Antes de que toque la campana

 

“La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar”, dice la Resolución 246 del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires que fue firmada el 17 de octubre y publicada en el boletín oficial el 17 de diciembre de 2018. Muestra fiel de cuánto le interesa la salud y la educación al gobierno de María Eugenia Vidal, que permite fumigar antes que toque la campana para que alumnos y docentes entren a clase “libres” de veneno.

El 11 de diciembre el Ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, festejaba la Resolución desde su cuenta en Twitter y desde la página oficial del Ministerio de Agrondustria de la Provincia se promocionaba la noticia (ver nota oficial en https://bit.ly/2UctGdX ) bajo el título: “Por primera vez, Buenos Aires elabora una resolución provincial para ordenar la aplicación de fitosanitarios”. Sarquis presentó la normativa en el Parque Pereyra rodeado de funcionarios y con la presencia del vicegobernador Daniel Salvador. Además de los funcionarios de la cartera, participaron de la presentación representantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines de Buenos Aires (CEDASABA), Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina (FAA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Cámaras Agroaéreas, y de la Universidad Católica de Buenos.

 

 

En la nota difundida desde el Ministerio Sarquis expresó que “es la primera vez que desde la Provincia se elabora una norma de estas características que apunta tanto a cuidar la salud de la población, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y al mismo tiempo a mantener las actividades productivas a través de la sustentabilidad y sostenibilidad, con fuerte foco en las buenas prácticas agropecuarias". Confirmando así que en Cambiemos la norma es venderla siempre cambiada.

“Desde el primer día trabajamos para incrementar la producción de alimentos en cantidad y calidad y, al mismo tiempo, cuidamos el medio ambiente y la salud humana. Es un eje de gestión de María Eugenia Vidal", expresó Sarquis en la nota oficial y añadió que "estamos invitando a los municipios a firmar un convenio para sumarse a estas pautas. Quien adhiera, contará con la ayuda y la asistencia del Ministerio a la hora de fiscalizar el uso de fitosanitarios en su ciudad. Además podrá auditar las aplicaciones que considere oportunas". Figuran en la nota los Municipios que firmaron el convenio. Ellos son los intendentes de Ayacucho, Emilio Cordonnier; de Azul, Hernán Bertellys; de Balcarce, Esteban Andrés Reino; de Berisso, Jorge Nedela; de Carlos Tejedor, Raúl Salas; de Chascomús, Javier Gastón; de Chivilcoy, Guillermo Britos; de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea; de General Alvear, Ramón José Capra; de General Arenales, Érica Revilla; de General Belgrano, Osvaldo Dinápoli; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de Lezama, Arnaldo Harispe; de Lobería, Juan José Fioramonti; de Lobos, Jorge Etcheverry; de Magdalena, Gonzalo Peluso; de Mar Chiquita, Carlos Alberto Ronda; de Puán, Facundo David Castelli; de Ramallo, Mauro Poletti; de Rauch, Roberto Maximiliano Suescún; de Saladillo, José Luis Salomón; de Suipacha, Alejandro Federico; de Trenque Lauquen, Miguel Fernández; de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo.

El cuidado del medioambiente y la salud humana que Sarquis expresa como eje del gobierno de María Eugenia Vidal no parece tener el aval con dicha Resolución de parte de la Asociación de Medicina General de la provincia de Buenos Aires (AMGBA), organización académica y científica que nuclea a médicas/os especialistas en Medicina General y equipos de salud que se desempeñan en el primer nivel de atención y que fijaron posición a través de un comunicado. “Reconocemos que la exposición a agroquímicos es perjudicial para la salud, y que la convivencia de las poblaciones con las prácticas productivas actuales conlleva al aumento del riesgo para la salud y a la aparición de situaciones de tensión e intensos conflictos sociales”, dicen. Sobre la Resolución señalan que antepuso "los intereses del sector productivo por encima de la salud de las comunidades, el ambiente y todas las formas de vida. Como sociedad científica nos preocupa que se omita la amplia información científica válida que demuestra los efectos negativos para la salud de la exposición a agroquímicos” (leer posición de AMGBA en https://goo.gl/LL3oZD ).

