Aprender del desastre

 

La reciente inundación que azotó a Bahía Blanca no es un evento aislado ni un mero capricho de la naturaleza. Es, más bien, el síntoma trágico de una falla sistémica en la gestión del riesgo de desastres en Argentina, exacerbada por la crisis climática y la falta de políticas públicas adecuadas.

Las imágenes de la ciudad anegada, los relatos de los daños y las pérdidas y el enorme dolor que provoca la muerte de seres queridos nos interpelan como sociedad y exigen una reflexión profunda sobre las causas, las omisiones y las acciones urgentes que debemos emprender para evitar que tragedias como esta se repitan.

 

Causas del desastre

La magnitud de la inundación en Bahía Blanca fue el resultado de una confluencia de factores interrelacionados que se potenciaron mutuamente.

En primer lugar, la intensidad del fenómeno climático fue un elemento determinante. La mitad de lo que en promedio precipita a lo largo de todo un año, precipitó en muy pocas horas. Sin duda se trató de un evento calificado como extraordinario. Este tipo de fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes en el contexto de la crisis climática global.

Sin embargo, la respuesta a este evento extremo se vio gravemente comprometida por años de políticas erráticas y omisiones. El negacionismo climático como discurso oficial del actual gobierno nacional no ha permitido el desarrollo de políticas efectivas de mitigación o de adecuación al cambio climático. Negar la evidencia científica tiene consecuencias directas en la falta de preparación ante eventos cada vez más severos.

A esta negación se suma la parálisis de la obra pública a nivel nacional, una decisión que obstaculiza la implementación de infraestructura adecuada para una correcta gestión del riesgo hídrico y la prevención de inundaciones. La falta de inversión en obras claves agrava la vulnerabilidad de las ciudades ante eventos de esta naturaleza.

Otro factor crítico ha sido el desmantelamiento y desfinanciamiento de organismos estatales fundamentales para la gestión del riesgo, como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional del Agua (INA). El ajuste presupuestario en el SMN incluyó la suspensión de la compra de radares meteorológicos, la reducción de personal técnico y profesional, y la falta de mantenimiento del equipamiento. El INA, encargado del sistema de alerta del Paraná, también viene siendo desfinanciado y desguazado. Estas acciones debilitan la capacidad del Estado para realizar pronósticos precisos y emitir alertas tempranas efectivas. Es oportuno mencionar que el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) ya ha sido disuelto.

Finalmente, la planificación urbana irresponsable ha contribuido significativamente al problema. La ocupación de zonas de amortiguación natural, como las costaneras y los humedales, con construcciones de torres o cementación de la superficie, impide la absorción del agua de lluvia y dificulta su drenaje. Estas “murallas de cemento” en las costaneras también impiden el ingreso de vientos frescos, favoreciendo el aumento de la temperatura local, un factor que puede exacerbar eventos de precipitación intensa.

La continua destrucción de humedales y la ocupación de valles de inundación con construcciones, impulsadas por intereses inmobiliarios, incrementan el riesgo de inundaciones. Resulta realmente sorprendente que la planificación permita que continúe el nacimiento de nuevos countries y su crecimiento.

La falta de un mapeo adecuado del territorio también impide identificar con precisión las zonas de mayor riesgo y la ubicación de poblaciones vulnerables, como los residentes de geriátricos, que sufrieron especialmente las consecuencias de la inundación.

 

Un vacío de prevención y gestión

La tragedia de Bahía Blanca pone de manifiesto la ausencia de políticas integrales y efectivas para la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional.

• Falta de un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres adecuado: a pesar de la existencia de la ley SINAGIR, los testimonios evidencian que los dispositivos para la gestión de desastres no funcionaron con claridad. No se cuenta con un sistema robusto que articule los esfuerzos a nivel nacional, provincial y local.
• Sistemas de Alerta Temprana no democratizados: las alertas, cuando se emiten, no llegan a toda la población de manera efectiva. Se priorizan canales como redes sociales en lugar de utilizar todos los medios disponibles, como mensajes de texto, carteles luminosos en la vía pública y altavoces. La falta de democratización de las alertas impide que la población pueda prepararse adecuadamente.
• Ausencia de Planes de Contingencia claros y difundidos: la ciudadanía no cuenta con información precisa respecto a cómo actuar frente a un evento de inundación. Por ejemplo, cómo manejarnos cuando el agua ingresa a la vivienda, cuáles son las vías de evacuación seguras, qué lugares evitar. La falta de señalética adecuada en la vía pública y la ausencia de simulacros con la participación activa de la comunidad para prepararse frente a la contingencia agravan esta situación. En la ciudad de Buenos Aires, incluso después de eventos graves como la inundación de 2013, no se cuenta con un plan de contingencia adecuado.
• Insuficiente Inversión en Infraestructura Resiliente: la política de paralización de la obra pública va en sentido contrario a una gestión adecuada del riesgo. Se necesita más y mejor infraestructura, diseñada con datos actualizados y considerando el contexto urbano. La falta de inversión en el mantenimiento y mejora de la infraestructura existente solo contribuye a una mayor vulnerabilidad.
• Planificación Territorial orientada a los intereses de la corporación inmobiliaria-financiera: se continúa permitiendo la construcción en zonas de riesgo hídrico, destruyendo humedales y ocupando áreas de amortiguación natural. La ausencia de una planificación territorial responsable, que priorice la protección del ambiente y la seguridad de la población sobre los intereses inmobiliarios, va en sentido contrario a una gestión adecuada del riesgo.
• Carencia de un Fondo Nacional para Catástrofes: no se cuenta con un fondo específico y permanente para hacer frente a las catástrofes, lo que deja la respuesta y la reconstrucción libradas a la discrecionalidad del gobierno de turno.

