APRENDIZ DE EMPERADOR

 

Mira hacia abajo donde los gladiadores corren a niños que corren con sus padres. Dos gladiadores con el rostro cubierto, escudo y escopeta antitumulto alcanzan a un hombre, lo tiran al suelo boca abajo, uno le clava la rodilla en la nuca, una piedra se hunde en la frente que sangra, siente que se asfixia cuando aspira la tierra suelta. Ruge el pequeño grupo que unos trescientos metros más allá, sobre un camino de provincia, aplaude la caída de cada presa. Carlos Burgos, comisionado de fomento de Villa Nahueve, acodado en un Focus gris de vidrios polarizados, (ad)mira el pequeño circo romano que la Justicia ordinaria y la policía del Neuquén le montaron al poder horas antes que el Presidente Alberto Fernández arribara al yacimiento Loma Campana, Vaca Muerta. A las 15 del miércoles 14 de octubre, bajo el sol pleno, él, Carlos Burgos, era el poder en Villa Nahueve.

 

 

 

 

Sin garantías de consulta previa a las poblaciones directamente afectadas ni estudios científicos suficientes, este año el gobierno neuquino adjudicó e inició las obras civiles de la presa hidráulica multipropósito sobre el río Nahueve, al noroeste de Neuquén, que cuenta con el financiamiento de un fondo de inversión de los Emiratos Arabes. En plena emergencia sanitaria nacional por el Covid-19, en junio, el desembarco de personal y máquinas de la empresa Rovella-Carranza al paraje Los Carrizos inició esta etapa del conflicto con las comunidades locales críticas del modelo de desarrollo neoextractivista que caracteriza al neoliberalismo en este período. La revisión con numerosos testimonios de los movimientos políticos e institucionales en el territorio el último año y medio nos permite interpretar que no hubo errores ni excesos en la represión y criminalización del movimiento en defensa territorial del 14 de octubre. El montaje represivo fue tanto aleccionador para los disidentes como exhibición de poder propio ante la visita presidencial del día siguiente. De este modo, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), en el gobierno desde hace 62 años, se ofrece como garante de la gobernabilidad.

 

 

Los pasos previos

La Asamblea del Agua del Norte Neuquino es un espacio de participación dinámico y plural en el que confluyen muchas identidades y trayectorias representativas de la base social en una zona de escasa población, muy dispersa, con escaso margen de disidencia ante la hegemonía del poder económico terrateniente y el control estatal del MPN. A la vez es expresión local del fenómeno social de las asambleas medioambientales con agendas propias en todo el país. En el conflicto particular de la presa Nahueve, esta Asamblea es la cara visible que ataca el gobierno para horadar la red solidaria a algunos pobladores rurales que son el hueso duro de roer, a quienes por su condición de nativos le resulta más difícil desprestigiar y negarles sus derechos territoriales.

A fines de julio la empresa empezó a trabajar en el obrador que dañó el espacio del eltun (cementerio mapuche) junto al arroyo Caripil, comprendido dentro de la parcela de un poblador de quien se exhibe una supuesta autorización firmada por él aunque no domina la lectoescritura. El 18 de agosto un grupo de asambleístas presentaron un amparo ambiental colectivo para frenar el avance de la obra. La jueza Claudia Castro, de Chos Malal, hizo lugar al amparo pero no dispuso ninguna medida cautelar. La Asamblea apeló. La Cámara de Zapala demora pronunciarse sobre un recurso que se supone que es una vía rápida ante el daño presunto que puede ser irreversible. Entendiendo que la morosidad judicial ampara el avance de la obra los pobladores iniciaron una campaña de difusión e información regional con epicentro en el camino y puente de acceso al paraje, con volantes, música y acampe al aire libre. La Agencia de Inversiones del Neuquén (ADI) a cargo de Jorge Brillo, que conduce las negociaciones del financiamiento y realización de la obra, cuestionó públicamente a la Asamblea y confirmó la estrategia oficial: los nativos están de acuerdo con el progreso, los críticos son “de afuera”.

