Una reciente declaración conjunta de una quincena de organizaciones de Naciones Unidas (ONU) alerta sobre una dramática situación: “Toda la población palestina en el norte de Gaza podría morir a causa de enfermedades, hambre y violencia”.
Los datos oficiales de las Naciones Unidas son aterrorizantes. En octubre pasado, el 85% de las 98 misiones humanitarias autorizadas para transportar ayuda al norte de la Franja de Gaza fueron obstaculizadas o simplemente denegadas por las autoridades israelíes. Un informe de ONU de la segunda semana de noviembre señala que en octubre sólo el 37% de los movimientos humanitarios coordinados con las autoridades israelíes se implementó sin problemas.
Está muy lejos, ya, el objetivo —exigido formalmente incluso por Estados Unidos y muchas naciones de la comunidad internacional— de que cada día entre en Gaza asistencia humanitaria equivalente a la carga de 350 camiones. En los siete días de la primera semana de noviembre, la ayuda total se limitó a lo que pudieron transportar 480 camiones a través de los pasos fronterizos de Erez Oeste, Kerem Shalom y el llamado Puerta 96. De haberse cumplido el mandato de Naciones Unidas, la ayuda imprescindible para abastecer esa semana a los 2 millones hubiera tenido que ser de al menos 2.450 camiones.
Por tal razón, siempre según fuentes onusianas, un grupo de expertos en crisis alimentarias alertó que es probable que ya se esté experimentando un estado de hambruna generalizada en el norte de Gaza. Evaluando la situación humanitaria, Philippe Lazzarini, coordinador de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, sus iniciales en inglés), esta semana afirmó a través de las redes sociales que “el Estado de Israel ha convertido el hambre en un arma” y que lo que se permite entrar en Gaza es “una media de poco más de 30 camiones al día”. Esta cantidad representa solo el 6% de las necesidades esenciales de la población.
La UNRWA, que desde su fundación en 1950 ha sido la principal organización internacional de apoyo a la población palestina, sigue estando en el ojo del huracán debido a las sistemáticas críticas de Israel. El pasado 28 de octubre el Parlamento israelí aprobó dos leyes que prohíben actividades de esta agencia tanto en Israel como en Palestina. En su momento, Israel acusó a una docena de los 13.000 empleados de la UNRWA en la Franja de haberse involucrado en los ataques del 7 de octubre de 2023. La UNRWA negó cualquier complicidad institucional con Hamás y rescindió los contratos de esos empleados. Simultáneamente, ONU abrió una investigación sobre dichas acusaciones. La ofensiva político-diplomática de Israel contra la agencia tuvo su impacto: muchos Estados redujeron en parte o cortaron totalmente su apoyo financiero a la UNRWA. Si bien algunos de ellos lo restablecieron, la capacidad operativa de la agencia y aun su propia existencia se ven amenazadas por los múltiples obstáculos que debe enfrentar en el terreno para asegurar su cada día más difícil misión.
Según la ONU: Gaza “apocalíptica”
Ante el aumento de los ataques contra los territorios palestinos, el 1 de noviembre los responsables de quince organizaciones de las Naciones Unidas publicaron una declaración, exigiendo el cese de los ataques contra el pueblo palestino en Gaza y contra todos los agentes humanitarios que están tratando de ayudar.
Entre los firmantes se encuentran los directores generales de la Organización Mundial de la Salud (OMS); del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); del Programa Mundial de Alimentos (WFP); del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Organización Internacional de Migraciones (OIM). La suscriben también los responsables de ONU/Mujeres; del Consejo Internacional de Agencia de Voluntarios; la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos y la directora del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos (UN-Habitat). La presidenta de la ONG internacional Oxfam se suma a la lista de signatarios.
Esta toma de posición conjunta insta “nuevamente a que todas las partes involucradas en el conflicto en Gaza protejan a la población civil” y además exigen que “el Estado de Israel detenga sus ataques contra Gaza y contra el personal humanitario que trata de brindar asistencia”. El documento considera como “apocalíptica” la situación en el norte de la Franja, donde la población no tiene acceso a asistencia básica ni a suministros vitales. La situación médica es desastrosa, debido a que “los hospitales apenas reciben suministros; de hecho, se han convertido en blanco de ataque, de manera que han muerto pacientes, se han perdido equipos esenciales y se han interrumpido servicios vitales”.
