el mismo juzgado y en igual período. Aunque en el expediente consta con domicilio en Cipolletti (Río Negro), Ortiz desarrollaría su actividad como abogado en ciudad de Buenos Aires, según una fuente.

 

 

 

 

 

 

Los hechos que se juzgarán se perpetraron hace más de 40 años, con un legajo iniciado en 2013. En estos años, algunos de los nueve ex funcionarios judiciales incluidos en la investigación original fallecieron; otros fueron desvinculados del caso. La causa madre por delitos de lesa humanidad que se sigue en la Patagonia Norte desde 2005 es el Expediente 8.736/2005 “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/ Delitos c/ la libertad y otros", Juzgado Federal 2 de Neuquén. Por una decisión del juez de Instrucción, fue dividida en tramos para su tratamiento. En 2008 se realizó el primer juicio oral y público contra ocho militares por crímenes durante la implementación del plan terrorista en la Subzona 5.2 del Ejército, que dependía de Bahía Blanca y comprendía el Alto Valle de Río Negro, Neuquén y la zona andina de Río Negro (Bariloche y El Bolsón).

Los dos procesados perciben haberes jubilatorios del Estado nacional. Ninguno mereció jamás ningún planteo de sus pares en los colegios de abogados, al menos, que haya trascendido.

 

 

 

Abogado mano dura

Duarte fue auditor militar desde 1961 hasta el 5 de julio de 1976, cuando solicitó el retiro pero no la baja, “a fin de conservar un vínculo espiritual con el Ejército”. Así consta en su legajo oficial, citado en la investigación federal. En ese período funcionaba un único juzgado para toda la provincia de Neuquén y la cámara de alzada en Bahía Blanca. Recién en 1988 se creó el Juzgado Federal de Zapala y con posterioridad se puso en funcionamiento la Cámara Federal de General Roca.

Comenzó a recorrer Neuquén cuando se estaba gestando el Movimiento Popular Neuquino (MPN), cuya acta constitutiva es de 1962. Al año siguiente, el partido local se presentó por primera vez a elecciones, las que gana con candidatos propios. Los hermanos Elías Sapag (en la capital provincial) y Felipe (en Cutral Co) se fortalecieron como interlocutores indispensables para cualquier actor político e institucional.

El abogado militar se instaló en la provincia en 1967, cuando empezó a cumplir funciones en el Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI. Allí llegó al grado de mayor, de acuerdo a información parcial de su legajo, conocido por fuentes con acceso a la investigación. En la causa Reinhold, un testigo militar precisó que entre 1973 y 1976 Duarte fue jefe de la Sección Justicia de esa unidad militar asentada en la capital provincial.

 

 

 

Eje Zapala-Aluminé

Desde antes de la organización del Estado-Nación, la población originaria usó en forma libre y abierta el territorio, en armonía con los ciclos de la naturaleza. La imposición de la propiedad fiscal de la tierra, la propiedad privada y el alambrado golpearon el uso tradicional del territorio y diezmaron la población rural. La transhumancia, el movimiento de arreo de hacienda para el uso de tierras altas en verano y bajas en invierno, es una práctica tradicional que sostienen pobladores criollos y comunidades mapuche en el sur de Mendoza y gran parte de Neuquén.

Las familias productoras de ganado menor (chivas, mayormente, y ovejas), que lograron permanecer en tierras secas del centro de Neuquén (Zapala, Ramón Castro, Barda Negra), migran al final de la primavera hacia el oeste, hacia la cordillera de los Andes, al lago Aluminé y la cuenca del río Litrán, recorriendo aproximadamente unos 150 kilómetros. Esa ruta de transhumancia chocó con la aparición de la estancia La Nevada, de más de mil hectáreas en la unión del Litrán y el Aluminé, muy próximo al ejido actual de Villa Pehuenia, la localidad turística que creó la provincia en el territorio tradicional de la lof Puel.

Distintos testimonios orales coinciden en que para 1911 se asentaron en el lugar Margarita O’Brien y Francisco Whitworth, norteamericanos, con autorización del gobierno nacional para ocupar tierras fiscales en 1925, de acuerdo al informe “Entre travesía y veranada. Relevamiento histórico-antropológico de la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo”, realizado por lxs investigadores Karinna González Palominos y Alexis Papazian en 2011.