 

 

Medidas preventivas urgentes

Para gestionar adecuadamente el riesgo de inundaciones, es necesario implementar una serie de medidas preventivas integrales y urgentes:

• Fortalecer los organismos clave: es fundamental revertir el desmantelamiento y aumentar el financiamiento del SMN, el INA y el sistema científico-tecnológico en general. Esto permitirá mejorar los pronósticos, los sistemas de alerta y la investigación sobre la gestión del riesgo.
• Implementar sistemas de alerta temprana efectivos y democratizados: las alertas deben ser precisas, oportunas y llegar a toda la población a través de múltiples canales, incluyendo mensajes de texto, carteles luminosos, altavoces y WhatsApp. Las comunidades cumplen un rol fundamental a la hora de diseñar e implementar los sistemas de alertas tempranas. El conocimiento local y el involucramiento de las comunidades resulta clave a la hora de gestionar el riesgo.
• Desarrollar y difundir planes de contingencia claros y específicos para cada tipo de evento y cada zona de riesgo. Estos planes deben indicar claramente las acciones a seguir, antes, durante y después de una emergencia. Se deben realizar simulacros periódicos con la participación activa de la comunidad para asegurar que la población sepa cómo reaccionar.
• Invertir en infraestructura resiliente y sostenible: se debe replantear la política de obra pública, priorizando la inversión en infraestructura para la gestión hídrica, como la mejora de sistemas de drenaje, la construcción de reservorios y la adaptación de la infraestructura existente al cambio climático. Las obras deben diseñarse con datos actualizados y en un contexto de planificación urbana integral.
• Implementar una planificación territorial responsable: es clave proteger las zonas de amortiguación natural como humedales y costas, evitando su ocupación con construcciones. Se debe promover una planificación urbana que limite la construcción en zonas de riesgo y priorice la creación y el mantenimiento de espacios verdes. Es necesario realizar un mapeo exhaustivo del territorio para identificar las zonas de mayor riesgo y las poblaciones más vulnerables. La mitigación del fenómeno de isla de calor en las áreas urbanas resulta trascendental a la hora de prevenir fenómenos meteorológicos extremos.
• Fomentar el conocimiento situado y la participación comunitaria: es fundamental valorar y recuperar el conocimiento de las organizaciones sociales locales y de la comunidad en general, ya que son actores claves para una gestión del riesgo eficaz. Su participación en la elaboración de planes de contingencia y en la respuesta a emergencias es esencial.

 

Medidas post crisis

La respuesta a la emergencia y la posterior reconstrucción en Bahía Blanca deben abordarse con una visión integral y a largo plazo:

• Respuesta inmediata y coordinada: es fundamental una intervención urgente para mitigar los efectos de la inundación implementando las acciones necesarias para evitar la permanencia del agua. El enorme déficit de infraestructura de saneamiento cloacal genera inundaciones de agua de lluvia mezclada con líquido cloacal, con el enorme riesgo sanitario que esto implica. Y si bien nuestro pueblo siempre ha mostrado niveles de solidaridad sorprendentes, todas las acciones solidarias deben estar coordinadas en el marco de la gestión de la post contingencia.
• Apoyo estatal para la reconstrucción de Bahía Blanca, que requiere del apoyo sostenido y la inversión del gobierno nacional. Esta reconstrucción debe ser una oportunidad para reconstruir mejor. No solo en términos de más y mejor infraestructura, sino también reduciendo las brechas de desigualdad social.

La inundación en Bahía Blanca es un llamado de atención ineludible. La gestión del riesgo de desastres es una responsabilidad indelegable del Estado Nacional, en articulación con los gobiernos locales. El negacionismo, el desfinanciamiento a los organismos y dispositivos destinados a la prevención, la parálisis de la obra pública y el incentivo permanente a una planificación territorial en función del poder financiero-inmobiliario sólo nos conducirá a la repetición de estas tragedias.

 

 

 

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