Los promotores de la declaración sostienen que “decenas de escuelas que funcionaban como albergues han sido bombardeadas o evacuadas por la fuerza; también lo han sido las tiendas en las que se guarecían las familias desplazadas. De hecho, algunas personas han sido quemadas vivas. Los equipos de rescate sufrieron ataques deliberados; además se han obstaculizado sus esfuerzos por rescatar a las personas que están bajo los escombros”.
La vida y la infraestructura productiva de la Franja padecen, según la Declaración, una situación catastrófica: “La población civil, que hace lo posible por ponerse a salvo, también se ha convertido en un blanco; además, hombres y niños están siendo detenidos y llevados a lugares cuya ubicación se desconoce… El ganado está pereciendo, los cultivos están siendo destruidos, los árboles están siendo arrasados por el fuego y la infraestructura agrícola ha sufrido graves daños”.
Realidad aún más complicada debido a que “las restricciones impiden que la asistencia humanitaria satisfaga las enormes necesidades que existen. Los bienes básicos escasean. El personal humanitario corre peligro al cumplir con su labor; además, la inseguridad y el ejército israelí le impiden llegar a las personas que necesitan ayuda”.
Israel viola el derecho internacional humanitario
El pasado octubre, y en respuesta a la adopción de las nuevas leyes por parte del parlamento israelí que obstaculizan la labor de UNRWA y revocan la inmunidad y los privilegios de esta organización, la Declaración de la ONU advierte que, de llevarse a la práctica, “estas medidas podrían traducirse en una catástrofe para la respuesta humanitaria en Gaza, lo cual no solo contraviene el Estatuto de las Naciones Unidas; también podrían ser devastadoras las repercusiones para los derechos humanos de los millones de palestinos que dependen de la asistencia de UNRWA”.
Adicionalmente, las diversas agencias que firman la declaración conjunta denuncian que estas leyes “constituyen un incumplimiento de las obligaciones de Israel conforme el derecho internacional”. De allí que se pronuncien enérgicamente: “Lo diremos claramente: nada puede sustituir a UNRWA. El flagrante desprecio por la humanidad y por las leyes de la guerra debe terminar”. Debido a que “la región entera está al borde de un precipicio político”, concluye la declaración, es fundamental que cesen las hostilidades y se logre un alto el fuego sostenido.
Las agencias de la ONU anticipan una media docena de medidas inmediatas para reducir el impacto mortífero del conflicto: es necesario que cesen los ataques contra la población y la infraestructura civil y que se garantice el acceso irrestricto a la ayuda humanitaria. Tan urgente como ello es que los bienes comerciales ingresen a Gaza. Además, las personas heridas y enfermas deben recibir la atención que necesitan; el personal médico y los hospitales no deben ser blanco de ningún ataque; no hay motivo para que los hospitales se conviertan en campos de batalla.
Las agencias de la ONU insisten en que se libere a la población palestina detenida arbitrariamente e instan a Israel a cumplir con los fallos y las órdenes provisionales de la Corte Internacional de Justicia. Al mismo tiempo, instan a Hamás y a otros grupos palestinos armados a que liberen a los rehenes inmediatamente y a que observen el derecho humanitario internacional.
La reflexión final de la declaración de la ONU va dirigida a la comunidad internacional y a los países directamente involucrados en el suministro de los medios bélicos que cuales atizan el conflicto en Medio Oriente: “Los Estados miembro deben garantizar la observancia del derecho internacional, lo que incluye suspender el envío de armas cuando existe un riesgo claro de que se utilicen en contravención del derecho internacional”.
Perspectiva deshumanizada
A fines de octubre, una evaluación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) estimó que la pobreza en el Estado de Palestina en 2024 llegará al 74,3%, afectando a más de 4 millones de personas, incluidos 2.600.000 de nuevos pobres.
Dicha evaluación, titulada Gaza War: Expected Socioeconomic Impacts on the State of Palestine (La guerra en Gaza: efectos socioeconómicos previstos en el Estado de Palestina), también calcula que el producto interno bruto (PIB) este mismo año se contraerá un 35,1% con respecto a un hipotético escenario sin guerra, y que el desempleo podría alcanzar un 49,9%. En el Estado de Palestina, proyecta el documento, el Índice de Desarrollo Humano retrocederá 24 años, y en la Franja de Gaza el retroceso igualará los niveles de 1955, es decir, hace 69 años.
La situación actual de Gaza, Palestina y el Medio Oriente escapa a toda lógica y supera ampliamente los diagnósticos más sombríos imaginables. Un conflicto en el que se está jugando mucho más que la propia supervivencia de millones de palestinos debido a que, como si se tratara de un Apocalipsis cotidiano, ya está dividiendo las aguas de la propia conciencia de la civilización humana.
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