La mañana del lunes 12 comenzó con una ceremonia en Caripil conducida por una ñaña (mujer mayor) de la comunidad Antiñir Pilquimán de Los Miches y presencia de gente mapuche de Tricao Malal. Luego el grupo caminó un par de kilómetros hacia Los Carrizos, cruzó el caserío hasta la plaza donde circuló la palabra con un poco de música. El policía Leandro Vega les pidió los datos personales. En el puente algunos vehículos de la empresa regresaron luego de recibir la información. A la noche se armaron las carpas en la banquina junto a la porción del campo de la familia Sepúlveda de 46 hectáreas con acceso a la costa del río, donde se pretende desarrollar un proyecto inmobiliario sin su consentimiento.

Soleado y con ceremonia empezó el martes 13. Antes del mediodía, la policía de la comisaría 30 de Andacollo interrumpió la volanteada; no vieron ingresar el grupo de élite provincial GEOP de la unidad con base en Chos Malal, que al parecer tomó un camino alternativo. Acordonaron los brazos y resistieron la maniobra policial de adjudicarles un corte inexistente. El gobierno ya tenía un plan para justificar la represión que se formaliza ese mismo día. Por una parte, el comisionado Burgos dispuso el aislamiento total de la zona bajo su gobierno; por otra, algún comedido consiguió que una hermana de la familia Sepúlveda, que vive en La Pampa, denunciara la presunta usurpación del campo en conflicto.

El fiscal jefe Fernando Fuentes de la Quinta Circunscripción judicial con asiento en Chos Malal dispuso el desalojo del campo de los Sepúlveda por presunta usurpación y la detención de los asambleístas por presunta violación a las restricciones por la emergencia del Covid-19 e interrupción de la libre circulación por una ruta provincial. Con ese escenario formal armado, la policía fue a cumplir su parte en la gobernabilidad bajo la responsabilidad del comisario Bernardo Riquelme. Sin conocer esa trama, los asambleístas escucharon por radio Las Minas que una vecina convocaba a marchar en respaldo de “Carlitos” Burgos. Decidieron evitar todo tipo de confrontación entre vecinos y, a la hora de la contramarcha, ingresaron con todos los vehículos a almorzar en el predio. Circuló con fuerza el rumor que querían llevar preso a alguno de los Sepúlveda “para ensuciar el reclamo por la tierra”.

 

 

Montaje judicial y policial

A un lado, móviles policiales sobre el camino. En el otro, a unos 500 metros, los vecinos de la marcha de respaldo a “Carlitos” con alguna pancarta y redoblantes. Un poco más cerca, un poco separado, el Focus gris. El acampe quedó bloqueado; humeaba la parrilla, l@s niñ@s jugaban.

 

 

 

 

Cristian Sepúlveda tiene 39 años, hace tres pudo volver al campo con su esposa e hijos para sostener la ocupación tradicional que iniciaron sus mayores a comienzos de la década del '40. Regresaba con su compañera de hacer el control de embarazo. Pasaron por medio del bloqueo. Ahí nomás, ingresó Nicomedes Navarrete, ex intendente de Las Ovejas, nacido aguas arriba de la represa proyectada y con familia viviendo en el lugar. Dejó su camioneta junto a las de la policía. Con su esposa empezaron a saludar al acampe.

Entonces se adelantó el subcomisario Raúl Olave seguido de unos treinta efectivos; pateó la tranquera de ingreso sin necesidad, ya que apenas estaba trabada con una piedra. Llevaba una nota en la mano. Una mujer le pidió que la lea desde el lado de afuera de la tranquera. “Si no quieran hablar…”, vociferó; levantó la mano izquierda y ordenó reprimir. Según registros digitales eran las 15 horas 20 minutos.

 

 

 

 

Navarrete estaba de brazos cruzados cuando lo tomaron tres policías por detrás; ya esposado, un cuarto lo golpeó desde adelante. Perdió de vista a su esposa. Una mujer joven corrió a refugiarse con un niño a una alcantarilla, de donde salieron con un arma apuntándola. Una mujer mapuche y su hijo adolescente recibieron golpes. Una niña de dos años lloraba al ver a su papá esposado; su hermanito de nueve quedó envuelto en el polvo que, con la tensión, le avivó el asma. Policías varones abalanzados sobre las mujeres. Ningún policía con la identificación obligatoria a la vista. La identificación de algunos fue posible porque los reconocen del lugar. Olave es nacido en Las Ovejas; Vega, uno de los que marcaban a la gente, de Los Carrizos. Muchos se refugiaron en la vivienda de los Sepúlveda, quienes autorizaron siempre la permanencia dentro del campo por parte del movimiento de resistencia a la represa.