 

 

 

 

 

 

“Donde está el casco de la estancia estaba la ruka de mi abuela Juana Puel”, aseguró Raúl Maliqueo, kona de esa comunidad. “Sacó a la gente y cerró”, añadió. El nombre La Nevada habría sido un homenaje a las tierras de los padres de la mujer, con 1.540 hectáreas de acuerdo al plano de mensura de 1960, cuando todavía estaba inscripto como propiedad de la provincia de Neuquén.

“Los Puel se radicaron en la península del lago Aluminé (actual Villa Pehuenia) y en la zona de la Angostura; los Catalán, por su lado, se afincaron en Lonco Luán”, sostiene el informe. Whitworth murió en 1946 y su mujer continuó en La Nevada hasta su fallecimiento en 1979, según pudieron acreditar González Palominos y Papazian en un trabajo posterior. “La estancia quedó sin herederos declarados. Ante este vacío sucesorio, el entonces juez federal de la dictadura Duarte, junto a un socio, logran la “propiedad” de la estancia. Años después, la totalidad de La Nevada pasará a manos de Duarte, que comenzó a avanzar con los alambrados sobre aquellas tierras que eran utilizadas por las familias mapuche veranadoras, incluso saltando la línea divisora de la ruta provincial 13, que oficiaba de límite entre la estancia y el territorio de veranada. Ese accionar estuvo validado por el Estado provincial a través de la Dirección de Tierras”, afirman los investigadores.

 

 

 

 

 

 

 

Los autores citan un expediente iniciado en 1930 en la Dirección Provincial de Catastro de la Provincia de Neuquén (DPCN), que establece la creación de la estancia en 1920, la que queda en manos de la mujer tras la muerte de su esposo. Papazian conservó una copia digital del expediente administrativo con el que trabajamos para este informe. Ahí está agregado un mapa donde consta que recién para 1957 el Consejo Agrario Nacional inició un expediente, inscribiéndolo en el Registro de la Propiedad Inmueble local tres años después como fiscal provincial.

Al parecer, Duarte y Héctor Oscar Sánchez actuaron en representación de la viuda. En 1991, un juez local determinó el final de la propiedad en condominio de la antigua estancia por parte de Duarte y Acosta. Al año siguiente, Catastro de la provincia determinó que quedaban en propiedad del abogado militar cinco fracciones que suman algo más de 1.300 hectáreas a ambos lados del río Litrán, en su desembocadura en el lago Aluminé, y un amplio frente costero en la parte más abierta, sin bosque.

 

 

 

 

 

En 2009, Duarte inició una demanda de desalojo contra integrantes de la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo por presunta usurpación de uno de los cinco lotes de su propiedad. Próximo a la frontera con Chile, hacia el paraje Paso Del Arco, el conflicto se desató en una fracción de 1.440 hectáreas, de las que estaban forestadas con especies exóticas 1.330 aproximadamente, según indicó en el expediente judicial. Su hijo Hernán Maximiliano recibió subsidios forestales nacionales para ese proyecto, tal como consta en las liquidaciones oficiales.

 

 

 

 

Ni la comunidad ni Duarte usan actualmente ese espacio de veranada, ya que la causa judicial está supeditada al informe del relevamiento territorial de la ley nacional de emergencia, cuyo dictamen definitivo deben presentar los equipos técnicos de la provincia y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), precisó Maliqueo.

 

 

 

 

 

Blanqueo en democracia

Al morir O’Brien en 1979, Duarte era juez federal, responsable de los más de cincuenta hechos por lo que se lo juzgará próximamente.

El gobierno neuquino legitimó la propiedad de Duarte-Sánchez con mensuras y planos fechados en 1984 y diligencias de los '90 inclusive, indispensables para luego disolver legalmente el condominio. Al retirarse de la magistratura, montó su estudio jurídico sumando a uno de sus hijos y a una socia más joven. Amplió sus propiedades inmuebles al country Club El Rincón, en la capital provincial, y otras tierras al sur, entre otras operaciones.

La apropiación de La Nevada es un caso diferente al botín de las patotas o al saqueo de empresas y bienes de los detenidos-desaparecidos, acreditados en otros juicios de lesa humanidad. La documentación fragmentada y parcial disponible alienta la necesidad de profundizar la investigación. Queda para otro artículo el desarrollo del caso de familia que revela la vigencia del poder de Duarte sobre parte de la corporación judicial neuquina.

 

 

 

 

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