Ángeles ganó

 

María de los Ángeles Lescano fue absuelta y liberada, tras 2 años y 7 meses de prisión, comunicando el fallo del Tribunal de Alzada de Santiago del Estero el 17 de junio pasado, que anula la condena a 13 años y 6 meses impuesta por el tribunal oral, durante el año anterior.

Esta es una historia sin pretensión de fácil moraleja, pero a partir de ella podremos coincidir en que es necesario profundizar el debate acerca de la exigencia de juzgar con perspectiva de género. Y priorizar ese debate en torno a las prácticas. Aun cuando la legislación podría mejorarse, el mayor problema radica en el tratamiento discriminatorio por parte de la justicia penal en los casos que involucran violencia contra las mujeres.

En la historia de María de los Ángeles sobresalen los diez años de graves hechos de violencia de género, que involucraron a sus cinco hijos también en el rol de víctimas, que ella había denunciado en múltiples oportunidades. La desprotección en que las instituciones dejaron a la mujer fue evidente cuando, durante uno de los ataques, María tuvo que defenderse, usando el mismo cuchillo con el que era amenazada durante el intento de abuso sexual, causando la muerte de su ex pareja. A partir de aquel día, todo el poder punitivo estuvo desplegado en su contra para apresar, acusar y condenar.

El eje argumental de la acusación sufrió un recorte bochornoso de los hechos: la mujer era autora de un homicidio típico y estaba acreditada la relación de pareja. Punto. Pidió condena a pena de prisión perpetua. Como estaba probado el ataque del hombre, la legítima defensa intentó desmontarse bajo la suposición de que las agresiones eran mutuas o cruzadas, sin ninguna prueba de ello, invisibilizando las asimetrías e ignorando la construcción de las masculinidades asociadas al poder, al dominio, al control.

Todos sabemos que un juicio puede terminar en condena o absolución, y que siempre habrá alguien que vivirá su resultado como injusto, porque un proceso implica versiones en contradicción. Pero cuando el veredicto tiene por probada una dinámica de los hechos, esto es, que la mujer había sufrido un nuevo ataque de su pareja, y pese a ello le impone una condena, no puede menos que causar estupor y tensión.

Las sentencias son actos de enorme poder, porque no solo determinan el destino de personas individuales ligadas al proceso, sino por la fuerza de la operación ideológica detrás del discurso jurídico. Esta sentencia nos decía, con mucha fuerza, que era esperable y socialmente exigible que la mujer soportase una agresión injusta sin reaccionar, aun cuando el Estado no acudiera en su auxilio. Y que, pese al riesgo de su propia vida, tenía el deber de garantizar la integridad física de su agresor. El standard exigido era el de la víctima heroica, despojando a María de todo derecho frente al agresor, y subordinando su vida y su integridad frente a la vida e integridad del agresor. Además construía un arquetipo de la mujer víctima ideal que se usaría en lo sucesivo como marco de referencia: la mujer víctima de violencia de género es sometida y sumisa. Y cuando no cuaja dentro del molde, como sucede cuando la víctima ejerce su defensa y repele una agresión, pues entonces pasa, sin matices, a conformar el arquetipo de mujer asesina.

Así vistas las cosas, la intervención de organizaciones feministas y de derechos humanos no fue una desmesura: estuvo el Área Género de la Asociación Pensamiento Penal, por la deficiente atención a la salud de María de los Ángeles durante su prisión preventiva y Ni Una Menos de Santiago del Estero acompañando a María en las audiencias “para que sienta que no está sola”. Y una vez conocidos los absurdos argumentos de la sentencia de condena, la indignación que se sublimó en articulación colectiva, movilizando la visibilidad del caso y la profundización del debate: los poderes del Estado deben incluir la perspectiva de género como standard en la prestación de los servicios públicos. Especialmente desde el Poder Judicial, considerando que la función de jueces y juezas, con sus sentencias, es determinar si se abren o se cierran las puertas al acceso de derechos.

Talleres de Género y Derecho Penal organizados por INDES-CONICET en Universidad Nacional de Santiago del Estero, proponiendo la re-interpretación de la teoría del delito desde un enfoque de género, que incluya el análisis de otras ciencias sociales; la presentación en calidad de Amicus Curiae del Observatorio de Pensamiento Penal, con adhesiones de INECIP y Dirección de Género de la Provincia; y la asunción de Red de Abogadas Feministas de la provincia como co-defensoras en la etapa de apelación, terminaron de anudar la trama que sostuvo en la instancia judicial, el reclamo que el conjunto de organizaciones sostuvo en las calles y en las redes sociales. NUM SDE, DiVas, ATTTA, Mala Junta, Somos, MuMaLá, MTE, Marea, APDH, Colectiva de Comunicadoras Feministas, en amalgama perfecta.

La controversia acerca de si el Estado, atravesado de arriba a abajo por lógicas patriarcales, puede trocar su discurso y sus prácticas por otras que impliquen abandonar la ficción universalista y la igualdad jurídica formal y delinear standards respetuosos de las subjetividades, sensible frente a las violencias que se anidan en las desigualdades, sin que ello implique un giro punitivista, todavía no está zanjada. Pero se percibe un aire de cambio, a partir del fallo del Tribunal de Alzada santiagueño, que absuelve a María de los Ángeles, interpretando las instituciones penales a la luz de los Tratados vigentes y líneas jurisprudenciales en la materia, reconociendo que la mujer estaba legitimada para actuar en defensa de su vida e integridad. Y asumiendo la responsabilidad institucional como órgano estatal por la inacción anterior, y por el derrotero judicial que tuvo que atravesar después de defenderse de su victimario.

No es esta una historia de finales felices. Pero entre tanta bruma, hay un viento.

 

 

 

 

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