El 24 de marzo de 2019, en ocasión de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, el abogado y escritor de extrema derecha, Nicolás Márquez, que poco tiempo después se convertiría en el biógrafo autorizado de Javier Milei, subió a su canal personal de You Tube un video titulado “Las mentiras de los 70 en diez minutos”. Expuso sobre el terrorismo de Estado como “guerra civil”, la guerrilla como causante de la represión, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos como meros “errores” de los militares, la falsificación deliberada de la verdad histórica, la denuncia de una memoria oficial parcial. Paradigma del negacionismo, la exposición de Márquez contenía así todos los condimentos que, con matices y diferencias de grado, conforman actualmente el universo de ideas de quienes relativizan o justifican el terrorismo de Estado y reclaman una “memoria completa” del pasado reciente argentino.
En el libro Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta, escrito a cuatro manos entre los profesores e investigadores Hernán Confino y Rodrigo González Tizón, se escribe que lejos de ser novedosa, la consigna se remonta varias décadas atrás en el tiempo y recupera, bajo otro ropaje, los argumentos que la propia dictadura cívico militar utilizó para justificar sus crímenes atroces. ¿Es posible hablar de un “negacionismo argentino” al estilo del que se forjó en relación con otras masacres del siglo XX? ¿Cuáles son los ámbitos de sociabilidad y los contextos en que dichos enunciados adquirieron visibilidad pública? ¿Qué libros de militares y civiles fueron los que cuestionaron la existencia de un plan represivo? ¿Y cuáles los dispositivos mediáticos y editoriales que han servido de plataforma?
Los defensores de una historia alternativa de los años setenta luchan por imponer su memoria desde cuatro trincheras. Ellas son:
- la interpretación que sostiene que durante los años de la dictadura el país atravesó una situación de guerra interna;
- la exigencia de una “memoria completa” sobre los hechos de violencia del pasado reciente;
- el cuestionamiento de la cifra de treinta mil desaparecidos como saldo trágico de la represión estatal; y
- el señalamiento de la guerrilla como la causante de la violencia que desembocó en la masacre.
De modo directo y enfático, la narrativa sobre el pasado reciente se potenció durante el primer aniversario del golpe de Estado de 1976 bajo la gestión de La Libertad Avanza cuando, a modo conmemorativo, el gobierno difundió un video institucional titulado “24 de marzo. Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa”. Allí, esas cuatro trincheras ganaron un exaltado primer plano audiovisual.
En el libro se cuenta cómo la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, hija y sobrina de dos militares vinculados con la represión durante la dictadura, es una militante histórica de la causa de la memoria completa. Sus primeros pasos los dio en agrupaciones que reivindicaban la mirada castrense sobre los setenta, activismo que combinó con la organización de visitas al dictador Jorge Rafael Videla durante su prisión domiciliaria. Pero el gran salto de Villarruel y su astucia política se produjo con la fundación del Centro de Estudio sobre el Terrorismo y Sus Víctimas (CELTYV) en 2006, entidad que preside desde entonces. “El CELTYV asumió un activismo de talante humanitario a favor de los civiles muertos en el marco de acciones de la guerrilla, cuya causa había sido olvidada por el Estado argentino”, se lee en la introducción de Anatomía de una mentira.
Desde esta plataforma pretendidamente nueva, Villarruel ha buscado minimizar la responsabilidad de los perpetradores en la masacre. No estuvo sola en este esfuerzo. Contribuyó a ello la obra de un conglomerado de productores de contenidos sobre el pasado reciente argentino con trayectorias, intereses y estilos distintos, como el mencionado Márquez, el escritor de extrema derecha Agustín Laje o el ex titular de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre. Todos han expresado su apoyo público a la interpretación del pasado promovida desde el gobierno, o colaborado directamente con ello. La sobrecarga negacionista, en efecto, opera en el auge mundial de las nuevas derechas en su versión más radicalizada, expresada en una “batalla cultural” contra “un marxismo cultural” hegemónico y disfrazado de progresismo.
A partir de allí, y cada vez con más virulencia, el recurso al hostigamiento, la criminalización y, en casos extremos, la deshumanización de distintos grupos que son identificados como contrarios a la propuesta del gobierno se ha vuelto recurrente. Con fuentes primarias y una abundante bibliografía, Consino y González Tizón, ambos doctores en Historia, repasan los dichos de Javier Milei y se preguntan qué implica pensar sobre la dictadura lo mismo que ella dijo sobre sí misma. Lo hacen en cuatro capítulos
- La guerra que no fue,
- La memoria incompleta
- El número redondo y
- La violencia armada en debate
A la luz de revisar cómo las Fuerzas Armadas configuraron la “guerra antes de las guerrillas” con sus apoyos doctrinarios guiados en la “guerra contra la subversión”, bajo una geografía de la radicalización política entre los ´60-´70 y el surgimiento del terrorismo de Estado, los autores capitalizan el grado cero en la historia de la negación de la dictadura en el 28 de abril de 1983, cuando ya con el calendario de las elecciones presidenciales en el horizonte, el régimen presentó en una cadena nacional el “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, en su última posibilidad de fijar un relato acerca de lo sucedido: una memoria para legar a la democracia naciente.
¿Qué quiere decir “completar la memoria”? ¿Qué está en juego cuando se sostiene que hay que luchar por una memoria que no sea “de un solo lado”? ¿Qué relación existe entre esa preocupación por las “otras víctimas” y la defensa del proyecto represivo de las Fuerzas Armadas?
Analizando el pragmatismo y la ambigüedad de la administración de Macri, en el libro se visualiza cómo surgieron planteos como los de Hugo Vezzetti, Claudia Hilb, Norma Morandini y Héctor Leis, entre otros, como rechazo a cualquier tipo de relato heroico sobre los militantes armados y de cuestionamiento de la tramitación del pasado setentista que habían alimentado los gobiernos de Kirchner y Fernández de Kirchner. Así se entró a una parte de la violencia armada en debate, otro capítulo delicado de la historia. La gigantesca movilización del 2 por 1, en 2017, fue un hito que se impuso al discurso sobre “el curro de los derechos humanos” algo que, sin embargo, no impidió que un desfile de influencers convocados desde las redes sociales creciera en un “fusionismo” entre derechas.
La “memoria completa” como memoria oficial se complementa con el eco de las voces dictatoriales que, después de cuarenta años de democracia, han encontrado una expresión renovada y oficial a partir de la gestión de gobierno de Milei y Villaruel. Justificando o relativizando el terrorismo de Estado, esas construcciones persiguen efectos muy concretos en el presente, como la posibilidad de que los ex militantes sobrevivientes de la dictadura puedan ser juzgados por sus crímenes pasados o los militares condenados por delitos de lesa humanidad, liberados.
En el epílogo, los autores saben que toda memoria se conjuga en presente, y escriben: “Actitudes como negar la masacre represiva dictatorial o justificarla por la magnitud de la amenaza al orden establecido o a la Nación repercuten en la actualidad. La convalidación del horror del pasado abre el resquicio para su retorno en el presente. Lo hace a través de la construcción de nuevos peligros, con rasgos comunes con los pasados. No es osado suponer, entonces, que la supuesta potencia de esas amenazas podría fundamentar mañana, como ya lo hizo ayer, la violencia estatal contra diversos grupos sociales o la construcción de grados crecientes de excepcionalidad jurídica incompatibles con el imperio de la democracia y los derechos humanos”.
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