Añoranza de la soberanía

 

El jueves pasado se cumplieron diecisiete años de aquel histórico 15 de diciembre de 2005, cuando el Presidente Néstor Kirchner anunció el plan de desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Kirchner había considerado la posibilidad de poner fin a esa dependencia, aunque el ministro de economía Roberto Lavagna no estaba de acuerdo en cancelar la deuda. Que el primer mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encarara esa misma decisión llevó a la ruptura del Presidente argentino con Lavagna, quien abandonó el cargo el 20 de noviembre de ese año. El 3 de enero de 2006 se comunicó que la cancelación de la deuda había concluido. A partir de ese hito, los funcionarios del FMI abandonaron las oficinas que ocupaban en el Ministerio de Economía como si se tratara de un país colonial.

“Tenemos la firme convicción de superar la Argentina de los viejos y recurrentes problemas”, comenzó su anuncio Kirchner en el Salón Blanco de la Casa Rosada. “Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, sabemos que esta es la oportunidad del cambio, de la transformación profunda. El cambio que puede consolidarse no depende de una persona, ni de un grupo de elegidos o iluminados; es tarea colectiva, diversa, plural”, expresó, dejando en claro que su gobierno respondía la pueblo. “La República Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional, a fin de año, la suma total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares. Nuestros vencimientos para 2006 sumaban 5.082 millones de dólares; en 2007 ascendían a 4.635 millones de dólares, para complementar en 2008 unos 432 millones de igual moneda, anticipando de este modo nuestros pagos para la cancelación total, concretamos un ahorro en intereses de casi 1.000 millones de dólares”, anunció.

Luego explicó el porqué de la decisión: “Podemos hacerlo porque hemos acumulado reservas que llegan casi o ya están llegando a los 27.000 millones de dólares y que hemos multiplicado más de tres veces, desde el mínimo de 8.250 millones, registrado a comienzo de 2003”. Kirchner expresaba también lo que significaba ese endeudamiento. “Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias, que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable”. Refirió que además el FMI estaba “desnaturalizado” en “sus fines” y había “actuado, respecto de nuestro país, como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente. Nuestro pueblo lo corrobora”.

A partir de ese día se llevaron adelante las tramitaciones correspondientes. La operación se realizó transfiriendo 6.650 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes a 9.530 millones de dólares. La cancelación anticipada permitió recuperar soberanía política y económica. El país se ahorró intereses y se libró del monitoreo permanente del FMI y su condicionamiento político. Néstor Kirchner asumió la tradición del primer gobierno peronista, cuando Juan Perón evitó que el organismo intercediera en sus decisiones.

Esa soberanía política y económica recuperada por el gobierno de Néstor Kirchner y continuada en los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner se interrumpió con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia del país. Como detallan Pablo Manzanelli, Mariana L. González y Eduardo Basualdo en su libro Endeudar y fugar, “asumió una importancia histórica el inédito ciclo de endeudamiento externo político del gobierno de Cambiemos, cuyos registros anuales no sólo superan en promedio a los de la primera variante de la valorización financiera y sus subperíodos, sino que también lo hacen respecto del pico máximo de endeudamiento de la última dictadura militar” (2017:191). Ese condicionamiento, sumado a los resultados de la negociación con el FMI llevada adelante por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán, nos sigue teniendo atados. Fue Máximo Kichner al renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados el pasado 31 de enero, quien sin vueltas se atrevió a “llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue y mucho menos hablar de ‘beneficios’”.

Guzmán tardíamente confesó que la negociación con el FMI no era una reprogramación de los vencimientos de pagos de la deuda tomada por el macrismo, sino que era una refinanciación: más deuda para pagar la deuda. Es decir, un círculo vicioso de dependencia, como bien lo reveló el director de este semanario digital en su nota del 27 de febrero, titulada La cuestión de fondo. El entonces ministro, en quien confiaba ciegamente el Presidente Alberto Fernández, no solamente ocultó de qué se trataba el acuerdo con el FMI, sino que también mintió al decir que si el acuerdo con el organismo no era aprobado tal como estaba en el Congreso, se caía. Sergio Massa tuvo una reunión vía Zoom con el equipo técnico del FMI, quienes le dijeron que eso era mentira, tal como había publicado Horacio Verbitsky. El propio Massa lo reiteró hace tres semanas tras cruzar a Guzmán luego de sus declaraciones.

Quien asuma el 10 de diciembre de 2023 deberá pensar nuevamente en reiniciar negociaciones con el FMI, ya que no se podrá afrontar el pago de 20.000 millones de dólares anuales en el período 2026-2032. Un hipotético gobierno de Cambiemos replicaría su política declarada y descarada de sumar ajuste más privatizaciones. Lo llevarían adelante como buenos alumnos de ese condicionamiento que generó el endeudamiento con el FMI, legado por la piedra de Tandil. Un endeudamiento que resultó un gran condicionante para la política del gobierno del Frente de Todos que, con Guzmán a la cabeza, negoció de un modo nada favorable para el pueblo. Ese verdadero problema perdurará, dejando poco accionar a la política económica de la próxima gestión. Se necesitará que sea un gobierno nacional y popular el que renegocie esa deuda pensando en la Patria, algo que hasta ahora no sucedió.