 

 

Policías bien armados, sin identificación a la vista.

 

 

Por violar el protocolo del Covid, sin que le resultara contradictorio, la policía neuquina puso a once detenidos apretados en una furgoneta sin distanciamiento social obligatorio ni barbijo. Navarrete iba en ese grupo. No sabían ni por qué los detenían ni adónde los llevaban. Al andar reconocieron el camino a Andacollo. Ocho varones a una pequeña celda, tres mujeres a otra. Un vecino pidió agua: “No tenemos más vasos. Van a tener que usar todos el mismo”, se burló el policía que tampoco tuvo presente el protocolo Covid-19. Después ingresaron más mujeres detenidas. Una médica del hospital local debió insistir para que le permitieran revisar a l@s detenid@s. Una mujer tenía una severa lesión en una rodilla, que la obligó a permanecer en reposo y tal vez requiera cirugía.

“Eso no fue represión”, expresó Burgos en un intercambio por WhatsApp, aunque no accedió a una entrevista.

 

 

Justicia Zoom

Cerca de las 22 del miércoles 14, vía Zoom, se hace la audiencia de formulación de cargos a cargo del fiscal Fuentes y la jueza Mirta Graciela Felau. Afuera de la comisaría Héctor Baldemar Sepúlveda reclama la liberación de los detenid@s y asistir a la audiencia para desmentir la excusa de la usurpación del campo familiar. El fiscal confirmó la maniobra: dispuso el desalojo por la fuerza pública con una denuncia recibida ese día a las 10 de la mañana por correo electrónico desde La Pampa; por violar las restricciones por la pandemia y cortar una ruta que no es tal.

Imputan a catorce vecin@s, los liberan cerca de la medianoche y les imponen restricciones de circulación. Liberan sin cargos penales a una mujer muy golpeada y su hijo de 17 años a kilómetros de su domicilio en Los Miches. En la vereda de la comisaría 30 un vecino amenazó de muerte a Héctor Sepúlveda delante de numerosos testigos. Al día siguiente tuvieron que hacer malabares para recuperar los vehículos y bienes secuestrados, ya que la justicia les impide cruzar el puente, indispensable para llegar a retirar los decomisos, entre los que estaba la medicación del niño con asma.

 

 

La cuenca hidrográfica del río Neuquén

El año pasado falleció Juan, el mayor de los hermanos Sepúlveda, que nació y murió en el paraje El Negrete. Cristian, su sobrino, dice que no pensaron la posibilidad de la represión: “No sabemos si este es el límite” de la presión estatal para concretar la obra que, como un juego de piezas, incluye un proyecto de urbanización paralizado en la franja de 46 hectáreas donde desarrollan la chacra. Juan Antonio, su padre, tiene 76 años, llegaba de regar el centenar de frutales cuando su casa quedó rodeada por el despliegue policial

El operativo dejó daños y pérdidas que se ven con el paso de los días: el miedo y la presión psicológica, tanto como los alambrados tirados que permitieron el ingreso de ganado que comió la corteza de una cortina de álamos de cinco años. Secuestraron “todo lo que encontraron, cajón de herramientas, grupo electrógeno, la bomba a explosión y los ochenta metros de manguera indispensables para el riego de los frutales”. El secuestro de bienes se hizo sin testigos. Policías cortaron las mangueras.

El río Nahueve es típico de cordillera, con caudales que varían mucho entre estaciones. La captación prevista para el verano en el proyecto está estimada con caudales que no registra este río, según el estudio de impacto ambiental hecho por la Asamblea del Agua. El arroyo Caripil es uno de los tributarios del Nahueve aunque además, en la cosmovisión mapuche, es el constante flujo del espíritu de los ancestros enterrados allí con la vida del paraje. A su vez estas aguas nutren el río Neuquén, cuenca que riega la formación geológica Vaca Muerta.

Restos humanos de catorce personas descansan en el eltun de Caripil. Catorce procesados suman sus nombres a la larguísima lista de la criminalización de la protesta en Argentina y se recuperan de la embestida.

 

 

 

 

(Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad del Comahue, realizó la cartografía para este informe.)

 

 

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