Apremios a la propia tropa

 

Es 16 de agosto de 2017. Madrugada. Los gendarmes que participaron de la represión que terminó con la desaparición (forzada) seguida de muerte de Santiago Maldonado son interrogados, uno por uno, por Daniel Barberis, ex director del área de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, en una oficina helada del Escuadrón 36 de Esquel. El funcionario les recuerda las consecuencias de no declarar lo que él quiere escuchar; todas las preguntas son retóricas y contienen una respuesta implícita, guionada. Si contestan “bien”, recibirán una palmadita en la espalda.

Días antes, les había bajado línea a cuatro de los verdeoliva que participaron de la cacería. Quería un discurso unificado. Si el barco se hunde, nos hundimos todos, enfatiza. El interrogatorio al cabo primero Ramón Vera termina con Barberis a los gritos, hasta que consigue lo que quiere.

Después de tres años, algunxs de esos uniformadxs confiesan haberse sentido “torturados”. Por eso, la actual conducción del Ministerio de Seguridad investigará estos hechos como posibles “apremios ilegales”.

-- Del otro lado (del río) nos decían milicos de mierda, gendarmes hijos de puta, se quedaron con las ganas -- explica Vera en el minuto 12 del interrogatorio.

—¿¡Con las ganas de qué!? ¿¡De que ustedes les peguen un tiro!? ¿¡Con las ganas de que ustedes los muelan a palos!? ¿¡Con las ganas de qué!? ¡Usted tiene que ser claro en este momento! ¡Me entiende! –Barberis actúa de verdugo.

—Con las ganas de agarrar a alguno --concede Vera, uno de los uniformados que intentó meterse al río en plena cacería y que a la semana de la desaparición de Maldonado escribió por WhatsApp: qué indios de mierda cómo no los matan a todos.

—¿¡Está seguro que no agarraron a ninguno!? -- presiona Barberis.

—Estoy seguro.

–Gracias, hemos terminado.

La puerta de la habitación helada del destacamento 36 está por cerrarse, sonido que queda registrado en los audios que forman parte del expediente 8232/17 y de todo el material que fue reunido dentro del sumario interno de la GNA que revisó su propio accionar en el caso Maldonado, del cual ya se desprendió una denuncia penal contra Pablo Noceti, ex jefe del Gabinete del Ministerio de Seguridad, por haber ideado una “estructura jurídica de impunidad”.

—Chau, amigo —se despide Barberis.

 

 

 

 

Tres años después

Después de tres años, algunxs agentes pusieron en palabras lo que no les permitieron decir durante la gestión Bullrich. Otros optaron por no decir nada o no ahondar en detalles por el temor que les quedó de aquellas jornadas. Quienes instrumentaron el sumario interno de la GNA, a cargo del comandante general Javier Lapalma, recogieron una palabra cual denominador común: hubo quienes hablaron de “tortura” para describir lo que Barberis había hecho con ellos.

“De las declaraciones tomadas a gendarmes que participaron de los operativos de despeje surge que, al tomarse conocimiento de la desaparición de Santiago Maldonado, se llevó a cabo, por parte de funcionarios del Ministerio de aquel entonces, una ronda de interrogatorios, en condiciones que podrían asimilarse a apremios ilegales, con la finalidad de obtener información sobre lo ocurrido y, presuntamente, de unificar el discurso sobre la versión que los gendarmes darían de los hechos”.

Así consta en el sumario de la GNA que sirvió para denunciar a Noceti y será la base de una nueva investigación dentro del Ministerio de Seguridad que recaerá tanto sobre Barberis como en la anterior conducción de la fuerza (Gerardo Otero – Ernesto Robino). En el Ministerio se encontraron varias cajas, sin rotular, con la desgrabación de los interrogatorios.

 

 

“Todos en el mismo barco”

—¿Ustedes ya contestaron las preguntas?

Es 10 de agosto. Barberis reúne en Esquel a cuatro uniformados del Escuadrón 35 para presentarles el estado de situación del caso Maldonado. Están el primer alférez Daniel Gómez, quien en un diálogo con el jefe del Escuadrón de 36, Pablo Badie, reconoce haber escrito la mayoría de los informes individuales de sus colegas; el escopetero Juan Carlos Pelozo, que en medio de la cacería grita ¡acá hay uno!; Orlando Yucra, cabo que llega junto a el subalférez Emmanuel Echazú y el escopetero Darío Zoilán al mismo lugar por donde Santiago Maldonado intenta cruzar el río. Y está Lucio Buch, el conductor de la Iveco Eurocargo que se estaciona de frente al río y baja del vehículo con su 9 milímetros reglamentaria. Los cuatro responden que sí a la consulta de Barberis.

—Qué lástima –dice—, tendríamos que haber tenido esta charla antes.

 

 

 

¿Qué quiso decir Barberis con esa sugerencia (contrafáctica)? Barberis los había juntado para recomendarles que todos tuvieran la misma versión de los hechos; también confesó los aprietes hacia el juez Guido Otranto.