Si hay un país que supo padecer las consecuencias del endeudamiento con el FMI es la Argentina. Es una lección aprendida que la institución creada en 1944, a fines de la Segunda Guerra Mundial, ayuda a los países desarrollados y perjudica a los países pobres. Y lo sabía muy bien Juan Domingo Perón, quien tomó la decisión de no dejar ingresar al organismo. En una entrevista durante su exilio en España, concedida al escritor, periodista y caricaturista uruguayo Carlos María Gutiérrez, Perón enfatizó: “Nosotros le negamos la entrada al FMI porque dejar entrar al Fondo es dejarse robar, literalmente”.

Las loas actuales respecto a que el país seguirá creciendo y que ese crecimiento generará las condiciones para poder afrontar los pagos y las metas que asegurarán los próximos desembolsos del organismo, solamente pueden conformar a los que no están pasando por la urgencia y la necesidad que vienen padeciendo millones de argentinos desde el gobierno de Cambiemos y que todavía el Frente de Todos no pudo paliar. “La única verdad es la realidad”, decía Perón, y la realidad de esa esperanza de los votantes del Frente de Todos se transformó en desesperación para luego convertirse en frustración, quedando al borde de la resignación y el descreimiento de la política, que vuelve poco a poco a ganar terreno.

No era el Fondo y sus metas lo que esperaban los votantes. Y todo puede empeorar en unos años, porque la historia se ha encargado de demostrarnos, una y otra vez, la constante tensión entre las imposiciones del FMI y la determinación del país en fijar sus propias políticas. No debemos olvidar la decisión de Néstor Kirchner de finalizar con medio siglo de una dependencia que condicionó y degradó la política económica, destruyendo toda soberanía, por más que algunos, como decía José Hernández, olvidan porque tienen memoria y saben qué olvidar. No recordar que alguna vez se pudo es una forma de imponer un discurso afín a sus intereses: que las cosas son así y que la única que nos queda es estar condicionados eternamente.

Nuestro país ingresó al FMI durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu en septiembre de 1956. El primer crédito se acordó en 1958 y desde entonces las acciones del FMI fueron determinantes para condicionar la política económica argentina. Esto sucedió hasta el 15 de diciembre de 2005, con el anuncio de cancelación de la deuda con el organismo, concretado en 2006 por Néstor Kichner. Esa línea de no estar sujetos al FMI fue continuada durante los dos períodos en los que fue Cristina Fernández de Kirchner fue Presidenta, hasta que Macri nos metió nuevamente en el Fondo. Entonces la Argentina cumplió estrictamente sus programas, basados en la extracción de excedentes fiscales y externos para pagar deuda externa. También se impuso el ajuste estructural, que consistió en el achicamiento el Estado, la privatización de empresas estatales y del sistema jubilatorio, la restricción del gasto público y del crédito y la apertura económica a las mercaderías y capitales externos, entre otras medidas que promovieron la hegemonía del capitalismo financiero sobre la soberanía productiva.

Solamente un gobierno nacional y popular podría estar en condiciones de una negociación seria. Resta saber si el condicionamiento mafioso del poder económico concentrado, dueño de los monopólicos medios de comunicación aliados al partido judicial –que llevó a que la figura política más importante del país se corra de escena–, no termina también disciplinando a los demás cuadros políticos del peronismo ante el poder real.

¿Cuántos cuadros medios hoy –a quienes Cristina les saca años luz– se animarían a enfrentar al poder económico concentrado a través de políticas públicas transformadoras, a partir de las cuales el pueblo pueda volver a recuperar la felicidad que le han quitado y le quitan quienes día a día esquilman su bolsillo? ¿Hasta cuándo funcionarios y dirigentes del gobierno de Alberto Fernández seguirán festejando el crecimiento del país, cuando ese crecimiento lo disfrutan unos pocos?

Ante la exitosa operación mafiosa de monopolios mediáticos aliados al partido judicial que controlan al poder económico real, eficaz en su lawfare contra quién se animó a otorgar bienestar a la ciudadanía, quien asuma la responsabilidad colectiva de representar al Frente de Todos estará obligado a barajar y dar de nuevo, construyendo un nuevo acuerdo con la ciudadanía que permita un volumen político tal para llevar adelante las transformaciones urgentes y necesarias. De lo contrario, de no proponerse ser seriamente revolucionario, no será nada. Aun así, falta ver quién puede encarnar ampliamente esa idea y sí se está a tiempo a que el electorado le crea. El volumen de promesas electorales que se tenga no llenará los flacos bolsillos de las y los trabajadores despeluzados por la inflación.

A no ser que el Frente de Todos haya tomado la decisión de representar los intereses empresariales locales, dejando de lado lo popular y volviendo así a un peronismo parecido a la versión duhaldista. En esa variante reinaba un discurso asistencialista hacia los más débiles, opuesto a la de independencia que plantea otorgarle derechos a cada ciudadana y ciudadano.

Cuando los líderes populares, como lo es Cristina Fernández de Kirchner, son perseguidos y corridos de la escena, se logra el objetivo que se había propuesto la dictadura de 1955. Como afirmó el contraalmirante Arturo Rial: “La Revolución Libertadora se hizo para que en este país, el hijo del barrendero, muera barrendero”. En 2023, que Cristina no pueda representar electoralmente al pueblo porque es acorralada por la mafia es otro modo de lograr lo que antes se obtenía mediante golpes de Estado. Ahora se alcanza de otra manera, para que todos sigamos creyendo que se trata de una sana democracia y un normal funcionamiento de poderes.

 

 

 

 

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