“La definición de dimensiones particulares para establecer distancias y superficies no es esencial, sino que depende de las Buenas Prácticas Agropecuarias”, señala en sus considerandos la repudiada Resolución. “En muchas ordenanzas se define la zona de amortiguación como un lugar donde no se puede utilizar veneno, se excluye la utilización de agrotóxicos, se pretende denominar a dicha zona de amortiguamiento como una zona donde lo que tiene que regir son estas buenas prácticas agrícolas”, expresa Daniela Dubois, politóloga, docente, integrante de Ambiente Saludable de San Andrés de Giles.

“La distorsión de la denominación de qué es zona de amortiguamiento resulta un arrebato de lo que se había logrado como zona de exclusión en varios Municipios”, dice Dubois a El Cohete a la Luna y añade que “con respecto a las escuelas rurales no están tomando el concepto de deriva. Hay muchísimos estudios de deriva e inclusive de científicos que trabajan para las corporaciones de los agronegocios que dan cuenta de que la fumigación no da en la planta en un cien por ciento”.

Un documento de posición y plan de lucha elaboraron los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires. “Con esta resolución, el Ministerio de Asuntos Agrarios procura pasar por arriba las luchas de los pueblos fumigados por el derecho a un ambiente saludable que se han logrado cristalizar, en algunos casos, con la aprobación de ordenanzas municipales que establecen distancias con un criterio más realista (aunque insuficiente) de protección de las fumigaciones con agrotóxicos respecto de los centros poblados”, señalan y ponen como ejemplo: “Cañuelas (Prohibición de aéreas/2 km terrestres); Las Heras (Prohibición de aéreas/2 km terrestres); Castelli (Prohibición de aéreas/1 km terrestres); Campana (Prohibición de aéreas/1 km terrestres); Pinamar (Prohibición de aéreas y terrestres); Alberti (1 Km terrestres); General Pueyrredón (1 Km terrestres); Bolívar (1 Km terrestres); y Lujan (Prohibición de aéreas/500 metros terrestres)”. También con respecto a las escuelas indican que “en algunos municipios se ha avanzado inclusive en proteger las escuelas rurales; en particular en Marcos Paz, Campana y Bolívar se estableció una zona de exclusión de 1 km para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos y de 500 metros en los partidos de Capitán Sarmiento, General Belgrano, Presidente Perón y Rauch” (ver documento completo en https://bit.ly/2MAki0R) .

La Resolución 246 equipara dentro de las zonas de amortiguamiento a los espacios linderos a márgenes de curso de agua. Es llamativo que con el brote de Hantavirus hayan sido pocos los medios que hablaron de cómo la fauna que competía con el roedor —que lo cazaba— está disminuyendo por el uso de los agrotóxicos, expresa Daniela Dubois. La politóloga pone el acento en la importancia de que no se siga perdiendo la biodiversidad. Algo esencial para conservarla es la protección de los cuerpos de agua. Muchas normativas dejan una distancia con respecto de los márgenes, cursos de agua y la Resolución del gobierno de Vidal la equipara como zona de amortiguamiento, sostiene. “Si ellos dicen que las escuelas estarían protegidas por no ser fumigadas en el horario escolar están negando la deriva y su peligrosidad. Más allá de que no estén fumigando en ese momento, los juegos quedan rociados de agrotóxicos”, indica Dubois que advierte: “La mayoría de las escuelas rurales de la provincia no está conectada a red, toman agua de pozo, quedando así expuestas y vulnerables”.