“En términos políticos, como responsables políticos de ustedes, nosotros hicimos lo que había que hacer. El domingo hicimos que el juez escriba lo que no había escrito, no porque lo apretamos sino porque las circunstancias lo llevaron a escribir eso. La ministra, con ese informe, salió a bancar a la Gendarmería –afirmó Barberis al minuto 12 de la charla--. En este barco estamos todos juntos, ¿está claro? Si nosotros no podemos salir juntos, este barco encalla.”

Este audio, que fue encontrado en el teléfono celular de Gómez, forma parte del material analizado por la actual conducción de la GNA. De esta manera fue armándose la ingeniería de impunidad denunciada por la actual conducción del Ministerio de Seguridad. Pero hay más. Barberis decretó la inocencia “administrativa” de la fuerza en tan solo tres días. Otro montaje.

El 7 de agosto de 2017, el abogado Valentín Anselmino, de la Dirección de Seguimiento de Causas de Violencia Institucional, entrevistó en el Escuadrón de Esquel al comandante principal Fabián Méndez, al subalférez Echazú y al cabo primero Ernesto Yañez. Méndez y Echazú relataron que siempre estuvieron a más de 40 metros de los “manifestantes”. Una mentira en flagrancia, ya que luego se supo que habían estado casi frente a frente cuando los alcanzaron a la vera del río. Pero era el relato que necesitaban escuchar.

Al día siguiente, Barberis recibió el informe sobre la RAM que le había solicitado al comandante general Claudio Osvaldo Domenichini; la Gendarmería (de Bullrich) enmarcó la cacería del 1° de agosto como una acción contra una organización terrorista.

Luego llegó el comunicado de Otranto, en el que sostuvo que no había indicios de violencia institucional. Como quedó claro en la bajada de línea, habían presionado al juez para que salvase a la GNA.

Con estos tres elementos, Barberis concluyó: “Evaluando las investigaciones administrativas realizadas, el informe de GNA recibido el martes 8 de agosto y las entrevistas realizadas en Esquel por el Dr. Valentín Anselmino y el comunicado oficial del juzgado Federal de Esquel a cargo de Guido Otranto, concluyo que hasta el momento no hay indicios de hechos de violencia institucional por parte de la GNA en los hechos de público conocimiento, que presuntamente terminan con la desaparición del joven Santiago Maldonado".

El ex funcionario firmó esta absolución administrativa incluso antes de haber interrogado a todos los uniformados.

Tras la visita de Bullrich al Senado el 16 de agosto de 2017, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, le solicitó al Ministerio el sumario interno que supuestamente habían realizado. Tardaron 10 días en enviarlo, luego de insistentes reclamos.

Cuando la PIA accedió a esa documentación, concluyó que no era ningún sumario interno, que las entrevistas no poseían “resguardo legal, llegando al extremo donde el entrevistador (Barberis) les recuerda que deben decir la verdad y en algún caso describiéndoles una supuesta conducta ilícita en la que el entrevistado habría tomado parte, para que luego lo niegue”. También detectaron los diálogos previos a los interrogatorios, que luego de tres años algunxs uniformadxs se animaron a describir como “torturas”.

 

 

 

 

Y un dato más: Barberis no informó que Noceti había estado en el territorio mapuche en al menos dos oportunidades aquella mañana del 1° de agosto.

 

 

Ideólogo

La denuncia contra Noceti recayó primero en el juzgado de Sebastián Casanello pero el fiscal Carlos Rívolo se la envío a la magistrada María Eugenia Capuchetti que tiene desde el año pasado una causa donde se investiga a Bullrich, Noceti, Gonzalo Cané y Gerardo Millman por haber aplicado un posible “plan sistemático contra las comunidades mapuches”.

Esa denuncia, presentada por la APDH en noviembre de 2019, permanece cajoneada, salvo por la imputación realizada por el fiscal Franco Picardi que incluso se mostró decidido a investigar el espionaje ilegal realizado entre la Gendarmería y Carabineros chilenos. Dato no menor, teniendo en cuenta que ahora se sabe que Capuchetti visitó, al menos seis veces, a la anterior conducción de la AFI.  La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia ya empezó con el análisis en profundidad de las carpetas vinculadas al caso Maldonado.

Así como la recibió, la jueza que reemplazó a Norberto Oyarbide con el aval de la mesa judicial de Cambiemos, les devolvió el expediente a Casanello – Rívolo, a pesar de que ambas denuncias versan sobre las órdenes emanadas desde el Ministerio de Seguridad conducido por Bullrich para avanzar contra las comunidades.

¿Por qué Noceti fue el nexo del Ministerio de Seguridad con la Patagonia? ¿Por qué idearon una ingeniería jurídica para la impunidad? Una posible respuesta podría estar en el expediente que Capuchetti tiene cajoneado donde se habla de los negocios inmobiliarios que Macri pretendió defender (para sí y para terceros) con la represión a los mapuches.

“Este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal a los fines de determinar si la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y funcionarios de esa cartera se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios”, escribió Picardi en su imputación del año pasado.

Hay un hilo común entre ambas causas: las órdenes políticas que emanaron desde el Ministerio de Seguridad para reprimir. Todo tiene que ver con todo.

 

 

 

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