Desde la Municipalidad de San Antonio de Areco detectaron glifosato en los pozos de agua de dos escuelas rurales de gestión provincial, la Nº 14 y la Nº 6. “La presencia del glifosato en el agua es la causa de una situación que viene de antes. Lo que pasa es que la Resolución de la provincia de Buenos Aires en lugar de corregir esa situación la profundiza”, expresa Mariano Pinedo, diputado provincial por Unidad Ciudadana que es de San Antonio de Areco. El legislador presentó un Proyecto de Declaración en la Cámara de Diputados que rechaza la Resolución y se está trabajando, según informó, en un proyecto de ley. Sobre la Resolución opina que “para nada se contempla ‘el interés común de los habitantes de la Nación’, tal como surge de algún considerando. Crea la figura de zona de amortiguamiento, pero no como franja de protección dentro de la cual no se aplican productos nocivos para la salud de la población, sino que invierte el criterio e incluye esas zonas sensibles cercanas a las áreas urbanas y escuelas rurales como ámbitos en los cuales puede aplicarse productos agroquímicos”.

Mariana Molteni, Secretaria de Salud del Sindicato Unificado de Trabadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), dice que la Resolución “va a contramano de normativas nacionales e internacionales, de fallos judiciales y de infinidad de ordenanzas de la provincia de Buenos Aires donde se plantean distancias para las fumigaciones”. Sobre el tema habla del trabajo en articulación que llevan adelante desde lo gremial en la Comisión mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público y la Comisión mixta Jurisdiccional de Educación en la que tratan desde 2017 de incorporar un protocolo de actuación ante fumigaciones cercanas a las escuelas que tuvo siempre la resistencia del Estado. “Con esta Resolución queda claro el por qué”, dice. Y agrega que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) está trabajando en un protocolo de actuación. Para la Secretaria de Salud de SUTEBA, una de las cuestiones que queda en evidencia es la presencia de los CEOs en la gestión del Estado. “Poner al frente del Ministerio de Agroindustria de la Provincia a un ex gerente de Monsanto es lo mismo que hicieron al poner a Aranguren, de la Shell, en el Ministerio de Energía. La concepción del negocio por encima de la gestión del bienestar común es una marca importante”.

Un dato no menor es que al 2018 son 3051 servicios educativos rurales que incluyen extensiones y anexos de escuelas en la provincia de Buenos Aires, según informó Silvia Almazan, Secretaria Adjunta de SUTEBA. Si bien existen muchísimas escuelas ubicadas en áreas urbanas lindantes a campos que están en peligro por la Resolución del gobierno de María Eugenia Vidal, las escuelas rurales resultan más amenazadas.

Raúl Calamante, Secretario Interior de SUTEBA y Secretario Adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de la provincia de Buenos Aires, dice que la Resolución “desconoce fallos de la misma Corte de Justicia que en el 2012 declaró ilegal la fumigación con agrotóxicos a menos de 1000 metros, tanto de viviendas y de escuelas. Desconoce los efectos que pueden generarse a través de una normativa que firma un funcionario ligado a los agronegocios, demostrando que priorizan los negocios de los sectores que están vinculados al poder por encima de la salud de la gente”. El Secretario Adjunto de CTA sostiene que la decisión está en sintonía con lo mismo que hace el gobierno nacional cuando avanza en la concentración de riqueza en detrimento de los derechos del conjunto del pueblo argentino.

“Vamos a denunciar la medida ante la Justicia y no nos vamos a quedar solamente con la denuncia sino que vamos a realizar todas las acciones de movilización y de concientización que sea necesario, porque bajo ningún concepto permitiremos que se ponga en juego la salud de los pibes y de nuestros compañeros. Es ridículo pretender que un minuto antes de abrir la escuela vos podes fumigar y que así no pasará nada”, señala Calamante.

En otra edición de El Cohete a la Luna publicamos dos mapas de la provincia de Buenos Aires (ver nota https://goo.gl/QDTiQ7 ) que demuestran la alta tasa de mortalidad por cáncer en los distintos distritos, pero al Hada Buena solamente le interesa la ambulancia y no invertir seriamente en salud para averiguar el por qué de tanta mortalidad por neoplasias en la provincia. Con la Resolución que permite a los productores fumigar para mayor ganancia antes y después del horario escolar, queda claro cuáles son sus prioridades como Gobernadora.

 

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